¿Y el plano laboral en el gobierno de Ollanta cómo quedará?

Mientras la aprobación de Ollanta Humala cae según El Comercio (impresionante, y todo esto antes de asumir el gobierno), todo por el tema del hermanísimo, y medios como El Comercio siguen fijando su atención básicamente en quién será o el próximo Primer Ministro o, lo que parece más importante, el próximo Ministro de Economía, a mí me sigue preocupando quién puede llevar la cartera de trabajo (y otras como Educación). Cada día que avanza la transferencia, que salen posibles nuevos ministros, que se ven los lineamientos del próximo gobierno, parece, y digo parece, que es un todo cambia para que nada cambie. Que los actores del renovado gabinete ministerial que acompañan a Ollanta sean los mismos que hemos visto los últimos 10 años no es precisamente una buena señal, sobre todo en temas sensibles como la economía, educación o el tema laboral.

Humala prometió a los trabajadores del Perú un «cogobierno», muestra de esa alianza fueron algunos puestos en las listas para el Congreso de distinguidos sindicalistas, pero hasta cierto punto parece que todo se ha estancado ahí, el electo presidente tiene ahora el apoyo de la CONFIEP, que siempre ha sabido jugar sus cartas y presionar al poder (ellos son el poder realmente) e imponer su agenda, y esto lo hacen justamente en contra de lo que desde el sindicalismo se puede (y debe) pedir y exigir al nuevo gobierno.

Como dice el compañero Carlos Mejía en una nota ya enlazada:

«En materia laboral hay un déficit muy grande y serio. Desde el golpe de 1992, las relaciones laborales -sin excepción- han estado marcadas por una preferencia -a veces escandalosa- por los empresarios. En la actualidad no tenemos un sistema de relaciones laborales que pueda parecer siquiera equilibrado.»

El mismo compañero, días atrás, intentaba poner blanco sobre negro las expectativas que podemos poner sobre el nuevo gobierno, teniendo en cuenta sus debilidades (no tiene mayoría absoluta, por ejemplo, ni siquiera es una bancada homogénea la de GP), en ese sentido expone:

«Se trata también de proponer un conjunto de medidas concretas, reales y realistas que se pueden implementar, en el corto plazo, desde el poder ejecutivo. Así podríamos asumir un escenario donde el poder ejecutivo lanza algunas iniciativas mediante decretos supremos, por ejemplo cambiar los reglamentos de algunas leyes. Es previsible asumir que dichos cambios serán cuestionados, pero me informa un abogado laboralista que por ejemplo, cambiar el reglamento de la ley de relaciones colectivas de trabajo equilibrando dichas relaciones, tendría un importante impacto. Si los empresarios saltan hasta el techo, y seguro lo harán, pues tomaría no menos de dos años que el poder judicial se pronuncie. Eso nos da un tiempo para construir la mayoría hegemónica que soñaba Gramsci.»

Para luego presentar una serie de medidas que sí dependen del ejecutivo en mayor o menor medida. Sí es cierto que hay una serie de temas que no dependen solo del ejecutivo, que son necesarias para la clase trabajadora como es la promulgación de la ley general del trabajo, que hay temas que deben plantearse no solo a largo plazo, sino que deben venir con la mentalidad de que o se negocia o no saldrá adelante nada, lo que ya supone que no se cubrirán todos los deseos sobre la nueva normativa.

La cuestión está, para mi gusto, en qué rumbo tomará finalmente Humala, su gobierno, si se contentará con medidas populistas y asistencialistas o realmente le interesa «cambiar el sistema». Como ya he manifestado en repetidas ocasiones, dudo mucho que el gobierno de Gana Perú sea un gobierno de izquierdas (por más que buena parte de la izquierda lo apoye, reconozcamos que somos la minoría incluso en este gobierno), y ese «Economía Nacional de mercado» me da auténtico pavor, el dar ese protagonismo al Estado no significa inmediatamente izquierdismo ni mucho menos (y no olvidemos todas las declaraciones del propio Humala negando la existencia de derecha e izquierda o negando que él sea izquierdista), al respecto escribí hace ya meses:

«El estado tendría un triple rol, fuerte como regulador, fuerte como «empresario» y fuerte como demandante de bienes y servicios, esto es, sería un Estado protagonista. Pero no un estado socialista ni rumbo a dicho final.
(…)
Ese plan, en gran medida, lo firmaría cualquier capitalista de corte desarrollista sin demasiados problemas. No nos propone una salida que permita a largo plazo (aunque sea muy largo plazo) la emancipación de la clase trabajadora, no, lo que nos cuenta es otra versión capitalista, donde debemos mirar el DNI del explotador para aceptar o no la explotación y soñar con la «igualdad de oportunidades», que es como decir «chorreo» pero algo mejor.»

En este sentido será importante no solo el nombre de quien lleve la cartera de trabajo, sino las primeras medidas tomadas por el gobierno y el interés que ponga en el derecho de los trabajadores, y la prioridad que esas medidas o propuestas tengan, esto es, si el tema laboral queda en un cajón olvidado o se pone en el debate, otra cosa es que se consiga tal o cual ley en el Congreso, pero es importante que los temas se discutan y trasciendan, que la persecución y el olvido mediático contra los sindicatos desaparezca, y eso no solo nos compete a quienes queremos luchar por los derechos de los trabajadores sino a un gobierno electo con la palabra Cambio impresa en la frente (como el de Alan, que el primer día olvidó todas sus promesas).

Evidentemente no podemos esperar un cambio radical de un día para otro, por ello es importante el sentido del rumbo tomado por el nuevo gobierno, eso nos indicará si está con nosotros o contra nosotros (y sí, aunque no me guste mucho, estoy poniendo un plano de ellos y nosotros en estas palabras), si el presidente electo sucumbe a las presiones (o directamente les/nos usó durante la campaña) o tiene pretensiones de cambios que vayan más allá de lo estético, el que se consiga tal o cual cosa en los cinco años pasa a un segundo plano (no porque sea menor, sino reconociendo las dificultades reales). Es cierto que de buenas intensiones está empedrado el camino al infierno, pero no es menos cierto que sin intenciones no hay nada, y lo primero que debemos exigir al gobierno son sus buenas intensiones en esta materia para con los trabajadores del Perú.

En los primeros cien días el presidente podrá tomar una serie de medidas ejecutivas (ese corto plazo del que habla el compañero de Bajada a bases), pero también podrá y deberá demostrar su compromiso con los trabajadores poniendo en debate, por lo menos, algunos de los grandes temas, ese medio y largo plazo deseado y deseable, siempre sabiendo que no estamos ante un gobierno socialista, revolucionario, izquierdista y demás, pero hay metas que hasta los socialdemócratas pueden llegar, la legislación laboral (y el actuar de los últimos tres gobiernos) han sido tan anti-trabajadores y anti-sindicales que no debería ser difícil mostrar un camino distinto, una conciliación con el mundo de los trabajadores.

También desde la izquierda debemos ser conscientes que, al menos, un 70% de los peruanos apostaron en primera vuelta por candidatos claramente derechistas, así que la construcción de un discurso pro-trabajadores debe hacerse en la calle primordialmente (entendida de forma extensa), algo falla cuando los trabajadores de un país apuestan mayoritariamente por la derecha como sucede en Perú, y por fórmulas, además, socialmente tradicionalistas (estoy pensando en el concepto de familia manejado por Ollanta Humala o Keiko Fujimori, los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta).