Categoría: Actualidad de España

El pleno de la Audiencia Nacional decide mantener en prisión (dentro del hospital donde se encuentra) a De Juana Chaos. Ayer realicé unos considerandos sobre la situación del etarra, donde consideré que daba lo mismo si las enfermedades o lesiones fueran autoproducidas o generadas por las vicisitudes de la mala fortuna, que lo que realmente se debe valorar es la situación del recluso en la actualidad, y que si mejora, jurídicamente hablando, debiera volver a la prisión.

El Auto dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal acuerda:

"mantener la situación provisional comunicada y sin fianza de José Ignacio de Juana Chaos, debiéndose adoptar por el centro hospitalario donde actualmente se encuentra ingresado la administración de la terapéutica adecuada al caso, incluida la alimentación forzosa conforme a lo ya acordado en resoluciones anteriores."

Así que las cosas para el preso provisional De Juana Chaos, en constantes huelgas de hambre que han mermado su salud, continuarán como estaba.

Como curiosidad: Tanto la fiscalía (por la que actúa Fernando Burgos) como los miembros del Tribunal que juzgaron a De Juana en el caso de las amenazas (Manuela Fernández Prado, Angel Hurtado y Carmen Paloma González Pastor) más otra magistrada de la Audiencia Nacional (Clara Bayarre) estaban de acuerdo con mandar al preso a su domicilio hasta que se mejorara.

Para entender que esta medida es netamente jurídica y no una "claudicación del Estado de Derecho" hay que recordar que la figura del arresto domiciliario por el estado del preso ya está previsto en nuestro ordenamiento jurídico (véase en este sentido el artículo 508.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), artículo que no diferencia si la enfermedad o situación de gravedad del preso es autoinflingida o no. Por otra parte, hay que recordar que lo que pide De Juana es su liberación "incondicional", no un arresto domiciliario por circunstancias de salud. Este último extremo no tiene nada que ver con las razones que llevaron al etarra a la huelga, él no pedía prisión domiciliaria ni nada de eso.

Es decisión del tribunal mantener el statu quo del preso De Juana, y era una de las tantas posibilidades que tenía sobre el tapete. No es una decisión política, ni la prisión domiciliaria ni el mantener la prisión en el hospital, no debemos considerar ninguna de las alternativas como "políticas". Aunque me parece que la interpretación que hace el tribunal sobre una norma penal favorable para el recluso es demasiado restrictiva, y que la consideración del daño autoinflingido sólo debía considerarse para la posible vuelta del preso a la cárcel cuando el mismo se mejorara, y si su situación es irreversible, pues nada, como cualquier otro preso enfermo o discapacitado.

Lo preocupante del asunto:

La AVT y el Partido Popular (PP) mantienen su apuesta por la manipulación, por la desinformación sobre unas leyes que conocen muy bien (no por gusto Rajoy fue ministro del Interior, si mal no recuerdo). Y lo digo por las declaraciones que han realizado tras el fallo de la Audiencia Nacional.

Tenemos por un lado a Rajoy: Por un lado, considera que este fallo "desautoriza" a Rodríguez Zapatero y al fiscal que pidió el cambio del arresto en el hospital al régimen de arresto domiciliario. Acusa al fiscal y al gobierno (supongo que de paso acusará a los cuatro magistrados que votaron a favor del arresto domiciliario) de querer que no se cumpliera la condena de De Juana Chaos. Por otra parte, considera que este fallo es una de las grandes alegrías de su vida y que une a los españoles contra el terrorismo.

Lo último, el tema de la unión y de la alegría, no es más que demagogia pura y dura. No sé cómo se puede alegrar de una medida así, puedes estar de acuerdo o en contra, y si eres un ferviente de De Juana o del mantenimiento de la vida de los presos te puede, incluso, apenar o molestar. Pero: ¿Dar alegría? ¡Por favor! Eso no pasa de ser una postura vengativa. Lo mismo que el tema de la "unión" ¿Une más a los españoles un mantenimiento de prisión y punto? Eso es más que demagógico.

