Categoría: Actualidad del Perú

Una clara manifestación de la inestabilidad política del país es el baile de partidos. No es que una persona cambie de bancada, no no. La cosa es que se cambian los partidos enteros, no existen de verdad ideologías detrás de los mismos, sólo personalismos que cubren con un manto llamado "partido" al líder de turno para ensalzarlo. Caudillos incapaces de adaptarse a una construcción social ya existente y cambiarla en lo que sea necesario, esto es, incapaces de jugar democráticamente en un partido y que prefieren construir un ente para sí mismos.

Está claro que en parte es por el funcionamiento de los partidos, donde la democracia interna (salvo honrosas excepciones, aquí y allá), donde las asambleas y la participación de los militantes son nulas, donde los puestos en la lista electoral que toque se compran, no se eligen de forma transparente, donde el dinero es lo único que importa y donde, a fin de cuentas, son esos personalismos los que atraen a un montón de chupaculos dispuestos a vivir a la sombra de un señorito con tal de pillar cacho. La torta es grande y quieren su pedazo.

Ulises Humala, uno de los candidatos presidenciales en este 2006 por "Avanza País" (con un resultado más bien malo), quien es uno de los dirigentes de los etnocaceristas peruanos está en proceso de creación de un nuevo partido. A su vez, recuerda cómo el Partido Nacionalista Peruano (dirigido por Ollanta Humala, su hermano).

Así pues, Ulises va en la línea de otros líderes peruanos (o que se creen líderes), contando por supuesto a Ollanta (que sin problemas hace alianzas con partidos que nada tienen que ver con el suyo, como puede ser UPP), a Fujimori y similares. Están los que hacen alianzas entre minúsculos partidos con más o menos tradición y otros de "líderes" para formar macropartidos donde nadie sabe para quién trabaja, y donde está poco claro a quién apoyarán como "gran líder", por una vez y sólo por esa vez.

Es triste pero cierto. Incluso los partidos más "tradicionales" (no me refiero por postulados, sino por tiempo de existencia, experiencia como partido) han caído en la dinámica del caudillismo, incapaces de mantener un electorado por las ideas que se supone propugnan, entre otras cosas porque nadie las conoce. Y ellos no tienen ganas de crear respuestas estructurales basadas en un punto de vista concreto y fundamentado ¿Para qué si pueden realizar arengas populistas?

En fin, esa es la dinámica de nuestro Perú político (y no me refiero a la buena página "Perú Político", por supuesto), y es un problema más entre todos los que ya tenemos, que sirve para aumentar la dificultad de un buen funcionamiento de nuestra sociedad y que, por supuesto, el común de nuestros políticos no está dispuesto a "solucionar". No les conviene.

Pero no importa, que pongan cortinas de humo por favor. Pero al menos, si nos da circo (que ya lo tenemos) que nos den pan.

De una forma u otra Abimael Guzmán iba a pasar toda su vida en la cárcel. El filósofo autoproclamado la cuarta espada del marxismo (¡¡vaya cara!!) no tenía opción alguna de salir de prisión, ya sea por sus múltiples y eternos procesos, ya por sentencias largas (o eternas) o porque está ya viejo (pronto cumplirá 72 años), poco le queda para fallecer (¿un decenio? no mucho más).

Recordemos que el Tribunal Constitucional declaró nula (en el 2003) la sentencia de cadena perpetua impuesta por un "poco legal" tribunal militar (de esos que se liaron a condenar a gente que luego, en juicios frente a la Justicia ordinaria, se vieron absueltos), así pues, Abimael Guzmán tenía que ser juzgado por los tribunales ordinarios del orden penal y ayer, viernes 13 de Octubre, se dictó sentencia para el líder de la banda terrorista con más muertos a sus espaldas durante la Guerra total contra el Estado.

Guzmán ha sido juzgado junto con otros dirigentes de Sendero Luminoso, el cargo es de "Terrorismo en Agravio del Estado" (demonios, qué poco me gustan esos cargos "contra el Estado" que se vuelven de más peso que los directamente relacionados con la vida, pero así está el mundo, donde el fuerte decide cómo protegerse mejor), se acusó a Abimael de ser el autor mediato de todos los delitos de Sendero Luminoso, no sólo era la cabeza visible del movimiento maoísta, sino que también era el ideólogo y líder de la organización que, luchando por los derechos de los campesinos y demás, se dedicó a matar a quienes decía proteger. A fin de cuentas, el caso "principal" en las acusaciones fue el de Lucanamarca (vea el informe de la CVR o un buen resumen hecho en Desde el Tercer Piso), no sólo por lo salvaje de la acción terrorista, sino por la "autoconfesión" de la participación directa del propio Abimael.

La Sentencia.

La lista de delitos era larga, para él y los suyos, estaba cantado que las penas serían más bien largas, eternas casi. Unas ocho horas de lectura de sentencia, nada más ni nada menos. Las sentencias fueron dispares, el cabecilla de la banda junto con Elena Iparraguirre (camarada Miriam) recibieron la "máxima", cadena perpetua por su pertenencia y dirección de banda terrorista, y todo eso de lo que se les acusaba.

El resto de penas son de 35 años a 25, salvo la de "Feliciano" (cuyo verdadero nombre es Óscar Ramírez Durand), que es de "tan sólo" 24 años de prisión. El "trato a favor" que recibe el cabecilla Feliciano se debe a que es el único que se confesó culpable (el resto niega el terrorismo y apuesta por una guerra popular), y que ayudó mucho a los tribunales comentando con lujo de detalles todo lo relacionado con la organización terrorista así como los modos de actuar y tal. A Yenny Rodríguez Neyra le cayeron 33 años mientras que al senderista Pedro Quinteros 30 años.

Para no demorarme en redactar el resto de condenas, cita textual al canto: «Las dirigentes Laura Zambrano, y María Pantoja, fueron sentenciadas a 35 años, mientras que Angélica Salas, Margie Clavo, Martha Huatay, Víctor Zavala, Margot Liendo, Osmán Morote, y Victoria Trujillo, a 25 años de cárcel.» (según Terra España).

Las penas, cabe recordar, se computan desde la entrada en prisión para ser juzgados (como no puede ser de otra forma), así que muchos de los dirigentes, apresados a finales de los ochenta, estarían próximos a salir de prisión (se espera que los primeros liberados pisen la calle en el 2013).

El fiscal no está muy contento con la sentencia, puesto que pidió cadena perpetua para toda la cúpula. Pero al menos este proceso (por más que la defensa diga que no contó con todas las garantías, hasta Amnistía Internacional estaba por la labor de apoyar la perpetua y sí ve todas las garantías en el proceso) no será declarado inconstitucional como el nada bien realizado juicio militar.


No hay nada terminado.

Hay algo que me parece pura demagogia en todo este proceso, acá no se cierra un pimiento de la historia del Perú, las heridas siguen abiertas y aún hay responsables de matanzas en las calles, y están siendo protegidos por el Estado y el Parlamento. Quiero ver a todos los responsables siendo juzgados por sus actos, no sólo a los de un bando, sino a los dos, quiero ver a todos esos militares que realizaron ejecuciones, prendieron fuego a pueblos, mataron a campesinos, cumpliendo la ley, entre rejas, al igual que los otros violadores de derechos humanos.

No hay justicia mientras que ésta sea a medias. No podemos hablar de un portazo final a un conflicto mientras que los grandes dirigentes de la nación nieguen y renieguen de los hechos, mientras las noticias le cuelguen los setenta mil muertos a los terroristas y no digan ni pío del reparto de muertes, que no todas las cometió Sendero (aunque sí es quien inició el conflicto). ¡Qué fácil es negar la realidad cuando les conviene! En otros momentos, la aplauden y ratifican.

La verdad es que me parece increíble que nadie haya recordado la cantidad de gente impune, que sigue al mando de nuestros ejércitos, que se presenta a elecciones, que continúa trabajando y que no ha pasado ni un día en prisión, o esa otra cantidad que está en procesos que el Gobierno casi tacha de antipatriotas, que las fuerzas militaristas repiten y repiten que todo es una persecución.

Cerremos la guerra interna de una vez, juzgando a todos quienes cometieron violaciones de derechos humanos, no dejemos que esto sea una excusa más para los terroristas, un "El Estado aplasta a Sendero y se lava las manos de sus responsabilidades".

Noticias:

• Hoy dictan sentencia contra Abimael Guzmán y cúpula en El Comercio.
• Sentenciarán a Abimael Guzmán y a secuaces en El Comercio.
• Tribunal le impuso 24 años de prisión a "Feliciano" tras confesar crímenes con SL en El Comercio.
• Cadena perpetua para Abimael Guzmán en La Razón (Bolivia).
• Greta Minaya advierte doble posición en sentencias para Abimael Guzmán y Víctor Polay en CPN Radio.
• El gran genocida Abimael Guzmán morirá en prisión en La Primera.
• Opinan por pena severa para Abimael Guzmán en La Primera.
• Cúpula senderista pasará el resto de su vida en prisión en Terra.
• Cúpula de Sendero Luminoso escucha histórica sentencia en Perú en Terra.
• Más información en Google News.

Otros bitacoreros hablan de esto:

• Buena la crónica en el Útero de Marita bajo el título de "Las sentencias contra Sendero Luminoso".
• Todo lo que quiso saber de "Lucanamarca" en Desde el Tercer Piso.

Una cita obligatoria para todos aquellos que puedan y estén contra la pena de muerte, es hora de hacernos oír a la antigua usansa, recuperemos la calle. Amnistía Internacional, ferviente activista para conseguir la abolición de la Pena de Muerte, junto con una serie de organizaciones de Derechos Humanos y similares convocan, para el 10 de Octubre (martes) a las 6 pm frente al Palacio de Justicia un plantón. Recordemos que el tema de la pena de muerte no es simple retórica de sus defensores, sino que ya hay tres proyectos de ley presentados para ampliar la pena de muerte a los violadores de menores.

