Jomra – Página 114 – Una Bitácora de Jomra

Ministerio de Educación contra el SUTEP

25 de enero de 200728 de julio de 2020 Jomra

Es simple, el Ministro de Educación, José Antonio Chang, ha declarado la guerra a los sindicatos, en concreto, al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP). Desde el ministerio de Educación se han reducido de 300 a 30 las licencias sindicales, y lo hacen por simples razones: No tiene intención de luchar contra los sindicatos. En otras palabras, en el ministerio no quieren ser fiscalizados por los trabajadores de la educación peruana, no sólo buscan que los "nuevos" sean dóciles (y lo demuestra la medida tomada sobre los profesores contratados y la evaluación censal docente), sino que quieren eliminar al SUTEP y a cualquier sindicato que no les lama las botas.

José Antonio Chang afirma que si el SUTEP continúa con esa oposición a (según él) la mejora de la calidad del sistema educativo, acabará desapareciendo, esto es, habla de "crónica de una muerte anunciada". Afirma que el SUTEP no tiene posibilidades de "reengancharse" a una "sociedad del conocimiento" con "padres de familia que quieren mejor educación para sus hijos".

Alan García, presidente del Perú, dice que el SUTEP "raya con la locura" al no "querer una mejor educación". Una de dos, o Chang y Alan García no tienen ni idea de lo que quiere el SUTEP o son unos manipuladores y desinformantes como, por otro lado, no podía ser de otra forma en un gobierno aprista.

Habría que analizar, antes de todo, qué entiende el APRA, partido del gobierno, por mejorar la educación. ¿Acaso es quitar la oportunidad a muchos maestros de capacitarse (a los que no se dobleguen)? ¿Acaso se refiere a llevar a cabo una municipalización al más puro estilo del Chile de Pinochet que no hizo sino empeorar la educación y privar de recursos a muchos centros (municipalización ahora en revisión por el actual gobierno de la Concentración)? ¿Acaso se refiere a no aumentar el presupuesto de una educación que pide a gritos una mejora del personal y del material disponible -contando infraestructura-? Una prueba improvisada de conocimientos no es una baremo si quiera digno de considerarse como un muestreo para valorar en qué falla nuestra educación.

El SUTEP no se opone a una mejora de la educación (es un sindicato que lucha por ello -aunque no se esté de acuerdo con sus fines-), ni siquiera está en contra de las evaluaciones docentes. No, para nada. La evaluación es necesaria. Pero la que propone el gobierno no es más que una pantomima de evaluación, siquiera capaz de valorar si un docente hace bien o mal su trabajo. Tampoco sirve, la evaluación censal que han rendido casi 200 mil maestros (de unos 261 mil), para realizar una real aproximación a la situación docente y generar, con ello, un programa de capacitación para los maestros que sirva realmente a aumentar la calidad de los docentes peruanos. No, no sirve para nada de eso.

Entonces: ¿Para qué sirve este examen? Sabemos que es una cortina de humo ante la negativa del gobierno en aumentar el presupuesto de la educación peruana (sin presupuesto poco se puede hacer, y si los maestros no tienen un sueldo digno ni seguridad laboral, tampoco se puede les puede pedir el oro y el morro sin una retribución justa, y este sueldo digno sólo se asegura con un presupuesto que lo cubra, y el actual no lo hace). Es, también, una forma del gobierno de neutralizar o intentar neutralizar al SUTEP, uno de los sindicatos más poderosos del Perú (en cuanto al poder movilizante), y con ello hacerse con el control de un sector especialmente importante: La Educación. Si el APRA controla por completo la educación y en ella no encuentra oposición alguna, tendrá un eficaz instrumento alienador, y el mejor medio de control que cualquier gobierno pueda desear.

El APRA no quiere problemas, en el sentido de que quiere hacer lo que le dé la gana sin que nadie le rechiste, y el SUTEP no se quedará callado mientras exista, así que el gobierno hace lo posible por desacreditar al SUTEP a la par que aprovecha para destruir los derechos sindicales de los peruanos (en Educación es uno de los tantos ejemplos que nos podemos encontrar). El descrédito que busca el gobierno es tanto externo (de la sociedad con respecto al SUTEP) como interno (tanto hacia los maestros como a los propios sindicalistas), por una parte intenta presentar a la organización sindical como una suerte de monstruo que quiere comerse a sus hijos, y por otra, quiere mostrar a los maestros que no es nada bueno pertenecer al SUTEP y que trae consecuencias y persecuciones.

Fuentes:

"Crónica de una muerte anunciada" en La Primera.
Ministro Chang vaticina la "muerte" del SUTEP en El Correo.

Publicado también en De Igual a Igual

De Juana continuará en prisión dentro del hospital

25 de enero de 200728 de julio de 2020 Jomra

El pleno de la Audiencia Nacional decide mantener en prisión (dentro del hospital donde se encuentra) a De Juana Chaos. Ayer realicé unos considerandos sobre la situación del etarra, donde consideré que daba lo mismo si las enfermedades o lesiones fueran autoproducidas o generadas por las vicisitudes de la mala fortuna, que lo que realmente se debe valorar es la situación del recluso en la actualidad, y que si mejora, jurídicamente hablando, debiera volver a la prisión.

El Auto dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal acuerda:

"mantener la situación provisional comunicada y sin fianza de José Ignacio de Juana Chaos, debiéndose adoptar por el centro hospitalario donde actualmente se encuentra ingresado la administración de la terapéutica adecuada al caso, incluida la alimentación forzosa conforme a lo ya acordado en resoluciones anteriores."

Así que las cosas para el preso provisional De Juana Chaos, en constantes huelgas de hambre que han mermado su salud, continuarán como estaba.

Como curiosidad: Tanto la fiscalía (por la que actúa Fernando Burgos) como los miembros del Tribunal que juzgaron a De Juana en el caso de las amenazas (Manuela Fernández Prado, Angel Hurtado y Carmen Paloma González Pastor) más otra magistrada de la Audiencia Nacional (Clara Bayarre) estaban de acuerdo con mandar al preso a su domicilio hasta que se mejorara.

Para entender que esta medida es netamente jurídica y no una "claudicación del Estado de Derecho" hay que recordar que la figura del arresto domiciliario por el estado del preso ya está previsto en nuestro ordenamiento jurídico (véase en este sentido el artículo 508.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), artículo que no diferencia si la enfermedad o situación de gravedad del preso es autoinflingida o no. Por otra parte, hay que recordar que lo que pide De Juana es su liberación "incondicional", no un arresto domiciliario por circunstancias de salud. Este último extremo no tiene nada que ver con las razones que llevaron al etarra a la huelga, él no pedía prisión domiciliaria ni nada de eso.

Es decisión del tribunal mantener el statu quo del preso De Juana, y era una de las tantas posibilidades que tenía sobre el tapete. No es una decisión política, ni la prisión domiciliaria ni el mantener la prisión en el hospital, no debemos considerar ninguna de las alternativas como "políticas". Aunque me parece que la interpretación que hace el tribunal sobre una norma penal favorable para el recluso es demasiado restrictiva, y que la consideración del daño autoinflingido sólo debía considerarse para la posible vuelta del preso a la cárcel cuando el mismo se mejorara, y si su situación es irreversible, pues nada, como cualquier otro preso enfermo o discapacitado.

Lo preocupante del asunto:

La AVT y el Partido Popular (PP) mantienen su apuesta por la manipulación, por la desinformación sobre unas leyes que conocen muy bien (no por gusto Rajoy fue ministro del Interior, si mal no recuerdo). Y lo digo por las declaraciones que han realizado tras el fallo de la Audiencia Nacional.

