Ley pulpín: la lucha sigue y una respuesta

Y la discusión es parte de la lucha. Es importante ser honestos cuando se abre un debate; es imprescindible ir de buena fe, y por ello es increíblemente negativo estar otorgando oscuros intereses a las partes con las que se entabla la conversación. Con respecto a la Ley nº 30288 (PDF de la separata legal), llamada «Ley Pulpín», se están escribiendo ríos de tinta mientras los jóvenes y no tan jóvenes marchan en las calles (y se la juegan tras la brutal represión policial; algo básico: las pintadas no se combaten con pistolas, señores policías). Existe, en este caso, no solo intereses enfrentados, sino visiones distintas de cómo resolver los problemas; por ello el diálogo es importante… pero resulta imposible, por lo visto. El gobierno no escucha y quienes defienden la norma nos califican de manipuladores, de estar en contra por pura mala fe (o por ignorancia); como ejemplo, el editorial de El Comercio del domingo.

No voy a acusar de mala fe a El Comercio en todo este asunto, aunque viendo cómo manipulan con ganas me quedo, la verdad. Creo que están convencidos de la bondad de la norma (es un tema ideológico), pero me parece que atacando a los contrarios y usando esos argumentos le hacen pobre favor a su propia causa. Voy a explicar por qué.

Hasta hace unas semanas, por lo visto, el problema era que el público no conocía la ley, encuestas y trabajos posteriores, queda medio claro que la norma tiene más apoyo por parte de quienes no la conocen que entre quienes la conocen (que la rechazan en un 77%, soy uno de ellos)… El problema, entonces, no es el conocimiento o no del texto, lo que pasa, asegura El Comercio, es que los demagogos de siempre hemos vendido el tema a la población general de tal forma en que se han posicionado en contra… El 77% de los peruanos (más o menos) sería fácilmente manipulables por nosotros, los demagogos de siempre, que no ganamos ni las elecciones de las vacaciones en nuestras familias. No sé cómo no estamos en Palacio, la verdad.

Para El Comercio todo sería distinto si la gente supiera cómo funciona el mercado laboral peruano, la informalidad que aqueja al 68,7% de los trabajadores… No es por nada, señor o señora que escribió el editorial, al menos fíjese que hay un alto porcentaje (necesariamente) de informales que están en contra de la norma; al menos ellos saben cómo funciona su propia situación. Pero también lo sabemos otros tantos. Más aún, algunos se atreven a recordar el fracaso absoluto de este tipo de regímenes especiales para favorecer a la formalidad; Luis Davelouis hizo números en «La Ley Pulpín es ¿cuestión de cifras?»:

«Sin embargo, ese tamaño empresarial [microempresa] ya tiene un régimen laboral especial desde el 2003 con “sobre” costos laborales del 7%, la mitad que los de la ley de trabajo juvenil que tiene “sobre” costos laborales del 13,9%. Es decir que, si a una microempresa le cuesta S/.802.5 contratar a un trabajador con sueldo mínimo en su régimen especial, en el régimen de la ley pulpín le costaría S/.854.25.

Entonces, si la ley será “ineficaz” en la Mype, ya que el costo laboral de esta ley es superior al de su régimen laboral especial y por ello la ley es inaplicable en el sector que concentra al 68% de los jóvenes sin contrato, ¿para qué sector está pensada esta ley?»

Les recomiendo todo el artículo. Resulta que la ley realmente se acomoda a las grandes empresas que son donde menos informalidad hay… con lo que ese argumento o es falso o parte de no conocer el mercado laboral peruano o los regímenes existentes.

En El Comercio, en una pregunta retórica, insisten en que no se puede hablar de «quitar derechos» porque «de facto» los jóvenes ya se encuentran en un régimen especial que no concede derechos, que es la informalidad; por ello, aseguran, esta ley «da» derechos, no los quita. En realidad lo que daría derechos (o mejor, los confirmaría) sería la correcta aplicación de la ley. No se necesita un régimen especial para hacer cumplir lo que ya hay. ¿Qué nos asegura que esta ley sí se aplicará? Digamos, a diferencia del régimen de las microempresas (más barato que la ley pulpín, más general, da menos derechos al trabajador).

