Autor: Jomra

Una mala ley que produce resultados «molestos»

Jomra
Demasiadas trabas. La ley de partidos peruana (Ley Nº 28094 de 1 de Noviembre del 2003) impone excesivas trabas a la creación de partidos en el Perú, y lo que es peor, facilita la cancelación de las inscripciones de los mismos, lo cual es un verdadero despropósito si consideramos que Perú, como la mayoría de estados del entorno, es un país con un sistema representativo, con lo cual no nos podemos permitir las "lindezas" que propicia nuestra ley. El Partido Nacionalista Peruano (PNP), como muchos otros partidos, verán su inscripción cancelada.

Algunas agrupaciones ya han levantado la voz, una de ellas es el PNP, que colocó a un candidato en la segunda vuelta de las elecciones generales (mejor dicho, lo colocaron los de UPP, ya que el PNP no se pudo presentar), pero que meses después no consiguió nada en las regionales y ahora verán todo su trabajo (recolección de firmas y demás) tirado por los suelos al ser cancelada su inscripción.

El PNP dispone de un puñado de representantes en el Congreso, ahora en vez de estar lloriqueando, debiera pedir la reforma de la Ley de Partidos y proponer una buena alternativa a la misma. Debiera buscar el apoyo de UPP, y de los otros partidos en el Congreso. Pero claro, es difícil pedir a una gente que sea autocrítica con las normas que saca y que, además, rompa una situación que le resultará MUY favorable. Los partidos que entraron en el Congreso son los que sobrevivirán a la cancelación de inscripciones, y si no sacan una Ley que prohíba nuevos partidos, ya nos podemos dar con un canto en los dientes.

Ahora, a los del PNP se les ha salido la demagogia por todos lados, personalmente no recuerdo propuestas del PNP antes de las elecciones peruanas para modificar la Ley de Partidos apenas llegasen al poder, no recuerdo que el grupo parlamentario se haya preocupado del tema hasta que su posición, su existencia, se ve amenazada por una ley que es mala de narices y que nos la estamos tragando sin muchos problemas.

En realidad, ya me parece bastante negativo todo el tema de las firmas para inscribir una formación política (por no decir que da problemas y lugar a fraudes hasta por alguna persona que ha llegado a ser Presidente de la nación recientemente) como para luego encontrarnos con una normativa que no sólo mantiene las dificultades para la inscripción, sino que facilita la cancelación de las mismas si no se cumplen unos dificilísimos objetivos electorales (¡4%!). No favorece para nada la creación de una cultura de partidos en tanto que promueve el statu quo de los que ya están, que podrán sentarse a esperar los votos y los que quieran ser candidatos, siendo tan difícil conformar nuevas formaciones que opinen distinto que las ya existentes.

No favorece una participación política puesto que te dice "o estás con uno de los grandes o no estés", no hace más que dificultar el que la gente pueda presentarse o formar partidos con objetivos distintos al colocar gente en el Congreso (u otros órganos que paguen bien), por otro lado, promueve el bestialismo de las organizaciones políticas existentes, promueve el argollismo, los amiguismos, con ello el clientelismo que tan dañino es para las democracias (representativas o no), y, curiosamente, promueve la creación de partidos de usar y tirar. Si cada elección hay que reinscribir al partido por no alcanzar o el 5% de los votos (desde la próxima, en esta fue de un 4%) o representación parlamentaria (6 congresistas al menos) no estamos favoreciendo a los partidos, sino cargándonos las normas de pura lógica para su funcionamiento.

Ollanta Humala Tasso se queja, dice que esta cancelación no es legal, en tanto que ellos no pudieron participar en las elecciones generales anteriores, así que no estaríamos dentro del apartado mencionado en el párrafo anterior (y que en la ley lo encontramos en el Artículo 13,a). Humala, con su normal paranoia, habla de persecución política y tal, y se olvida que hay otras formaciones (cuatro) que están en la misma situación que el PNP, no participaron en la anterior cita electoral y verán cancelado su registro por no obtener los suficientes votos. Y a ellas debemos sumar todas las formaciones que sí participaron pero no consiguieron los votos necesarios para mantener la inscripción o entrar en el congreso.

También podríamos estar ante el típico "problema de interpretación" de la Ley, en tanto que el PNP se inscribió antes de las generales, y no obtuvo voto alguno (no tuvo tiempo para formalizar en plazo su inscripción para las elecciones) se podría defender la cancelación del Registro (no suena lógico, pero cosas más raras se han visto). Por otro lado, esos cuatro partidos no se presentaron a las elecciones, y en el caso del PNP, ni siquiera pudieron hacerlo. Así que es demasiado castigo para una formación de nueva inscripción por no pasarse por unas elecciones en las que no podía concurrir. En otras palabras, si se inscriben en Agosto en vez de en Enero ahora no estarían viendo cancelada la inscripción y los efectos para la formación serían los mismos ante las elecciones generales (que no se presentó ni podía hacerlo). No tiene mucha lógica que digamos.

Sea como sea, 23 formaciones políticas recibirán portazo, todos sus afiliados, miembros, ideólogos y demás, verán cómo el Sistema los echa con una patada en el inmenso trasero de sus señorías, a la par que grita que todo es por nuestro bien y para generar cultura de partidos Políticos (como la reforma que estableció una barrera o valla electoral a nivel estatal teniendo un sistema de distrito múltiple)…

¿Quién vigila a los vigilantes?

Jomra
O el por qué es importante organismos como el Tribunal Penal Internacional.

Aunque en este caso, quien saca las castañas del fuego es la propia Organización de las Naciones Unidas, que ha investigado a unos 319 "cascos azules" en los últimos tres años por temas de explotación sexual y abusos, ya ha separado de sus misiones a unos 179 ex-cascos azules, según cuenta El Mundo. Cuatro soldados acaban de ser repatriados a sus casas tras un caso de agresión sexual en Sudán… Y es sólo la punta del iceberg de una realidad que siempre ha existido en tanto que unas fuerzas ocupan unas tierras y ellos son la ley, por más buenas intenciones que supuestamente tengan.

Según los datos aportados por la subsecretaria de las Naciones Unidas para Operaciones de Paz, Jane Holl, se han despedido a 18 civiles, repatriado a 17 policías y 144 militares. Y, siempre según la subsecretaria, se han implementado nuevas medidas para "prevenir y evitar" los casos de agresiones y abusos por parte de los encargados de restablecer la paz o conseguir que se mantenga en territorios azotados por la guerra. U otras desgracias.

Eso sí, la subsecretaria no se olvidó de mencionar que quien tiene que juzgar a ese presunto violador/agresor no es la ONU, sino los países de origen del militar o funcionario de la misión de paz, lo cual realmente produce una traba en los procedimientos de sanción (ejem, aunque no sea un caso de cascos azules ni de conducta violenta "individual" sino de una conducta aceptada y promovida por los superiores ¿se acuerdan de Abu Ghraib? ¿Se acuerdan de la pena final para los torturadores de esa cárcel? no hay que olvidar que hay malos tratos promovidos por los gobiernos que jamás serán castigados, pero que, está claro, no atienden a los estándares humanitarios de la ONU).

Eso sí, ha mencionado que la ONU podría prescindir de los servicios para las misiones de los cascos azules de los países que no castiguen los abusos… ¿Nos quedaremos sin cascos azules gringos? La ONU, por pura coherencia, debería exigir que todo soldado (y funcionario) que participe en una misión de paz pueda ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional (TPI), por todo lo que haga, tanto dentro como fuera de sus funciones en el periodo que dura la misión -mientras el personaje permanezca en ella, se entiende-. Nada de medias tintas, nada de soldados que no quedan sometidos a ese organismo. Habría que dar más viabilidad al TPI, reformarlo, mejorarlo, hacerlo efectivo y someter a todos los soldados y funcionarios en Misión de Paz a su directa jurisdicción y que a todos se les castigue mediante la misma normativa y con la misma vara.

Y, mientras tanto, ir viendo cómo remplazamos a los gringos (que copan gran parte de las misiones de paz) en tanto que los mismos vienen de un gobierno que no muestra ningún respeto por la ONU (ya, que nadie me salga con los norcoreanos o los iranís, porque más bien son países que aportan poquito a los Cascos Azules, así que, en la presente nota, no nos interesan en lo más mínimo). O, lo que sería mejor, alegrándonos de ver a una EUA sometiéndose por entero a la normativa internacional, tanto humanitaria como de Derechos Humanos, y sometiéndose a tribunales como el TPI. Que soñar es gratis.

Ya puestos, habría que vigilar al TPI, hay que vigilar a los vigilantes.

Breve repaso por el Derecho Sindical Español – Nacionalsindicalismo (II)

Jomra

Nacional-sindicalismo durante el franquismo

Ideario base del Nacional-sindicalismo

Dentro del funcionamiento del Estado como actor principal en la esfera socio-económica, para resolver los distintos problemas sociales, superando tanto a las teorías liberales como a las marxistas, todo ello dentro de las tesis acontractualistas y con tendencias totalitarias. La organización Liberal del funcionamiento político (esto es, el Estado de Derecho con un sistema de democracia representativa) es rechazado. “Responde a un molde corporativo-autoritario. O sea: Regreso a la tradición, exaltación del gremialismo, asunción por el Estado de una misión protagonista, nacionalismo, introducción de criterios «profesionales» en las relaciones de producción y extracción de conceptos espiritualistas extraídos del pensamiento católico”1.