Tenemos por un lado a Rajoy: Por un lado, considera que este fallo "desautoriza" a Rodríguez Zapatero y al fiscal que pidió el cambio del arresto en el hospital al régimen de arresto domiciliario. Acusa al fiscal y al gobierno (supongo que de paso acusará a los cuatro magistrados que votaron a favor del arresto domiciliario) de querer que no se cumpliera la condena de De Juana Chaos. Por otra parte, considera que este fallo es una de las grandes alegrías de su vida y que une a los españoles contra el terrorismo.

Lo último, el tema de la unión y de la alegría, no es más que demagogia pura y dura. No sé cómo se puede alegrar de una medida así, puedes estar de acuerdo o en contra, y si eres un ferviente de De Juana o del mantenimiento de la vida de los presos te puede, incluso, apenar o molestar. Pero: ¿Dar alegría? ¡Por favor! Eso no pasa de ser una postura vengativa. Lo mismo que el tema de la "unión" ¿Une más a los españoles un mantenimiento de prisión y punto? Eso es más que demagógico.

Lo otro es más grave: Insiste en que esto es una derrota del ejecutivo presidido por Rodríguez, cuando el tema no tiene que ver con la cuestión política. Si el alejamiento de presos, los cambios penitenciarios por salud y todo eso lo consideramos político, estamos dando la razón a De Juana y los suyos sin lugar a dudas. Y es lo que hace el PP cuando realiza estas declaraciones, confunde (porque quiere) lo jurídico con lo político. Es político el regular una norma de una u otra forma, pero en el caso de las penales, es jurídico luego el cómo se aplican. Ya he mencionado por qué considero que en ningún caso podemos considerar que el mandarlo al arresto Domiciliario no es una cesión ni una derrota del Estado de Derecho en tanto se está aplicando la normativa del Estado para decidir. El PP no cree en el Estado de Derecho. Todos los días se presentan recursos y peticiones que son atendidas o rechazadas y en ningún caso se habla de desautorizaciones ni nada de eso.

Es preocupante que alguien como Mariano Rajoy recurra a la demagogia y la desinformación en este tema: él sabe muy bien que el cambio de régimen penitenciario no supone ni una suspensión ni una conmutación de la pena, ni, mucho menos, una suerte de amnistía. Pero miente. Acusa al fiscal de querer que no se cumpla la pena, cuando una pena se puede cumplir en arresto domiciliario, y, además hay que recordarlo, estamos ante una prisión provisional, no una definitiva.

Por otro lado, como cabeza visible del PP en estas declaraciones, tenemos a María San Gil: La presidente del PP vasco dice que esta decisión le reporta una gran satisfacción, a los familiares de los 25 asesinados por De Juana y a todos los que piensan que el Estado de Derecho "no tiene que doblegarse ante el chantaje de un terrorista". Sobre la "doblegación" del Estado de Derecho ya he mencionado que no es tal, que es aplicación de la normativa del mismo quien permite que en casos como el presente un preso pase a recuperarse en un régimen penitenciario distinto que el ordinario (que De Juana está en el hospital, donde no podrá recuperarse por completo si no come por sí mismo), así que no insistiré más en ese punto. Es demagogia la que se hace al repetir tanto lo de "rendirse al chantaje", eso sería "liberarlo sin más".

Por otro, volvemos al tema de los 25 asesinatos: De Juana ya cumplió la condena por esos asesinatos. ¿Qué tiene que ver la familia de esas 25 víctimas en este tema? Estamos hablando de un preso que está en prisión provisional por una condena por el delito de amenazas. Ya los 25 asesinatos no cuentan en todo esto. Volvemos al uso demagógico de las víctimas. Que nadie me salga ahora en que estoy desacreditando o manchando el honor a esas víctimas, nada que ver. De Juana ya pagó por esos delitos (si ha pagado "mucho o poco" por la muerte de esas personas es algo que no valoraré en estas líneas), y aplicando el Estado de Derecho al que María San Gil menciona, en el 2004 hubiera salido LIBRE. Ahí sí libre, no en prisión domiciliaria. Pero se le juzgó por otro delito y nunca pisó la calle.

Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) también se manipula el contenido de esta decisión de la Audiencia Nacional. De la boca del polémico presidente de la AVT, José Alcaraz, sale pura y dura demagogia, y desinformación: "el Estado de Derecho no cede al chantaje de un asesino" y que una "decisión distinta a la tomada hoy podía haber supuesto una provocación sin precedentes a las víctimas del terrorismo y a la mayoría de la sociedad española ya que hubiera amordazado la libertad que todas las personas de bien llevan exigiendo durante más de treinta años". Termina diciendo que "gracias a la Justicia, el sentimiento de orfandad de las víctimas ante el Estado de Derecho es menor a pesar de que el Gobierno sigue despreciándolas, poniendo por delante los intereses de los terroristas".

Sobre el chantaje y todo eso ya he hablado e indicado por qué considero que es mentira siquiera mencionar ese extremo al hablar de Estado de Derecho, así que no me detendré en ese punto.

El resto de la declaración de Alcaraz patina entre la demagogia pura y dura (habla de que el Gobierno pone por delante los intereses de los terroristas, no veo "al gobierno" en esta decisión por ningún lado -ni siquiera en los fundamentos de la actuación del fiscal- ni que lo haga en ningún caso, pero bueno, cada quien vive sus propias fantasías por más retorcidas que sean) y una amenaza al sistema que dicen defender, al Estado de Derecho. ¿Por qué una decisión fundada en las normas es una provocación a las víctimas del terrorismo o a parte de la sociedad? ¿El Estado de Derecho es una provocación a las víctimas? ¿Qué clase de víctimas son? Para responder a la demagogia de Alcaraz voy a citar las palabras de Enrique López, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): "estamos ante una resolución judicial que supone el triunfo del Estado de Derecho hubiera sido cual hubiera sido el contenido". No hablaría de triunfo, simplemente de aplicación.

Espero que el Tribunal Supremo conozca de la súplica a la decisión de la AN y decida lo mejor para el preso (sí, para él, es la parte enferma y débil en todo esto, como todos los presos) y se pase a la prisión domiciliaria mientras se recupera De Juana. Y que el TS también resuelva rápido (de una vez) el recurso de apelación a la condena por amenazas.

De Juana Chaos: La demagogia ante lo conocido

24 de enero de 2007 Jomra

O cómo la Derecha miente y manipula para utilizar políticamente la lucha contraterrorista

O cómo, para seguir con estas simples lecturas, para esa Derecha el Estado de Derecho sólo es un ente vengativo que no debe defender las vidas de los seres sometidos . Y cómo extrañan la prisión perpetua y la pena de muerte en un país que se sacudió de encima tamañas penas (aunque Aznar, en un gesto vengativo, puso diez años más a todo terrorista, porque eso de 30 años sólo es media vida, y había que obligarles a cumplir, al menos, cuarenta). ¿Por qué digo todo esto? Ahora me explico:

La derecha ha saltado: con demagogia pura y deseos de venganza. Quieren la muerte de De Juana, quieren que se suicide (por más que muchos de ellos, en teoría, repudian el suicidio y estarían de acuerdo con su penalización, más aún, son los que defienden que la eutanasia activa siga penalizada), quieren que el Estado le mate por omisión (no está en la calle, lo que haga es responsabilidad del Estado como guardián de las instituciones penitenciarias), y se alegran del mal estado de salud de una persona. Y mienten. Mienten mucho. Dicen que es el gobierno el culpable de la posible liberación (que no es tal, pero ya puestos a mentir, se miente en todo), que es arrodillarse ante el terrorista, que es dejar en libertad a alguien condenado por 3 000 (se olvidan de decir que esa condena -según el CP anterior- ya cumplió, que ahora no se juega con esa sentencia, sino con una de noviembre del 2006), que ese sujeto debe pudrirse en lo más hondo de los calabozos, olvidándose del trato humano que debe recibir todo preso (y que no reciben, todo sea dicho), mienten con una interpretación irreal (no digo que incorrecta o que vaya contra mi opinión -como es la del jefazo del Consejo General del Poder Judicial, que es correcta pero no estoy de acuerdo-), manipuladora, de la normativa actual, que confunde unas sentencias con otras y pretende confundir a todos los que sólo lean o escuchan esa prensa tan manipulada a la que le encantaría que volviese el Tribunal de Orden Público franquista y los delitos políticos, que ha descubierto en la querella la forma de iniciar procesos que con una denuncia serían imposibles.