De los tres proyectos de ley, dos pertenecen al APRA (uno presentado por el grupo parlamentario Aprista y el otro por el ejecutivo) y otro ha sido presentado por Unidad Nacional, que, cabe destacar, es el que más amplía el supuesto en que se aplicaría la pena de muerte, siendo también la más explicada.

Las dos del APRA estiman que el Perú no tendrá que denunciar el Pacto de San José (Convención Americana de Derechos Humanos) ya que cuando el Perú firmo ese instrumento internacional, preveía la pena de muerte para los casos de violaciones de menores de siete años que acabaran en la muerte de la víctima, y en una interpretación excesivamente positivista concluyen que no existe ampliación de la pena de muerte puesto que es el momento de la firma el que debe considerarse y no cuando se "amplía" la pena de muerte (esto es, abolirla y luego "regresarla" sería válido).

La propuesta de UN, a sabidas cuentas de la ampliación que sí propone (tanto a la legislación actual como a la pasada, cuando se firmó el instrumento de derechos humanos a nivel americano) pide que tras aprobar la reforma constitucional para ampliar la pena de muerte a los delitos de violación de menores de nueve años y a los discapacitados físicos y mentales, y al resto de delitos de violación de menores de edad y mayores de nueve años que acaben en la muerte de la víctima, el Congreso deberá denunciar el Pacto San José (que es un tema de un año, esto es, aprobación de la reforma y denuncia con preaviso de un año).

W. Ocram, en una entrada titulada "Plantón contra la pena de muerte" reproduce la nota de prensa de APRODEH en que se destaca la contradicción del APRA con la Internacional Socialista (esa organización de partidos socialdemócratas) que mantiene desde hace años una campaña contra la pena de muerte. Pero ya sabemos cómo se las gastan en el APRA, no sólo se contradicen constantemente, sino que lo hacen a propósito, tienen dos o tres discursos totalmente distintos según el interlocutor y se aferran a medidas populistas aunque realmente ni crean en ella ni vean nada productivo en dicha medida. Pero los votos son los votos.

En fin, para terminar como comenzamos, recuerden: Martes 10 de Octubre frente al Palacio de Justicia a las 6 de la tarde ¡¡Plantón contra la pena de muerte!! Porque es de justicia oponerse a un Estado violador de los derechos Humanos.

Entre las noticias de APRODEH de hoy (5 de octubre, todavía no tiene "enlace permanente" propio, pero el código de la nota es "2006-04732") me encuentro con una un tanto desagradable. El ex comandante general del ejército, Carlos Tafur, pide una aministía general a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía que participaron en la lucha contrasubversiva juzgados por presuntas violaciones a los Derechos Humanos.

La petición la realizó ni más ni menos que en el Congreso de la República, donde indicó que no sería un beneficio "indiscriminado" puesto que el Poder Judicial debería seleccionar a los candidatos idóneos para ser amnistiados. ¿Se ríe de nosotros? Por un lado, habla de amnistía general, pero en la práctica sería una serie de amnistías particulares hechas de forma cuasimasiva en que se le pide al PJ que prejuzgue una serie de casos. Mejor que terminen los procesos lo antes posible y con todas las garantías para las partes implicadas que andar pidiendo amnistías.

Claro, teniendo en cuenta que congresistas como Lourdes Alcorta (de Unidad Nacional -UN-) siguen acusando a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de dividir al país al indicar que las fuerzas de seguridad cometieron violaciones contra los derechos humanos. En particular, esta congresista no se corta un pelo en decir que las ONG tienen algo contra los militares y le resulta inexplicable que aún haya juicios, tras más de 10 años, a miembros de las fuerzas armadas. Señora, lo increíble es que aún haya impunes, que tras 10 años sea tan difícil juzgar a presuntos criminales.

La consigna de cerrar los ojos y mirar para otro lado no soluciona nada, no tapa la existencia de un problema ni mantiene unidos de la mano y felices a los miembros de una sociedad, salvo que nos guiemos por las máximas del Ingsoc (de la novela 1984 de George Orwell) y digamos que "la ignorancia es la fuerza" y que la única forma de evitar la existente fractura social y solucionar el problema de la cantidad de víctimas que dejó el "conflicto armado interno", sobre todo por las desamparadas víctimas del bando vencedor (el Estado) es decir que tales víctimas no existen porque jamás hubo nada, que ningún militar se propasó, que las matanzas no existieron, que el grupo Colina en realidad eran unos angelitos, que ningún militar jamás violó a una mujer en los andes peruanos dentro de las zonas conflictivas, que en las cárceles nunca hubo represalias excesivas sobre y que todos esos desaparecidos que posiblemente estén enterrados en alguna de esas fosas comunes cavadas por nuestros soldados (¿Por qué un soldado cava fosas comunes? Desde ahí vemos que algo ha fallado) que seguimos encontrando acá y allá con personas ajusticiadas sin que jamás se haya comprobado su vinculación con uno de los cuerpos terroristas que aparecieron en el país. Y un sin fin más de casos. Pero cierran los ojos y sonríen felices por no ver lo que pasa.

Pero no, mejor hay que decir "inmunidad", una y mil veces, decir que todo esto daña al ejército (mientras esas mismas personas piden el encarcelamiento y juzgamiento de Ollanta Humala ¡¡qué ironía!! A fin de cuentas, son por hechos y fundamentos iguales al resto de denuncias existentes sobre violaciones por parte de militares) y que por el bien de la sociedad, es mejor darles una medalla y una palmadita, porque así volveremos, todos los peruanos, a estar unidos. ¿Esta gente dónde vive? En serie, es algo que me da vueltas a la cabeza. ¿En una realidad paralela? La sociedad estaba fracturada y eso permitió la existencia de varios movimientos terroristas a lo largo de nuestra historia, y fueron los gobiernos los que usaron las mismas técnicas que los terroristas en la "lucha antiterrorista", violaciones de derechos humanos impunes durante demasiado tiempo, hechos no denunciados o que cuando se denunciaron ni siquiera se investigaron, pero mejor es la ignorancia. Es más práctica para algunas personas.

Pero no pueden decir que todo fue perfecto y lo saben, a grupos como el Colina nadie defiende, así que no pueden pedir amnistía general de verdad (Ollanta se libraría del proceso abierto), y tienen que pedir una selectiva, en que se libren los que ellos quieren, en que jamás se llegue a investigar a Alan García (¿recuerdan la querella en Chile? Y como ya he dicho, las contingencias políticas no deben estar sobre los derechos humanos), en que la mayoría de los casos abiertos sean cerrados, en que las víctimas jamás sean reparadas, en que se saque la vuelta al sistema penal impidiendo que una de las fuerzas más grandes que han vulnerado los derechos en Perú se salte a la torera las leyes del país que dicen defender. Haciendo esto SÍ que fracturan la sociedad. Todos aquellos que cierran los ojos ante lo pasado deciden excluir a gran parte de los peruanos.

La manía de pedir que no se investigue y no se persiga a los presuntos culpables es someter al Estado de Derecho a los deseos de una fuerza armada, es darle carta blanca a un ejército capaz de aliarse de corazón con presidentes golpistas (y sí, hablo de Fujimori como el más reciente), es volver inoperante un Derecho que debe aplicarse a todos por igual, sobre todo a quienes tienen órdenes de cumplir y hacer cumplir este Derecho. Algo que sabemos no hizo nuestro ejército.

Eso sí, para demostrar la inocencia de su lado defendido lo que piden es que no se actúe contra ellos, cualquiera que lo haga es simplemente un antipatriota (como hace unos días nos dio a entender Alan García), se acusa a la CVR de algo que no es (típico, se dice que no culpan a Sendero de todo el tinglado, cuando es una de las primeras conclusiones del Informe Final), se ataca a las ONG por perseguir a los militares, de ensuciar el nombre de gente que tiene el expediente limpio, en otras palabras, buscan por todos los medios posibles matar al mensajero y no hacen nada por demostrar la falacia del mensaje.

La impunidad es un gran mal para cualquier sociedad, y estos sujetos se lían a pedirla. En fin, paro un poco, que si eso me tiro un día y no terminaría con la queja sobre la actitud repulsiva de estos sujetos. Dejen, señores matamensajeros, que los procesos avancen como deben, velen para que sean correctos, pídanlo, exíjanlo, participen, pero no toquen las narices pidiendo la impunidad, demuestren la inocencia de los acusados injustificadamente, pero no eviten investigaciones, no es nada sano ni para el Estado de Derecho en general ni para el ejército en particular.

Aunque el Terrorismo tuvo verdaderos picos en 1983 y 1984, no fue hasta la llegada al poder de Fujimori, en concreto, hasta el autogolpe de 1992, en donde vemos la relación entre el poder político y la conducta criminal (en palabras de la CVR, a la que sigo mucho en el presente escrito). Desde el gobierno se configura un sistema en que todos los poderes del Estado quedan al control del ejecutivo; el cual aprovecha fórmulas legales/formales para asegurar la impunidad de una sistemática violación de los Derechos Humanos. Y de la Corrupción.

Fujimori no crea un nuevo sistema antiterrorista, sino que aprovecha la “estrategia integral de las Fuerzas Armadas (FA)”, aplicada desde 1989, aumentando muchísimo la autonomía y discrecionalidad a las FA e imposibilitando el control de sus acciones. En un principio, permitió a la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía (DIRCOTE) continuar con su trabajo.

