«Fortalecer la seguridad ciudadana» es el eufemismo que se usa para «endurecer la legislación penal y penitenciaria aunque de nada sirva para que parezca que pasa algo» y agosto parece el mes en que todos los grupos parlamentarios, junto con el gobierno y los medios de comunicación, ponen de moda el tema y bombardean el hemiciclo con proyectos y propuestas de ley que buscan endurecer hasta la violación de derechos humanos la legislación existente. Así se propone retomar la pena de muerte y ampliarla, se reducen los beneficios penitenciarios (algo que no es nuevo, ya se hizo con los «condenados por terrorismo» hace casi un año) y se amplía el tiempo de arresto antes de poner al apresado en disposición judicial. La principal preocupación del gobierno y los grupos parlamentarios está en los delitos comunes y la reincidencia, así como en los beneficios penitenciarios, ninguna palabra para atajar el problema en su raíz