Por un lado, hay que considerar dos cuestiones: De Juana ya cumplió su condena por los injustificables 25 asesinatos que cometió, y por los que en su día fue condenado. Así que el uso del argumento (como lo he oído en la COPE y visto en La Razón -edición en papel-) de su larguísima condena para decir "van a liberar a un preso condenado a 3 000 años por asesino" no tiene ningún sentido, en tanto que ya cumplió la condena (en el 2004). Recordemos que De Juana estuvo a punto de salir de la cárcel hace no demasiado, en virtud de la normativa del anterior código penal (de 1973), pero fue retenido bajo una acusación de amenazas por lo publicado en dos artículos del periódico Gara.

Así pues, entrar en la consideración de los asesinatos de De Juana, en este momento, no tiene ningún valor. No se puede recurrir, penalmente hablando, a ese argumento para defender la cárcel de por vida, para insistir en la peligrosidad de un preso que está por morirse (sí, por propia voluntad) y que, como mucho, servirá para poner unas medidas que impida su huída, pero que no debe entrar como considerando en su puesta en semilibertad. Porque no se le va a excarcelar.

Por otro lado, Rajoy ha dejado caer que esta posible liberación (incorrección en el uso de ese término) puede plantear un "peligroso precedente" con respecto al actuar de otros presos, sean etarras o no. Pero lo recordó con los etarras. Pues, pasará lo mismo que con De Juana, que si están a punto de morir, que si su vida pende de un hilo ¿Qué sentido real tiene que estén en la cárcel? Si mueren en esas condiciones en una cárcel u hospital militar, recordemos, es el Estado el responsable de esa muerte. Lo que haces en la calle (si decides no comer) no es cosa del Estado, lo que haces en la cárcel sí.

Además, no es una excarcelación, no se le deja en libertad (ni siquiera, actualmente, es un preso condenado, es un preso preventivo), pero la Derecha se empecina a que parezca eso, una "liberación" como pago político que demostraría que el Estado está rindiéndose ante ETA (uno de los principales problemas de la Kale Borroka durante la tregua fue, justamente, la condena de De Juana y su salud tras las huelgas de hambre), pero se olvidan de indicar que los informes médicos (de un Hospital bajo el mando de la Comunidad de Madrid, así que depende de los fondos el mando de Esperanza Aguirre, miembro ilustre de la derecha española) que dicen que De Juana está mal y podría quedar peor (responsabilidad, una vez más, del Estado) no vienen del gobierno, y que el fiscal (que sí están sometidos al gobierno) pide que se mantenga la pena de 12 años y 7 meses impuestos por un delito de amenazas (con el agravante de terrorismo).

La AVT dice que nada de atenuarle la pena (la forma de cumplimiento, en realidad) ni de pasarlo al arresto domiciliario ni, en su caso, el control telemático o la libertad provisional (su actual condena no es firme, hay que recordarlo, así que él está en prisión provisional), que si se pone malito, que le obliguen a alimentarse… Una de dos, o no se enteran de lo que pasa o quieren que el resto no se entere. Actualmente De Juana está en el hospital y se le obliga a alimentarse, tratamiento rechazado por el preso (como decimos, tienen que obligarle, al punto que en el hospital temen que De Juana manipule la sonda que le alimenta o algo de eso, ante la negativa a que le impidan seguir con la huelga de hambre), y es el Hospital que le está alimentando quien cree que la situación actual del preso es insostenible, pudiéndose hacer más daño del que ya se ha infringido y recordando que las lesiones pueden ser permanentes.

Vence el chantaje del etarra, dice la AVT, Rajoy, y todo aquél que se considere suficientemente de derechas en este país para defender lo que Federico Losantos diga (es que hoy he amanecido escuchándole, y me ha revuelto el estómago su bílica demagogia en este caso, indignante). Digámoslo claro: El chantaje de De Juana pretendía que no se le juzgara por las amenazas, De Juana defendía que él ya había cumplido su condena, recordemos que la acusación de amenazas llegó en un momento en que el PP usó su excarcelación por cumplimiento de la pena como un ejemplo de rendición del Estado, y que ante la alarma social producida por la puesta en libertad de este criminal (que ya ha pagado por esos crímenes) tanto la AVT como la fiscalía se apresuraron a presentar cargos por amenazas basándose en lo que De Juana escribió en Gara, que el Juez sí estimó como amenazas, más aún, se dictó la prisión provisional desde el primer momento, con lo cual, De Juana pasó dos años entre el cumplimiento de su pena anterior a la condena -que aún no es firme- posterior sin pisar la calle, el caso ahora se encuentra en el Tribunal Supremo, tras ser condenado por la Audiencia Nacional. De Juana pretendía, pretende, que no se le condene (siquiera procese, pero ya es tarde para eso). Esta situación no va a cambiar, De Juana será condenado (mejor dicho, se confirmará la actual condena de 12 años, aunque se rebaje en dos o seis años la misma) y tendrá las consecuencias que deba tener. Pero ya lo hemos visto en multitud de ocasiones, y así está normado en el Derecho Penal, un enfermo no puede entrar en la cárcel, no en régimen común.

¿Qué pasaría si todos los etarras siguieran el ejemplo de De Juana? Simple, que tendríamos muchos personajes peligrosos (los que tienen delitos de sangre) o no tan peligrosos (el resto, hasta los casos más políticos) enfermos, incapaces, prácticamente, de valerse por sí mismos, durante un buen tiempo. No voy a decir que esto sea bueno (que sino luego la AVT me acusaría de fomento del suicidio o algo así), pero no cabe duda que si todos los etarras se automutilan, ETA queda mutilada. No hablamos de liberación, quien entienda que esto es una puesta en Libertad es que no entiende nada, hablamos del cumplimiento de penas según cada sujeto dentro de sus propias circunstancias, y acá da igual si es autoinflingido o es la diosa desfortuna la que lleva el mal a la persona.

Hay que recordar que una vez que el paciente se mejore, el régimen penitenciario volvería al que le corresponde en una situación de normalidad. Esto es lo que diferencia este tipo de medidas de la libertad. Si te liberan luego no te pueden encarcelar por los mismos hechos. Esa es la diferencia entre ser un preso sano o estar enfermo. Esa es la diferencia entre ser peligroso y no serlo por las condiciones en que está. Es cierto, en un delito de amenazas donde supuestamente marca objetivos a ETA, el que personalmente pueda ejecutar las amenazas es poco relevante, pero también lo es, desde esa perspectiva, que esté en la cárcel o fuera de ella (incluso, los artículos los escribió dos años de terminar la condena anterior, la de los 25 asesinatos), así que la situación no cambia desde esa perspectiva.

