Tras la no decisión del CGPJ sobre el aborto

CGPJ, aborto, informes, mayorías, políticas, sentido común, reforma, TC, intercambio de favores mal concluido…

Demasiados temas de los que hablar, «poca» información, politiqueos baratos que tapan el verdadero debate político, y el jurídico (que también es el político en muchos de sus extremos), así como de los intercambios de favores que no llegan a buen puerto, mayorías y minorías en organismos como el CGPJ o el Tribunal Constitucional, y todo sazonado con una cínica indignación por la politización de la justicia… Y no tengo capacidad para hilar todos los temas de forma sistemática y fina, pero si no lo suelto todo reviento. Tal cual.

Dívar, CGPJ y el TC
Estos días los «progresistas» (permítanme entrecomillarlo, y mucho) están que trinan y entonan con fuerza el «se lo dije», refiriéndose a todo lo que llovió cuando Rodríguez Zapatero propuso a Carlos Dívar como Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siendo este un conocido ultra conservador de intachable carrera judicial (y en ese momento, presidente de la Audiencia Nacional). Y lo de ultra conservador no es porque sea un hombre que se declare de misa diaria, ni de cuestiones semejantes (no todos los católicos son conservadores ni mucho menos), sino por su producción escrita, por sus declaraciones, y demás, es, entre otras cosas, un conocido antiabortista. Su trabajo en la judicatura, insisto, es intachable (a diferencia de otros jueces), y en eso RZ defendía su nombramiento.

Claro que la razón para que el PSOE le propusiera a él era para desatascar la negociación de la elección de los miembros del CGPJ, todos nombrados por el Congreso de los Diputados y el Senado (y esto lo recuerdo para los que se llevan ahora las manos a la cabeza descubriendo, por enésima vez, la politización del CGPJ), y esta elección se realiza con un requerimiento de mayoría de tres quintos, con lo cual necesariamente el PSOE necesitaba al PP para configurar el nuevo CGPJ (que ya llevaba un año en funciones y no se había renovado, en tanto que el PP no quería perder la sobrerrepresentación que conservaba en el órgano de gobierno de los jueces), y pasa tres cuartos de lo mismo con el Tribunal Constitucional, la idea de RZ fue el nombrar a alguien como Dívar para «ganar» la batalla del Tribunal Constitucional (bastante más importante en cuanto a la revisión de las leyes, uno informa y el otro declara su constitucionalidad). El PP respondió bloqueando el TC y nombrando a un ex conseller de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat de Valencia como uno más en el CGPJ. A RZ le salió mal la jugada, y lo que es peor, su «buen gesto» no tuvo relevancia pública (porque sino hubiese ganado políticamente bastante).

Como datos extras: 12 de los 20 consejeros son elegidos entre jueces y magistrados, y ocho entre abogados y juristas, casi siempre muy conocidos, son gente que sabe de lo que habla siempre o casi siempre. Y el CGPJ lo preside el presidente del Supremo, que es elegido por los 20 consejeros, y esto es normalmente negociado por los partidos políticos cuando acuerdan a qué consejeros van a elegir… El PSOE también cedió espacio al PNV, en vez de, como se suele hacer, reduciéndolo a la oposición, se lo redujo a sí mismo, con lo que el CGPJ quedó así: 9 nombrados a propuesta del PP, 9 a propuesta del PSOE, uno a propuesta de CiU y otra a propuesta del PNV (en El Mundo pueden ver la lista de nombres y ocupaciones de los consejeros). Y a ellos le sumamos a Carlos Dívar, propuesto por el PSOE que respondía a los sueños más húmedos del PP. La idea es que finalmente el CGPJ tenga un representación reflejo de la existente en Las Cortes, por tanto, un reflejo indirecto de lo que se ha votado en las últimas elecciones generales…

La verdad es que no voy a entrar en si fue un error o no nombrar a Dívar, posiblemente la jugada, el politiqueo barato y de cara a los periódicos, fue una mala estrategia tomada por Rodríguez Zapatero, pero con su pan se lo coma. Dívar, que sepa, hasta ahora está desempeñando un buen trabajo, y por un voto en un informe no vinculante no se le puede crucificar, ni se puede esperar que vote como quiere el presidente del Gobierno, prefiero a un presidente del CGPJ con cierta «independencia» que un juez que solo busque agradar al jefe.

