No pude salir más barato incumplir que cumplir

No pocas veces en Perú nos encontramos con procesos de «regularización» que sirven, más bien, como premio a quien incumple. Así los incentivos desde lo público no son a la realización de las obligaciones (tributarias, laborales, económicas, las que sean) sino más bien hacia el incumplimiento constante y luego pagar poco o nada de multa. Literalmente. ¿Cómo «reactiva» la economía este gobierno? Rebajando las sanciones por incumplir la legislación laboral, la tributaria, la ambiental (con una importante reducción del papel fiscalizador por parte del Estado, además) y toda la que se cruce por el camino.

No es raro que una empresa valore si sale mejor reparar un daño concreto o hacer las cosas bien en general (se habla mucho, por ejemplo, de los casos en que tienen que reemplazar un producto que ya está en el mercado o hacer frente a un número indeterminado de posibles indemnizaciones, según lo que salga más costoso harán una cosa u otra, independientemente de lo que esté «bien» para el consumidor en su conjunto o para la normativa que les protege); esta forma perversa de analizar los costes-beneficios de la actividad empresarial no se debe fomentar por parte del Estado y estas normas aprobadas por el Congreso lo hacen, y de forma descaradísima: se le está diciendo a los empresarios que lo importante es que realicen su actividad aunque se cisquen en las normas aplicables (contando las laborales y ambientales) que si les pillan la sanción en vez del ser el 100% de lo estipulado por la normativa será del 35% (laborales) o 50% (ambientales) y que si tienen deudas tributarias, no se preocupen tanto, que se les premiará el no haber pagado a tiempo (siempre y cuando no reclamen ustedes, claro).

El gobierno, además, se ha plegado a las demandas de las empresas mineras (sobre todo) y de ahí la considerable rebaja, por un lado, del poder regulador y fiscalizador de las instituciones ambientales del Perú y, por otro, de la rebaja temporal de las sanciones económicas ya mencionada. De paso, y solo de paso, se les da una «estabilidad tributaria» de quince años a las macroinversiones.

Estas dos medidas que incentivan el incumplimiento y dificultan la fiscalización tienen cosas en comunes: el debate en el Congreso ha sido mínimo (dos semanas y una semana de trámite) y sin estar donde le corresponde (así, el que afecta a las medidas ambientales solo pasó por la comisión de Economía, no pisó la comisión de Ambiente y Ecología, aunque toque directamente temas ambientales básicos; la reforma de la seguridad laboral fue exonerada de pasar por la comisión de Trabajo y Seguridad Social y directamente se votó). No estoy diciendo que deban carecer de urgencia los proyectos presentados por el gobierno dentro del «paquete de reactivación» (donde también está la ley de contratos públicos), sino que el debate ha sido muy insuficiente (inexistente en el caso de la salud laboral) y no ha pasado por los sitios donde debía pasar. No se han valorado alternativas ni puesto sobre la mesa consecuencias más allá del pintado por el ejecutivo de Ollanta Humala.

Luego se quejan de la informalidad (las dos leyes que menciono lo hacen; dicen luchar contra la misma) pero el gobierno la está incentivando de forma directa, con la complicidad necesaria del Congreso.

Excurso: cuando se quiere legislar rápido, se aprueban las cosas a una velocidad de vértigo y fuera del periodo ordinario sin mucho problema: el ejecutivo mandó el 18 de junio dos proyectos que ya han sido aprobados (La nueva ley de Contrataciones del Estado y la Ley de medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país), además de haber ya sido aprobadas tres reformas presentadas el 23 y 27 de junio, la que modifica la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la que Crea el Sistema Nacional para la Calidad y crea el Instituto Nacional de Calidad y la que establece medidas para la cautela del adecuado uso de los recursos públicos en los gobiernos regionales y locales.