Demasiada demagogia, demasiado ruido por parte de una Derecha que sigue acusando a ETA de tal vez el único delito que no ha cometido en los últimos años, demasiada manipulación de una gente que hasta hace poco ha gobernado en España y que durante su mandato muchos presos cumplieron condena y salieron libres y que, cuando le tocaba a De Juana, manipularon la situación para decir que era una bajada de pantalones del gobierno y que las penas deberían endurecerse (olvidándose de que las penas no son retroactivas y que ya fueron endurecidas -demasiado-), de una Derecha que ahora pretende hacernos creer que la libertad provisional por temas de salud determinados sobre un informe médico que nada tiene que ver con el gobierno es, otra vez, una bajada de pantalones y hablando de precedentes donde no los hay (o mejor, donde estas situaciones ya han ocurrido antes).

¿Y luego quieren que les creamos en algo?

La evaluación censal docente del lunes será obligatoria

21 de enero de 200728 de julio de 2020 Jomra

Por Decreto Supremo de Urgencia (002-2007) el gobierno ha definido como obligatoria la evaluación censal docente del próximo 22 de Enero. Hoy (domingo 21) en el diario oficial "El Peruano" se publica la norma que establece, además de la obligatoriedad del examen para profesores, que la responsabilidad del buen fin del examen (esto es, de la correcta ejecución de la prueba) pasa por las manos de los presidentes regionales, de los directores regionales de Educación, de las Unidades de Gestión educativa locales (UGEL) y de los directores de los centros educativos, cada uno dentro de su jurisdicción y ámbito competencial concreto.

Unos 89 mil profesores acudirán a este "repechaje" de la prueba docente (la primera se celebró el pasado 8 de enero y hubo ciertos problemas), prueba que hasta última hora era voluntaria, aunque se fueron agregando "fórmulas" para darle una obligatoriedad fáctica (como el valor otorgado a la prueba al ser requisito para renovar el contrato para laborar como profesor contratado si ese fue el régimen laboral del maestro durante el periodo lectivo precedente).

La prueba, afirma el Ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, servirá para enriquecer el programa Nacional de Capacitación, que busca mejorar la calidad educativa. A la par que los profesores en plantilla que no asistan a la controvertida prueba no serán incluidos en los programas de ascensos ni se les permitirá participar en la capacitación que será llevada a cabo dentro de ese programa nacional. A todo ello hay que sumarle la fórmula mencionada anteriormente, donde el profesor contratado que no haya rendido la prueba no podrá volver a optar por el puesto de docente. En otras palabras, se excluye a todo aquél que no realice la prueba.

Este Decreto Supremo de Urgencia (el 002-2007) trae consigo las sanciones que serán aplicables a los distintos infractores de la norma. El Gobierno ya ha facultado a los procuradores generales de la República para que inicien los procesos que, en cada caso, correspondan para conseguir la sanción de la conducta tipificada.

Desde la dirección del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) ya se alistan distintas protestas contra la evaluación censal, al menos en seis departamentos ya están preparadas las marchas, vigilias, y demás actividades sindicales que puedan llevar a cabo. Desde el SUTEP se afirma que su gente no se quedará callada, aún a sabiendas de las represalias que seguramente sufran los militantes del sindicato.

El SUTEP no está en contra de las evaluaciones a los docentes, no se equivoquen en este punto, lo que sí se niegan es a la forma en que la presente se está realizando (y el Decreto supremo que comentamos en esta noticia es un buen ejemplo de lo mal que se hace y de la falta de perspectiva que ha tenido el gobierno al realizar una prueba completamente improvisada). Javier Niño de Guzmán, secretario general del SUTEP «una evaluación transparente y justa para el nombramiento de profesores, y otro (examen) para ascensos». Desde el SUTEP, además, se había pedido que el proceso de evaluación de los profesores estuviera "limpio" de presiones, cuestión que el gobierno ni ha cumplido ni ha querido cumplir, imponiendo una obligatoriedad del mismo a última hora.

Lo que hace el gobierno no es más que una cortina de humo para eliminar la oposición que se realiza desde sindicatos como el SUTEP, una cortina de humo en toda regla con respecto al bajo presupuesto que la educación del Perú tiene, en que se culpabiliza de una forma extraña al profesor (responsable en lo que le corresponde, eso sí) y se olvida del verdadero problema, que es estructural (y no sólo hablamos del presupuesto de los centros).

Retomando el tema de las represalias, si parte del problema es la falta de capacitación de los profesores, y se pretende dar una segunda educación (capacitación) a los profesores, el excluir a los que no han dado la prueba (que en teoría no marcará un currículo específico para cada docente, sino que servirá como medida para realizar el currículo genérico) no tiene sentido, no sólo porque la capacitación será genérica, y el universo de los profesores ya evaluados o los que se evaluarán mañana es suficientemente amplio como para realizar las estadísticas necesarias para un currículo general y detectar los fallos (básicamente en conocimientos, otra cosa no se evalúa) del profesorado como grupo. El que una persona no rinda la prueba debería acarrear la capacitación obligatoria, no lo contrario, ya que el profesor no demostraría la capacidad requerida para superar el examen (en tanto es un "no presentado"), el no capacitar a los profesores no evaluados es un contrasentido que cabe sólo en una evaluación improvisada como la presente.

((Publicado en De Igual a Igual))

Retomemos las calles, retomemos la Plaza de Armas

21 de enero de 200718 de julio de 2020 Jomra

Si todos los peruanos somos iguales ante la ley, todos debemos tener el derecho a manifestarnos frente al palacio de Gobierno, escoltados por la Catedral y la Municipalidad de Lima. Alan García, en uno de sus balconazos de toda la vida (pero no desde un balcón, sino desde la puerta de Palacio) recibió a una manifestación apoyada y pagada por los suyos en favor de la pena de muerte, utilizando, además de medios gubernamentales o municipales, a las víctimas o familias de las víctimas para representar una pantomima que busca, en última instancia, darle el apoyo popular que realmente no tiene. Pero no nos quedaremos así. En una de esas cadenas "pásalo" se ha convocado una manifestación pacífica en la pileta de la plaza mayor (antes llamada de Armas) en contra de la pena de muerte.

Reproduzco el texto encontrado en la bitácora de José Alejandro Godoy "Desde el Tercer Piso":

LUGAR: Plaza Mayor
DIA: este viernes 26 de enero
HORA: 4:00 p.m.

A pesar de que las marchas en el Centro de Lima están prohibidas, ayer el Presidente de la República recibió a una "portátil" de más de dos mil manifestantes a favor de la pena de muerte.

Es eso justo??? El Dr. Alan García Pérez trata a todos los peruanos, sus gobernados, por igual??? Seguro que sí.

Por eso, todos los que estamos en contra de la pena de muerte nos reuniremos PACÍFICAMENTE en la Pileta de la Plaza Mayor. No habrá pre-concentración. A las cuatro de la tarde llegaremos a esperar que nuestro Presidente nos invite a entrar a Palacio.

Estamos seguros que no seremos reprimidos, así como tampoco fueron reprimidos nuestros compatriotas con un punto de vista distinto.

No tenemos buses. No tenemos congresistas. No tenemos ONGs. No tenemos universidades. No tenemos medios de comunicación. Únicamente tenemos una semana para organizarnos todos. Pasa esto por mails, por chats, por teléfonos, por blogs, por foros, por radio bemba.

