La norma regula que todos los que postulen a plaza por docente por contrato deberán rendir una evaluación integral (que no es explicada, y que irá encaminada, supongo, a comprobar todo eso mencionado en el párrafo anterior) y se da al Ministerio de Educación (dirigido por José Antonio Chang) capacidades de desarrollo del Decreto Supremo para que ultime todo lo necesario para la realización de estas pruebas, contando con la normativa de desarrollo del Decreto Supremo.
Así mismo, la prueba planeada para el 22 de Enero se hace necesaria para todos los maestros que no rindieron o no pudieron rendir la evaluación el pasado 8 de enero (por los disturbios que hubo) y ahora quieran optar a la plaza de profesor contratado. Muy poco tiempo está dando el gobierno para que los maestros que quieran trabajar como contratados durante el 2007 se puedan evaluar (ya que antes se anunciaba la evaluación como inocua y casi innecesaria), más teniendo en cuenta que la inscripción para la evaluación censal termina el 17 de Enero, esto es, hoy día.
Los que quieran inscribirse en esta repetición de la prueba deben ir a la Unidad de Gestión educativa local (UGEL) y los trámites para el profesor son completamente gratuitos (¡faltaría más!), y deberá presentar, además de los impresos que le faciliten en la UGEL, una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad y de alguna de las boletas de pago del 2006 (para demostrar su condición de profesor contratado). Los locales donde se rendirá la prueba serán dados a conocer el próximo 19 de Enero.
Esa prueba no sirve de nada. O mejor, el contenido de esa prueba es inútil por completo, pero ahora se usará como filtro para definir a quienes se contrata y a quienes no, con ello sirve para quitar cierto poder a la SUTEP, el principal sindicato de profesores y que se opuse férreamente a la prueba (aunque, en última instancia, dio libertad a sus miembros para que acudan si querían a la prueba) al igual que realiza una labor fiscalizadora al gobierno en materia educativa (y de política económica, todo sea dicho).
Con ello el ejecutivo hace un movimiento inteligente, en el plano político, para desbaratar a los profesores opositores a la prueba, y críticos con el gobierno. Si el profesor no se arrodilla ante la polémica evaluación, el Estado no volverá a contar con dicho profesor. Esperemos que en las pruebas futuras el elemento "moral" de las mismas no se base en la ideología de los profesores, o en la docilidad de los mismos para doblegarse ante las cortinas de humo y abusos varios que realiza el ejecutivo de nuestro Perú.
Repito el comienzo de esta entrada: Sí, es necesaria una evaluación, no sólo de los docentes, pero no como se está haciendo, no con los objetivos que parece que se persiguen y no si se mantiene el mismo endeble sistema (o se empeora, esa "municipalización" no pinta nada bien).
Interesantes artículos en Perú Político sobre el tema (que no necesariamente comparto, pero son muy interesantes):