Que no nos engañen, la ley que propone el ejecutivo busca, descaradamente, la impunidad de los efectivos de las fuerzas armadas y de la policía, lo que es peor, busca una impunidad «a dedo», que se someta a la pura discrecionalidad del gobierno. Peor imposible. Que sí, que el proyecto habla de que dicho informe, el que deben pedir los fiscales al gobierno antes de abrir un proceso, no es vinculante, pero es preceptivo, con ello ya se comienzan a poner trabas y alargar los plazos para que actúe la «justicia».