Poco a poco fue aumentando el poder del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), controlado por Vladimiro Montesinos. Hay que recordar que Montesinos formaba parte de un grupo civil y militar que ya preparaba un golpe de estado para tener una “democracia dirigida” y permitir el accionar “libre” de los militares contrasubversivos, que ya planteaban (desde el 89) la necesidad de violaciones de derechos dentro de campañas psicosociales para acabar con el Terrorismo, Fujimori no se enfrentó a Montesinos, sino que se apoyó en él y, a fin de cuentas, lo superó (al imponer su personalismo frente al gobierno sin rostro pretendido por el asesor). El plan político – militar (llamado “Plan Verde”) se basaba en la creación de un poder “Democrático aparente”, con un poder militar por detrás, secreto, que gobernara el país al margen del desgaste político y con plena libertad de acción.

El Congreso no estaba por la labor de continuar la senda marcada por Fujimori (que, mal que bien, iba por el camino del Plan Verde), donde el mismo no tenía mayoría alguna, así pues, las cámaras comienzan a evaluar un plan contrasubversivo propio, en contra de los decretos dispuestos por el presidente. Mejor dicho, modificando dicha regulación para alcanzar un consenso de cómo canalizar la lucha antisubversiva. El 5 de Abril se produce el golpe de estado, seguido por 9 meses de gobierno en que el presidente hace y deshace a su antojo, mediante DL, la organización del Estado, las FA y el SIN. Un Estado sin ley ni orden, donde el ejército comienza a sistematizar sus prácticas violadoras de DH, donde el SIN mantiene al llamado “Grupo Colina”, que tiene la misión de realizar “operaciones especiales” de todo tipo.

La DINCOTE (antes DIRCOTE) captura a Abimael Guzmán (líder de Sendero Luminoso -SL-) en Surquillo, este hecho es adoptado como un triunfo casi personal de Fujimori, que acrecienta la alta popularidad de la que ya cuenta para esas fechas. Poco antes, el 9 de Junio, Victor Polay Campo, líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) había sido recapturado (en 1989 fue capturado por primera vez, pero liberado de la cárcel mediante un túnel construido en el Penal Castro Castro, junto con otros 46 emerratistas), así pues, los cuadros dirigentes de ambos “ejércitos populares” estaban siendo fuertemente golpeados, no sólo se capturó a los máximos líderes de cada uno de los movimientos, sino a muchos dirigentes y mandos intermedios.

La detención de Abimael Guzmán se produjo al final de una breve escalada de violencia acordada en 1989 en el seno de SL, donde se decidió que la guerra contra el Estado debía responder a una estrategia equilibrada, y llevar más terror a las ciudades (sobre todo a Lima). Por otra parte, las zonas declaradas de emergencia (más o menos un tercio del Perú), están controladas por los Comando Político Militares, donde la vida de dichas regiones queda sometida a mandos militares no controlados por ningún otro poder. Estos CPM tienen un alto grado de autonomía, total impunidad, y control de la policía nacional allá donde existieran (aparte de ser aparatos adscritos a las FA).

Dentro de los altos cargos de las FA se realizó una “limpieza”, así pues, todos los altos mandos de la marina que no estaban demasiado de acuerdo con estas medidas fueron destituidos, al igual que se cambiaron los máximos líderes del Comando Conjunto y de las Fuerzas Aéreas. A su vez, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa pasan a manos de generales del Ejército. Así como puestos altos dentro de los ministerios son militarizados.

Es curioso que el primer hecho de impunidad se dé sobre Alan García, el Congreso impidió la acusación contra el mismo en una época en que el fujimorismo aún era la tercera fuerza parlamentaria y tenía que mantener a los dos primeros grupos divorciados, para ello iba pactando con cada uno alguna política específica (económicas con la Derecha de Vargas Llosa y políticas con el APRA), como “favor” se impidió la acusación contra García como responsable de las matanzas de los penales.

La política de Fujimori en el tema subversivo comenzó a oscurecerse, a cinco meses de ser elegido se comenzaron a multiplicar las acusaciones de desapariciones, que no eran efectivamente investigadas. Se encuentra una fosa común en Chilcahuaico (a 50 km al noroeste de Huamanga, Ayacucho) con 17 cadáveres y otra con 18 en Chumbivilcas (Cusco). Más adelante se descubre en Chonta Punta (Ancash) un cementerio clandestino que, al parecer, era usado por la Policía Nacional. Desde la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado se reclamaba que durante los primeros meses del fujimorato ya existían más de 200 personas desaparecidas en Huancavelica. Varias decenas de estudiantes (unas cuantas decenas) de la Universidad Nacional del Centro (Huancayo) fueron desapareciendo progresivamente. Nadie respondió por estos hechos, las comisiones de Investigación del Congreso no llegaban a puerto alguno. El campo de acción de los militares antisubversivos fue ampliado, incluso a las universidades San Marcos y La Cantuta. En 1990, a finales del mismo, el gobierno decretó que todas las acciones militares englobadas en las zonas de excepción quedaban en el fuero militar, no siendo competentes los juzgados ordinarios ya que se consideraba que su actividad “de servicio” duraba las 24 horas del día. Por otra parte, algunos generales de Brigada implicados en las matanzas del Frontón y Lurigancho, y en el asesinato colectivo de una comunidad andina en Cayara conseguían el ascenso en el Senado (la contrapartida para no juzgar a García).

A su vez, Fujimori aprovechó un consenso multipartito que le otorgaba facultades legislativas para desbordar al Congreso con más de 150 Decretos legislativos que no iban en la dirección planeada por la lucha antisubversiva pactada, más aún, la mayoría eran o ilegales, o inconstitucionales, o simplemente inadmisibles en cualquier democracia. Por ejemplo, todos los generales del Comando Conjunto pasaban a ser nombrados exclusivamente por el presidente, por el tiempo que éste considerara oportuno, se otorgaba plenos poderes al SIN, estando obligados el resto de ciudadanos y organizaciones a otorgarle lo que pidieran (en cuanto a información) y ampliaba los poderes de los CPM. Comienza la “guerra” entre el Congreso y el ejecutivo, concluyendo en el mentado golpe de 1992, que acabó también con el Poder Judicial, siendo totalmente “reorganizado”. Comenzó la persecución al líder del APRA. Fujimori comenzó un gobierno por decretos, y el Congreso Constituyente Democrático (CCD) no se opuso a ello (la mayoría absoluta fujimorista se lo permitía), más aún, se pusieron a dictar leyes de amnistía general a los presuntos violadores de DH por parte del ejército o la policía.

Se instauró el procedimiento de los jueces sin rostro, se puso la cadena perpetua para ciertos supuestos de terrorismo, se “agilizó” los procesos limitando la capacidad de defensa del imputado, se permitió que los tribunales militares juzgaran a civiles, juicios sumarísimos por el proceso militar a los responsables de terrorismo, por otro lado que se permitía juzgar en ausencia a estos acusados de terrorismo. En conclusión, la seguridad de un juicio justo o el debido proceso era inexistente.

La violencia terrorista, después de esos arrestos y de un acoso y derribo por parte de las comités de autodefensa y las FA, fue disminuyendo, deslegitimada por completo la lucha de Sendero tras el asesinato de la Teniente Alcalde de Villa el Salvador, miembro de la Federación Popular de Mujeres de dicho distrito, resultó contraproducente, pues fue considerado como una traición en que SL demostraba NO luchar por las clases populares, con lo que perdió la poca aceptación con la que ya contaba. Entre el 90 y 93 se registró una cantidad única de muertos por el conflicto, siendo el mayor aumento en Lima, después del 93 el descenso fue muy rápido. Lo reseñable es que la disminución de la violencia terrorista no fue acompañada por un cese de las violaciones de DH por parte de las autoridades, las violaciones de los mismos continuaron a manos del nuevo sistema judicial ya expuesto. Incluso, después del golpe, se conocieron nuevas formas de violencia Política. Las universidades y las cárceles pasaron a ser consideradas reductos subversivos. El control de las cárceles (sobre todo las dos mayores) pasó a manos del ejército, con amplios poderes, se reformó el INPE para dar más discrecionalidad a la autoridad. Una muestra del nuevo orden penitenciario son los sucesos en el Penal de Miguel Castro Castro, donde hubo unos problemas cuando se decidió trasladar a 100 reclusas, los senderistas se opusieron al traslado, el saldo de la operación se cuenta en 41 muertes de reclusos, entre ellas muchos líderes senderistas. Muchos hablan de una matanza selectiva de los mismos.

La universidad, hasta entonces muy autónoma y con un ingreso restringido de las fuerzas armadas, vio violada su autonomía en pro de una militarización de sus instalaciones, permitiendo a las FA y PNP entrar cuando consideraran que serviría para la lucha contrasubversiva. En 1992 se procedió a “desaparecer” a 9 alumnos y un profesor tras allanar una residencia Universitaria (de la U. Enrique Guzmán y Valle). En la U. del Centro la eliminación selectiva ya estaba sistematizada por las FA controladas desde un CPM. Por otro lado, el SIN dirigió una operación en la U. Cantuta que se saldó con varios muertos y desapariciones. Al poco tiempo se descubre que una serie de muertes (ejecuciones) y desapariciones en Lima eran perpetrados por el Grupo Colina, dirigido desde el SIN. Matanza en Barrios altos, desaparición de campesinos y de dirigentes de Asentamientos Humanos y el asesinato del dirigente de la CGTP, Pedro Huilca. Comienzan las desapariciones de periodistas.

Mientras tanto, la mayoría fujimorista impedía cualquier comparecencia de los militares en las pocas comisiones de investigación creadas para el seguimiento de algunos de los actos descritos, denunciados por militares descontentos con la “desprofecionalización del ejército”. El GD Robles denuncia públicamente los actos del grupo Colina, así como la violación sistemática de DH, tanto el MD como Fujimori salen a “desmentir” eso, y juzgan al General disidente. El SIN usa al ejército y se pasa la cadena de mandos por donde bien le parece.

