Ha explotado el conflicto de la forma más amarga posible: Enfrentamientos directos entre los manifestantes y la policía que se salda con, al menos, treinta muertos, unos veinte por parte de los manifestantes y unos diez por parte de la policía. Sobre estos hechos pueden leer: «Explotó: Enfrentamientos en Bagua entre nativos y policía» (en De Igual a Igual, compendio de noticias aparecidas en CNR), «Tensión en Bagua» (Desde el Tercer Piso), «Reventó la selva» (Útero de Marita) y el Álbum de fotos de los enfrentamientos de Enlace Nacional. No me voy a ocupar, al menos de momento, del conflicto directo, ya que es mejor que sea abordado por los cronistas allá apostados, voy a comentar brevemente una gran mentira del presidente Alan García.

En el vídeo de TVPerú (reproducido en Perú21) se puede escuchar a Alan García decir:

«Ayer cuando el parlamento con todo derecho y razón decidió por mayoría no discutir el tema de los decretos legislativos de la Amazonía hasta que cesaran los actos de violencia y de coacción, ayer en el parlamento se dijo por los dirigentes y por parte del señor Pizango, que ha caído así en un nivel delincuencial, “vamos a insistir en nuestros actos de violencia y en nuestra insurgencia” y mira usted lo que hace, asaltar un comisaría, robar armas a los policías, victimar a los policías (…)».

La primera mentira: El parlamento no suspendió el debate de la derogatoriadel Decreto Legislativo Nº 1090 porque existieran «actos de violencia y de coacción», el suspenso se debió a la aprobación de una cuestión previa, interpuesta por el APRA, para que el Congreso esperara a la decisión que pudiera tomar la «Comisión Multisectorial, conformada por los representantes del Poder Ejecutivo y otros, presente su propuesta de derogatoria, modificatoria o ratificación de los decretos legislativos» (según el propio diario de debate del 4 de Junio). García miente, por tanto, sobre la razón por la que se suspendió el debate de la derogatoria.

Segunda mentira: En el Congreso, al menos en el pleno, ni Pizango ni otros dirigentes dijeron nada, ya que no estuvieron en el mismo. Así que como poco la expresión usada por García es desafortunada e incierta. Pizango y los otros dirigentes hicieron un llamamiento para continuar con las huelgas y manifestaciones, eso no significa “actos de violencia”, y menos que los dirigentes de las comunidades nativas los declararan como tales el día de ayer. García en esto último miente directamente y lo sabe (no sé qué es peor, que mienta sobre las manifestaciones reconvocadas tras la no derogatoria del DL o que García crea que toda manifestación es un acto de violencia que debe ser duramente reprimido).

Esto es: Los dirigentes no hicieron llamados a “más actos de violencia”, y sí a continuar con las manifestaciones. Y esta continuación se debe a que la derogatoria se suspendió. Ya que la razón por la que se suspendió el debate no es la que dice García, la consecuencia que él indica no es tampoco correcta, la criminalización de Pizango y el resto de dirigentes tampoco viene a cuento y todo queda en una mentira gubernamental más, pero con víctimas propias y ajenas sobre la mesa.

Alan García se ha coronado, por su parte, con estas declaraciones:

«Ya está bueno, estas personas no tienen corona, no son ciudadanos de primera clase que puedan decirnos 400 mil nativos a 28 millones de peruanos tú no tienes derecho de venir por aquí, de ninguna manera, eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo».

No solo es mentiroso, sino que es intolerante e ignorante de la propia Constitución y los tratados que Perú ha firmado. Además, García ha perdido la capacidad oratoria para hilar un párrafo correctamente. Espero que ese «no son ciudadanos de primera clase» no signifique, por un lado, que hay ciudadanos de primera, de segunda, tercera y demás, y que en concreto esos 400 mil nativos (contrapuestos a “peruanos”) no se ubican en el primer grupo…

Pero lo importante es el fondo: El presidente asume que puede aplastar lo que la Constitución y el Convenio OIT nº 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (de 1989, entró en vigor en el 91 y Perú lo ratificó en el 94), en la primera se establece una entidad jurídica especial para las Comunidades nativas y campesinas que el ejecutivo debe respetar y en el segundo se obliga a que toda decisión que afecte a las comunidades sea previamente consultada. El DL 1090 no lo ha sido.

García cada vez que puede acusa a la dirigencia de las comunidades de manipular a los pobres ignorantes, a la vez que pone que todo esto está orquestado por otros países, no se atreve a acusar a Venezuela pero indica que a quien conviene es a Chile (supongo que en el vecino del sur se mueren de risa al oír los despropósitos de García)… ¡si es por su bien señores analfabetos! chilla el presidente, con un tono paternalista que no acepta debate: Ustedes, dice finalmente entre líneas, no saben lo que les conviene, por eso ni les he consultado, aunque fuera obligatorio, concluye orgulloso el mandamás que miente, criminaliza y manipula. Para García no hay debate entre iguales posible con las comunidades nativas y campesinas. Ni con nadie más allá de su sexagenaria barriga.