Los informes contradictorios y el silencio
Todo el follón se debe a que, por primera vez según dice la prensa, el CGPJ no se ha manifestado ni en favor ni en contra de una ley en un informe de los tantos que suelta cada año. Ojo, normalmente los gobiernos (también informa sobre leyes autonómicas) solo hacen caso al CGPJ cuando este les da la razón, sino el informe que entreguen, pues bien gracias, lo usará la oposición que corresponda como argumento jurídico-político contra el proyecto o en su recurso ante el constitucional (se hace bastante).

El proyecto de ley sometido al preceptivo informe era el referente a la reforma del aborto (del que ya he hablado y no me quiero extender mucho, solo recordar que soy favorable a una ley de plazos, y que IU ya «intentó» una ley como la ahora planteada en el 2007 y el PSOE dijo que de eso nada), y en el seno del CGPJ se plantearon dos informes contradictorios entre sí, uno a favor de la reforma (con matices) redactado por la consejera nombrada a propuesta del PNV (Margarita Uría, conservadora, ex diputada por Vizcaya elegida en las listas del partido nacionalista que es, no lo olvidemos, democristiano), por tanto, que apoya la constitucionalidad del proyecto, el otro era un informe claramente contrario a la reforma propuesta, la tachaba de inconstitucional, que el aborto no puede ser considerado un derecho y que afectaría la regulación de la patria potestad del Código Civil (esto es lo que han transmitido los medios, y no he encontrado los informes votados por el Consejo, así que no me puedo pronunciar sobre el fondo de los informes como me gustaría hacer).

En el momento de la votación, lo que todos ya saben: 10 (los 9 del PP y Dívar) contra 10 (9 del PSOE y la del PNV) y una abstención (el de CiU, que mientras su lado de  Convergència no tiene problemas con la reforma, mientras que su lado de Unió es completamente contrario a la misma). No hay más que hablar, no hubo acuerdo con ninguno de los informes, así que el CGPJ no informa. No veo que sea algo terrible, pero sí abre un camino sinuoso que terminará previsiblemente en el Tribunal Constitucional. El PP se quedó sin un arma para defender su posición, y el PSOE se quedó sin la misma arma.

Politiqueos, política, Derecho y «Sentido Común»
Llevo unos días queriendo hablar del «sentido común», que es el menos común de los sentidos (como se suele decir) y en realidad oculta un argumento totalmente falaz (puede ser una falacia por generalización de inducción errónea o, en su caso, un argumentum ad populum), fuera del uso, digamos, más bien retórico que puede tener la frase (y que no niego que más de una vez he usado, pero también criticado).

Estos días, con esto de los informes, he visto y oído utilizar el argumento de «sentido común» hasta el más hondo aburrimiento, y me doy cuenta del abuso que se está haciendo de determinadas falacias argumentativas, que no ayudan en nada a un debate serio (no necesariamente sereno, pero sí serio, que entre en el fondo de la cuestión) sobre temas como el aborto, así pues, unos calificaban el informe de la del PNV como lleno de «sentido común», mientras que los otros calificaban de lo mismo el informe presentado por los del PP. Me hizo gracia, especialmente, un tertuliano en RNE que, para defender a Dívar, soltó un (no es literal, pero más o menos) «y qué más dará cuáles son sus creencias o ideología, yo comparto buenas partes de esas creencias, pero no lo digo por eso, me parece que el informe de inconstitucionalidad está lleno de sentido común», hombre, claro, si coincide con tus creencias-ideología, lo último será que te parezca contrario al «sentido común». (El recurso al «sentido común» es igual que cuando se recurre al «las personas decentes / normales» o «los verdaderos loquesea».)

Una vez dejado de lado el «argumento» del mentado «sentido común» (¿quién dijo aquello de «creer en el sentido común es no tener sentido común» o algo así?) para fundamentar cualquier decisión política o jurídica, debemos pasar al siguiente escalón de todas las flechas lanzadas estos días, y lo que queda.

Me refiero, como no puede ser otra, de la politización de la decisión, o de la afección de las creencias propias en lo que tendría que ser una decisión jurídica. A nadie se le escapa que el CGPJ está politizado, son políticos o representantes de políticos, elegidos por políticos por una cuestión de afinidad ideológica (al punto queda patente que no hay ni un juez o magistrado no afiliado a alguna de las asociaciones de jueces afines al PP o al PSOE, siendo la mitad de jueces y magistrados del país no afiliados, en el anterior consejo había 3 de ellos), pero esto no significa que sean arbitrarios, esa politización nos indica la inclinación e ideología, pero no una arbitrariedad o falta de aplicación del Derecho en sus decisiones.

En casos como el del aborto, donde pueden haber dudas de constitucionalidad (y por ello hay sentencias del Tribunal Constitucional sobre este tema) es normal que la interpretación de la constitución se incline para un lado u otro según la ideología, pero esta inclinación no es arbitraria, el Derecho no es matemática, no tiene una aplicación inequívoca, aunque muchos se empeñen en ver en el Derecho una serie de tecnicismos, el Derecho es política traducida en normas, y normalmente ambigua y abierta en temas como el presente, más cuando vamos subiendo en capas de abstracción hasta llegar a principios y ese tipo de cuestiones.

Pueden ver toda la doctrina contradictoria en todo tipo de temas jurídicos, y todos aplican la ley, los principios, pero una pequeña diferencia en el entendimiento de un concepto jurídico indeterminado o un concepto no jurídico de relevancia jurídica pueden dar como resultado teorías completamente contradictorias, y ambas aplican los mismos principios o normas (por ello, por ejemplo, existen recursos de unificación de la doctrina).

Este tema, del que me parece ya he hablado, siempre me recuerda a ese matemático metido a jurista (primero matemático, luego estudió Derecho) empeñado en encontrar una serie de algoritmos (principios de la era informática, la monografía es de comienzo de los sesenta si mal no recuerdo) para aplicar el Derecho y acabar con la arbitrariedad de los juzgados y tribunales, ya no recuerdo el nombre de tan trabajador jurisconsulto, pero no dejaba de ser paradójico encontrar ese libro rodeado de obras de filosofía del Derecho, que son exactamente lo contrario a lo pretendido por dicho autor.

Así que yo no puedo poner en duda que esas personas, las diez, que han votado por la inconstitucionalidad, lo crean honestamente, que tengan argumentos para defender su postura, y esto no significa que esté de acuerdo con ellos, o que el TC vaya a estarlo (en el propio TC existen los votos particulares en las sentencias por algo, y muchas veces apuntan para el lado completamente contrario al finalmente acordado por la mayoría, y siempre parten de la misma constitución para analizar las leyes).

Y todo esto lo digo en defensa, en cierta medida, de los veintiún integrantes del CGPJ (no todos me merecen el mismo respeto, todo hay que decirlo), los ataques contra Dívar en plan «ha superpuesto su moral a la Constitución» me parecen fuera de lugar, la ideología propia (en que entra, por supuesto, las creencias religiosas, la moral y demás) es el filtro por el cual entendemos el Derecho (y todos esos conceptos no determinados) y lo aplicamos, los humanos no somos máquinas; salvo que se esté acusando a Dívar (¿por qué solo a él?) de prevaricación, que esa es otra historia. (Porque sí, existen casos en que un aplicador del Derecho superpone su ideología a la Ley, tomando decisiones contra legem, pero este no parece ser el caso para nada, entre otras cosas porque hablamos de unos informes.)

Debate
Hablando de politiqueos, el líder del PP aprovechó la falta de acuerdo del CGPJ para pedir que el gobierno no continuara con la reforma, porque quedaba patente la división de la sociedad sobre el tema, lo cual es un argumento absolutamente idiota, si las cortes solo pudieran legislar de lo que no es polémico, lo mejor sería que las cerremos de una vez, que nos ahorraríamos mucha plata.

Justamente porque es un tema muy polémico, con opiniones político-jurídicas claramente enfrentadas, lo mejor que puede pasar es un debate franco y abierto, y el sitio para ello son, o debieran ser, Las Cortes (y por ser polémico el gobierno ni siquiera debería intentar el procedimiento de urgencia), ahora, en el debate se tienen que evitar las demagogias, las falacias, las hipocresías varias, y plantearlo en el terreno donde está, en el plano Político y Jurídico (con mayúsculas ambos)… Y peco de ingenuo (y ahora de falta modestia), lo sé, el Congreso de los Diputados no es un sitio donde se den grandes debates de ningún tipo, y solo hay insultos facilones. Y así nos va.