La disminución de la violencia terrorista ocasionó que las FA se centraran en la persecución del narcotráfico, sin dejar de aplicar los medios usados contra los subversivos, con igual índice de violación de DH. Se debe tener en cuenta el vínculo entre el narcotráfico y SL, puesto que el mismo era su principal fuente de financiamiento. Comenzó la época de la guerra abierta contra los cultivos, donde comenzó el fuego masivo, bombardeos desde helicópteros, ataques indiscriminados a pueblos campesinos.

En el 95 se dictó una amnistía a todos los condenados por violación de DH en la lucha contra el terrorismo. Por otro lado, comenzaron los arrestos masivos de “inocentes”, que por el simple hecho de la sospecha fueron declarados culpables sin que exista un proceso debido. Por la presión, Fujimori se vio obligado a indultar a más de 500 personas (cuyas pruebas inculpatorias o fueron conseguidos mediante tortura o fabricadas por la fiscalía o FA), gracias a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, durante el 2000, los tribunales liberaron unas 600 personas. Curiosamente, se mantuvo el esquema antisubversivo, incluso, se amplió su zona de actuación, aunque ya no existía subversión (o era mínima). Esa estructura militar fue utilizada para favorecer su reelección en el 95.

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Esta es la segunda parte de la ponencia que hice para las Primeras Jornadas de Debate sobre América Latina (acá la crónica del día de la ponencia que realicé), es un resumen del primer quinquenio del gobierno de Fujimori en cuanto a la violación de Derechos Humanos y la actuación tanto del Gobierno como de las fuerzas armadas en esa época. La tercera y última parte tratan del último quinquenio fujimorista y unas conclusiones sobre los hechos.

La Primera parte la tienen en: «Pequeño y breve repaso sobre los primeros años de La Violencia en el Perú».

El Estado Peruano se hará cargo de la defensa legal de los policías y militares acusados por violaciones de Derechos Humanos durante el "conflicto armado interno", esto es, durante esas dos décadas de lucha fratricida en que a las fuerzas de seguridad del Estado "se les fue la mano" y entraron en una dinámica en que las violaciones de Derechos Humanos eran la forma "táctica y estratégica" de luchar contra el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL o SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Me coherente. Es Estado les mandó a hacer esas "cosas" y ni siquiera intentó pararles los pies cuando comenzaron las denuncias por violaciones de Derechos Humanos, sino que favoreció que las mismas ocurrieran, ya sea mirando para otro lado o impulsando medidas que impedían la fiscalización de la actividad de las fuerzas "contrasubversivas".

Y recordemos que uno de los dirigentes que abrió la caja de pandora de esta actividad que tantas facilidades dio para violentar los derechos Humanos fue justamente el actual presidente del gobierno, Alan García Pérez, que sigue justificando sin ruborizarse lo hecho durante su anterior gobierno (de 1985 a 1990), que menosprecia sin presentar contra-datos el Informe Final de la Comisión de la Verdad y que no hace lo que debe para impulsar el proceso de reparaciones iniciado en el ocaso del anterior gobierno (incluso, lo limitará, ya que cuenta de distinta forma a las posibles víctimas, saliendo un número bastante inferior al presentado por la CVR), entre otras cosas, apoya la pena de muerte y demás medidas poco acordes con un discurso defensor de los Derechos Humanos.

Ahora, digo que es comprensible, entendible, que esto lo defienda Alan García, que quiera darle todo el apoyo a esos militares (que cumplan con los requisitos), lo malo es la forma en que justifica una medida medianamente razonable y el lenguaje que él o el Ministro de Defensa, Allan Wagner, utilizan. Entre otras cuestiones, porque siguen sin entender la labor de los jueces y tribunales, el sentido del Estado de Derecho y la actividad de la CVR.

El Presidente del Gobierno declara que todo esto lo hace en honor de las fuerzas armadas y de paso acusa a las organizaciones de derechos humanos de poco menos que traidores (todo esto de forma indirecta y sutil, por supuesto), así pues, podemos ver declaraciones del sujeto que dirige el país: «¿Cómo podría el Gobierno, mucho menos yo, que participé con la Fuerza Armada, con todo orgullo, en defender a la patria de la peor amenaza, dejar abandonados a miles de soldados y oficiales sobre los que recae siempre la sospecha de los que no pusieron nada por defender a la patria contra el terrorismo?», en otras palabras, se sigue echando porquería a quienes no aceptamos que la llamada lucha antisubversiba se hiciera de cualquier forma, que los fusilamientos sumarios estuvieron bien y que eso de torturar no sólo es aceptable, sino deseable.

Recae la sospecha sobre militares que estuvieron en zonas donde se violaron derechos, algunos de esos militares serán inocentes (algún caso de militares que llegaron "después" de sucedidos los hechos y situaciones así), otros culpables, pero no se pueden desechar las acusaciones por un patriotismo barato en el cual toda sospecha debe ser quitada de enfrente porque esos militares "nos salvaron". El problema en todo esto es que seguimos atacando los puestos medios en vez de perseguir a las cabezas e encubridores de todas las violaciones de Derechos Humanos, que a fin de cuentas, son los que mandaban en ese entonces. Lo que digo no significa que los ejecutores sean inocentes por la "obediencia debida", ni chorradas por estilo, pero sólo perseguir a los inmediatos ejecutores no acaba con la impunidad de esos años de violencia.

«He firmado un decreto de justicia total en el cual el Gobierno se compromete a defender a soldados, marinos, aviadores, oficiales y a todos los que sufren acusaciones, porque es responsabilidad del Gobierno defender a los que en algún momento envió a defender la patria» dijo el Presidente García. Lo único que es completamente cierto en toda la frase es que el gobierno mandó a esa gente a que hiciera lo que hicieron, pero es de "decreto de justicia total" suena a demagogia pura y barata (bueno, cara nos saldrá, pero es "demagogia de la mala", por decirlo de otra forma), no se puede hacer patria vulnerando a la misma, no se puede defender el Derecho saltándoselo, no se puede defender a la gente permitiendo ejecuciones extrajudiciales, y así con todas las cosas, así con esa mentada justicia, que nunca se basó en la justicia.

Para el Ministro de Defensa el decreto firmado por García es un «acto de justicia» y «(s)ignifica garantizar a quienes lo soliciten (…) apoyo para ejercer su derecho a la defensa» (fuente: El Comercio), dice bien cuando comenta que no es dar impunidad a nadie, sino garantizar el derecho a la defensa. El problema es que se parte de una constatación de una realidad que no se intenta cambiar, que la justicia "buena y gratuita" en Perú no existe, que los abogados de oficio son de todo menos competentes (generalizo, hay buenas excepciones) y que el Estado no da los suficientes recursos para que cualquiera que esté en una situación de necesidad pueda acceder a una defensa legal en condiciones.

Si hablásemos de justicia, lo que se tendría que hacer es montar de la forma más correcta un sistema de abogados de oficio competentes para garantizar el derecho de defensa, mientras tanto el Perú seguirá siendo un país sin ciudadanos con derechos, sino un lugar lleno de gente con privilegios, gremios enteros que detentan el poder o ciertos beneficios, así tendremos militares con grandes defensores a costa del Estado pero mucha más gente en estado de indefensión que no ven cumplirse sus derechos. Pero nanay de la pirinay, continuaremos con un sistema de privilegios donde comenzar una acusación contra un Militar siga siendo más que difícil, y casi un acto de traición a la patria.
 
Enlaces de Interés:

• Noticia sobre el primer beneficiario de la defensa a cargo del Estado.
• Lista de militares procesados (xls).

El 19 de agosto, por estos lares, se mencionó la situación de confrontación entre la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP en adelante) y el gobierno de Alan García Pérez, quien nadie sabe por qué ha conseguido una segunda oportunidad al mando de un país que una vez ya arruinó (o mejor, metió más en el pozo). La Razón era simple, Alan no cumple con lo que prometió y existe un cambio de discurso en el dirigente de la estrella que para el sindicato demuestra que no existen intenciones de cumplir con las reformas prometidas.

Así pues, el Sindicato ha hecho lo único que está en sus manos: movilizar a las fuerzas trabajadoras para protestar en las calles por sus (nuestros) derechos. Lo dijeron, lo avisaron (y quien avisa no es traidor), o el Presidente de la República rectificaba en cuanto al cumplimiento de las promesas electorales (laborales y sociales, sobre todo) o saldrían a la calle a protestar el 20 de septiembre (pasquín con las razones y la fundamentación de la protesta en PDF aquí). Y como no rectificó, incluso, decidió hacer política de confrontación, el Sindicato salió a marchar.

Así pues, el día 20 de Septiembre en Lima, Cusco, Trujillo entre otras ciudades, CGTP con el apoyo de otras organizaciones (como el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú -SUTEP- o alguna asociación de Usuarios) se produjo la primera gran movilización contra el gobierno aprista con un claro reclamo sobre las promesas incumplidas del presidente García y la derechalización del gobierno (los más optimistas hablaban de una neutralización de la derecha por los movimientos de García al formar gobierno, pero lo que se ha neutralizado es cualquier tipo de reforma social o laboral real). Pueden descargar un PDF con una recopilación de noticias de medios generalistas sobre la marcha. Las manifestaciones de los distintos líderes participantes, con las razones de la protesta y demás vienen bien recogidas en la nota publicada por la CGTP.

¿Desde el APRA qué se dice?

Hay que recordar que durante el gobierno de Toledo (hasta hace un par de meses) el Partido Aprista Peruano -APRA- se sumó a cuanta protesta hizo CGTP, que siguen reclamando lo mismo que entonces. Para más inri, el líder aprista había prometido que, cuando fuera presidente, les haría caso y "el primer día" ya presentaría reformas que ahora siquiera piensa hacer.