Lo otro es más grave: Insiste en que esto es una derrota del ejecutivo presidido por Rodríguez, cuando el tema no tiene que ver con la cuestión política. Si el alejamiento de presos, los cambios penitenciarios por salud y todo eso lo consideramos político, estamos dando la razón a De Juana y los suyos sin lugar a dudas. Y es lo que hace el PP cuando realiza estas declaraciones, confunde (porque quiere) lo jurídico con lo político. Es político el regular una norma de una u otra forma, pero en el caso de las penales, es jurídico luego el cómo se aplican. Ya he mencionado por qué considero que en ningún caso podemos considerar que el mandarlo al arresto Domiciliario no es una cesión ni una derrota del Estado de Derecho en tanto se está aplicando la normativa del Estado para decidir. El PP no cree en el Estado de Derecho. Todos los días se presentan recursos y peticiones que son atendidas o rechazadas y en ningún caso se habla de desautorizaciones ni nada de eso.

Es preocupante que alguien como Mariano Rajoy recurra a la demagogia y la desinformación en este tema: él sabe muy bien que el cambio de régimen penitenciario no supone ni una suspensión ni una conmutación de la pena, ni, mucho menos, una suerte de amnistía. Pero miente. Acusa al fiscal de querer que no se cumpla la pena, cuando una pena se puede cumplir en arresto domiciliario, y, además hay que recordarlo, estamos ante una prisión provisional, no una definitiva.

Por otro lado, como cabeza visible del PP en estas declaraciones, tenemos a María San Gil: La presidente del PP vasco dice que esta decisión le reporta una gran satisfacción, a los familiares de los 25 asesinados por De Juana y a todos los que piensan que el Estado de Derecho "no tiene que doblegarse ante el chantaje de un terrorista". Sobre la "doblegación" del Estado de Derecho ya he mencionado que no es tal, que es aplicación de la normativa del mismo quien permite que en casos como el presente un preso pase a recuperarse en un régimen penitenciario distinto que el ordinario (que De Juana está en el hospital, donde no podrá recuperarse por completo si no come por sí mismo), así que no insistiré más en ese punto. Es demagogia la que se hace al repetir tanto lo de "rendirse al chantaje", eso sería "liberarlo sin más".

Por otro, volvemos al tema de los 25 asesinatos: De Juana ya cumplió la condena por esos asesinatos. ¿Qué tiene que ver la familia de esas 25 víctimas en este tema? Estamos hablando de un preso que está en prisión provisional por una condena por el delito de amenazas. Ya los 25 asesinatos no cuentan en todo esto. Volvemos al uso demagógico de las víctimas. Que nadie me salga ahora en que estoy desacreditando o manchando el honor a esas víctimas, nada que ver. De Juana ya pagó por esos delitos (si ha pagado "mucho o poco" por la muerte de esas personas es algo que no valoraré en estas líneas), y aplicando el Estado de Derecho al que María San Gil menciona, en el 2004 hubiera salido LIBRE. Ahí sí libre, no en prisión domiciliaria. Pero se le juzgó por otro delito y nunca pisó la calle.

Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) también se manipula el contenido de esta decisión de la Audiencia Nacional. De la boca del polémico presidente de la AVT, José Alcaraz, sale pura y dura demagogia, y desinformación: "el Estado de Derecho no cede al chantaje de un asesino" y que una "decisión distinta a la tomada hoy podía haber supuesto una provocación sin precedentes a las víctimas del terrorismo y a la mayoría de la sociedad española ya que hubiera amordazado la libertad que todas las personas de bien llevan exigiendo durante más de treinta años". Termina diciendo que "gracias a la Justicia, el sentimiento de orfandad de las víctimas ante el Estado de Derecho es menor a pesar de que el Gobierno sigue despreciándolas, poniendo por delante los intereses de los terroristas".

Sobre el chantaje y todo eso ya he hablado e indicado por qué considero que es mentira siquiera mencionar ese extremo al hablar de Estado de Derecho, así que no me detendré en ese punto.