Un abrazo fraterno

La Sociedad Civil

Tenemos una semana para juntar gente para abarrotar la plaza mayor, tenemos una semana para demostrar que no somos cuatro gatos los que estamos en contra de los asesinatos gubernamentales, y que la razón de nuestra oposición no es un apoyo a los terroristas o violadores o, en su caso, una simple treta para desgastar al gobierno. No, nuestra apuesta es por un Estado que no asesine impunemente, por un sistema de justicia que no ponga la venganza como fin de las penas, que sea capaz de rectificar los errores cometiso, que, a fin de cuentas, sea respetuoso con los Derechos Humanos, y con la pena de muerte todo ello es imposible.

El Parlamento Vasco condena el atentado sin el voto del Partido Popular

19 de enero de 200728 de julio de 2020 Jomra

El Partido Popular del País Vasco (PP) presentó una proposición no de ley en el Parlamento del País Vasco para que se condene, por parte de la institución vasca, el atentado en Barajas (sí, el de la T-4). La redacción del texto estaba realizada tal cual las tesis del PP, así que el resto de partidos enmendaron la propuesta para poder resultar aceptable, y este nuevo texto fue aprobado por casi todo el parlamento, a excepción del PP y de Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista (EHAK -Partido Comunista de las Tierras Vascas PCTV-), ausentes en este pleno por considerar que el PP sólo tendía una "trampa" a su formación buscando que condene el terrorismo de la misma forma que ellos lo hacen. Así pues, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), el Partido Socialista de Euskadi – Euskadiko Ezkerra (PSE-EE), Eusko Alkartasuna (EA), Ezker Batua (EB) y Aralar aprobaron un texto en que se condena el atentado, se pide el fin de la violencia a ETA, y se realiza un llamamiento a la unidad de todas las fuerzas políticas mediante el diálogo para hacer frente al terrorismo.

La pregunta del millón es: ¿Por qué el PP ha votado en contra de esta condena por parte de la cámara vasca? No es que el resto de partidos excluya a los populares, es que los populares se excluyen a sí mismos, demuestran una y otra vez que ellos no se suman a nada que haga el resto, que ellos se niegan a condenar el terrorismo si no se hace con la misma literalidad que ellos usan, que son incapaces de acompañar a unas manifestaciones de repudia al terrorismo porque no la han convocado ellos mismos (o los suyos), que si las cosas no se hacen como ellos dicen, o se retiran o acusan al resto de antidemocráticos o intentan (y antes conseguían) imponer su criterio. Donde la coherencia brilla por su ausencia, ya que lo que hicieron ayer estaba bien, pero lo que otros hacen igual que lo ya hecho o intentado está mal.

Mariano Rajoy se quejó el otro día que el Congreso de los diputados se negara a revisar una proposición no de ley que ellos querían presentar (en la que dicen lo mismo que siempre, no aportaba nada, y son las mismas exigencias que cada miércoles le hacen al ejecutivo en la sesión de control, todo sea dicho) sobre la lucha contra el terrorismo, pero lo que iba a pasar en el Congreso es lo mismo que hemos visto hoy en el parlamento vasco, el PP presenta algo, se lo retocan para que sea asumible por todos (no me digan que exigir a ETA que deje de matar y pedir la unidad de los partidos contra el terrorismo va contra las tesis del PP, es lo que siempre hacen o dicen), y el PP ya no quiere votarlo, más aún, votará en contra. En el Congreso hubiera pasado lo mismo, sobre todo porque es un tema (reiterado, siempre que puede, por el PP) en el cual el resto de grupos ya han expresado su desacuerdo con el Partido Popular.

Volvamos a lo de hoy. El PP alegó, sobre el texto enmendado, que el resto de grupos introdujeron en el texto elementos que "generan diferencias políticas entre los partidos". ¿Acaso su texto de condena no generaba diferencias políticas entre los partidos? La diputación Permanente del Parlamento Vasco se ha reunido a expreso pedido del PP para realizar la condena (hasta aquí todo perfecto) y cada grupo ha aparecido con su propio texto (recordemos que en el Parlamento hay de todo), así que antes de la sesión se han reunido para, entre todos, realizar una condena que pudieran firmar sin problemas. Y cuando hay diálogo el PP se siente incómodo, algo firmado por partidos tan distintos como el PNV, el PSE-EE y Aralar, que ha encontrado el mínimo común para llegar a un acuerdo, y que perfectamente el PP pudo aceptar -porque mantiene el mismo espíritu-. Pero mantienen los genoveses que no se puede hablar de diálogo (aunque la condena habla de diálogo entre los partidos, no con ETA) ni esas cosas, porque no es lo mismo pedir la disolución de ETA que el que cese la violencia (en realidad, sí es lo mismo, o mejor, si cesa la violencia -en todas sus formas- ETA se volvería un movimiento netamente político que tiene todo el derecho de existir, así que la cuestión no es pedir que ETA se disuelva, sino que deje la violencia).

El PP, que ahora se ha vuelto a acordar de EHAK, pide en el parlamento Vasco que el gobierno de España impulse la ilegalización de los abertzales. Esto es, lo que no pudieron pedir en el Congreso de los Diputados (esa proposición que mencionábamos antes), lo piden en el parlamento vasco. Dicen lo mismo, allá, que querían decir en el Congreso: EHAK malo, EHAK brazo legal de Batasuna (ilegal), EHAK no condena el terrorismo porque es malo, EHAK debe ser ilegalizado, y así todo el tiempo como un disco rayado. Recordemos dos cosas: EHAK es un movimiento pacifista (condenan el uso de la violencia para alcanzar fines políticos, ya sea por fuerzas gubernamentales como informales), se separó de Batasuna hace unos años por las diferencias que mantenían con la justificación de la violencia (entre otras cosas) y que tras la ilegalización de Batasuna, EHAK prestó cobijo legal para que los votantes de Batasuna tuvieran un referente en el Parlamento Vasco. Ya se ha intentado ilegalizar a EHAK antes y no prosperó, en tanto que no se pudo probar la vinculación de EHAK con ETA (en esas fechas de elecciones vascas, en el 2005, sí se ilegalizó una organización "sucesora" -según los jueces- de Batasuna, Aukera Guztiak).

El PSE-EE se niega a entrar en el debate de si EHAK debe ser ilegalizado o no, y tienen razón en este punto. Por supuesto, hay que partir de la consideración de que estoy en contra de la actual ley de partidos, y por tanto, de la ilegalización de Batasuna. Pero, al margen de esto, no se puede ilegalizar a todo partido que tenga tesis parecidas a las de Batasuna, no sólo porque es dejar sin representación a más de ciento cincuenta mil personas (12 de cada 100 vascos), sino porque no todas las organizaciones de la Izquierda Abertzale son etarras o proetarras, y creo que para ilegalizar a un partido o movimiento político deben estar muy claros (con la actual ley en la mano) sus vínculos con ETA, sino se vuelve en una ley que persigue ideas, y eso en todo caso es inadmisible.

Si el PP está tan seguro de los vínculos ETA-EHAK, que nos haga el favor de presentar una denuncia ante la fiscalía o los tribunales, o una querella incluso. Pero que dejen de tocarnos las narices, puesto que todos sabemos y entendemos que la petición del PP de acabar con EHAK no es más que una forma de intentar desgastar al gobierno que por pura lógica se negará a hablar sobre esa ilegalización o , muchos menos, a instar la ilegalización. Así el PP quiere demostrar que el gobierno es blando con ETA, que está cediendo y que España se ha rendido ante el terrorismo (si así fuera, señores del PP, no hablaríamos de una condena al atentado en Barajas). En otras palabras, la cantaleta del PP con respecto a EHAK no es más que muestra de su impotencia para demostrar sus propias tesis sobre la situación actual de la lucha contra el terrorismo. Tesis en las que los del PP están solos, y no porque el resto les excluyan, sino porque ellos se han excluido. Y no es que ahora se separen del resto, es que lo están desde aquél 2000 en que consiguieron mayoría absoluta y rompieron con el PNV y, poco a poco, se alejaron de Coalición Canaria (CC) y Convergència i Unió (CiU), por no decir que no hacían caso a grupos como el PSOE, IU, o el resto de nacionalistas.

