En el fondo lo que quieren es carta blanca. «Piden que se ponga freno al TC en materia económica» titula Perú21. La cuestión, como tantas otras veces, se plantea como un «límite» a un organismo fiscalizador cuyas resoluciones no gustan sobre un tema concreto, en este, las «vinculadas a aspectos del manejo económico», esto es, cuando hay dinero de por medio, limitar la labor del máximo intérprete de la constitución en el país, norma suprema del ordenamiento jurídico cuya garantía, a la postre, es la del Estado de Derecho en sí mismo.