Por fin, con los votos en contra de los apristas, la Subcomisión del Congreso sobre Acusaciones Constitucionales aprobó la acusación constitucional contra la congresista Tula Benites Vásquez por los delitos de colusión y peculado por contratación irregular. La votación fue ajustada, cinco contra cuatro (de tres apristas y una fujimorista) con una abstención. Ahora el dictamen de la subcomisión pasa a la Comisión Permanente del Congreso que, al parecer, cambiará la acusación concreta, retirando el delito de peculado e incluyendo el de falsedad genérica, según indicó Carlos Bruce (que se abstuvo en la votación por no estar de acuerdo con la inclusión del peculado).
En Perú hacemos las cosas mal, por definición, y este es un buen ejemplo de cómo, incluso con un tiempo extra grosero, el dictamen, precedentes mediantes, se hizo mal. Se incluyó, por ejemplo, el delito de peculado, que no puede ser cometido por un parlamentario en tanto que no se encarga de administrar o custodiar caudales públicos en razón de su cargo (esto es, no se da el tipo del artículo 387 del Código Penal, aunque no sé yo si podríamos hablar de un delito cometido bajo una autoría mediata, pero teniendo otros tipos más apropiados es más práctico -y lógico- ir sobre seguro). No entiendo por qué la subcomisión no tomó como ejemplo la acusación aprobada en tiempo récord contra la congresista de Unidad Nacional Elsa Canchaya, que se le acusó «por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de nombramiento ilegal para cargo público, contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica y contra el patrimonio en la modalidad de estafa».
Hablando del caso de Elsa Canchaya, ocraM en El Útero de Marita nos muestra el enésimo ejemplo de doble moral mantenido por el APRA (lo que a su vez me recuerda los chistes que en su día planteé con «El Niño Aprista«), recordándonos:
Lo que sí resulta francamente alucinante es que el Congreso se haya demorado SIETE MESES en dar el primer paso contra Tula. Volvamos a comparar:
Lo de la Conchaya reventó hacia el 20 de abril del año pasado… y la subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó su informe (o sea, lo mismo que recién acaba de hacer con Tula) el 2 de mayo, es decir ¡¡menos de dos semanas después!! Tremendo doble estándar. Y esperen a que el caso pase al Poder Judicial, porque con el tío que tiene…
Este caso, en que sí era y es un «todos con Tula» por parte de la bancada aprista, está plagada de irregularidades y acusaciones varias, Tula ahora se defiende diciendo que no se le ha escuchado (¡en siete meses en que la subcomisión ha sido bloqueada cuatro veces por sus compañeros!). Habría que indicar dos cosas, por un lado, el discurso del abogado (como cabe esperar) es harto mañoso, habla de «condena» donde no hay tal (es el inicio de la acusación, no una condena final, y todo esto debería sobrar, pero somos arcaicos en nuestras formas) y se olvida que, sin más, la defensa no se llevó a cabo porque ellos no hicieron bien las cosas, como bien indica Saldaña, «[l]a defensa de Tula Benites no presentó sus argumentos en el momento indicado», y cita, por supuesto, el reglamento y todos esos papeles que a los leguleyos nos encantan. Un tecnicismo, por supuesto, pero por otro tecnicismo hemos tenido que esperar a una quinta reunión de la subcomisión para ver que se apruebe la acusación. ¡Con lo rápido que fue el proceso!
Desde la otra orilla, Otárola y Luis Galarreta siguen criticando a los apristas por las más que evidentes técnicas de dilatación del proceso, que se burlaron de todos los peruanos de la forma más rastrera que hay. Grábense bien estos nombres: Franklin Sánchez, Julio Herrera y José Vargas, ellos son los apristas que quisieron eternizar el proceso, ellos son los apristas que votaron contra el dictamente sin intentar hacer piña con Carlos Bruce para cambiar el tema de los delitos y convencer al resto, no, nada de eso, votan en contra porque la consigna del partido es proteger ad nauseam a todos los compañeros.