Lo que es peor, para el PP, en el Parlamento Vasco no pueden esgrimir el mismo argumento cuantitativo que utilizan en el Congreso de los Diputados, puesto que en el País Vasco sólo tiene 15 parlamentarios (de 75), sindo una fuerza minoritaria (tercera fuerza), y si tuviera la cara de defender que su exclusión es la de unas trescientas mil personas, hay que recordarle que ellos pretenden excluir por la vía legal -no por juego democrático, si se prefiere- a ciento cincuenta mil.

El PP anuncia que presentará mociones en todos los ayuntamientos para pedir la vuelta al pacto antiterrorista, esto es, el PP no pide la unidad de los partidos contra el terrorismo, pide la sumisión del PSOE ante la interpretación que ellos hacen del pacto a dos bandas, y esto lo hace para desgastar al gobierno, no para luchar contra ETA.

Más Información:

Todos los grupos, menos el PP, aprueban un texto de condena al atentado de Barajas con ausencia del PCTV en El Diario de Sevilla.
El PP se desmarca del acuerdo parlamentario vasco de condena al atentado de Barajas en La Vanguardia.
EHAK no prevé condenar el atentado de ETA y pide derogar la Ley de Partidos en El Correo de Álava.
EHAK responsabiliza al PSOE de que el PP vuelva a pedir su ilegalización en El Correo de Álava.
El PCTV no acude al Parlamento Vasco y el PP no suscribe la condena de la Cámara del último atentado de ETA en la Cadena Ser.

Reforma del Código penal: Personas jurídicas y hackers entre los damnificados

18 de enero de 200728 de julio de 2020 Jomra

Otra extensa reforma del Código Penal se cierne sobre todos nosotros, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha remitido al Congreso de los Diputados un proyecto de reforma del Código Penal (CP), en el que se introducirá, como es habitual, nuevas figuras delictivas (sobre todo las informáticas), y trae como gran novedad la responsabilidad penal para las personas jurídicas, hasta ahora sólo civilmente responsables, pasarán a ser partícipes de los delitos (y tendrán, como no podía ser de otra forma, sus propios atenuantes y demás). Así pues, se eliminará el artículo 31.2 para introducir un larguísimo artículo 31.bis que regulará la Responsabilidad de las Personas Jurídicas (sean asociaciones, sociedades de todo tipo y fundaciones).

Sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

Sé que últimamente se habla mucho de la posibilidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sobre todo por una cuestión práctica (la que llevó a países como Gran Bretaña o Estados Unidos a aceptar esta responsabilidad de las personas jurídicas, y desde hace relativamente poco fue asumido por países de tradición continental como son Holanda, Portugal o Francia), pero la doctrina española (la mayoría de la misma, siempre hay voces en otro sentido) defendía (y defiende) la responsabilidad individual , esto es, referida al individuo. Así pues, la doctrina mayoritaria habla de la incapacidad de culpabilidad de las personas jurídicas y la responsable no sería la persona jurídica, sino la persona física que maneja esa persona jurídica, aunque luego la persona jurídica tuviera que pagar los trastos rotos como responsable solidario del pago de la multa y/o indemnización (en ese sentido va el pronto derogado artículo 31.2 de la Ley Orgánica 10/1995, el Código Penal), así como se puede imponer una serie de medidas (disolver la sociedad, intervenirla, prohibirle realizar actividades en el futuro o suspender las mismas, etc., todo regulado en el artículo 129 del CP, siendo penas accesorias).

Cierto es también que esta no responsabilidad de las personas jurídicas podría dar ciertos problemas en los delitos especiales propios en que esas condiciones personales (que hacen que el delito sea especial propio) sólo concurren en la persona jurídica y no en los que actúan usando dicha persona, donde la no responsabilidad de las personas jurídicas significa la impunidad de los auténticos responsables del delito y no sería correcto trasladar la responsabilidad a los administradores o similares de la Persona Jurídica. Así pues, en España se siguió lo hecho en Alemania y en el artículo 31 del presente código penal se regula la figura de "actuar por otro" (introducido en el 83).

Ahora bien, con la reforma que propone el gobierno, se da, literalmente, responsabilidad penal a las personas jurídicas. Así pues, el artículo único punto segundo introduce el artículo 31.bis en el Código Penal en el que se dice (en su punto primero):

«En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos, por cuenta o en provecho de las mismas, por las personas físicas que tengan en ellas un poder de dirección fundado en la atribución de su representación o en su autoridad, bien para tomar decisiones en su nombre, bien para controlar el funcionamiento de la sociedad.

En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control.»

A falta de profundizar más sobre toda la reforma (el total de la misma, que aún no la termino de leer siquiera, pero me llamó la atención esta introducción de responsabilidad penal) y de leer los comentarios de la doctrina (a ver si me paso por la biblioteca y tiro de las revistas a ver qué se movió en los últimos meses -de discusión previa- y ver qué se mueve ahora, por curiosidad, claro), acá dejo este extremo de la reforma, no sin antes recordar que sólo existirá responsabilidad por parte de una persona jurídica cuando el código indique que el responsable puede ser una de estas personas (así pues, el nuevo artículo 310.bis menciona la responsabilidad penal de las personas físicas expresamente).

Esta responsabilidad penal de las personas jurídicas no ha preocupado mucho a los internautas, ni tiene por qué realmente, los mismos se se han fijado más en la introducción (en la exposición de motivos) de la palabra hacker y de la criminalización de ciertas conductas. Así que pasemos a ver este nuevo tipo penal.

Los Hackers en el Código Penal

Ante todo, es incorrecto decir que la palabra "hacker" entrará en el código penal, entre otras cosas porque sólo figura en la exposición de motivos del proyecto de reforma, por tanto, dicha palabra NO entrará en el Código Penal. El párrafo en donde se menciona (en la página 7) dice así (lo pongo porque sé que muchos pondrán el grito en el cielo y no sabrán qué dice la exposición de motivos:

«Esa preocupante laguna, que pueden aprovechar los llamados hackers ha aconsejado, cumpliendo con obligaciones específicas sobre la materia plasmadas en la Decisión Marco 2005/222/JAI de 24 de febrero de 2005 relativa a los ataques contra los sistemas de información, incorporar al artículo 197 del Código Penal un nuevo apartado que castiga a quien por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, accediera sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático. La realidad de que los actos de invasión en la privacidad en todas sus manifestaciones no son siempre llevadas a cabo por individuos aislados ha determinado la incorporación de una cualificación punitiva para todas las acciones descritas en el artículo 197 en el caso de que se cometan en el marco de organizaciones criminales.» (El resaltado es mío).

Lo sé, la palabra más correcta sería cracker, pero ya que se describe la clase de hacker que buscan (los hacker malos o cracker), así que no veo problema alguno (siquiera terminológico) en el empleo de "hacker" en el sentido señalado (entre otras cosas, porque, lamentablemente, es de uso normal dicha acepción para hacker). Además, como bien señala la gente del Bufet Almeida, lo importante no es el término que se use para hablar sobre las personas que realicen el tipo penal nuevo, "Lo importante es el fondo: la conveniencia o no de la criminalización definitiva de todo tipo de acceso, con independencia de su objetivo", pero a fin de cuentas, en sitios como Barrapunto (donde tratan la noticia) abundan los comentarios sobre la terminología. Y ese no debe ser el debate.

La reforma hace un quilombo un tanto extraño para introducir un nuevo apartado 3 en el artículo 197 se procede a desplazar a los siguientes apartados (así pues, los actuales 3, 4, 5 y 6 pasan a ser 4, 5, 6, 7). Estamos en el Capítulo I (del descubrimiento y revelación de secretos) del Título X (delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio) del libro II del Código Penal.

El apartado que traerá cola entre los internautas reza:

«El que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, accediera sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años.»

En otras palabras, la típica actividad hacker/cracker (que cada quien use el término que quiera) y se pena el simple acceso sin autorización. Esto tal vez sea lo peor, no se habla de la gravedad que deba tener el acceso, o el uso deseado de esos datos o programas a los que se accede, simplemente el hecho de acceder sin autorización (rompiendo la seguridad) constituirá delito, al menos si nos ceñimos a la literalidad de la ley.

En este sentido informático (y sigo el vistazo realizado por la gente del Bufet Almeida sobre los delitos informáticos o "de hacker"), además, nos encontramos con una reelaboración del 264 del Código Penal que quedará redactado de esta forma (en sus primeros dos puntos):

«El que sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese inaccesibles datos o programas informáticos ajenos, será castigado, en consideración a la gravedad del hecho, con la pena de prisión de seis meses a dos años.

El que sin estar autorizado y de manera grave obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema de información ajeno, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, será castigado, atendiendo a la gravedad del hecho, con la pena de prisión de seis meses a tres años.»

Así pues, tanto las intrusiones físicas como por red para causar todos esos daños quedan castigados (tal vez con excesiva dureza), el que mande virus o troyanos a sabiendas a otra persona incurrirá en este tipo penal sin lugar a dudas, también el envío de xploits y similares (el tan habitual hackeo de cuentas de hotmail -correo electrónico en general- será, claramente, un delito, según lo que haga, por este tipo penal o por el apartado 3 del 197, aunque, bueno, realmente ya lo era, interrupción de comunicaciones y todo eso).

Algunas consideraciones finales

El legislador (en este caso, el gobierno al redactar el proyecto) escucha cohetes y no sabe ni quién es el enemigo ni cómo combatirlo, y se lía a poner penas sin siquiera mencionar en qué casos la conducta sería delito y en cuales falta, o cuando no sería nada. Los hackers (crackers realmente) le preocupan, y no ven con buenos ojos que nadie se meta en la computadora de otra persona.

¿Y saben qué? En ese extremo les doy toda la razón del mundo, nadie debe entrar a la computadora de nadie si no tiene autorización. Pero el gobierno se equivoca en la forma en que combate las intrusiones negativas (y acá es donde debemos matizar). No estoy diciendo que esa intrusión deba ser delito, no "por sí misma", me voy a explicar un poco: no es lo mismo entrar para, por ejemplo, robar datos o crackear una página web que entrar y mandar un correo al administrador del sistema avisándole de una vulnerabilidad, en un caso estaríamos ante un hecho un poco molesto (pero que, a fin de cuentas, hay que agradecer) y en el segundo ante un delito que debe ser combatido por el Estado de Derecho sin lugar a dudas. Pero la reforma penaliza ambos casos por igual, ya que el delito es el hecho de acceder, no lo que se haga con los datos, programas, o lo que toque (y ya será el juez quien tenga que valorar la situación al imponer la pena en concreto), y justo es ahí donde la reforma yerra.

El gobierno, parece, quiere penalizar a los crackers, pero en el camino se carga a los hackers. Y con muy poco tino penaliza a las herramientas en vez de a quien las usa (véase en este sentido "Las Herramientas prohibidas" de Carlos Sánchez Almeida), o mejor, sin distinguir a quién las usa y para qué. El Derecho Penal normalmente tiene muy en cuenta el elemento subjetivo de cualquier acción para considerarla delito, sobre todo en los delitos que no son contra la integridad de las personas (y aún ahí hay muchos matices), pero el legislador, en los últimos años, se ha olvidado de ese punto del derecho penal y se obsesiona en realizar reformas objetivistas, donde la mera actividad, la mera tenencia, es un delito en sí mismo. Un error. Un desperdicio de reforma. Esperemos que en el Congreso (y luego en el Senado) corrijan un poco el actual proyecto.

Consecuencias del examen para profesores: Si quieres trabajar, evalúate

17 de enero de 200728 de julio de 2020 Jomra

Sí, una evaluación externa tanto de los centros como de los profesionales que trabajan en los mismos (no sólo de los profesores) es necesario -aunque siempre insuficiente- para controlar la calidad de la educación -del sistema educativo actual, si se prefiere-. La cuestión es el tipo de evaluación y las consecuencias de la misma (¿acaso cuando se ha evaluado la situación de los centros se ha aumentado el presupuesto o mejorado la forma en que el mismo se gasta? ¿se han evaluado integralmente los centros? ¡ni siquiera se lo han planteado! Pero el presupuesto no aumenta cuando SÍ es una necesidad). El gobierno da valor a la evaluación docente, y el martes a la noche el ejecutivo aprobó un Decreto Supremo por el cual establece que "los docentes que postulen a una plaza por contrato deben acreditar haber participado en los procesos de evaluación censal convocados por el Ejecutivo" según nos informa El Comercio.

Los docentes (profesores) que trabajaron como "contratados" durante el 2006 deberán demostrar que participaron en la evaluación censal para poder repetir plaza (o postular a otra) por contrato en la Educación Básica Regular, desde este mismo año. Desde el ministerio de educación se asegura que de esta forma el Estado podrá contratar "profesores con idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental". O los del ministerio son unos inútiles o nos toman por tontos ¿Cómo una evaluación de ese tipo puede valorar la "idoneidad profesional" de un profesor? ¿Y la solvencia moral (¡¡¿¿Qué rayos es esa solvencia moral??!!)? ¿Y la salud física y mental?

La norma regula que todos los que postulen a plaza por docente por contrato deberán rendir una evaluación integral (que no es explicada, y que irá encaminada, supongo, a comprobar todo eso mencionado en el párrafo anterior) y se da al Ministerio de Educación (dirigido por José Antonio Chang) capacidades de desarrollo del Decreto Supremo para que ultime todo lo necesario para la realización de estas pruebas, contando con la normativa de desarrollo del Decreto Supremo.

Así mismo, la prueba planeada para el 22 de Enero se hace necesaria para todos los maestros que no rindieron o no pudieron rendir la evaluación el pasado 8 de enero (por los disturbios que hubo) y ahora quieran optar a la plaza de profesor contratado. Muy poco tiempo está dando el gobierno para que los maestros que quieran trabajar como contratados durante el 2007 se puedan evaluar (ya que antes se anunciaba la evaluación como inocua y casi innecesaria), más teniendo en cuenta que la inscripción para la evaluación censal termina el 17 de Enero, esto es, hoy día.

Los que quieran inscribirse en esta repetición de la prueba deben ir a la Unidad de Gestión educativa local (UGEL) y los trámites para el profesor son completamente gratuitos (¡faltaría más!), y deberá presentar, además de los impresos que le faciliten en la UGEL, una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad y de alguna de las boletas de pago del 2006 (para demostrar su condición de profesor contratado). Los locales donde se rendirá la prueba serán dados a conocer el próximo 19 de Enero.