Así pues, en el nacional-sindicalismo (y por tanto, la configuración orgánica o vertical de los sindicatos) tenemos la máxima expresión del principio armonicista2, se considera la forma adecuada de superar la lucha de clases, donde se quiere eliminar tanto la idea de patrón como la de obrero, confundiéndose en la categoría de productor, no es la desaparición de las clases sociales, sino la unión de las mismas en un "mismo empeño", donde se de una "cooperación animosa y fraterna"3, así pues, el Estado no puede tolerar los conflictos internos, su misión es armonizar y coordinar los intereses particulares o de clase, sometidos (subordinados) a los intereses nacionales (del Estado), lo cual se manifiesta en los sindicatos, siendo los puntos de encuentro de las tres fuerzas socioeconómicas productivas (Estado, Empresas y trabajadores), toda organización obrera que genere discordia no puede existir, deberá ser eliminada.

El principio autoritario o de caudillaje4 es otro de los que tienen importancia en el nacional-sindicalismo, como máxima expresión de la importancia de este principio en el mundo laboral cabe decir que al Jefe de Estado más de una vez se le denominaba “Caudillo Laboral”. Así pues, ante la existencia de la dualidad empresario-trabajador, el nacional-sindicalismo decide por imponer la solución armónica, dentro de la organización jerárquica, donde el nuevo orden sindical (Sindicato Único y Vertical) responde a los principios jerárquico-autoritarios, donde a dirección suprema queda en manos del Estado. Por otro lado, dentro de las empresas también se desarrolla con la mayor naturalidad este principio, se crean los Jefes de Empresa, donde los poderes del empresario se ven aumentados desde el mismo "Fuero del Trabajo".

Luego tenemos el principio de Intervencionista5, donde es el poder público el indicado para establecer en cada momento, no puede dejarse en manos de los propios interesados, donde el Estado es el encargado de regular la totalidad de las condiciones de trabajo. En gran medida, esto viene dado por las teorías acontractualistas, que se encarnan "en la publificación de los vínculos individuales de trabajo"6.

Otro principio, el ético-religioso7, es bastante importante, ya que sirve como medio armonizador y moralizador de toda la organización laboral, pone el sentido humano por encima de la producción, mientras que pretende el hermanamiento de los productores (fomento de la armonía social antedicha) y ensalza de paso el trabajo del Estado en la normativización y publificación de las relaciones laborales, al igual que configura al Trabajo como un derecho-deber.


Bocetos de regulación del Sindicalismo Nacional, el Fuero del Trabajo

Hay que recordar que por decreto se prohíbe "cuantas organizaciones han tomado parte en la oposición hecha a las fuerzas que cooperan al movimiento nacional"8, por tanto, todos los sindicatos que no pertenecían al Movimiento (básicamente, quedan legales la Central Obrera Nacional-Sindicalista y el Frente Nacional de Trabajo). Una vez dicho esto pasemos a analizar un par de puntos del Fuero del Trabajo.

"A través del Sindicato, el Estado cuidará de conocer si las condiciones económicas y de todo orden en que se realiza el trabajo son las que en justicia corresponden al trabajador." (Punto III.5 del Fuero del Trabajo).

Como vemos, el uso del singular no es ocioso, tiene una clara connotación de no permitir la existencia de otros sindicatos, donde el singular, y con mayúscula, sabemos que sólo existe un sindicato último, o mejor, una Organización Sindical única y total9 (puesto que a las distintas ramas de dicho sindicato se les llamará a su vez “sindicatos”), donde el Estado se vale del mismo con una herramienta, que no es exactamente la que soluciona las cuestiones que tienen que ver con los conflictos laborales (dentro de su seno, sin que exista un conflicto interno), sino que termina siendo el conductor de los problemas que el Estado deberá resolver.

Por otro lado, se recurre al concepto de justicia para describir el límite (máximo y mínimo, en realidad) que el trabajador puede reclamar al estado benefactor, es el punto por el que gira el sistema, sin obviar, ni necesidad de mencionar, a los empresarios10, pero dejando en claro la posición subordinada del trabajador, tanto del Estado como de la Empresa, puesto que no se configura su condición como un ente individual que puede exigir por sí mismo los derechos que crea pertinente, sino que se vuelve abstracta no sólo su función, sino el proceso en que sus reivindicaciones es, o mejor, la forma de hacer justicia según las condiciones laborales existentes.

Así pues, el trabajador es el fin último de la protección del Estado, pero sin participación de él mismo en el proceso de reclamo, del conocimiento de las necesidades reales. En este momento podríamos caer en la tentación de pensar que toda reclamación del trabajador pasa por el Sindicato, organización idónea para las reclamaciones laborales, pero nos olvidaríamos de que no estamos hablando de un Sindicato de Clase, o gremio siquiera, sino de un Sindicato Vertical, por tanto, la decisión de las necesidades, y de las condiciones “justas” se realiza en un órgano no-trabajador, sino mixto, donde el empresario tendrá “voz y voto”, pero no la decisión última. Hay que tener presente, en todo momento, que en esta primera etapa el trabajador no tenía representación electa dentro del Sindicato Único, incluso, este es el punto de inflexión entre los dos grandes periodos del franquismo en la cuestión Sindical (en general, en todos los aspectos).

Tampoco debemos olvidar que en los primeros tiempos (hasta finales de los cincuenta11), cualquier tipo de negociación interna dentro del Sindicato estaba totalmente prohibida, y el funcionamiento jerárquico y autoritario quedaba patente. Como también debemos tener en cuenta que, en la práctica, los empresarios sí estaban separados de los trabajadores en cuanto a las ramas que ocupaban.

Así pues, el Sindicato se volvía un actor principal para poder configurar la realidad laboral de las relaciones de trabajo, pero no tiene la última palabra, sino que es un mero instrumento en manos del Estado para que el mismo, a fin de cuentas, decida lo mejor para el individuo en su cualidad de trabajador. Como vemos, todas las notas del nacional-sindicalismo están presentes de una u otra forma. Faltaría el Nacionalismo entendido como la exaltación de lo propio…

“Los españoles, en cuanto participan en el trabajo y la producción, constituyen la Organización Sindical.” (Punto XIII.1 del Fuero del Trabajo).

Es interesante la forma en que inicia el enunciado, puesto que no habla de la persona en cuanto a trabajador (o empresario), sino del Español, dándose una nota de exaltación nacional necesaria en un movimiento nacional-sindicalista, donde lo que importa es “el de aquí”, dejando de lado cualquier pronunciamiento sobre trabajadores o empresarios foráneos, aunque a los mismos se les trate en igualdad jurídica, esto no es imprescindible. La nota de “los españoles” en vez de “las personas” constituye un buen elemento sobre el tratamiento desigual del régimen, son los españoles los que forman parte del Estado, y es a ellos a los que se dirige la norma. Luego, después de su condición de Español, está su condición de trabajador o productor.

Así pues, tanto el trabajador como el empresario españoles son parte de la Organización Sindical por el simple hecho de ser un trabajador, o un productor, y es aquí donde encontramos el aspecto obligatorio del Sindicato Único, en que no se exige nada más que prestar el trabajo o realizar una actividad productiva para ya estar incluido en la organización sindical.

Hay que recordar, en este sentido, que estamos ante una ideología acontractualista12, por tanto, es completamente normal y justificado pensar en una organización obligatoria en la cual se ingresa sin necesidad de un acto positivo y voluntario del individuo, ya que la realidad laboral (todas las relaciones posibles) las configura el Estado (“en favor de los trabajadores”, según el ideario último). Así pues, vemos la calidad orgánica del Sindicato, en el sentido de pertenencia obligatoria, como parte “natural” de la organización social y laboral de todo el Estado, siendo parte interna de las obligaciones o derechos de todo trabajador, no como una libertad individual (donde siempre estaría el derecho de pertenecer o no pertenecer), sino como una obligación más en el entramado de las relaciones laborales configuradas desde el Estado.

Se evita, lo más posible, el término de “empresario”, salvo para cuestiones puntuales, cuando se refiere a los sindicatos, la dialéctica usada es distinta, se recurre al trabajo y producción, para englobar a las dos partes interesadas en los procesos productivos englobándolas como una sola. Se es Español, se es parte del sistema o tejido productivo del país, si se es como empresario o como trabajador no reporta una diferencia de clase, sino de función dentro del Estado (fin último de todo).

Así pues, mediante un sencillo pronunciamiento como el presente, toda persona que pertenezca al tejido productivo de España (como español) es parte, a su vez, de la Organización Sindical, un instrumento del Estado sometido a la autoridad última del Caudillo, con ello se cierra el círculo, completamente obligatorio, donde la persona no escapa de las distintas instancias creadas para el control absoluto de la producción. El Sindicato es para los españoles que participan en la producción, parte de ellos.

Y eso que desde un primer momento se abandonó la idea básica del nacional-sindicalismo de crear un Estado en que los medios de producción pertenecieran al Sindicato13. En la redacción del Fuero del Trabajo se ve que la facción “ganadora” es la más conservadora del falangismo.

Medio y final del franquismo


Segunda etapa del sindicalismo español durante el franquismo

Sin abandonar el Sindicato Único, la estructura interna se democratiza, con la aparición de los primeros representantes de los trabajadores libremente elegidos dentro de las empresas. En 1957 los mineros de La Camocha designan una comisión (o comité) heterogénea para discutir con la empresa14 (recordemos que eso estaba terminantemente prohibido por el sistema sindical nacional-sindicalista).