Pero volviendo al presente, desde el APRA -de la mano del eterno congresista César Zumaeta- se ha reprochado a la CGTP (en concreto, a su secretario general, Juan José Gorriti) que convoque una marcha que responde más a fines políticos (sic). Zumaeta declaró: «Amenazar con un paro nacional a 45 días de iniciado el gobierno, por no haber cumplido sus promesas, es asumir una actitud demagógica irresponsable. Esa declaración es eminentemente de tipo político, de una persona que en las últimas elecciones sólo obtuvo alrededor de 3,000 votos, frente a un gobierno que cuenta con el respaldo del 70 por ciento de la población» (fuente: El Comercio). Pidiendo, además, que la cúpula de la CGTP se "renueve" (¿Y lo dice alguien cuyo partido esperó a que volviera del autoexilio su líder para poder ganar las presidenciales? ¡¡Pocos partidos tienen más culto a la personalidad que el APRA!!).

Es curioso cómo Zumaeta mezcla churras con merinas y no termina de entender de qué va la acción conjunta de los trabajadores cuando se ven obligados a salir a la calle para reivindicar lo que creen es justo, máxime cuando se nos ha dado gato por libre. Por un lado, compara votos con el apoyo según las encuestas (cualquiera con dos dedos de frente los sabe diferenciar) y por otro, tacha de demagógica la actitud de un sindicato que hasta hace no mucho apoyaban en dichas declaraciones y formas de actuar. Sin contar con que es totalmente lógico que un sindicato pida y salga a tomar las calles por los derechos de los trabajadores, jubilados, y demás pensionistas y despedidos, es su trabajo (entre otras muchas cosas).

Desde el APRA debieran sentir vergüenza por el giro que ha dado su partido, por el eterno doble discurso que siempre han mantenido (valga recordar que desde la izquierda siempre ha existido una gran crítica sobre el discurso ambiguo y mimético del APRA, nomás tenemos que hacer referencia al ensayo "¿Qué es el ARPA?", escrito en 1928 por Julio Antonio Mella, que criticaba desde un inicio el primer escrito definitorio publicado por el sacrosanto Victor Raúl Haya de la Torre sobre el APRA), por tachar como incorrecto lo que hace un par de meses apoyaban ("movilizaciones de carácter político", rayos, toda movilización tiene un alto contenido político, y está claro que el modelo de trabajo que defiende la CGTP no es el liberal por el que se inclina el gobierno).

En fin, aún espero las declaraciones del Presidente del Gobierno o, como poco, del Primer Ministro, a ver si se dignan a responder a los manifestantes y en qué términos lo hacen, pero de esas boquitas suelen salir sólo mentiras.

Como dato anecdótico, recogido por La República: El Partido Nacionalista Peruano, encabezado por el caudillo Ollanta Humala, se subió al carro de las reivindicaciones de la CGTP (como hiciera el APRA hasta hace poco -no, no me canso de recordarlo-) y apoyó la marcha sindicalista, pero cuentan las malas lenguas que el excandidato presidencial (y ganador de la primera vuelta en los comicios generales) intentó encabezar la marcha en Lima pero no se les permitió. El Secretario general de la CGTP desmiente que se haya repudiado al PNP, puesto que era una convocatoria abierta, pero parece que sí se les impidió participar a la cabeza de la marcha, incluso el presidente de la CGTP, Mario Huamán, declaró que no se invitó a Ollanta a la marcha. Vamos, que los del PNP pueden apoyar lo que quieran, y marchar junto con los trabajadores, pero que no hagan suya la marcha y el triunfo de la misma.

Desde el inicio la alianza resultó débil, incoherente, insostenible, pero UPP necesitaba a Ollanta para mejorar sus resultados electorales y conquistar el hemiciclo, y PNP necesitaba presentarse a las elecciones para aprovechar la buena fama que ya tenía su líder entre los posibles votantes, así que los dos, necesitándose el uno al otro, firmaron con la sangre de sus militantes una alianza sin pies ni cabeza.

Lo más digno hubiera sido, a primeras de cambio, separarse en el Congreso, reconocer que no hay química entre los dos partidos, y repartirse la torta de lo conseguido. Por supuesto eso los alejaría de ser el grupo más amplio, pero así ambas facciones podrían ser fieles a sus ideas sin encontrarse con el muro de una alianza ya sin sentido. Pero erre con erre, para demostrar lo que nadie cree, que son un grupo con un objetivo común, han mantenido la alianza en el Congreso.

Por supuesto, en las municipales cada quien que lleve su bandera, no están seguros cual es ahora y las acusaciones son continuas. La olla, tan relacionada con Ollanta, no pueden usarla los nacionalistas y recurren al mismo logo cambiando la ollita de marras por una "O", que recuerda a la "T" de Perú Posible con Toledo a la cabeza. ¿"O" de Olla o de Ollanta? Ese personalismo caudillar existente en el líder del Partido Nacionalista da miedo. Y es la causa de muchos males de la extraña alianza entre UPP y el PNP.

La última víctima en la extraña alianza, que se mantiene a pesar de las peleas internas constantes, es Álvaro Gutiérrez, quien renunció a ser el vocero oficial de UPP por las continuas discuciones con El Cuadillo de los blanquirrojos, y parece que Álvaro decidió dar un paso al lado para no verse salpicado de tanta tontería como la que conforma el firmamento político peruano… ¿O simplemente le han presioado lo suficiente para que deje el cargo de vocero? Si es que muchas veces es mejor eliminar al mensajero.

No pegan ni con cola, es raro ver que en una alianza electoral que se mantiene como grupo en el Congreso una de las partes de boca del vocero oficial (ahora "ex") hable del final de la otra, que no se soporten por nada, que hablen de confusión de signos entre sí, de mal uso del nombre el uno del otro y demás cuestiones que, en dos partidos que marchan de la mano en el Congreso, no debieran darse.

Pero esta es nuestra "democracia", formal de pies a la cabeza y alejada de la realidad del ciudadano, por más que partidos como el PNP o los fujimoristas crean y declaren que son distinto, son la misma porquería que el resto, funcionan de forma totalmente vertical y llena de personalismos, como el APRA, UN y demás partidos "tradicionales", nada ha cambiado y mientras mantengamos esta porquería de sistema realmente nada va a cambiar, y encima nuestros partidos nos engañan con alianzas como la presente, que demuestran que lo que les interesa es llegar al Congreso, no trabajar por nosotros.

Y no, que nadie diga que todo esto lo han hecho para trabajar para los peruanos, que no nos chupamos el dedo, que el único interés de esos señores era acomodarse como ya lo están nuestros políticos profesionales.

En fin, pan y circo… bueno, por ahora circo, aún esperamos el pan.

Aunque parezca una tontería, es una buena noticia. No solucionará los problemas del Perú, por supuesto. No es la panacea de las medidas ni hará que el proceso administrativo sea más rápido y funcione mejor. Nada de eso. Nos ahorrará unos soles, un trámite inútil (porque lo era) y es un triunfito del sentido común sobre el formalismo. Que no es poco.

Así pues, el Congreso elimina, para la mayoría de trámites y cuestiones, la necesidad de un certificado de Domiciliación. La declaración jurada simple valdrá para acreditar que vives donde dices vivir. Pueden ver la norma desde su página de seguimiento dispuesta en el portal del Congreso (que ha sufrido una franca mejora, la página, no el Congreso).

Hace un tiempo se le dio el poder a notarios, Juzgados de Paz y gobiernos locales (dentro de su jurisdicción) de expedir este certificado, que hasta ese momento era papeleo de la Policía Nacional del Perú. Hace poco se retiró el trámite de las oficinas de la policía, esto es, ya no podrían los de la PNP emitir el dichoso certificado, que rondaba los tres soles y medio de costo.

Y como en el Perú las cosas se hacen a medias, la norma que quitaba la atribución a la policía para emitir estos certificados no hablaba de tasas ni nada de eso, y eran necesarios para realizar múltiples trámites, los notarios y demás órganos que podían emitir los certificados se aprovechan del vacío legal, cobrando entre quince y sesenta soles por un papel que dice que vives en un lugar de la mancha.

Ahora, el Congreso ha reconocido que es un "trámite engorroso que no cumple finalidad alguna" (párrafo 12 del proyecto presentado) ni verifica realmente la domiciliación incluida en el certificado, incluso, la forma en que se hacía era tan simple como llevar un recibo del domicilio donde aseguras vivir para que te expidan el certificado ¿Eso vale 60 soles? ¿Eso tiene algún sentido? ¿Qué lo diferencia de una simple declaración jurada? ¡Nada! Algunas notarías exigían demasiados requisitos para expedir certificados, o unos absurdos (como llevar de la notaría a tu casa y de ahí a la notaría de vuelta a un encargado) que hacía dispar el valor de los certificados.

Así que los congresistas autores de la reforma (11) entienden que basándose en el principio de veracidad (que lo que dices es cierto) ven en el Certificado un instrumento inútil y del que se aprovechan notarías y demás para estafar a la gente que necesitaba (ahora ya no) de esos certificados de marras que, como dicen, no certifica nada realmente.

Como ven, parece una tontería, pero hasta para pedir un trabajo te pedían el puñetero certificado, y si te van a cobrar 60 soles, habrá que trabajar para pedir un certificado que te permita postular a un trabajo ¿Acaso tiene sentido? ¿Por qué resulta tan importante esa certificación? ¡¡Por nada!! Esto facilita la vida del ciudadano, sin reportar un coste al Estado ni nada de eso.

Ahora lo que tendrían que hacer es montar un buen sistema de empadronamiento y la gratuidad de los certificados del mismo, y sólo en ocasiones especiales (electorales y de impuestos locales, por ejemplo) se tire del padrón, o te pidan el certificado de empadronamiento (por ejemplo, para pedir algunos servicios sociales), pero para todo lo demás, esas trámites y cuestiones que haces siempre, que te crean, es lo lógico. Por no decir que el domicilio debe importar poco para muchas otras cuestiones.

En fin, que los congresistas, de vez en cuando, tienen sentido común. Y después de meter la pata corrigen su camino y consiguen mejorarnos, aunque sea un poquito, el día a día cuando nos enfrentamos al papeleo…

No lo termino de entender. Tenemos a un párroco que se preocupa por su comunidad, que es activista en temas medioambientales ante preocupantes contaminaciones y disminución de la fauna del lugar a causa de una multinacional que se dedica al nada despreciable negocio del Oro (con minas de esas que dan gusto ver, por lo grandes y productivas, se entiende), y lo tienes además, mediando (antes y ahora) para llegar a soluciones (al menos como "parche")…

¿Y cómo le agradece la Iglesia Católica todo esto? Desautorizándole. No nos debe extrañar, Cipriani echa de lado cualquier cosa distinta a lamerle el trasero al poderoso de turno y él nunca ha puesto el hombro al lado de los pobres o desatendidos, porque no le hace falta, porque ve en la Iglesia un ente que debe condenar a quienes piden derechos humanos y que defiende, por ejemplo, la pena de muerte y que el ejército se propase tres pueblos porque, a fin de cuentas, ve más importante el orden a la vida.

Sí, hablamos del sacerdote Marco Arana, intimidado por trabajadores de la minera Yanacocha (de capital estadounidense y peruano) tras el cierre de actividades de la misma por los bloqueos a la carretera protagonizados por los comuneros de la zona de Combayo en Cajamarca, quejándose, entre otras cosas, por la falta de implicación social de la empresa, el incumplimiento de acuerdos, la alta contaminación y la gran disminución de las aguas de la zona.

Sacerdote nombrado mediador por el gobierno, y que gracias a él (con participación del gobierno, de la mano del primer ministro Jorge del Castillo) se llegó a una "tregua" entre la empresa y los pobladores, mediante la cual la carretera quedará despejada y la minera regresará a sus labores mientras se continúan las negociaciones. El domingo 3 de septiembre (mañana) se dará la primera reunión del grupo de trabajo negociador, en Cajamarca, estarán presentes los dirigentes  comuneros de Combayo, jefes de Yanacocha y los ministros de Agricultura, Energía y Minas, Economía y Salud (según la noticia enlazada).

Pero, volviendo al tema que nos ocupa ¿Cuál es la reacción de la Iglesia? Ningunearle, no creerle y dejarle de lado. Es normal que la Iglesia (acá y en todo el mundo) proteja a los suyos, que defienda su inocencia hasta las últimas consecuencias y que pague años de labor pastoral con la "no expulsión" incluso en casos de pederastia (aunque se castigue al responsable), pero en temas como el presente, autoridades "morales" como Cipriani abandonan a los suyos, para apearse con los poderosos, que son los que mantienen el particular estado favorable para la Iglesia Católica.

Mientras que las organizaciones medioambientalistas defendían que el culpable de las marchas y demás no era el cura Arana, la Iglesia olvidaba su buena labor en la zona para abandonarlo, dejar de prestarle el apoyo de bloque que podríamos esperar (y que vemos en otros casos).

La vez pasada la empresa minera no objetó aceptarle como mediador, consiguiendo acuerdos y tal, esta vez sí, se opuso (aunque al final lo fuera) y la Iglesia, en vez de apoyar al sacerdote que buenos resultados diera en el pasado, marcó distancias con él. Ahora ha tenido, el sacerdote Arana, un buen papel en el presente conflicto, convenciendo a los comuneros de que acepten la tregua y se sienten a negociar (recordemos que los empresarios de Yanacocha no hicieron más que patear la mesa y plantar una cerrada de las minas para no negociar), y la Iglesia en vez de agradecerle la participación, por boca del arzobispo de Lima, le da la espalda.

Hay curas que dejan en muy buen lugar el comportamiento de la Iglesia, son esos que se rompen la espalda donde deben estar. Lástima que luego llegue la jerarquía oficial y eche todo a la porra. No quieren revolucionarios, quieren borregos. Y no termino de entender que esa sea la actitud de una Iglesia, que recordemos, nació como revolucionaria.

Artículos, de alguna manera, relacionados:

• Yanacocha Memorex por W. Ocram, que además de un par de consideraciones interesantes sobre el comportamiento de la empresa (y palos a todos, que para algo está) deja una buena cantidad de enlaces sobre el conflicto.
• Las lecciones de Yanacocha por D. Evaristo Pentierra, de hace casi un año, no trata el conflicto de "esta vez", sino que nos hace un recorrido por los distintos conflictos, contaminaciones y demás de la Mina, y la fractura social existente.

Una de las promesas del Partido Aprista Peruano (PAP o APRA en adelante) durante las últimas elecciones generales fue la reforma de la Constitución, en concreto, defendieron en varias ocasiones la vuelta a la norma suprema aprobada allá en 1979, sin saber bien por qué lo decían o sin aclararnos los fines concretos de la reforma que querían llevar a cabo y una buena batería de razones por las cuales la medida debiera contar con nuestro apoyo.

Ahora siguen con el tema, por supuesto que no se han olvidado del mismo. Más aún, ya que la campaña en favor de la pena de muerte del gobierno pasa por la aprobación de una reforma ampliando el supuesto constitucional de permiso sobre aplicación de esta pena capital sobre otros tipos penales a los actuales (en este caso, para castigar la violación de menores), es inevitable que la Constitución se vea toqueteada. Tampoco es algo raro, nuestra Constitución es bastante flexible, y en los últimos años ha sufrido varias reformas.

La Comisión de Constitución del Congreso acordó formar un grupo de trabajo que elaborará una propuesta de reforma constitucional, dicho grupo, formado por todos los partidos políticos, deberá redactar una propuesta de reforma constitucional, ya sea sobre la actual norma suprema en vigor (la Constitución de 1993, aprobada tras el autogolpe de Fujimori) o sobre la constitución de 1979, aquella con la que retomamos la democracia tras su secuestro por parte de los militares. Todo ello en base a una poca cumplida Ley de diciembre de 2001, la Número 27600 (en PDF).

Más aún, se supone que este (nuevo) subcomisión trabajará sobre los textos ya masticados por el anterior parlamento realizados bajo la ley Nº 27600, personalmente no conozco esos textos, así que no opinaré sobre ellos. Una vez cumplida su labor, el Grupo de Trabajo entregará un bonito documento a la Comisión de Constitución del Congreso, que remasticará el pre-proyecto antes que el mismo llegue al hemiciclo para el debate que llevará, en el mejor de los casos (para los promotores) en la aprobación de un texto constitucional nuevecito, que según la Ley Nº 27600 debe ser presentada al pueblo peruano para que el mismo la apruebe mediante referendo (artículo 2 de dicha ley).

Me preocupa mucho lo que pretende el APRA, no por el hecho de querer modificar la Constitución ya que la misma es insuficiente, pero teniendo en cuenta la forma en que el PAP entiende los derechos humanos, y el actual gusto que ha cogido Alan García Pérez por el tema del mercado y la liberalización, me espero (temo) uno de los peores textos constitucionales para nuestro país.

En Perú muchas cosas realmente importantes, como el contenido de una ley de reforma constitucional, se hacen más de cara a la galería que con una idea real y precisa de lo que se está haciendo, pensando y sobre qué base ideológica y real se está desarrollando dicha reforma, ley, o lo que sea. Un buen ejemplo es el tema de la pena de muerte, o que en la ley varias veces citada en esta entrada se ocupe, en el artículo 1, de mandar el borrado de la firma de Fujimori del texto constitucional del 93. También daba esa sensación las peticiones tanto del APRA como del UN para retornar a la constitución del 79, impresión que no ha variado en este corto tiempo.

¿Qué podríamos ver en esta posible reforma? Dos cosas, continuismo (a fin de cuentas, el gobierno actual del presidente García es continuista) y despropósitos en el campo de los Derechos Humanos. Traduciéndolo al cristiano: Que el modelo económico no será retocado en nada (como mucho, maquillado un poco), que la organización territorial seguirá el errático camino de toda la vida y que la constitución no garantizará como es debido los derechos fundamentales tan vulnerados en nuestro país, no sólo por el tema de la pena de muerte, sino también por la impunidad posible de las acciones desproporcionadas del ejército peruano (y la administración que le mandaba) durante la época de la lucha contra el terrorismo (es fácil incluirlo).

En fin, estas consideraciones sobre el fondo de la reforma las hago sin contar con la posible inadecuación del momento en que se quieren llevar a cabo, en este sentido, el Presidente del Tribunal Constitucional (TC), Victor García Toma, tiene bastante razón, el que se promueva ahora la reforma puede dar sensación de inseguridad jurídica, cosa nada buena máxime teniendo en cuenta el oscuro gobierno previo de García, donde fue esta inestabilidad una constante. Sobre todo si la reforma, a fin de cuentas, no tendrá un contenido por el que valga la pena pasar por el proceso tedioso de la reforma.

En fin, esto comienza ahora y ya veremos en qué desemboca todo el proceso de reforma, o si sólo se queda en un acto de cara a la galería para decir "estamos cumpliendo nuestras promesas electorales", aunque ya ha incumplido varias de las fáciles y positivas.

Artículos relacionados de alguna forma:

• De Constituciones ¿Por qué debiéramos volver (o no) a la del 79? en Perú Político.
• ¿Realmente la Constitución del 93 fue aprobada por nosotros? en esta misma bitácora.

