Bipartidismo y LOREG

«En lo que afecta a intereses económicos o de poder y al reparto de la influencia electoral o mediática, su política [del PSOE-PP] es compartida.»
Gaspar Llamazares, diputado de IU

Dos años y poco de una comisión para revisar la legislación electoral, Izquierda Unida (IU) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ponen toda la carne en el asador, esos dos partidos son los más perjudicados por la legislación vigente, los que peor relación de votos – escaños tienen en todo el hemiciclo, es lógico, son el tercer o cuarto partido en (casi) todos lados y las pequeñas circunscripciones (la mayoría), unidas al sistema de reparto (con menos efectos de los normalmente atribuidos) hacen que, a la postre, sean los que menos curules ocupen.

Los llamados «nacionalistas periféricos» (en propiedad, «nacionalistas no españolistas»), en términos generales, no están ni sub ni supra representados, en contra, nuevamente, de lo que sostienen algunas fuerzas políticas. Es cierto, representan a una parte pequeña de la población española (tanto territorial como poblacionalmente), pero no tienen una gran presencia en el Congreso, tienen la que les corresponde por el fuerte apoyo electoral que en unas circunscripciones concretas cosechan, son la primera, segunda o tercera fuerza de los sitios donde se presentan, a diferencia de otros partidos de ámbito territorial superior. Sí ganan fuerza como «partidos bisagra», pero esto es así porque se suma el engorde inoportuno pero no suficiente de dos fuerzas políticas, lo que lleva a necesitar unos pocos votos extra para gobernar, y esos los dan las minorías nacionalistas no españolistas. Los grandes beneficiarios son tanto el PP como el PSOE, por ejemplo, tras las elecciones del 2004 (uso esas porque ya tengo calculados los números), la suma PSOE – PP era del 80,30% de los votos válidos y ocuparon el 89,14% de la cámara, con ese mismo sistema de reparto, pero con circunscripción única, hubiesen ocupado el 84,86% de los curules, los nacionalistas no españolistas (en general) hubiesen ganado dos escaños e IU, tercera fuerza política, más de 13 en total (es la más subrepresentada). O si prefieren, con una extrapolación de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo también se ve claro:

Con el sistema actual, los dos partidos mayoritarios copan más del 90% de la cámara, mientras que, en votos, tienen en torno al 80% de los válidamente emitidos, eso se traduce en 8 escaños más para uno de ellos y 19 más para el otro, mientras tanto, UPyD e IU salen duramente perjudicados, así como cualquier otra formación de alcance más o menos nacional pero que no sea mayoritaria en las circunscripciones en que se presenta. En fin, sobre estos efectos del sistema ya me he extendido otras veces más de la cuenta, y no quiero volver a lo mismo, así que les remito, si tienen a bien, a «Sobre el sistema electoral español».

A lo que iba, IU (mas no UPyD, por no estar en la subcomisión, aunque algunas de sus ideas sí eran compartidas con la formación representada por Llamazares) llevó una serie de propuestas dentro del actual marco constitucional (que, para mi gusto, trae consigo el principal problema del sistema, que es la circunscripción provincial), algunas tan interesantes como aumentar el número de diputados a 400 (máximo constitucional establecido en el artículo 68.1 de la carta magna) a la par de bajar a un diputado la representación mínima de cada provincia (en consonancia con el mandato del art. 68.2 de la CE, actualmente la representación mínima de las provincias es de 2 diputados), con lo que habría más diputados a repartir proporcionalmente por cada circunscripción lo que favorece la entrada a más personas según su representación. También proponían cambiar el reparto D’Hondt por otros, de preferencia el de Resto Mayor usando la cuota Hare, lo que, nuevamente, posibilitaría aun más la presencia de los partidos minoritarios pero con apoyo electoral relativamente amplio.