La necesidad de aceptar dicha negociación se ve impuesta por las constantes grandes huelgas15, así pues, en 1958 se promulga una limitada Ley de Convenios Colectivos16. En 1960 aparece un sindicato de clase, de origen católico, descontentos con el régimen dictatorial.

Son años bastante movidos en cuanto al resurgimiento sindical, así pues, aparece en 1961 la Alianza Sindical en el País Vasco (conformada entre UGT, CNT, STV17), en 1962 se produce una gran huelga en Asturias, en donde el gobierno se ve obligado a dialogar con los mismos18.

En 1965 incluso el gobierno toma la iniciativa de entablar diálogo con CNT y las naciente Comisiones Obreras (CC.OO.), conversaciones en las que no se llega a buen fin. En las elecciones sindicales de 1966 (dentro del Sindicato Único) CC.OO. entra en el aparato oficial del sindicato, consiguiendo más o menos la mitad de los representantes. En la clandestinidad se termina de organizar CC.OO., como «movimiento de toda la clase obrera», no se basó en la afiliación para conseguir activistas, sino en la lucha práctica en cuestiones concretas. El funcionamiento “desde dentro” del mismo sistema sindical amarillista le dio una efectividad bastante alta en la consecución de algunos grandes logros, aunque lo pagara con arrestos y persecución19 de algunos de sus dirigentes y activistas.

En 1971 se crea una nueva Ley Sindical, junto con normas complementarias como un decreto sobre el régimen de los cargos sindicales electivos. Dicho año se firmó el Convenio Número 135 de la OIT sobre la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de empresas, que no fue ratificado hasta 1974.

En los setentas la línea sigue similar, España pasa a ser, en 1974, el segundo país con más horas de trabajo perdidas por huelgas, solo teniendo por delante a Italia. Sindicatos como CC.OO., STV y USO20 participan activamente en huelgas que superan el ámbito laboral, pasando a ser verdaderas manifestaciones contra el régimen. UGT despertaría (con un verdadero “bum sindical”) en la siguiente etapa.

En 1975 muere el Dictador y con ello todo el sistema que venía desmoronándose desde años atrás, comienza una nueva etapa en España. El Sindicato único ya se había demostrado completamente inútil como vehículo de armonización de los intereses tanto de los trabajadores como de los empresarios, en 1975 estaba claro de la falta de funcionalidad de la Organización Sindical21. Aunque desde el Ministerio de Relaciones Sindicales se tenía un plan para mantener el Sindicato único como órgano público y permitir los sindicatos como asociaciones “satélites” que trabajaran de forma conjunta22.

El retorno a las libertades

En 1977 el gobierno Español firma23 "Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966, donde la Libertad Sindical está consagrada en el artículo 8 de dicho Pacto. España se obligaba a otorgar una libertad Sindical que hasta ahora negaba el propio sistema basado en el nacional-sindicalismo.

Durante este periodo se da una “especie de furor normativo”24, donde las normas se suceden unas a otras sin que quede nada claro el sistema jurídico vigente, se “abusa” de la derogación tácita, con lo cual nada aclara el Derecho Sindical aplicable. Se firmó y ratificó, ese mismo año, el Convenio número 98 de la OIT sobre la aplicación del Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva, el número 87 de la OIT sobre la Libertad Sindical y Protección del Derecho Sindical. La Ley 19/1977, de 1 de Abril, Sobre el derecho de asociación sindical25 ve la luz (con ello un paso de gigantes en la regulación de la institución sindical en España), también importante (sobre todo para el tema de la negociación colectiva) el Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de Marzo, sobre Relaciones de Trabajo26.

Cabe destacar que estas normas nacieron con cierto conocimiento de la temporalidad, puesto que se presumía que todo el proceso de reforma política podía acabar con una Constitución Democrática, y habría que revisar la legislación existente para que se adapte a la misma, así pues, el grado de reconocimiento del Derecho Sindical iba a realizar, pero se intentó una especie de prevenir la norma constitucional posible, realizándose esta normativa desorganizada27.

En este proceso de transformación del Estado, donde los Sindicatos tolerados, aunque ilegales aún, participaron en la formación de la Ley 19/197728, proponían un cambio profundo del sistema pero aceptaban29, en términos generales, con cierta buena gana lo que el gobierno en ese momento podía ofrecer, siempre presionando por más pero con una actitud abierta de negociación, se jugaban mucho y lo sabían. Mientras tanto, dentro de los sindicatos existió cierta tendencia a la Unidad, aunque no resultara como se deseaba, CC.OO. con UGT y USO formaron, en Julio del 76, la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS), que es disuelta en marzo del 77 (algo antes de la aprobación de la Ley 19/1977).

Toda esa normativa fue, en cierta medida, la semilla del posterior gran desarrollo normativo de los Sindicatos, con una relevancia constitucional bastante importante30, actualmente sólo queda vigente de la normativa sindical de ese entonces (en lo organizativo) la parte referida a las asociaciones de empresas, según la Disposición Derogatoria de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

Fuentes usadas


Normativas:

  • Fuero de los Trabajadores de 1938.
  • Ley de Bases de la Organización Sindical de 6 de diciembre de 1940.
  • Ley sobre Unidad Sindical, 26 de Enero de 1940.
  • Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical.
  • Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de Marzo, sobre Relaciones de Trabajo.
  • Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
  • Constitución española de 1978.

Bibliográficas:

  • "Derecho Sindical” de Tomas Sala Franco e Ignacio Albiol Montesinos en Tirant lo Blanch, Derecho, Valencia, 1989.
  • “Derecho Sindical” de Antonio Ojeda Avilés, Tecnos, Madrid, Séptima Edición de 1995.
  • “Nacionalsindicalismo y relación de trabajo” de A.V. Sempere Navarro, AKAL, Madrid, 1982.
  • "Derecho Sindical y transición política” de Rafael Sastre Ibarreche, Tecnos, Madrid 1987
  • "La utopía comunitaria de la colonia San José en Argentina”, publicada en el portal Swisslatin, podemos encontrarlo, a 1 de Junio de 2006 en http://www.swisslatin.ch/quintasuiza-3.htm.
Notas al pie:

1. “Nacionalsindicalismo y relación de trabajo” de A.V. Sempere Navarro, AKAL, Madrid, 1982, página 44.

2. Ibid… páginas 48 y siguientes.

3. Ibid… página 49, que cita a José Antonio.

4. Ibid… página 53 y siguientes.

5. Ibid… página 58 y siguientes.

6. Ibid… página 65.

7. Ibid… páginas 66 y siguientes.

8. Antonio Ojeda Avilés, ob. cit. página 120.

9. “La Organización Sindical se constituye en un orden de Sindicatos industriales, agrarios y de servicios, por ramas de actividades a escala territorial y nacional que comprenda a todos los factores de la producción.” Fuero del trabajo, punto XIII.2., también tenemos en este sentido la Ley sobre la Unidad Sindical, de 26 de Enero de 1940, publicada en el BOE 5 días después, donde se dispone la integración de todos los sindicatos (aún legales, o mejor, adeptos al régimen) en el Sindicato Único.

10. Recordemos en este sentido el componente jerárquico de la empresa, donde el empresario es el máximo exponente del poder dentro de la empresa, donde sí existe una libertad para el empresario.

11. En 1956 y 1957 se dan una serie de huelgas bastante grandes (y seguidas), se suma la presión de EUA y los intentos de España por entrar a la ONU y ser considerado un Estado de Derecho, con lo cual acepta una serie de reformas internas, entre las que se encuentra el permitir que dentro de los sindicatos se negociaran lo que ahora reconocemos como Convenios Colectivos.

12. Cabe destacar que dicha teoría acontractualista se rompió, en parte, con la aprobación de la Ley del Contrato de Trabajo de 26 de Enero de 1944.

13. A.V. Sempere Navarro, ob. cit. página 8.

14. Antonio Ojeda Avilés, ob. cit. página 121

15. En este sentido, véase la nota 11.

16. Así pues, la idea de un sistema sindical armonizador queda, cuanto menos, en entredicho, tienen que reconocer la realidad, que no es otra que la existencia de conflictos de intereses entre el colectivo de trabajadores y los empresarios, así pues, la regularización del Convenio, aunque sea de forma limitada, es una medida muy heterodoxa en el marco de un estado que pretendió ser nacional-sindicalista.

17. Sindicato de trabajadores vascos, central sindical moderada afín al Partido Nacionalista Vasco (PNV).

18. Antonio Ojeda Avilés, ob. cit. página 122

19. Ibid… página 122. Donde nos relata de forma breve el «proceso 1001», contra dirigentes de CC.OO., que termina convirtiéndose en un proceso contra la Sindicación Libre, y del cual la dictadura franquista sale mal parada en la prensa internacional.

20. Unión Sindical Obrera

21. "Derecho Sindical y transición política" de Rafael Sastre Ibarreche, Tecnos, Madrid 1987, página 77.