El resto de la declaración de Alcaraz patina entre la demagogia pura y dura (habla de que el Gobierno pone por delante los intereses de los terroristas, no veo "al gobierno" en esta decisión por ningún lado -ni siquiera en los fundamentos de la actuación del fiscal- ni que lo haga en ningún caso, pero bueno, cada quien vive sus propias fantasías por más retorcidas que sean) y una amenaza al sistema que dicen defender, al Estado de Derecho. ¿Por qué una decisión fundada en las normas es una provocación a las víctimas del terrorismo o a parte de la sociedad? ¿El Estado de Derecho es una provocación a las víctimas? ¿Qué clase de víctimas son? Para responder a la demagogia de Alcaraz voy a citar las palabras de Enrique López, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): "estamos ante una resolución judicial que supone el triunfo del Estado de Derecho hubiera sido cual hubiera sido el contenido". No hablaría de triunfo, simplemente de aplicación.

Espero que el Tribunal Supremo conozca de la súplica a la decisión de la AN y decida lo mejor para el preso (sí, para él, es la parte enferma y débil en todo esto, como todos los presos) y se pase a la prisión domiciliaria mientras se recupera De Juana. Y que el TS también resuelva rápido (de una vez) el recurso de apelación a la condena por amenazas.

O cómo la Derecha miente y manipula para utilizar políticamente la lucha contraterrorista

O cómo, para seguir con estas simples lecturas, para esa Derecha el Estado de Derecho sólo es un ente vengativo que no debe defender las vidas de los seres sometidos . Y cómo extrañan la prisión perpetua y la pena de muerte en un país que se sacudió de encima tamañas penas (aunque Aznar, en un gesto vengativo, puso diez años más a todo terrorista, porque eso de 30 años sólo es media vida, y había que obligarles a cumplir, al menos, cuarenta). ¿Por qué digo todo esto? Ahora me explico:

La derecha ha saltado: con demagogia pura y deseos de venganza. Quieren la muerte de De Juana, quieren que se suicide (por más que muchos de ellos, en teoría, repudian el suicidio y estarían de acuerdo con su penalización, más aún, son los que defienden que la eutanasia activa siga penalizada), quieren que el Estado le mate por omisión (no está en la calle, lo que haga es responsabilidad del Estado como guardián de las instituciones penitenciarias), y se alegran del mal estado de salud de una persona. Y mienten. Mienten mucho. Dicen que es el gobierno el culpable de la posible liberación (que no es tal, pero ya puestos a mentir, se miente en todo), que es arrodillarse ante el terrorista, que es dejar en libertad a alguien condenado por 3 000 (se olvidan de decir que esa condena -según el CP anterior- ya cumplió, que ahora no se juega con esa sentencia, sino con una de noviembre del 2006), que ese sujeto debe pudrirse en lo más hondo de los calabozos, olvidándose del trato humano que debe recibir todo preso (y que no reciben, todo sea dicho), mienten con una interpretación irreal (no digo que incorrecta o que vaya contra mi opinión -como es la del jefazo del Consejo General del Poder Judicial, que es correcta pero no estoy de acuerdo-), manipuladora, de la normativa actual, que confunde unas sentencias con otras y pretende confundir a todos los que sólo lean o escuchan esa prensa tan manipulada a la que le encantaría que volviese el Tribunal de Orden Público franquista y los delitos políticos, que ha descubierto en la querella la forma de iniciar procesos que con una denuncia serían imposibles.

Por un lado, hay que considerar dos cuestiones: De Juana ya cumplió su condena por los injustificables 25 asesinatos que cometió, y por los que en su día fue condenado. Así que el uso del argumento (como lo he oído en la COPE y visto en La Razón -edición en papel-) de su larguísima condena para decir "van a liberar a un preso condenado a 3 000 años por asesino" no tiene ningún sentido, en tanto que ya cumplió la condena (en el 2004). Recordemos que De Juana estuvo a punto de salir de la cárcel hace no demasiado, en virtud de la normativa del anterior código penal (de 1973), pero fue retenido bajo una acusación de amenazas por lo publicado en dos artículos del periódico Gara.

