Cuando el tema de los «petroaudios» se destapó, desde quienes detentan el poder público se exigió que no se usaran, se denunció la que fue, sin dudas, una intromisión ilegítima en las comunicaciones y se pidió a los periodistas que cesaran en su actividad difusora, se propuso, de paso, el aumento de penas y la (mala) adecuación de los tipos penales, la expansión de los mismos a los intermediarios en el uso de esa información privada que estaba en manos del público. Ahora, con el caso (más cortina de humo que otra cosa) de cuatro policías, desde la más alta instancia del poder (esto es, Alan García Pérez, presidente de la República) se «saluda» la sanción a las policías que ven vulnerado su honor y privacidad por un vídeo «robado». Hay que fastidiarse.