¿La violencia necesaria?

A la vista de los datos de la Defensoría, pareciera que sí… Siempre es lo mismo. Unas protestas de lo que sea (como si es por la implantación de una granja de caracoles, casi que da igual el tema), no hacen caso a los manifestantes por nada hasta que estos se hartan y montan la de Dios es Cristo y no hay tutía que claudiquen hasta que llega el gobierno central (normalmente él y sólo él, el resto de autoridades normalmente dejan de existir por el camino, así como la estructura institucional en favor de «mesas de diálogo») y tras hechos de extrema (o no tanta) violencia se llega al diálogo, que hablando se entiende la gente. A buenas horas mangas verdes, y demasiada sangre derramada…

Claro que esto es una simplificación, y que los estudiosos del conflicto social (hola Jorobado) tienen explicaciones mucho más elaboradas que nos acercan a la realidad desde distintas perspectivas y retratan mejor tanto los porqués como los cómos (hablando del Jorobado, recomiendo «Conflictividad sin dueño»), pero no deja de ser un mal síntoma que el 60% de los conflictos «llegan al diálogo recién tras hechos de violencia», según retrata la Defensoría del Pueblo.

Es la versión idiota del tan conocido «quien no llora no mama», o sea, «quien no comete actos de violencia no es escuchado», y así podemos resumir, lamentablemente, la acción – reacción del gobierno del Perú en los últimos años, que, como dice la Defensoría, esto se debe a una «actuación de un Estado que no es preventivo sino reactivo, ve la situación de violencia y recién procura atenderla» (en palabras de Miguel Lévano Muñoz, miembro de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad).

Todo esto sumado, sin demasiadas dudas, a una forma de proceder por parte del gobierno que fuerza el conflicto, legislando mediante decretos de urgencia y saltándose los pasos necesarios de consulta y similares, que hacen que los (directamente) afectados por las normas se sientan ninguneados, encima comienzan a protestar y hasta que no explota algo nadie les hace caso. Carlos Mejía en «Minería informal, gobierno y democracia» dice, con bastante razón:

El gobierno aprista ya tiene como norma gobernar mediante decretos de urgencia en temas que son conflictivos. Ya no se trata de postergar mesas de diálogo o ignorar actas de compromiso, sino de saltarse al propio parlamento en todo lo que se pueda. El puro ejercicio de la fuerza. Más allá de la necesidad de la norma, ¿no es mejor mantener los mecanismos democráticos en temas que son complicados, precisamente para que los diferentes intereses salgan a luz y se resuelvan mejor las cosas?
(…)
La idea es simple. El gobierno no le hace caso a los ciudadanos. Ni a los trabajadores ni a los pobladores ni a los empresarios mineros informales. De un día para otro, sin tomar las más mínimas previsiones políticas dicta una medida y pretende que los afectados -con razón o sin ella- la acepten calladitos y felices. ¿Eso es gobernar?

Así que tenemos tres elementos que más que causas son consecuencias, o síntomas de algo bastante más grande y complejo, un gobierno que hace lo que le da la gana cuando le da la gana (cuando el poder fáctico manda más bien, pero ese es un tema agregado), tenemos una ciudadanía sin intermediarios para protestar que, además, ve que le pasan por encima en cuanto pueden y que la única forma de ser escuchado es recurriendo a actos violentos durante las protestas (ojo, que en no pocos casos se ha llegado a situaciones violentas tras meses de ser totalmente ignorados por las autoridades), ¿cómo no recurrir a actos más o menos violentos? ¿Cómo no protestar y pedir la participación directa del ejecutivo nacional si al resto de autoridades también se las ningunea -por no hablar que, en muchos casos, el conflicto llega a su punto más fuerte tras una decisión del ejecutivo-?

A todo esto hay que sumarle, como aderezo final que encandila las siguientes protestas y puede encadenar algunas cuantas más, es la excesiva represión por parte del gobierno (que, entre otros, indica el propio Mejía en el artículo ya enlazado), no hay que olvidar que este gobierno no solo ha reprimido con fuerza las protestas, sino que ha legislado en favor del uso del ejército para combatir manifestaciones populares (reveses incluidos) así como ha ido por el camino de criminalizar la protesta social e impedirla a toda costa, consiguiendo una actitud más defensiva por parte de los distintos grupos sociales incursos en situaciones de conflicto a la par de una hostilidad desde el poder político y los medios afines (que, encima, le rebotan la conspiranoia del gobierno y tiran balones fuera «acusando» a líderes de otros partidos que poco tienen que ver en las protestas).

Complicado…

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