Así pues, entrar en la consideración de los asesinatos de De Juana, en este momento, no tiene ningún valor. No se puede recurrir, penalmente hablando, a ese argumento para defender la cárcel de por vida, para insistir en la peligrosidad de un preso que está por morirse (sí, por propia voluntad) y que, como mucho, servirá para poner unas medidas que impida su huída, pero que no debe entrar como considerando en su puesta en semilibertad. Porque no se le va a excarcelar.

Por otro lado, Rajoy ha dejado caer que esta posible liberación (incorrección en el uso de ese término) puede plantear un "peligroso precedente" con respecto al actuar de otros presos, sean etarras o no. Pero lo recordó con los etarras. Pues, pasará lo mismo que con De Juana, que si están a punto de morir, que si su vida pende de un hilo ¿Qué sentido real tiene que estén en la cárcel? Si mueren en esas condiciones en una cárcel u hospital militar, recordemos, es el Estado el responsable de esa muerte. Lo que haces en la calle (si decides no comer) no es cosa del Estado, lo que haces en la cárcel sí.

Además, no es una excarcelación, no se le deja en libertad (ni siquiera, actualmente, es un preso condenado, es un preso preventivo), pero la Derecha se empecina a que parezca eso, una "liberación" como pago político que demostraría que el Estado está rindiéndose ante ETA (uno de los principales problemas de la Kale Borroka durante la tregua fue, justamente, la condena de De Juana y su salud tras las huelgas de hambre), pero se olvidan de indicar que los informes médicos (de un Hospital bajo el mando de la Comunidad de Madrid, así que depende de los fondos el mando de Esperanza Aguirre, miembro ilustre de la derecha española) que dicen que De Juana está mal y podría quedar peor (responsabilidad, una vez más, del Estado) no vienen del gobierno, y que el fiscal (que sí están sometidos al gobierno) pide que se mantenga la pena de 12 años y 7 meses impuestos por un delito de amenazas (con el agravante de terrorismo).

La AVT dice que nada de atenuarle la pena (la forma de cumplimiento, en realidad) ni de pasarlo al arresto domiciliario ni, en su caso, el control telemático o la libertad provisional (su actual condena no es firme, hay que recordarlo, así que él está en prisión provisional), que si se pone malito, que le obliguen a alimentarse… Una de dos, o no se enteran de lo que pasa o quieren que el resto no se entere. Actualmente De Juana está en el hospital y se le obliga a alimentarse, tratamiento rechazado por el preso (como decimos, tienen que obligarle, al punto que en el hospital temen que De Juana manipule la sonda que le alimenta o algo de eso, ante la negativa a que le impidan seguir con la huelga de hambre), y es el Hospital que le está alimentando quien cree que la situación actual del preso es insostenible, pudiéndose hacer más daño del que ya se ha infringido y recordando que las lesiones pueden ser permanentes.

Vence el chantaje del etarra, dice la AVT, Rajoy, y todo aquél que se considere suficientemente de derechas en este país para defender lo que Federico Losantos diga (es que hoy he amanecido escuchándole, y me ha revuelto el estómago su bílica demagogia en este caso, indignante). Digámoslo claro: El chantaje de De Juana pretendía que no se le juzgara por las amenazas, De Juana defendía que él ya había cumplido su condena, recordemos que la acusación de amenazas llegó en un momento en que el PP usó su excarcelación por cumplimiento de la pena como un ejemplo de rendición del Estado, y que ante la alarma social producida por la puesta en libertad de este criminal (que ya ha pagado por esos crímenes) tanto la AVT como la fiscalía se apresuraron a presentar cargos por amenazas basándose en lo que De Juana escribió en Gara, que el Juez sí estimó como amenazas, más aún, se dictó la prisión provisional desde el primer momento, con lo cual, De Juana pasó dos años entre el cumplimiento de su pena anterior a la condena -que aún no es firme- posterior sin pisar la calle, el caso ahora se encuentra en el Tribunal Supremo, tras ser condenado por la Audiencia Nacional. De Juana pretendía, pretende, que no se le condene (siquiera procese, pero ya es tarde para eso). Esta situación no va a cambiar, De Juana será condenado (mejor dicho, se confirmará la actual condena de 12 años, aunque se rebaje en dos o seis años la misma) y tendrá las consecuencias que deba tener. Pero ya lo hemos visto en multitud de ocasiones, y así está normado en el Derecho Penal, un enfermo no puede entrar en la cárcel, no en régimen común.

