Cuando Obama pidió a los estadounidenses y a todo el mundo que se mirara adelante y recordó que los agentes de la CIA (como el resto) que hubiesen torturado por órdenes de la administración anterior iban a ser protegidos por su gobierno, el tema ocupó muchas portadas y corrieron ríos de tinta: ¿Y dónde está el cambio prometido? Se preguntaron muchos. Barack Obama prometió acabar con las torturas, y apoya que ahora no se torture, pero salió a proteger a sus agentes… Al poco se pronunció diciendo que los asesores de Bush, si eso, podrían ser juzgados, que estaba en manos del Fiscal General (se lavó las manos). Las portadas de los diarios gritaron Fin de la Impunidad, a la hoguera y ese es nuestro Obama, entusiasmados. Al final, un pequeño artículo en muchos medios les devolvía a la realidad: No habrá procesos (al menos por ahora).
Isabel Piquer firma una nota en la edición en papel de Público del pasado 7 de Mayo que se titula: «No habrá cargos contra los abogados de Bush» (PDF del periódico). El Departamento de Justicia, después de investigar el caso ha decidido no iniciar proceso judicial alguno contra los tres juristas que justificaron jurídicamente las torturas para la administración anterior, aunque ellos mismos digan que la actuación deja serias dudas, no ven que se pueda iniciar proceso judicial alguno, aunque sí han pedido al Colegio de Abogados del que forman parte para que les aplique sanciones (y les expulse si eso).
El Fiscal General de Estados Unidos, cabeza del Departamento de Justicia, es un cargo designado por Obama, cuando el mismo indicó que era «competencia del Fiscal» realmente dejó caer la responsabilidad en Erick Holder, quien actualmente ocupa el cargo, lavándose las manos. Si Obama quisiera podría ordenar el inicio del proceso (y no, no habría interferencia alguna en la separación de poderes, en tanto, como sabemos, que el Fiscal General está al servicio del Presidente, siendo elegido por el mismo a dedo).
En realidad esta es una dura prueba para Barack Obama y todo su gobierno, él mantiene un discurso que en los hechos no existe, una lucha contra la impunidad que solo es de boquilla, un cambio que no es real, él, aunque quisiera juzgar a los abogados de Bush, o al mismísimo ex presidente, sabe que no es bueno meterse en esos fregados, que se ganbría una dura oposición en las cámaras, incluso dentro de su partido, que en Estados Unidos mucha gente avala la tortura, y que la sola «postura» de respeto a los derechos humanos le vale por ahora, y que en todo caso podrá responsabilizar ante la opinión pública la impunidad conseguida por los abogados es obra de los juristas del Departamento de Justicia y que él solo aceptó el informe que le entregaron. Todo correcto.
El tema de las torturas no es ni mucho menos nuevo, no se ha levantado la liebre gracias a la nueva administración ni será esta la que acabe con las mismas, o, como poco, con la impunidad conseguida en el pasado reciente, el Congreso lo sabía (estaba informado de ello) y no fueron pocas las veces que algunas demócratas intentaron prohibirlas (es irónico que en el país de las libertades las torturas no fueran ilegales, al menos, que el gobierno tuviera la potestad de decidir qué prácticas de las que llevaba a cabo eran legales y cuales no, vamos, eso sí que afecta la separación de poderes, se carga directamente el Estado de Derecho).
Muchas portadas para el fin de la impunidad, y muy pocas para el más de lo mismo… No sé si por no meterse con Mister Obama hasta que no sea el asunto oficial, o porque la normalidad, llamada impunidad, no es noticia. Y no sé cuál de las dos es más triste.