Y no, no me refiero a la caricatura que hacía hace unos días sobre el APRA, sino a las promesas del actual presidente de la república del Perú, Alan García Pérez, sobre todos los temas relacionados al trabajo. Vamos, que ya mosquea el APRA, se ha mostrado raro en los temas en que era ambiguo (TLC, cof cof cof), y ha puesto todo en la mesa sobre las promesas fáciles de cumplir que le darán apoyo popular, por más nefastas que sean (sí, me refiero a la pena de muerte para los violadores de menores de edad, ya hablado en estos lares dos veces). Pero lo que fue una de sus basas en campaña (la parte "izquierda", la que hablaba del trabajo y los trabajadores) ya ni se menciona, y si se trata es para comportarse como… ummm… Unidad Nacional.

Hace unos días, desde la CGTP se aplaudía (no sin cierto temor) las palabras del Primer Ministro Jorge del Castillo y de la Ministra de Trabajo y Promoción de Empleo Susana Pinilla, tras el encuentro de dichos personajes y la gente de la CGTP. Aplaudían que se mantuvieran ciertas promesas electorales del APRA con respecto al trabajo, como puede ser las 8 horas, libre desafiliación de las AFP, el aumento de inspectores laborales, entre otras cuestiones (lean la nota) todo ello dentro de la apreciación de que, para el presidente del gobierno, «el consenso de Washington no va más» (palabras del Secretario General de la CGTP, Juan José Gorritti).

Ya sabemos cómo son esas reuniones, más aún, ya sabemos cómo es el APRA, dirá lo adecuado en el sitio correcto en el momento indicado. Jamás hablará en contra de la audiencia. Será aplaudido y se recordará el encuentro con un resumen del tipo "aunque esta parte es criticable, el global, ha dicho lo que queríamos oír, vamos por buen camino". Pobres ilusos (todos). Es el APRA, con los trabajadores defenderá las ocho horas y con los empresarios defenderá el despido arbitrario, a los trabajadores les dirá que el consenso de Washington es lo peor del mundo y a los empresarios les dirá que venderá todo lo que aún sea público y pueda dar beneficios, que el mercado es la única solución. Lo peor, es que mantendrán ambos discursos y luego harán lo que les salga de las mismísimas narices.

Ante las últimas decisiones del APRA el presidente de la CGTP se ha molestado un poquillo, y anuncia medidas de los suyos. El tema de la ley contra el despido arbitrario fue mosqueante (que si sí, que si no, que mejor nada de nada, que luego se molestan los que pagan en maletines negros y todo eso) y la propuesta de Ley General de Trabajo, que se quiere mandar para que el Consejo Nacional del Trabajo vuelva a revisarla ha molestado de verdad a Mario Huamán, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP para los vagos), quieren que de una vez el Congreso revise esa reforma, que la evalúe y la vote, no que se siga mareando a la perdiz. Y como quien avisa no es traidor, el mentado presidente del mencionado sindicato avisa que para el 20 de Septiembre comiencen las primeras movilizaciones contra el gobierno aprista.

Hace unos meses (muchos) el APRA se subió al carro de las manifestaciones sindicales contra un modelo jurídico-económico, una vez en el poder puso a la derecha en carteras claves para que dicho modelo, del que antes rejuraba en arameo sus maldades, ahora pueda mantenerse. Ya la gente de la CGTP no son amigos, ahora son el enemigo. Los empresarios y el gobierno ineficaz, que concede a las empresas privilegios excesivos sobre los trabajadores dejaron de ser el objeto de crítica para ser protegidos por un nuevo gobierno dizque izquierdista.

A finales de Julio ya decía que este gobierno será continuista con respecto a los anteriores, no veremos siquiera avances en la protección de los derechos humanos (incluso apostaría por retrocesos). Ni cambio responsable ni nada de eso. Y reviviremos los enfrentamientos entre un gobierno incumplidor de sus promesas y una masa de trabajadores hartos de la explotación de nuestro patético y cuasiesclavista mercado laboral. El APRA ya escogió a sus amigos, y no somos los trabajadores.

A veces, o no entendemos o no queremos entender. Es curioso que el candidato que llevaba la bandera de las 8 horas y el trabajo digno (vale, en teoría llevaba esa bandera) permita que la ministra del Interior, Pilar Mazzetti (ex ministra de Salud) proponga sandeces como la compra de vacaciones a nuestros cansados policías… También en El Comercio.

En el Derecho Laboral hay un tema importante, que es la protección de la parte débil (el trabajador) de la parte capaz de imponer sus condiciones (y que tiene el poder disciplinario, de organización y un largo etcétera), para ello, entre las condiciones del contrato, hay una serie que están puestas por la ley, ya sea de forma fija o como un mínimo (dejando a la negociación colectiva o individual el posible aumento de la misma), teniendo temas como las vacaciones una especial protección y regulación (lo vemos con los feriados).

¿Por qué? Sencillo, el descanso es necesario. Y ante la necesidad económica y el miedo al despido (como la posibilidad desde el inicio de que sea una causa de no contratación) las vacaciones perderían su propia existencia si se dejaran a manos de la decisión del empresario el cumplirlas o pagarlas sin que se cumplan, lo mismo con los días de descanso y demás detalles (como la jornada máxima laboral). En Francia, hace no mucho, perdieron la guerra de las 36 horas semanales con la introducción de la posibilidad que por acuerdo de las partes se pongan hasta 48 horas semanales de trabajo ¿Qué pasa en la práctica? Toda empresa fuerte impondrá una jornada mayor a las 36 horas a sus trabajadores.

Si necesitamos más policías, que se entrenen y se saquen a la calle. Si necesitan estar mejor pagados para que no tengan que volverse secuestradores, corruptos o delincuentes en cualquiera de sus formas (una verdadera lacra entre nuestras fuerzas de seguridad) para llegar a fin de mes, que se haga. Pero estos "medio apaños" de "con lo que tenemos, les hacemos trabajar más tiempo y así solucionamos el problema" son parches inaceptables desde cualquier punto de vista que pueden redundar en un perjucio global (policías más hartos y cansados, que no es lo mismo tener vacaciones largas que unas cortitas y que hay trabajos que cansan antes que otros)…

Es un poco como el tema de los Serenazgo ¡¡vaya reemplazo más malo para las fuerzas policiales municipales!! Todo por el ahorro de cuatro duros y tener seudopolicías peor preparados (que ya es todo un logro en un Perú con policías de tres al cuarto). No son soluciones a un problema, son parches de dudosa eficiencia.

Y todo ello dentro de un gobierno aprista que brillará por la ausencia de contenido social y avances en el mundo laboral, con medidas como esta se abre la típica caja de Pandora en flexibilizaciones mal justificadas.

Ello me recuerda, a ver cuando el Estado pone en orden a los trabajadores de su administración y reconoce la informalidad que sufre, con tantos contratos de arrendamientos de servicio que en realidad son contratos laborales sin los beneficios sociales que debiera corresponderles (rayos, hay departamentos enteros en que ninguno tiene Seguridad Social o vacaciones ni nada porque todos son "prestadores de servicios externos", aunque lleven ahí años trabajando en exclusiva con todas las notas para considerarlo, jurídicamente, una relación laboral de manual).

Alan García, lleva poco tiempo en el gobierno y ya se perfila como un incumplidor de cuanta promesa hiciera con tintes de izquierda, por forma directa o indirecta, da lo mismo. Y aún hay gente que ve en la jugada de los ministros una neutralización de la derecha… Aish.

Es curioso que en los tiempos que corren, con las banderas de la Democracia y los Derechos Humanos como estandartes propios se siga debatiendo las bondades de la pena de muerte. Es curioso, pero patético (una cosa no quita a la otra). Recuerdo más o menos bien las clases de Derecho Penal I y la breve pero intensa discución que generó los fines de las penas, por supuesto, hay quienes creen que sólo es el castigo y la intimidación lo que deben buscar (en este contexto, la pena de muerte podría cuadrar) otros tantos ven más fines en la misma, entre los que destacan temas como la reinserción social (difícil, pero toca buscarla).

Desde la víctima

El tema es peliagudo, ¿Por qué la sociedad debiera soportar a esas lacras que resultan violadores y demás? se preguntan muchos y cometen el mayor de los errores, ponerse en la mente de la víctima para pedir el castigo. Es lógico que una víctima pida el mayor castigo posible para con el agresor, no sirve de nada y no es aceptable, pero es completamente normal que la ira haga decir o pensar con el hígado. Pero el Estado no es ni puede ser nuestro sicario personal, nuestro vengador anónimo y pagado por todos. Hay quienes piden pena de muerte para ladrones y corruptos, sus argumentos sólo están llenos de venganza y hace tiempo que decidimos, por el bien de todos, dejar la venganza en sentido estricto para entrar en un sistema penal que, aunque aún le falta mucho para ser siquiera bueno, resulta aceptable.

Fuera del argumento "desde la víctima", no hay ningún otro que sustente la pena de muerte ¿Sale caro mantener a un preso? Sí. ¿Y? También lo es mantener la ayuda a los discapacitados. Lo sé, no es lo mismo desde una perspectiva "moral", donde un agresor culpable ha cometido un acto prohibido y repudiable, y el otro ha tenido una muy mala suerte, pero si hablamos en plata el tema se asemeja más de lo que parece. de todas maneras, y para abandonar la tal vez desafortunada comparación, si de cien podemos salvar y que vuelva la sociedad al menos a uno ¿Acaso no ha valido la pena? ¿Por qué hablan tanto de la Libertad, la solidaridad y la sociedad si son incapaces de intentar mejorarla? Antes se exiliaba a los miembros "no aptos" para la sociedad, se les desterraba. Muchos aportaron buenas cosas en otros países, al menos como un ciudadano más. ¿Vamos a regresar a ese sistema? No, peor, los mataremos.