¿Qué pasaría si todos los etarras siguieran el ejemplo de De Juana? Simple, que tendríamos muchos personajes peligrosos (los que tienen delitos de sangre) o no tan peligrosos (el resto, hasta los casos más políticos) enfermos, incapaces, prácticamente, de valerse por sí mismos, durante un buen tiempo. No voy a decir que esto sea bueno (que sino luego la AVT me acusaría de fomento del suicidio o algo así), pero no cabe duda que si todos los etarras se automutilan, ETA queda mutilada. No hablamos de liberación, quien entienda que esto es una puesta en Libertad es que no entiende nada, hablamos del cumplimiento de penas según cada sujeto dentro de sus propias circunstancias, y acá da igual si es autoinflingido o es la diosa desfortuna la que lleva el mal a la persona.

Hay que recordar que una vez que el paciente se mejore, el régimen penitenciario volvería al que le corresponde en una situación de normalidad. Esto es lo que diferencia este tipo de medidas de la libertad. Si te liberan luego no te pueden encarcelar por los mismos hechos. Esa es la diferencia entre ser un preso sano o estar enfermo. Esa es la diferencia entre ser peligroso y no serlo por las condiciones en que está. Es cierto, en un delito de amenazas donde supuestamente marca objetivos a ETA, el que personalmente pueda ejecutar las amenazas es poco relevante, pero también lo es, desde esa perspectiva, que esté en la cárcel o fuera de ella (incluso, los artículos los escribió dos años de terminar la condena anterior, la de los 25 asesinatos), así que la situación no cambia desde esa perspectiva.

Demasiada demagogia, demasiado ruido por parte de una Derecha que sigue acusando a ETA de tal vez el único delito que no ha cometido en los últimos años, demasiada manipulación de una gente que hasta hace poco ha gobernado en España y que durante su mandato muchos presos cumplieron condena y salieron libres y que, cuando le tocaba a De Juana, manipularon la situación para decir que era una bajada de pantalones del gobierno y que las penas deberían endurecerse (olvidándose de que las penas no son retroactivas y que ya fueron endurecidas -demasiado-), de una Derecha que ahora pretende hacernos creer que la libertad provisional por temas de salud determinados sobre un informe médico que nada tiene que ver con el gobierno es, otra vez, una bajada de pantalones y hablando de precedentes donde no los hay (o mejor, donde estas situaciones ya han ocurrido antes).

¿Y luego quieren que les creamos en algo?

Pero sin consecuencias jurídicas… La ley de la Memoria Histórica incluirá, como IU-ICV y ERC pedían, la habilitación para que el gobierno revise los juicios franquistas. Pero, porque siempre hay un pero, la revisión de las sentencias tendrá consecuencias "morales y simbólicas", pero no "jurídicas" (lo perseguido por los grupos mencionados). IU-ICV y ERC consideran que esta ley de la memoria histórica está descafeinada y bajo verdaderos mínimos y por ello presentarán una enmienda a la totalidad de la Ley.

Por su lado, el Partido Popular (PP) también presentará una enmienda a la totalidad de la Ley. Para este partido político una Ley como la de la memoria Histórica no debe existir, no con el contenido sesgado que, siempre según ellos, tiene la presente norma.