22. Ibid… páginas 78 y 79.

23. España depositó el instrumento de ratificación el 27 de julio de 1977, entrando en Vigor para España el 27 de abril de 1977, publicado en el BOE el 20 de Abril

24. Rafael Sastre Ibarreche, ob. cit., página 65

25. En este sentido, véase el proceso de aprobación de desarrollado en Rafael Sastre, ob. cit., páginas 81 y siguientes.

26. Para un mejor listado del derecho positivo existente en esa época, véase Rafael Sastre, ob. cit., páginas 66 a 69.

27. Ibid… páginas 70 y 71.

28. Véase nota 25.

29. Rafael Sastre Ibarreche, ob. cit., páginas 99 y 100.

30. Artículos 7 y 28.1 de la Constitución de 1978.

Esta es la segunda parte del artículo dedicado al derecho sindical español durante el franquismo, con un pequeño repaso por las etapas anteriores del sindicalismo en el mencionado país. Puede consultar la primera parte dando click acá.

Breve repaso por el Derecho Sindical Español – Nacionalsindicalismo (I)

Jomra

Otro de los trabajos presentados durante el periodo de docencia del doctorado, en este caso trata, o intenta tratar, sobre la normativa sindical antes y durante el franquismo, que marcó un antes y un después en cuanto a la realidad sindical y a las reivindicaciones obreras, así como supuso una verdadera mordaza a una de las libertades que forman un pilar en las relaciones laborales en tanto que permiten a la parte débil de la misma poder unirse para reclamar lo que consideran justo. La libertad Sindical, no lo olvidemos, es un Derecho Humano que se ve constantemente atacado tanto por los estados que ven en ella un estorbo como por los empresarios, que los ven como una amenaza a su derecho. Como siempre, he cambiado un poco la introducción con respecto al trabajo entregado, así como algún que otro punto. Como otras veces, he separado el artículo en dos notas, que pueden leerse de forma independiente la una de la otra, aunque es más que recomendable su lectura conjunta.

Introducción:

Este trabajo está planteado como un breve recorrido por el Derecho Sindical español, centrándonos sobre todo en la etapa franquista, desde sus inicios hasta su final. Veremos cómo en un inicio se dieron fuertes disputas dentro del Movimiento Nacional donde unos pretendían construir un sistema económico-político ceñido al programa nacional-sindicalista (querido por parte de la Falange), mientras que los más conservadores del movimiento (incluida una parte de la Falange) no deseaban remover demasiado lo existente durante la dictadura previa a la Segunda República española. En todo caso, el concepto de Sindicalismo manejado está muy alejado de las ideas de Libertad que, ya en ese entonces, existían (y que luego fueron incorporadas totalmente, mediante la aceptación de los distintos instrumentos internacionales de protección de la Libertad Sindical).

Durante la dictadura de Franco se adoptó el funcionamiento de Sindicato Único (o Vertical), en su forma más ortodoxa durante los primeros años del régimen, y luego sólo como un medio de encausar las relaciones laborales donde las libertades de los trabajadores se mantenían coartadas, pero ya podían participar en los procesos de elección de representantes.

En este aspecto, la muerte del Dictador marca un antes y un después en el funcionamiento del Estado, donde España poco a poco va firmando los tratados internacionales en que se reconoce el derecho sindical, y por ello, pasa a reconocer la Libertad sindical, primero de forma muy limitada (una Ley del 77) y luego, con la Constitución de 1978, de una forma plural, ampliada de forma considerable por el tribunal constitucional, en una interpretación basada en los tratados internacionales (de la OIT sobre todo) y en la función de los sindicatos según la propia carta magna. Pero a la constitución y el desarrollo realizado por el Tribunal Constitucional no nos detendremos. Es interesante como aún manteniendo la fachada de ese gobierno dictatorial se aprobaron normas que concedían unos derechos que, unos cuantos años atrás, resultaban una utopía por la que los trabajadores luchaban.

Así pues, mediante este trabajo se pretende ver la evolución histórica en el contexto jurídico – político español en parte a través de los textos normativos, entendiendo que con ellos se pretende hacer sociedad, a la vez que es la sociedad quien los hace, al menos parte de ella, la que en un momento dado sustenta el poder político (en este caso, durante la Dictadura, no podemos negar que sí tenía un apoyo social detrás de ella, aunque no se viera reflejada en un sistema de representación en el que los distintos agentes pudieran discutir libremente).

En el caso del triunfante en un alzamiento como el producido en el 36, tenemos un buen ejemplo del intento de construcción de una nueva realidad por medio del Derecho, en este caso, se rompe con todo un proceso (mundial) de aceptación y regularización de los sindicatos (después de la fase de negación y Tolerancia).

Y todo ello usando la misma justificación política, en donde se mantiene un discurso con una práctica totalmente distinta, superada por los acontecimientos sociales y las crisis económicas, que azuzan a quienes más sufren, a reclamar unos derechos que ven limitados durante demasiado tiempo.

 

Breve repaso histórico de la realidad Sindical Española

Primera época, S. XIX

En 1813, en Cádiz, se abolen las trabas gremiales (una muestra del fin del antiguo régimen), con ello, se declara la libre actividad industrial, sin necesidad de examen, título o incorporación a los gremios existentes, ello no trae consigo el derecho a fundar sindicatos (por supuesto, aunque ya en la Europa industrial se estaba comenzando la fase de tolerancia1 ante los sindicatos o asociaciones obreras), años más tarde, en 1839, se autorizan las sociedades obreras de Socorro mutuo, que sirven como base de los sindicatos. En realidad, las mutuas fueron utilizadas como sindicatos en todo sentido, durante el tiempo que los mismos estaban prohibidos, aprovechando un tipo de asociación profesional (entre obreros) permitida, un buen ejemplo es la Sociedad de Tejedores fundada en 1840 (contando con unos 3 000 afiliados), que entendía de una forma peculiar este socorro, por ejemplo, durante las huelgas los afiliados tenían derecho a un “socorro de paro”. En cambio, intentos más directos de formar organizaciones sindicales no gremiales el gobierno las prohibía, como es el caso del intento en 1841 de crear un falansterio furierista2 en Jerez de la Frontera (Andalucía)3.

Tras unos años de huelgas constantes (donde se llega a pedir la pena de muerte contra los piqueros, en Cataluña) e incluso un intento de implantar la República (en Andalucía, donde los jornaleros toman el control de unos 43 pueblos, luego fuertemente reprimidos por el ejército. Se implanta la Federación Regional de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) en 1861, en una época donde el asociacionismo es libre, y permite un gran desarrollo del movimiento obrero. La AIT tiene dos corrientes clara, la marxista o socialista, y la anarquista. Esto se refleja también en España, donde Andalucía y Cataluña se inclinan por la segunda mientras que Madrid y otras ciudades del norte por la primera (en parte gracias a la participación de Lafargue, yerno de Marx). En 1874, el 10 de enero, se prohíben por Decreto las organizaciones que "atenten contra la propiedad, la familia y las demás bases sociales"4, así pues, la Internacional queda prescrita. Pero no el resto de organizaciones obreras, mientras se atengan a dichos límites (al menos no hagan frontal su postura en favor de la Internacional).

En 1887 una Ley de asociaciones da la base jurídica necesaria para que surja, en 1988, tras unas huelgas y bases doctrinales generadas desde 1882, la Unión General de Trabajadores (UGT), primera organización sindical a nivel Estatal. En 1891 la encíclica Rerum Novarum da pie a la creación de organizaciones obreras católicas que acaban en la creación del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-obreras, de corte corporativista, donde la organización está integrada tanto por los trabajadores como por los empresarios, entra en la senda del sindicalismo amarillista5. En 1910 se funda la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), central sindical de corte anarquista creada en Barcelona tras el repunte del sindicalismo catalán a principios del siglo XX.

Segunda época, de 1914 a 1931

La época de huelgas se recrudece tras los aumentos desproporcionados del coste de los productos (producido tras el inicio de la primera guerra mundial), en 1916 se comienza una nueva huelga general (esta vez existe el primer pacto de unidad de acción entre CNT y UGT). Cuando acaba la primera guerra mundial, la situación boyante desaparece y la violencia se recrudece, sobre todo en Cataluña. El gobierno decide decretar la jornada de 8 horas, los empresarios catalanes se niegan a cumplir la ley, el gobierno existente cae y sube otro que decide "disciplinar" a los trabajadores (mas no a los empresarios), la violencia llega a niveles insospechados (en 1921 mueren casi 150 trabajadores, unos 50 policías y 30 directivos y empresarios). Se da el levantamiento de Primo de Rivera (1923), y con ello el final (temporal) de la CNT. UGT en esta situación decide "mantenerse en la legalidad"6, cerrando, por ejemplo, el periódico “El Socialista” y pidiendo a sus cuadros que no hicieran nada que justificara acciones represivas por parte del Dictador. Incluso deciden participar en los órganos públicos creados por la dictadura, el Consejo de Estado, el Consejo de Trabajo y los comités paritarios. Las huelgas políticas quedan prohibidas, pero se permiten las económicas. En 1929 la UGT se une al boicot contra la Dictadura. En 1930 Primo de Rivera presentaría su dimisión, la débil dictadura continuada por Berenguer presagiaba la llegada de la República, la CNT es legalizada.