Si el problema es el que la norma dice; y se atajara tan fácil como poner un régimen un poco más barato del actualmente existente, tampoco se centraría solo en los jóvenes; no, se ha atacado a ellos porque es más fácil colar una norma así (o, al menos, eso pensaron los legisladores) porque se podía jugar con la variable de desempleo (más alto que en los mayores) y la de falta de experiencia; además de ser un colectivo que previsiblemente fueran menos movilizables (acá el gran error).

Es que conociendo la ley, los regímenes existentes y el funcionamiento del mercado de trabajo decimos que esta ley es ineficaz e ineficiente si lo que busca es lo que su exposición de motivos dice; en cambio, si lo que quiere es precarizar (efecto sustitución mediante) el empleo que ya existe como formal y con mejores condiciones, pues hablaríamos de una quita evidente de derechos (es la postura que acá mantengo). Resulta absurdo pensar que la mejor forma de acabar con un incumplimiento de la ley (la informalidad) es crear un régimen que se parezca al incumplimiento para decir «miren, ahora se cumple». Por favor.

El Comercio asume que no entendemos un carajo, que creemos que la Ley soluciona o da los derechos (bueno, solo en la ley están estos; luego hay que ejecutarlos, pero si no los tienes ni en la ley, no hay nada que pedir) cuando lo que hacen al defender esta norma es dejarlo todo, ese ajuste, al cumplimiento voluntario (en el fondo) de una ley, esto es, ese periódico está creyendo que esta ley sí sirve para acabar con la informalidad. Por eso insisten en esa comparación (da derechos porque el informal no los tiene), pero no podemos olvidar que se debería forzar a la formalización con el régimen correspondiente (incluso el de microempresas) y no se ha hecho; la inactividad del Estado quita derechos y esta ley lo que pretende es arrebatarlos dentro de los puestos actualmente cubiertos con contratos formales (insisto en que será ineficaz en formalizar empleo).

Ellos son los que se niegan a ver cómo han funcionado (11 años de experiencia) otros regímenes laborales especiales: el sector donde más barato sale contratar formalmente es el que más informalidad hay. Lo que mencionan del sector agroexportador es una pequeña gota en un océanos mucho más complejo, sobre todo cuando una situación se generaliza tanto (a todas las empresas; no solo a un subsector localizado de forma concreta). No es lo mismo comparar la ley pulpín con ese otro régimen (que tampoco es oro para el trabajador); está más cercano al de microempresas (genérico en aplicación en todos los sentidos de la palabra).

El Comercio no acepta como interlocutor a los sindicatos (son simplemente demagogos manipuladores), quienes, mal que bien, al menos representan a los trabajadores afiliados; El Comercio se quiere arrogar la representación de la masa impedida e ignorante de jóvenes en desempleo o informales (que, dicen, no pueden ser representados por los sindicatos), al menos, para ellos esa es la mayoría silenciosa. Si existen tantos informales en Perú, en primer lugar, es por la ineficacia del Estado (falta de aplicación de la legislación existente) y muchos de ellos también están protestando. Querer hacer una igualdad absoluta entre los que se manifiestan y los privilegiados (aquel fujimorista que lo soltó o el propio Humala que dijo algo así) o, ahora, con los sindicalistas (no hay tantos jóvenes sindicalistas) es querer cerrar los ojos a la realidad, algo increíblemente miope para un medio de comunicación que pretende ser serio.

Esta ley, como dice Davelouis, está pensada para la gran empresa, la que ya contrata formalmente (mayoritariamente), se les está regalando un abaratamiento de los costes laborales a costa de quitarle derechos al trabajador. ¿Y por qué se conformarían con quitárselos a los menores de 24 años? Es el camino lento pero seguro hacia que el régimen general no se aplique nunca (camino empezado con regímenes como el de la microempresa).