El PSOE anuncia una ronda de negociaciones con los distintos grupos parlamentarios, incluidos los chicos del PP, qe tanto se niegan a esta norma. Combatirán en dos frentes, por un lado está la izquierda y los nacionalistas de ERC para los cuales la norma se queda corta, y por otro lado está el PP que dice que los españoles «no quieren hablar ni de Franco ni de la República», así que es mejor no hablar de estos temas para nada, y acusa a todo aquél que quiera "remover" el pasado y confrontar a los españoles con un tema que ya tenían olvidado y no les interesaba (demonios, pues que haya tantos españoles a los que les interesa me parece exagerado afirmar de forma tan rotunda que a nadie interesa y que esto es lo que crispa los ánimos de la población civil). Más info en El País.

Sobre la revisión de juicios:

Este tema es realmente peliagudo, se pretende que todas las sentencias emitidas por tribunales de excepción surgidos en la rebelión de los nacionales cuando los mismos se sublevaron a la República. Estos juicios políticos de antaño deben ser revisados, no se puede permitir que una democracia avale, silencio mediante, el castigo por pensar diferente. la fórmula de medias tintas propuesta por el gobierno es totalmente insuficiente en tanto que se produciría una paradoja curiosa, el gobierno nos está diciendo que: "estos juicios fueron ilegales, y los declaramos como tal, pero no haremos nada para corregir esta injusticia". No tiene demasiado sentido.

Es cierto, se producirán problemas en cuanto a la exagerada retroactividad de la nueva norma que anulará las sentencias de esos tribunales de excepción, al igual que el Estado tendrá que hacerse cargo de muchas y numerosas indemnizaciones (¿es lo que intentan evitar al no incorporar la anulación de sentencias? ¿es todo un tema económico?).

El gobierno del PSOE argumenta que sería poner en cuestión "40 años" de "seguridad jurídica" al hacer temblar por los cimientos el sistema Franquista. El gobierno se basa, entre otros argumentos, en una sentencia del Tribunal Superior Militar que deniega una revisión de la sentencia de condena a muerte de un ministro republicano (anarquista) por falta de nuevas pruebas "que evidenci[e]n la inocencia del condenado". En este sentido podemos recordar que la actual democracia española se logró tras una transición tranquila desde el régimen franquista, y que aún coletean leyes franquistas (de esa época), sin ir más lejos, la huelga está regulada por un decreto de aquellos últimos años del Franquismo.

Pero no es el tema, el echar por la borda todo lo que tiene que ver con el sistema penal de excepción y todas las injusticias producidas por el franquismo no significa, en ningún caso, el remover los cimientos del sistema jurídico español, ni acabar con todos estos años de seguridad jurídica (entre otras cosas, porque durante el Franquismo, sobre todo los primeros años, la seguridad jurídica no existía, España ni siquiera era un Estado de Derecho con todas sus letras). No se está tocando el sistema jurídico en su conjunto, ni siquiera el sistema penal en su totalidad (delitos como los robos, estafas y demás no serían revisados ni de casualidad), sino acabar con una injusticia que, incluso, la Constitución intenta evitar a futuro: Tribunales de Excepción y sentencias políticas.

Tampoco significa que todas las sentencias deban ser declaradas nulas de plano (aunque, si son dictadas por tribunales de excepción, yo sí lo haría de esa forma), sino revisar caso a caso las razones presentadas al tribunal para condenar a una persona, ni siquiera debemos considerar pruebas nuevas ni nada de eso, sino verificar si, con las pruebas presentadas, un tribunal de Derecho (esto es, sometido a un Estado de Derecho y con todas sus garantías) sería capaz de condenar a una persona en esas circunstancias. Eso sí, todas las sentencias dictadas por delitos de pensamiento, esto es, por causas políticas, debieran declarse nulas sin más, no es permisible que existan.

En esto no caben medias tintas, si la sentencia es injusta y no acorde con el Derecho (con Derecho de una Democracia o un Estado del Derecho), no se puede mantener, debe ser declarada nula, y se deberá reparar a quien fuera perjudicado.