Tercera época, la Segunda República

Durante la segunda República el repunte de los sindicatos fue claro, llegan a cifras millonarias en cuanto a afiliados, y el bienio reformista trajo consigo una serie de reformas laborales en la línea de lo anteriormente pedido. Los jurados mixtos funcionan como órgano de creación de "bases de trabajo", o, en otras palabras, condiciones mínimas de contratación laboral7. En todo este proceso UGT participa activamente, mientras que la CNT, bajo el control de la Federación Anarquista Ibérica (FAI), prefiere continuar con la acción directa y procede a una cierta depuración de sus bases, así pues, expulsa a los grupos moderados y a los dirigidos por Comunistas (entre las que estaba toda la Federación Local de Sevilla), UGT hizo lo mismo con los cuadros sindicales comunistas, los cuales se juntan con los expulsados de CNT creando la Confederación General del Trabajo Unitaria (CGTU) para luego, en 1935, integrarse en la UGT.

Por otra parte, la Falange crea la Central Obrera Nacional-Sindicalista, y la Confederación Nacional de Sindicatos Católicos queda completamente a la Derecha del espectro político al unirse con el Frente Nacional de Trabajo. El paro llega a niveles insospechables, la situación es precaria, y se da las revueltas de octubre en 1934, que fracasan y tienen como saldo más de dos mil muertos y cuarenta mil encarcelados. Durante el Bienio Negro se produce una neutralización de la legislación laboral producida en los primeros años de la república. El antagonismo social y de clase se recrudece. Durante la guerra civil las centrales sindicales cumplen un papel protagonista en la defensa de la República, pero finalmente son derrotadas junto con las fuerzas republicanas. Pero esa ya es otra historia.

Notas al pie de página:

1. En este sentido, véase “Derecho Sindical” de Tomas Sala Franco e Ignacio Albiol Montesinos en Tirant lo Blanch, Derecho, Valencia, 1989, páginas 36 y siguientes.
2. Falansterio quiere decir “Edificación para gente que vive en comunidad”, donde se siguen las ideas del socialista utópico francés François Fourier. Al respecto de una experiencia de este tipo, podemos encontrar “La utopía comunitaria de la colonia San José en Argentina”, publicada en el portal Swisslatin, podemos encontrarlo, a 1 de Junio de 2006 en http://www.swisslatin.ch/quintasuiza-3.htm
3. "Derecho Sindical" de Antonio Ojeda Avilés, Tecnos, Madrid, Séptima Edición de 1995, página 111.
4. Ibid… página 113.
5. Hace referencia a los sindicatos orgánicos, donde conviven los distintos agentes de la relación laboral, también conocido como sindicalismo vertical.
6. Antonio Ojeda Avilés, ob. cit. página 117.
7. Ibid… página 118.

La segunda parte del presente artículo puede leerla dando click acá.

Conclusiones sobre la matanza en Beslán del Parlamento Ruso

Jomra
En el 2004 un comando terrorista checheno tomó una escuela de Beslán (Rusia), con sus 1181 ocupantes. El 3 de septiembre, dos días después de la toma de la escuela, se produjo una verdadera masacre en la que el negro manto de la muerte cubrió a 335 personas (de las cuales 156 eran menores), además de 200 desaparecidos y cientos de heridos. La situación en que se produjo la masacre es del todo confusa, las versiones son contradictorias y las responsabilidades no se aclaran del todo. Claro que hoy hemos conocido que según la comisión parlamentaria de la federación Rusa las autoridades de dicho país no tuvieron ninguna culpa. Para nada, por nada.

Toda la culpa de los terroristas. De hecho, ellos fueron los que colocaron las bombas que produjeron gran número de muertes, y no cabe duda alguna que si los terroristas no hubieran tenido la brillantísima idea de tomar una escuela ninguno de esos niños habría muerto en ese trágico septiembre. Todo ello es más que obvio. Pero no es el punto que voy a tratar.

El gobierno Ruso, respaldado por su parlamento y demás, es cuanto uno de los grandes violadores de derechos Humanos (y que firman su forma de Estado como Democrática y de Derecho), dan al Estado un poder increíble y se permiten, gracias a su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, hacer y deshacer en zonas como Chechenia, donde las barbaridades cometidas por las fuerzas de seguridad rusas no dejan títere con cabeza, y toda persona es un presunto culpable de lo que sea.

Recordemos que el ejército Ruso, en la matanza de Beslán no supo o quiso contener a todos los padres armados de secuestrados y otros tantos civiles que se unieron a los ánimos de venganza y solución inmediata. Por otra parte, las fuerzas apostadas por el ejército ya hacían predecir el peor de los resultados posibles, unas fuerzas acostumbradas a atacar primero y pensar después que se vieron sorprendidos en una retoma de la escuela sin saber bien cómo abordar la situación con la menor cantidad de bajas. Por no decir que nunca se debió tirar por la intervención militar, no con gente tan inestable como la que estaba en ese gimnasio junto con todos esos rehenes.

Para muchas familias el gobierno Ruso tuvo responsabilidad en los hechos de Beslán, una comisión parlamentaria no les va a quitar eso de la cabeza, sobre todo cuando unas cuantas (y no pocas) califican el hecho de "Crimen de Estado". Dudo que sea tanto, pero es difícil defender que las fuerzas de seguridad no tuvieron ninguna responsabilidad en una matanza de tal magnitud en la que la improvisación estuvo todo el tiempo presente en el actuar del Gobierno y su mano armada.

Pero no. Nada de eso. La comisión tira un balón bastante fuera, el responsable no sólo es el líder de la guerrilla chechena independentista (que reivindicó el ataque terrorista a la escuela, de tan nefastas consecuencias), Shamil Basáyev, sino también, ya puestos a repartir culpas, al presidente en el exilio de Chechenia Independiente, Aslán Masjádov, el cual desde un primer momento se desmarcó de los hechos y los declaró como bárbaros y terroristas. Aunque claro, Shamil Basáyev fue nombrado Viceprimer Ministro del gobierno en el exilio al poco tiempo de producidos los hechos en Belsán. Aún así, aunque consideremos que fue un pago por parte de Masjádov a Samil por lo que sea, es poco probable que Masjádov estuviera implicado en la matanza.

En fin, hechos poco claros con un gobierno que no es baluarte ni de la transparencia ni del respeto hacia las personas que decide que su actuación fue, como poco, correcta. Es lo malo de la falta de autocrítica, produce extrañas conclusiones.

(Por cierto: Los redactores de El País debieran mirarse, de vez en cuando, el Diccionario Panhispánico de Dudas, ese "chechén" canta demasiado, y es bastante habitual encontrar este tipo de errores.)

De piscinas y sentencias

Jomra
200 euros de multa han caído a Jaume Sastre por intentar invadir la piscina construida contra toda legalidad del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez. Algunos medios (como el enlazado en las primeras palabras de esta entrada) han tirado por el absurdo sensacionalismo, otros verán en ella un acto salomónico y otros tantos un flaco favor a la justicia por lo baja de la condena. Recordemos que Pedro J. pedía, nada más y nada menos, que cuatro años de cárcel para Jaume Sastre por unos delitos de coacción y amenazas.


Según Pedro J. el acto de los ecologistas e independentistas fue un «asalto con violencia», amenazas de muerte y un montón de exageraciones más. Sobre todo teniendo en cuenta que no se llegó a las manos ni nada de eso, que la Guardia Civil o policía no tuvo que intervenir en los hechos… En fin, que no pasó nada realmente, salvo un intento de entrar a una piscina ilegal por parte de unos sujetos que fueron impedidos por unos guardias jurados (contratados por Pedro) sin que pasara a mayores la cosa.

Tampoco es para decir que el sujeto "no hizo nada", ni que "denunciar la piscina ilegal de Pedrojota cuesta 200 euros", porque el juez ha estimado que al menos sí hubo algo de coacción y/o amenazas (no he visto la sentencia, habría que leerla para ver cómo lo valoró el juez en cuestión), es demagógico confundir el derecho a protestar o el hecho de hacerlo con los ilícitos que se puedan haber cometido durante la legítima protesta. ¿No les parece? Es exagerado decir que esto tiene que ver con el miedo que supuestamente infunde Pedro sobre jueces y demás.

Doscientos euros, por otro lado, es una cantidad más que simbólica que se aleja muchísimo de lo deseado por Ramírez, que sigue defendiendo su piscina como si de un tema de libertades y valores se tratara. ¡¡Demagogia en estado puro!! Realmente lamento que esa piscina no haya sido o demolida o pasada al dominio público sin indemnización mediante, como pago por los gordos ilícitos en los que incurre. Y que se investiguen los amiguismos varios que permitieron a Pedrito construir ahí, como le dio la gana, y que nadie hiciera.

Un tema preocupante, al hilo de lo acá comentado, es la defensa de Ramírez por parte de Joan Mesquida, Jefe del Mando único de las Fuerzas de Seguridad y el extraño informe sacado pro arte de magia de la acusación (Pedro J.)… ¿Se habrán falsificado las pruebas de este caso? Sería, cuanto menos, MUY grave el que así fuera, y un error fatal por parte de Ramírez de tirar de esas influencias, y el pagar favores por parte de Mesquida. Y claro, un hecho que, si fuera cierto, debiera ser duramente castigado, tanto al corrupto como al corruptor.

Otra raya más al tigre llamado piscina de Pedrojota.

Fallece Joseph Barbera

Jomra
Hace un tiempo escribí sobre una de esas barbaridades de lo políticamente correcto al enterarme sobre las "grandes ideas" de censurar escenas de Tom y Jerry para eliminar el tabaco de las mismas, ahora otra vez nos haremos cargo de Tom y Jerry, pero no sobre ellos, sino sobre uno de sus creadores, el gran Joseph Barbera. El 18 de Diciembre el cofundador de Hanna-Barbera Studios falleció a la edad de 95 años.