Ilógica interna y disfuncionalidades varias

las violaciones de menores no suelen ser actos planeados, tienen más que ver con distintas patologías y enfermedades que, sin ser exculpatorias, están ahí y no las podemos obviar con tanta facilidad y alegría como para ponerles la pena de muerte. Un asesinato de un niño se pagaría más barato que una violación, siendo el primero posiblemente planeado y el segundo un arrebato (insisto en que no exculpo al violador, ni mucho menos), pudiendo ser el primero un sicario que se dedica a ello y el segundo, posiblemente, un don nadie que realmente no conoce la ley. El primero ha cometido un crimen irreparable, ha costado una vida en el sentido estricto de la palabra y su pena, si se produce esta reforma, será menor que la del segundo (desde el marco legal, no la pena en concreto que luego les corresponda, ese es otro tema).

En realidad, quien viole a un menor, si se produce la reforma, tendrá razones para matarlo, total, ya le cae (en abstracto) la máxima pena posible. Algo que actualmente no pasa. Las penas deben tener armonía interna, estar graduadas, no puedes poner a un hecho despreciable pero que no es el más grave la máxima pena. No es lógico, no es funcional.

¿Por qué lo propone el APRA?

No me cabe muchas dudas. No lo hacen por convencimiento de que así mejorará la situación, ni de lejos. Lo hacen por temas electorales. Es una de las pocas promesas que cumplirán y les saldrá muy barato hacerlo, tendrán el apoyo público y da la impresión de una férrea lucha contra uno de los tipos delictuales más aborrecidos por la sociedad. En otras palabras, se quieren marcar un tanto.

¿Qué nos costará ese tanto? Pertenecer a la CIDH y la vida de los condenados -sean inocentes o no, me da igual-. Es un precio demasiado alto como para resultar mínimamente aceptable. Si tenemos los pros en una mano ("la sociedad se libra de lacras") y los contras en la otra, nos caemos por el peso de la segunda mano. Si ponemos el precio en la segunda mano, también se nos romperá la mano por ese peso. Pero las razones en los "pros" del APRA son otras, son las dichas en el párrafo anterior, ganarán así puntos frente al electorado y para mantenerse en el poder, todo vale. Que se vayan un poquito a la porra de mi parte. Por unos objetivos electoralistas van a realizar una reforma constitucional que nos ocasionará sólo problemas.

Reforma constitucional necesaria

Para poder introducir la Pena Capital para los delitos de violaciones de Menores (¿se dan cuenta que la mayoría de edad de la víctima rebaja inmediatamente la pena en abstracto?) habrá que reformar la constitución (que la contempla sólo para uno de sus extremos) y denunciar un tratado internacional la mar de importante para nosotros. Se me ocurren muchas reformas constitucionales necesarias como para perder el tiempo en una negativa, es como si reformásemos la norma suprema para quitarnos el derecho a voto, para quitar el sistema electoral y reemplazarlo por la nada de la dictadura del primer pringado que tome el poder o, en fin, cualquier metida de pata que se les ocurra.

De hecho, el tema de la inseguridad ciudadana está patente en nuestras tierras, y se tiene que abordar desde muchos puntos distintos, pero no se me ocurre peor forma que un cambio legislativo para aumentar el alcance de la pésima solución que supone la pena capital. Las reformas que conducen a claras reducciones de derechos en pro de la seguridad o de castigar al culpable no sirven de nada. Y su precio, ya mencionado, es demasiado alto.

Consideraciones finales

No he entrado en desmenuzar argumentos a favor y en contra porque más abajo enlazo unos artículos que lo hacen bastante bien, sólo he dejado unos apuntes sobre la pena de Muerte y el APRA como impulsor de la propuesta.

Estoy totalmente en contra de la pena de muerte y me parece despreciable la utilización de un hecho como la violación de un menor para armar todo este revuelo y aprovecharlo con fines electoralistas, es de verdaderos canallas. Hace poco los medios aplaudieron a un perro por matar a una persona (como si la propiedad privada fuera más importante que la vida de una persona, nos ha jodido mayo con las flores), así que, enraigada una cultura de linchamientos públicos, no me extraña el favor popular ante una medida como la de quitar la vida a otra persona.

El Estado no puede tener el poder de ejecutar, es un mal comienzo el darle carta blanca para que pueda matar sin que la situación sea extrema o sin que medie necesidad (la persona ya está apresada, no es que nos encontremos en un tiroteo o salvando otra vida con un claro conflicto de intereses en que la muerte del agresor es el menor mal). Y cuando veamos que este tipo de crímenes no disminuyen ¿Cómo fundamentar todo el coste de implantar esta pena? Lo que es peor, cuando ejecutemos al primer inocente ¿Cómo justificarán dicha infamia?

Recomendaciones varias

A todo esto, he leído tres artículos muy interesantes sobre la pena de muerte que paso a recomendárselos, uno que aporta las opiniones tanto de Aurelio Pastor (coordinador de la Comisión constitucional) como de Walter Vásquez (presidente del Poder Judicial), uno que está a favor de hacer lo necesario para poder implantar la pena de muerte para las violaciones (en este caso, sería hacer una observación o denunciar la CIDH) y el otro recuerda el mayor peligro de la pena de muerte, que el Estado mate a un inocente por error. Así lo recoge el unañero Ocram, desde el Útero de Marita, en una entrada titulada "Contra la pena de Muerte" e ilustrada con uno de mis cuadros favoritos (Los fusilamiento del tres de Mayo del más que genial Goya).

Por otro lado, para recordarnos el tema internacional del asunto y algunos de los contras de la Pena Capital tenemos un buen artículo de José Alejandro Godoy en Desde el Tercer Piso, titulado "Una aberración jurídica en marcha". Es bueno recordar lo que significa la CIDH, es un seguro para todos los peruanos, es un seguro de vivir bajo la tutela de unos derechos que son para todos. Y renunciar a ella es regresar a las peores etapas del Perú, por la simple inseguridad que acarrean y la posibilidad para que los que ostentan el poder se pasen tres pueblos y medio.

Por último, un gran artículo firmado por Evaristo Pentierra en Perú Político nos trae a colación los argumentos a favor de la pena de muerte, los contrarios a la misma y unas consideraciones finales que, sin lugar a dudas, favorecen las medidas por la vida de las personas en un artículo titulado "Debatiendo sobre la pena de muerte". Esto es, se muestran contrarios a la pena de muerte tanto por razones de eficiencia (no es más efectiva que el resto de penas), como de seguridad jurídica (ante un error judicial, una ejecución es simplemente irreversible) y, de paso, nos recuerda el absurdo de la pena de muerte al ser una suerte de ley del talión ("aumentada", por cierto); pero nos recuerda una carencia en Perú, nuestro sistema penitenciario es incapaz de ayudar en la reinserción de los criminales a la vida social, y por ahí debieran comenzar las reformas.

Una de las lenguas oficiales del Estado es el Quechua (en las zonas en que predomine, junto con el aimara y otras lenguas locales según lo que marque la ley), no cabe duda que tenemos una gran población quechuahablante y algunos congresistas se niegan a hablar en castellano. En el Congreso, en un acto de sentido común no demasiado habitual, tras una discusión, decidieron que usarían traductores en las sesiones del mismo. A fin de cuentas, un reconocimiento de la multiculturalidad que es el entramado llamado Perú.

Hilaria Supa Huamán (del UPP, elegida en Cusco, que juró en quechua tras un rifi y rafe en que no quiso jurar en castellano) se negó a hablar en castellano (que, dicen, no lo habla demasiado bien) y se dirigió a los ilustres compañeros en quechua, idioma que la mayoría de congresistas no conocen.

A discutir, que para eso se les paga

Como no entendieron ni papa se inició un debate, sobre si se podía hablar en quechua en el congreso, de si no se podía, de si el Quechua sólo se puede hablar en las zonas donde predomine (los Andes, básicamente), que si todo en castellano porque para algo todos lo conocemos (por supuesto, la líder de la postura castellanista fue Martha Hildebrandt, lingüista tocanarices).

Por otro lado, desde el UPP se aprovechaba este hecho para hablar de discriminación cultural y todo eso, con lo cual, su postura se sostenía en la discriminación que, efectivamente, sufre el quechua desde la administración central. Cosa que queda fatal si son los congresistas quienes la promueven, una cosa es "dejar el idioma olvidado" y otra muy distinta oponerse a su uso en la casa de todos.

Al final, como ya adelanté en el párrafo uno, se decidió usar un traductor de quechua al castellano (¿También traducirás las intervenciones en castellano al quechua? Porque la nota no lo deja claro la verdad), así pues, quienes quieran expresarse en quechua podrán hacerlo sin que signifique una limitación en la comunicación de los congresistas. Espero que esta decisión también la tomen con los aimarahablantes…

Consideraciones varias

El argumento de "el quechua sólo en las zonas en que predomine" no se debería esgrimir en el Congreso del Estado, a fin de cuentas, ahí todos están representando a una parte del Perú y a todo a la vez (recordemos que la circunscripción electoral es múltiple), si una congresista es parte de una zona de predominio quechuahablante, es correcto y adecuado (por no decir que lógico) que hable en representación de los suyos en su propio idioma, que por algo lo tiene.

Entiéndanlo de esta forma, en el Congreso no se puede argumentar que el idioma predominante es el castellano por estar en Lima, es sólo una anécdota la localización del recinto donde los representantes de la nación se reúnen, cada uno lleva el trozo de tierra que representa, así que no vale con decir "acá en castellano", el quechua es tan de todos como el español, así que no le den vueltas a las cosas. Un traductor soluciona el problema.

El día en que dejemos de lado el hispanocentrismo daremos un paso adelante en el reconocimiento pluricultural del Estado, de nuestra población, y un paso en la integración (que no asimilación) de todos los peruanos sin necesidad de obligarles a abandonar lo que son o lo que tienen para una idea única de lo culturalmente mejor, que es lo que predomina, somos un país que tiende a convertir a sus miembros en alienados sin alma ni espíritu, y que olvida los otros idiomas en perjuicio de las poblaciones que hablan dicho idioma, desde la educación hasta el trato con la administración central.