Todo esto posible reformando la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) sin tocar ni un pelo a la constitución, y se ganaría en proporcionalidad (y con ello, a la disminución del poder de los grandes partidos, a acabar con el bipartidismo que se va imponiendo, con la idea de «voto útil» y los partidos de amplísimo espectro que son «atrapalotodo»). Pero no interesa, ni al PP ni al PSOE ni, por supuesto, a los partidos «nacionalistas» que son mayoritarios en sus respectivas circunscripciones (PNV, CiU y CC, fundamentalmente), con lo cual dijeron que nada, que no se toca nada de lo importante para corregir carencias del sistema detectadas, bueno, desde siempre. Sí aceptan determinadas mejoras prácticas en el ámbito del Senado, así como el permitir que cada partido ordene la aparición de los candidatos en la papeleta del Senado y que ya no sea por orden alfabético, lo cual es más la constatación de un fracaso del sistema electoral del Senado que una mejora práctica; también se meten en limitar el transfuguismo (dando más papel a los partidos, no a las personas, contraviniendo en cierto modo el sentido de «sin mandato» de los representantes) así como (y este sí es un punto a destacar por oportuno y saludable) establecer mecanismos para cubrir bajas temporales.

A lo que iba, el PP y el PSOE juntos dicen que mejor es no andar revolviendo la ley electoral porque eso trastoca el fundamento del sistema democrático (justamente por esa razón es que hay que mover el tema electoral), pero a primera de cambio proponen, sin que medie debate alguno (lo otro ha durado años, pero AÑOS) una reforma electoral, en la línea de la «criminalización» iniciada con la tristemente famosa Ley de Partidos (Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, LOPP), una serie de modificaciones que en esencia se pueden resumir como: Que sea más fácil anular candidaturas.

No puede ser que, mientras por un lado se ponga trabas a mejorar el sistema electoral, por otro se hagan y propongan reformas «inmediatas» en que se está pensando con nombre y apellidos en determinadas formaciones (porque hay partidos que, cumpliendo los requisitos para ilegalizarlos, nadie inicia dichos procesos), así como se continúe el camino de sacralizar determinadas formalidades («condena del terrorismo») que no se solicitan al resto de fuerzas políticas (las distintas falanges legales en España no solo se presentan a las elecciones, sino que hacen apología del fascismo un día sí y otro también y nadie les aplica la legislación de partidos)…

Si la LOREG no había que tocarla mucho, ¿por qué se están apurado tanto en proponer modificaciones para las próximas elecciones locales? ¿Por qué solo interesa realizar modificaciones que van en detrimento de la proporcionalidad y casi nunca a su favor? ¿Por qué se legisla tanto de cara a las galerías? Es triste ver que muchas de las promesas del PSOE no pasan de retórica paupérrima y que sus intenciones jamás han sido, al menos en el tema electoral, las manifestadas, sino que ha usado el tema para poder ir pactando otros temas, pero, a la hora de la verdad, lo que les interesa es mantener el poder (en escaños) o la posibilidad del poder (si pierden estas, ya ganarán las próximas, y aun así, perdiendo, salen beneficiados al ser seguramente la segunda fuerza política). Pero, realmente, ¿qué podíamos esperar? Del PP, en este tema electoral, no le reprocho nada, ellos han creído en este sistema siempre, y si se limita más, mejor para ellos, no por gusto son los que lo diseñaron, allá antes de las primeras elecciones «democráticas» que vivió este país, aunque por ese entonces el PP aun no tenía ese nombre.

ETA es una excusa que permite hacer barbaridad y media en cualquier ley y legislación, que encima gana votos, el PSOE no quiso perder la oportunidad de mostrar su «firmeza» en un momento en que desde lo más profundo del «plácido pasado» vienen voces que le acusan de pactar con ETA (¿como vendió Navarra?), y el PP, bueno, el PP en su línea, sin más, atrapando votos desde las dos orillas del charco, desde el «apoyo a la lucha antiterrorista del gobierno» como desde «sumarse a la Defensa de España sacando a relucir los Pactos con ETA del PSOE vendepatrias», que tontos no son (sino la desautorización a las palabras de Mayor Oreja las habría dicho Rajoy y no desde el PP vasco).

(E IU en cierta forma se lo tiene merecido, el PCE aceptó este sistema pensando en que, como poco, sería la segunda fuerza política del país y sacaría tajada, no calculó que mucho del apoyo que tenía en la calle era más «antifranquismo» puro y duro que «eurocomunismo», fidelidad a un proyecto político a futuro, y que el PSOE, a la hora de la verdad, les sacaría la vuelta y sería la segunda formación política. Y así les fue, y así les va.)