Como pequeño tributo, dejo un vídeo (sacado de Youtube) de Tom y Jerry:

Y desde la nota subida en De Igual a Igual, robo los enlaces:

Partido único para movimiento con cabeza pero sin cuerpo

Jomra
Se anuncia, a bombo y platillo, la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que englobaría todas las fuerzas políticas que apoyan la llamada Revolución Bolivariana que desde 1999 ocupa el poder venezolano, con Hugo Chávez a la cabeza. Es una de las tareas que el presidente venezolano se ha propuesto a llevar a cabo, junto con la reforma Constitucional y el socialismo.Chávez ha informado que, por supuesto, todo partido que forme parte de la Revolución Bolivariana podría mantenerse independiente del nuevo PSUV, pero saldría, inmediatamente, del gobierno de la nación.

Eso sí, Chávez ha manifestado que ningún partido perteneciente a la formación debe arrogarse una cantidad de votos recibidos de forma determinada, puesto que esos "votos son del pueblo", a la par que exhortó a todos los partidos participantes en el gobierno y que le apoyan que se olviden de las viejas estructuras y colores de partido y siglas, porque no son lo más importante.

El mandatario venezolano insiste en esa inexplicada idea del socialismo del siglo XXI a la par que menciona cómo las reformas constitucionales a realizar durante el 2007 están encaminadas a consolidar y avanzar en la revolución Bolivariana, basada en la justicia social, soberanía y respeto de los derechos ciudadanos.

A la par, ya que se puede decir mucho en poco tiempo, Chávez anuncia reformas en el gobierno (ministerios y demás), pidiendo que le dejen "plena libertad". Así pues, la nueva configuración del gobierno sería la más acorde para llevar a cabo los objetivos de Chávez para el 2007 (los ya mencionados). Quiso dejar claro que esto no sería ningún castigo para los ministros, ni tiene nada que ver con un fracaso o triunfo de cada cual en su cartera, sino con la idoneidad de los mismos en el nuevo marco reformista planteado.

Pero ¿Qué puede significar un único partido?

El movimiento de Chávez es caudillista a más no poder, una suma de distintas sensibilidades en torno a un líder claro, fuerte y poderoso, que sabe cómo guiar a sus ovejas, pero claro, de cuando en cuando le salen competidores internos y eso no le gusta nada, no tanto por ver amenazada su fuerte posición, que no lo está, sino por el miedo al debilitamiento del movimiento como un todo. Para el líder venezolano es hora de atajar esa situación, lo tiene todo a favor, unas elecciones recién ganadas con bastante margen y un parlamento a su lado. Lo mejor es dar carpetazo a la idea de muchos partidos en un movimiento, y tener un instrumento de más fácil manejo en ese sentido, un partido político con todas sus características.

¿El nombre de socialista marca alguna diferencia? Creo que no. Chávez no va a variar su discurso por un nombre como el de Partido Socialista, quiere hacer suya una denominación que intenta reescribir (como los socialdemócratas que siempre se esconden tras las siglas de socialistas), y así reafirmar esa idea tantas veces repetida de Socialismo del Siglo XXI, donde el nacionalismo sigue brillando con demasiada fuerza y muchas notas socialistas quedan aparcadas por, supongo, haber fracasado en los discursos del pasado reciente.

¿La oposición puede temer a la conformación de un sistema de partido único? No creo que haya peligro de un unipartidismo en Venezuela, así que las críticas no deben ir por ese lado. Pero considerando otras cuestiones, gran parte de los contrarios a Chávez lo tachan de dictador, así que para ellos esto no cambia lo ya existente. Para otros, esto será una continuación lógica del Movimiento Bolivariano, con una estructura interna diferente, pero con un mando y rumbo igual a lo existente, así que no marca una diferencia sustancial con lo que ya tienen, salvo, como indicába en el título, le dará cuerpo único a un ente con cabeza visible.

Por supuesto, quienes más se pueden mosquear por este cambio son las células más independientes del Movimiento, verán atacada su posición y traicionado su apoyo a Chávez, pero es lo que hay. Con esta jugada Chávez elimina de un plumazo la oposición interna que pueda tener en un futuro cercano y elimina la posibilidad de escisiones en tanto que les dice, desde un comienzo, o conmigo o cada quien por su lado, eliminándolos políticamente del mapa del Gobierno, que no es poco.

Tiempo al tiempo.

Garzón, antes de salvar el mundo, ocúpate de donde vives

Jomra
"Piden a Garzón que investigue 30.000 desapariciones durante el franquismo". Simple, muchos creen que lo que hace o hizo Garzón con respecto a Pinochet fue, o es, lo correcto. Abrió, además, la puerta de un interesante doctrina de persecución internacional de los delitos contra la Humanidad (que, existir, lo que se dice existir, existía, al menos en países como Bélgica u Holanda, pero claro, son países que tienen poco claro el "hasta dónde llega" la competencia de sus tribunales), así pues, muchos grupos miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) piden que el juez instructor de la Audiencia Nacional se ponga las pilas e investigue la desaparición de tanta gente durante la Guerra Civil y posterior dictadura franquista (y a cargo del Estado, que fue, a fin de cuentas, el violador).

La mayoría de las desapariciones, según informa el abogado de estos grupos, Fernando Magán, ocurrieron sobre todo al inicio del golpe de Estado de 18 de Julio de 1936. Estas investigaciones las han realizado los grupos de la ARMH, ahora piden que el Estado continúe con ellas y que se haga cargo de las mismas, como ya ha hecho en otros países (en el caso de Pinochet se hizo a cargo del Estado una buena investigación).

El abogado menciona que no se buscan culpables de las desapariciones, sino la ayuda institucional de los juzgados para realizar las investigaciones pertinentes, Fernando Magán, el abogado, pide en nombre de sus representados que admitan a trámite esta denuncia y se aplique el criterio seguido en casos similares donde se investigó desapariciones en Argentina y Chile (durante sus respectivas dictaduras).

El dato que manejan de treinta mil desaparecidos es una estimación, genéricamente admitida por la historiografía (salvo los revisionistas, todo sea dicho), y en la denuncia se aportan al menos 700 casos más que documentados sólo en Cataluña, mientras que ya han recuperado, estos grupos de la ARMH, unos 900 cadáveres.

Han aprovechado para criticar a Ley de la Memoria Histórica, para ellos, debe incluir, de todas formas, medidas sobre la investigación de los desaparecidos y, en su caso, las correspondientes reparaciones según los baremos internacionales.

Los Derechos humanos y Del Castillo, o cómo mentir descaradamente

Jomra
Hay veces que nuestros políticos abren la boca para mentir. Directamente. El primer Ministro, Jorge del Castillo, ha declarado que "lo importante es que en el Perú hay un ambiente favorable al respeto de los derechos humanos y nuestro esmero es continuar por ese camino en aras de prevenir y resolver futuros conflictos sociales" (fuente: El Comercio)… ¿Cómo puede decir eso y apoyar la pena de muerte en nuestro país? ¿No ve la gran contradicción? La CIDH tiene un tachón gigantesco sobre el uso de la pena capital (por cuestiones políticas se dejó mantener la existente al momento de ratificar el tratado, pero ese es otro tema). Simple, el gobierno del APRA no sabe lo que son los Derechos Humanos, no saben cómo cumplirlos, y lo que es peor, no quieren saberlo.

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visita nuestro Perú y el gobierno hace lo posible por quedar bien, como tiene que ser, diciendo que en Perú se respetan o respetarán los Derechos Humanos, que en ese sentido se acatará toda sentencia y esas cosas. Mientras tanto, los de la Comisión, aplauden las declaraciones del gobierno como muestra de respeto y ganas de garantizar los Derechos Humanos. O los del CIDH son muy tontos o demasiado diplomáticos, espero que sea lo segundo.

En fin, nuestro gobierno no se ve preocupado por los derechos Humanos, hasta ahora se empecina a criticar el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) sin siquiera haberla leído (se induce de sus idiotas acusaciones a la CVR), es que si se quiere criticar un informe tan documentado lo mínimo es leerse el resumen, cosa que muchos no han hecho. Por no decir que de vez en cuando da el apoyo a los militares presuntamente violadores de Derechos Humanos en medidas de privilegio, no de garantía de derechos (sí, hablo de abogados a cargo del Estado sólo para unos sujetos determinados) y, por supuesto, tenemos aún pendiente la infame reforma en proceso para ampliar el supuesto de aplicación de la Pena de Muerte para los casos de violación de menores (de ello he hablado bastante), la tortura en Perú y el que no existan verdaderas posibilidades de ejercer los derechos y que el gobierno no esté haciendo nada al respecto (por más que te digan que tienes un derecho, si te estás muriendo de hambre, es que no se cumple tu derecho a integridad física y de ahí para adelante, ninguno), el que García se siga escapando de la justicia (por más querellas que se interpongan en países vecinos) y nunca vaya a responder por sus delitos (al final, será como Pinochet -guardando las distancias-), de leyes que amordazan a las ONG que tengan intenciones fiscalizadoras sobre el gobierno o sus acólitos (justo las dedicadas a los Derechos Humanos)… En fin, mil y un casos más podrán ver en el cual el gobierno no sólo no cumple los Derechos Humanos, sino que participa activamente para vulnerarlos o salvar a los agresores a escapar de la justicia.

¿Cómo es posible que este gobierno nos hable de que va a cumplir los derechos Humanos y no permite que se procese a Alan García? ¿Cómo es posible que este gobierno tenga tanta cara? Muchas palabras y pocos hechos, mucha hipocresía y poca vergüenza. Y lo peor de todo, demasiadas mentiras. Sabemos que este gobierno no hará nada para mejorar la situación de los derechos Humanos en Perú, más aún, la empeorará (con medidas como la Pena de Muerte, tanto para violadores como la efectiva para terroristas, al lado de las leyes mordaza, etc.).

No una y mil veces al primer Ministro, no te creo, no te puedo creer, no con lo que vemos, no con ver el Perú como está, no con saber qué hace tu partido, no si tengo en cuenta la tradición ambigua y traidora de tu partido, de tu gente, y la tuya, sin ir más lejos. No te puedo creer. Lo deseo, me gustaría que por una vez un político con poder diga que hará algo por los derechos humanos y sea realmente verdad, sin excepciones que malogren lo que pueda hacer. Pero de ti, Don Jorge del Castillo, de todos ustedes señores del APRA, no puedo creer nada.

Realmente me fastidia muchísimo este tipo de declaraciones, llenas de tanta mentira y cara dura. Y me apena, a la par, saber que no se respetan nuestros Derechos, por más que digan lo contrario.

15 años para sacerdote genocida

Jomra
En 1994 se produjo un genocidio fortísimo en Ruanda (más información al respecto en la Wikipedia o su libro de historia preferido, no vamos a hablar del genocidio en sí), los tutsis y los hutus moderados por parte de facciones oficiales de hutus. Este genocidio, además, provocó una crisis en toda la zona de Grandes Lagos. Para esclarecer este genocidio la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ayudó a crear el Tribunal Internacional para Ruanda (TPIR) que hoy ha encontrado a un sacerdote católico responsable en el genocidio antedicho, condenándole a quince años de cárcel (aviso para medios de la página del TPIR). Athanase Seromba estaba acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad en la modalidad de exterminio.

Básicamente, Seromba conocía el ataque contra los refugiados de su parroquia, y luego animó y ayudó a demoler la misma para acabar con la vida de los ocupantes de la misma. Fue una parte activa de una de las tantas matanzas llevadas a cabo en Ruanda en esos negros años y ahora pagará por ello. Y no es que murieran 10 o 20 refugiados tutsis, no no, facilitó la muerte de más de dos mil personas que habían abarrotado su parroquia.

Miembros de la Iglesia Católica tuvieron cierta responsabilidad en varias masacres ocurridas en parroquias contra refugiados que, como siempre se ha hecho, buscaban un respiro al amparo de unas parroquias que, se supone, son casa de todos y refugio de los oprimidos. Hace unos años, dos monjas ruandesas fueron condenadas (en Bélgica, que se declaró competente para ello) por crímenes contra la humanidad cometidos en Ruanda. La Iglesia Adventista del Séptimo Día también se ha visto implicada, uno de sus pastores, Elizaphan Ntakirutimana, fue condenado por el TPIR a diez años de cárcel hace tres.

Está claro que ese sujeto no representa a la cristiandad, como no lo hacen los francos, pinochos y similares personajes de esa derecha reaccionaria que sólo usa a Dios para justificar sus infumables crímenes, y para, a la par, decidir que el Estado o el Mercado están sobre el individuo…

Pero volviendo al tema del TPIR, es reconfortante ver que una institución consiga, poco a poco, ir juzgando a los tantísimos responsables de una grandísima masacre con tan nefastas consecuencias en la que, eso sí, queda por ver la responsabilidad de algunos países como Francia, y gran vergüenza le tiene que dar a la comunidad internacional que realmente permitió que esto pasara, que no hizo nada y que le costó la vida y obra, a países como Estados unidos, calificar el conflicto como lo que era, un genocidio.

López Aguilar y El Capitán Trueno

Jomra
Uno de los íconos del cómic español (pese a quien le pese) es el Capitán Trueno (creada por Ambrós y Víctor Mora), que cumple 50 añitos y los celebran con una reedición de lujo de cuatro aventuras del guerrero hispano de Julio de 1956. Uno esperaría que, con mucha suerte, un acto conmemorativo como es la presentación de una reedición del inicio de un cómic tan importante como El Capitán Trueno la representación del gobierno correría a cargo del ministerio de Cultura. Pues no, el de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Más aún, el Ministro de Justicia es quien escribe el prólogo de la actual reedición.

No sólo eso, durante el acto de presentación del nuevo libro de El Capitán, López Aguilar se atrevió (y con bastante éxito) a realizar un rápido dibujo sobre el capitán, incluso haciendo hablar al Capitán, que tuvo que vivir sus aventuras fuera de España, como señala el creador de la obra, para sortear a una censura que impedía mostrar cualquier tipo de "malo, pobre o dictador" en esas tierras donde gobernaba un amigo de los fascistas. Todas las historietas de la época pasaban por la criba censura, era imposible saltarla, y eso que la autocensura para no ganarse problemas ya hacía mucho por la causa del censor. Pero a veces el tiro les salía, simbólicamente, por la culata. Las armas de todos los combatientes en el Capitán Trueno (un tebeo, no lo olvidemos, de cruzados que viven peleando) fueron eliminadas por el inteligente censor, dejando al Capitán Trueno en muchas viñetas con el puño derecho cerrado en alto, símbolo harto utilizado por el ilegalizado Partido Comunista.

Como ven este mensaje no es para hablarles de El Capitán trueno, o de la censura existente en la época (por más que hayan chistosísimas voces que defiendan que cualquiera podía decir lo que pensaba), sino de la curiosa participación del Ministro de Justicia, sobre todo de sus declaraciones. Lo ví por la televisión, y estoy buscando entre los vídeos que pululan por ahí a ver si alguien la ha subido entera, en los medios escritos sólo se recogen algunas frases sueltas. Y no, no es curiosa por el dibujo ya reseñado (en realidad, ya sabíamos que López Aguilar es un buen dibujante, más de una vez ha hecho caricaturas), son sus declaraciones lo que importan.

El Capitán Trueno, para el Ministro de Justicia, es de Izquierdas, luchaba contra tiranos y tiranías y estaba siempre al lado del oprimido (esto último es totalmente cierto, a fin de cuentas, las historias del Capitán iban todas por ese camino, alguien oprimido / en problemas que era ayudado por el Capitán, si no mal recuerdo), comentó que "El Capitán Trueno procedía de noble linaje, pero renunció a los privilegios familiares para liberar esclavos y colocarse del lado de los más desfavorecidos" y "[n]o simbolizaba a un personaje reaccionario de la España franquista, sino todo lo contrario" (Fuente: Canarias 7).

En el prólogo de la obra López Aguilar mantiene que ve a El Capitán Trueno "como un eterno rebelde, guerrillero, partisano; como a un desheredado en ruta, a caballo, que huye de comodidades, siempre dispuesto a volver a empezar. Trueno lo arriesga todo por sublevar en armas a los «esclavos sin pan» contra toda dictadura u oposición. Es el liberador que emancipa a campesinos, trabajadores y glebas sojuzgadas", en otras palabras, todo un revolucionario que arriesgaba su pellejo para defender a los oprimidos.

En otras palabras, López Aguilar realiza una curiosa revisión del personaje, que sí, era un héroe (y por tanto, comprometido con la gente), pero tanto como calificarlo como de izquierdas por tener inquietudes sociales y que no disfrute con el sufrimiento ajeno y que incluso luche contra él. Un libertador, en todo caso, sí parece. O un abogado de causas perdidas, si no fuera porque todos los abogados son, por principio, malignos. Yendo al temas de las interpretaciones, todos vemos las cosas de diferente manera, y las obras literarias (un cómic lo es) tienen tantas interpretaciones como lectores (otra cosa siempre será lo que quiso transmitir el autor original).

La pequeña disertación, lleno de emoción, del Ministro de Justicia sobre El Capitán Trueno fue realmente interesante, bastante comprometido en cuanto al entendimiento de qué es un héroe y de la labor de la lucha contra los opresores, hoy por hoy es raro ver a un político socialdemócrata hablar en esos términos, no sólo por la forma y el contenido, sino por el convencimiento con el que lo transmitía. Por supuesto, hablaba de un cómic, pero no estaría de más pensar que ese Ministro realmente tiene esas ideas.

Algunas noticias sobre el tema:

Pinochet ha muerto. Aprovechó el día de los Derechos Humanos para fallecer

Jomra
Compañeros, compañeras, gatos, gatas, piedras y piedros, tengo el… mmm… el… les anuncio que Franco ha muerto. Nono, Pinochet ha muerto. Hace unos días el Ex-Dictador militar de nuestro vecino Chile sufrió un infarto de esos de órdago, el militar golpista, genosida de profesión, se recuperó, o eso parecía, bastante rápido. Hace un día más o menos el azote de los chilenos (entre otros) salía de la sala de cuidados Intensivos y ya se hablaba (me cuento entre ellos) de que todo esto podía ser otro de los cuentos de Pinocho con tal de salvarse de compadecer en otro de los tantísimos juicios que tenía pendientes.

Así pues, quien mandó con puño de hierro el vecino Chile durante 1973 hasta 1990, gracias al apoyo estadounidense, falleció en el Hospital Militar de Santiago a las dos y cuarto de la tarde, hora local, el militar falleció con la sonrisa en la boca por haber burlado a la justicia.

