La iniciativa ciudadana presentada por el Colegio de Abogados de Lima respaldada con más de 57 mil firmas verificadas por el JNE, presentado el 24 de julio de 2009, con número 03382/2008-IC en el Congreso (PDF) tiene más sombras que luces (aunque al menos pretende un equilibrio), básicamente, además de suspender la creación de nuevos centros, buscaba endurecer el ejercicio profesional como abogado (para «mejorar el ejercicio de la justicia») y estandarizar unos niveles de calidad en todos los centros que impartan Derecho, volviéndose el CAL, junto con la JDCAP, órganos de consulta de la CONEAU para determinar los criterios de acreditación y las políticas de evaluación.