Los seguidores de Pinochet le lloran a las afueras del hospital, los que no le seguían tanto que digamos, o mejor, le seguían para intentar darle con piedras en la cabeza, se alegran de la desaparición de quien fuera un asesino mientras pudo. Otros, entre los que me encuentro, lamento que este señor haya muerto sin que viéramos una condena por alguno de los tantísimos delitos que cometió o mandó cometer (que tanto da que da lo mismo).

Los familiares de los desaparecidos se baten entre aplaudir su muerte y quejarse por no ver a Pinochet cumplir pena alguna por sus delitos.

Una propuesta de unión que divide

Jomra
La propuesta de unir la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con el Mercado Común del Sur (Mercosur) realizada en la Cumbre Sudamericana de Bolivia ha dividio más que unido a los distintos participantes de la Cumbre. Chávez rechaza la propuesta de plano, para él, la CAN no sirve (y en gran medida, acá acierta de pleno) y el Mercosur, tampoco. Así que no se puede construir sobre ellos. De esta forma también rechazó la petición boliviana de volver a la CAN (de la que hace no demasiado se retiró). Sí, mucho criticar a la Mercosur pero bien que fue corriendo a la misma para ser miembro de pleno derecho.

Pero dejemos de lado las posibles incoherencias del líder venezolano y fijémosnos en algo bastante cierto: Para la integración real (el que desaparezcan las fronteras para ciertos bienes o servicios no es integración, o no es, para nada, suficiente) no sirven las actuales estructuras de la CAN y del Mercosur, lo indica Lula, demasiada burocracia y falta de espíritu para emprender un avance en ese sentido. En realidad, por no servir, no sirven los políticos que nos gastamos en suramérica. Unos más inútiles que los otros, eso sí. Que no parezca que los meto a todos en la misma bolsa.

Chávez dijo otra verdad como un puño: No existe un proyecto de integración. El seguir insistiendo en la unión de los dos bloques económicos (que ni siquiera han conseguido una verdadera movilidad de trabajadores de forma libre en sus territorios) es perder el tiempo. Tampoco digo que tiremos esas estructuras a la basura o que dejemos de tender puentes entre las dos (o que lo ideal sería que una de ellas desapareciera o se fusionen), sino que, al margen de esos puentes y demás, se debe, como indica Chávez, crear un proyecto común de integración con miras amplias, a largo plazo y un objetivo concreto: La unión de Latinoamérica (pasando por la necesaria unión de Suramérica, que es de lo que aquí hablamos).

Ahora bien, esta unión para que no sea una simple agregación de la caduca figura de los Estado-Nación, debiera construirse de abajo a arriba, si se pretende imponer desde las distintas presidencias (cabezas pensantes de esos Estado-Nación que, por supuesto, buscan su propia supervivencia ante todo), estará abocada a fracasar o a no tener legitimidad alguna para unos ciudadanos que seguirán viendo esas instituciones como algo lejano y ajeno a los mismos (como pasa con la Unión Europea, que no si madre va a las elecciones para eurodiputados y que, en todos estos años, ha sido incapaz de construir un sentimiento de pertenencia a una ciudadanía europea que, obviamente, no se puede realizar al margen de los ciudadanos, como ha pasado hasta ahora).

Ahora bien, esta segunda cumbre hereda el nombre de la primera, "II Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones", que ha sido criticado por el puntillismo de Chávez que preferiría que el nombre fuera "Unión de Naciones Suramericanas". Me parece patético que se siga intentando imitar los nombres de otras organizaciones supranacionales, al igual que me pareció horrible que la CAN dejara de ser el Pacto Andino para seguir con nombres de otra tradición supranacional. El llamarse Unión de Naciones tiene un error gordo, mantiene la nomenclatura de "nación" en el nombre, en este tipo de cosas se debería quitar las naciones de cualquier texto jurídico. Por otro lado, aunque demuestra una voluntad unionista, el nombre comunidad demuestra una voluntad de actuación conjunta, mientras que la unión es impuesta (o puede serlo), la comunidad siempre parte del deseo de juntarse.

De todas formas, por más cambio de nombre, si no hay un cambio de sistema en la formación de estructuras supranacionales, aunque no se fijen sólo, o sobre todo, en lo económico (que ya será un avance), no se podrá conseguir una buena integración regional que redunde en un mejor gobierno para todos, en una región que habrá superado el sistema y funcionamiento de los Estado-Nación favoreciendo, a fin de cuentas, la representatividad y demás.

Si es más de lo mismo, con cambio de nombre o sin él, nunca será suficiente.

Revisión de los juicios franquistas

Jomra
Pero sin consecuencias jurídicas… La ley de la Memoria Histórica incluirá, como IU-ICV y ERC pedían, la habilitación para que el gobierno revise los juicios franquistas. Pero, porque siempre hay un pero, la revisión de las sentencias tendrá consecuencias "morales y simbólicas", pero no "jurídicas" (lo perseguido por los grupos mencionados). IU-ICV y ERC consideran que esta ley de la memoria histórica está descafeinada y bajo verdaderos mínimos y por ello presentarán una enmienda a la totalidad de la Ley.

Por su lado, el Partido Popular (PP) también presentará una enmienda a la totalidad de la Ley. Para este partido político una Ley como la de la memoria Histórica no debe existir, no con el contenido sesgado que, siempre según ellos, tiene la presente norma.

El PSOE anuncia una ronda de negociaciones con los distintos grupos parlamentarios, incluidos los chicos del PP, qe tanto se niegan a esta norma. Combatirán en dos frentes, por un lado está la izquierda y los nacionalistas de ERC para los cuales la norma se queda corta, y por otro lado está el PP que dice que los españoles «no quieren hablar ni de Franco ni de la República», así que es mejor no hablar de estos temas para nada, y acusa a todo aquél que quiera "remover" el pasado y confrontar a los españoles con un tema que ya tenían olvidado y no les interesaba (demonios, pues que haya tantos españoles a los que les interesa me parece exagerado afirmar de forma tan rotunda que a nadie interesa y que esto es lo que crispa los ánimos de la población civil). Más info en El País.

Sobre la revisión de juicios:

Este tema es realmente peliagudo, se pretende que todas las sentencias emitidas por tribunales de excepción surgidos en la rebelión de los nacionales cuando los mismos se sublevaron a la República. Estos juicios políticos de antaño deben ser revisados, no se puede permitir que una democracia avale, silencio mediante, el castigo por pensar diferente. la fórmula de medias tintas propuesta por el gobierno es totalmente insuficiente en tanto que se produciría una paradoja curiosa, el gobierno nos está diciendo que: "estos juicios fueron ilegales, y los declaramos como tal, pero no haremos nada para corregir esta injusticia". No tiene demasiado sentido.

Es cierto, se producirán problemas en cuanto a la exagerada retroactividad de la nueva norma que anulará las sentencias de esos tribunales de excepción, al igual que el Estado tendrá que hacerse cargo de muchas y numerosas indemnizaciones (¿es lo que intentan evitar al no incorporar la anulación de sentencias? ¿es todo un tema económico?).

El gobierno del PSOE argumenta que sería poner en cuestión "40 años" de "seguridad jurídica" al hacer temblar por los cimientos el sistema Franquista. El gobierno se basa, entre otros argumentos, en una sentencia del Tribunal Superior Militar que deniega una revisión de la sentencia de condena a muerte de un ministro republicano (anarquista) por falta de nuevas pruebas "que evidenci[e]n la inocencia del condenado". En este sentido podemos recordar que la actual democracia española se logró tras una transición tranquila desde el régimen franquista, y que aún coletean leyes franquistas (de esa época), sin ir más lejos, la huelga está regulada por un decreto de aquellos últimos años del Franquismo.

Pero no es el tema, el echar por la borda todo lo que tiene que ver con el sistema penal de excepción y todas las injusticias producidas por el franquismo no significa, en ningún caso, el remover los cimientos del sistema jurídico español, ni acabar con todos estos años de seguridad jurídica (entre otras cosas, porque durante el Franquismo, sobre todo los primeros años, la seguridad jurídica no existía, España ni siquiera era un Estado de Derecho con todas sus letras). No se está tocando el sistema jurídico en su conjunto, ni siquiera el sistema penal en su totalidad (delitos como los robos, estafas y demás no serían revisados ni de casualidad), sino acabar con una injusticia que, incluso, la Constitución intenta evitar a futuro: Tribunales de Excepción y sentencias políticas.

Tampoco significa que todas las sentencias deban ser declaradas nulas de plano (aunque, si son dictadas por tribunales de excepción, yo sí lo haría de esa forma), sino revisar caso a caso las razones presentadas al tribunal para condenar a una persona, ni siquiera debemos considerar pruebas nuevas ni nada de eso, sino verificar si, con las pruebas presentadas, un tribunal de Derecho (esto es, sometido a un Estado de Derecho y con todas sus garantías) sería capaz de condenar a una persona en esas circunstancias. Eso sí, todas las sentencias dictadas por delitos de pensamiento, esto es, por causas políticas, debieran declarse nulas sin más, no es permisible que existan.

En esto no caben medias tintas, si la sentencia es injusta y no acorde con el Derecho (con Derecho de una Democracia o un Estado del Derecho), no se puede mantener, debe ser declarada nula, y se deberá reparar a quien fuera perjudicado.