Esa prueba no sirve de nada. O mejor, el contenido de esa prueba es inútil por completo, pero ahora se usará como filtro para definir a quienes se contrata y a quienes no, con ello sirve para quitar cierto poder a la SUTEP, el principal sindicato de profesores y que se opuse férreamente a la prueba (aunque, en última instancia, dio libertad a sus miembros para que acudan si querían a la prueba) al igual que realiza una labor fiscalizadora al gobierno en materia educativa (y de política económica, todo sea dicho).

Con ello el ejecutivo hace un movimiento inteligente, en el plano político, para desbaratar a los profesores opositores a la prueba, y críticos con el gobierno. Si el profesor no se arrodilla ante la polémica evaluación, el Estado no volverá a contar con dicho profesor. Esperemos que en las pruebas futuras el elemento "moral" de las mismas no se base en la ideología de los profesores, o en la docilidad de los mismos para doblegarse ante las cortinas de humo y abusos varios que realiza el ejecutivo de nuestro Perú.

Repito el comienzo de esta entrada: Sí, es necesaria una evaluación, no sólo de los docentes, pero no como se está haciendo, no con los objetivos que parece que se persiguen y no si se mantiene el mismo endeble sistema (o se empeora, esa "municipalización" no pinta nada bien).

Interesantes artículos en Perú Político sobre el tema (que no necesariamente comparto, pero son muy interesantes):

Sentencia en contra del Humor; la SGAE vence a la Frikipedia y nos fastidia a todos

16 de enero de 200726 de enero de 2019 Jomra

Un juzgado de primera instancia falla en contra del administrador de la Frikipedia por "daños contra el honor" por un artículo paródico de la SGAE y su directiva en la enciclopedia de broma.

La Frikipedia es una parodia de la Wikipedia, por tanto, cualquiera puede contribuir escribiendo artículos para la página, bajo la única premisa que el artículo sea "de broma". En la Frikipedia usan el mismo software (mediawiki) que la Wikipedia, el cual permite que cualquier lector de la página pueda generar contenido. De esta forma, la amplia comunidad de la Frikipedia creó un artículo en que se parodiaba a Pedro Farré y a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). En su momento, la SGAE inició un proceso judicial en el cual pedía hasta 9 mil euros como indemnización por daños al honor. El lunes 15 el administrador de la Frikipedia, conocido como Krusher en la red, comunicó que se le había condenado a pagar las costas del juicio y a indemnizar a la SGAE y a Pedro Farré con 400 y 200 euros respectivamente.

El proceso ha sido trabado, en un momento (al comienzo del mismo) el administrador de la Web Frikipedia.es decidió cerrar, preventivamente, el sitio Web. Poco tiempo después la Frikipedia reabrió, tras un intento de acuerdo entre la SGAE y el administrador del sitio web, que no llegó a realizarse y el proceso continuó. Durante ese tiempo (desde la reapertura hasta la actualidad), el administrador pidió a los usuarios que no realizaran ningún artículo ni comentario sobre la SGAE, ya sea positivo o negativo, en la Frikipedia desaparecería toda referencia sobre la entidad gestora de derechos de autor y así evitar un posible problema futuro con la SGAE, más suceptible que nunca e incapaz de entender qué es una broma o qué es una parodia.

El proceso concluyó, en su primera instancia, este mes de enero del 2007, con una sentencia que responsabiliza al administrador del sitio web al considerar que, como tal, tenía el poder para modificar la página sobre la SGAE y retirar cualquier contenido ofensivo o que pudiera serlo, por tanto, es el responsable último de lo publicado en la Frikipedia. "[En la sentencia] Ni se referencia a la ley LSSI/CE ni que yo no tenía conocimiento de dicho artículo antes de la demanda, ni que aun yo siendo el administrador de la web cualquiera tenía derecho de modificación o creación de los artículos de la página sin mi consentimiento previo" se queja Krusher, Administrador de la Frikipedia.

CONTINÚA leyendo en De Igual a Igual.

Otras notas relacionadas con la SGAE:

Yeeeeeeee, más sobre la SGAE. Si es que cuando Farré abre la boca el mundo se acaba.
La Frikipedia ha reabierto… pero ¿A qué precio?
La SGAE perseguirá a todos los que ella considere que dañan su honor.
La demagogia desde la ignorancia del presidente de la SGAE

De referendos, Alan García y demagogias varias: Pena de Muerte en el Perú

14 de enero de 200728 de julio de 2020 Jomra

El sí o sí popularizado por nuestro anterior presidente, Alejandro Toledo, lo veremos, durante los próximos años, magnificado por la bilis de un presidente que se cree todopoderoso y cuyo criterio debe imperar, sin atender a la realidad parlamentaria del país, donde al APRA no se le dió la mayoría absoluta de la cámara, y todo ese juego parlamentario de votos a favor y en contra para aprobar las leyes. Al más puro estilo de Alberto Fujimori, el presidente Alan García quiere pasar de todos y aprobar la pena de muerte sí o sí, como medida que demuestre su puño de hierro, para lo que sea (no importa tanto si se aplica a los terroristas, o a los violadores, la cosa es tenerla y aplicarla), y pasarse olímpicamente al parlamento por el forro de los…

Encima el presidente peruano tiene la desfachatez de calificar como antidemocráticos a los parlamentarios que se oponen a la pena de muerte en nuestro país (con ello, a todos los que nos oponemos a dicha pena), y con pura demagogia habla de la mayoría de peruanos que apoyan la norma de la pena de muerte (aunque hayan votado distinto, a fin de cuentas) y otras tantas frases dignas de alguien que pretende justificar su accionar en el apoyo del pueblo, como suelen hacerlo, todo sea dicho, los dictadores de cualquier signo político. Declara, el presidente, que "no es la primera vez que la clase política se pone de espaldas del pueblo", tampoco es la primera vez que Alan García vulnera o quiere vulnerar los derechos humanos, ni es la primera vez que un Presidente pretende ejecutar gente en su país, ni la primera vez de tantas otras cosas.

Alan García dice que se debe realizar un referendo para que el pueblo peruano pueda decidir si se modifica o no el artículo 32 de nuestra carta magna (cuyo punto cuatro reza:"No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona") para poder realizar el referendo sobre la pena de muerte en Perú, imposibilitado por el precepto constitucional antedicho.

Pero, para darle más vuelta al asunto, el referendo del citado artículo sería hecho a la par que el cambio del artículo 140 de la Constitución para poder incluir la habilitación constitucional a una futura pena de muerte contra los violadores de menores (como poco). Esto es, se estaría modificando la norma que prohíbe referendos sobre la disminución de los derechos fundamentales a la par que se aprueba una disminución de los mismos, en otras palabras, es sacarle la vuelta al referendo que pretende posibilitar un segundo referendo. Pero los antidemocráticos somo los otros, los que no defendemos la pena de muerte (incluso sería antidemocrática la Ministra de Justicia, María Zavala, que se posiciona en contra de la pena de muerte).

También debe ser antidemocrática la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que, según nos recuerda Luis Alberto Salgado, agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la realización de un referendo para ampliar la pena de muerte resulta "difícil" puesto que "el artículo cuarto de la Convención Americana de Derechos Humanos es claro" (prohibiendo que se amplíe la pena de muerte a otros supuestos).

Incluso Unidad Nacional (bancada que presentó un proyecto de ampliación de la pena de muerte más amplio -por tanto, más negativo- que el de la bancada aprista) acusa al gobierno de utilizar el tema del referendo sobre la pena de muerte como una cortina de humo sobre la falta de políticas del ejecutivo sobre… sobre todo lo que tiene que ver con gobernar.

Ya en el clímax de lo demagógico y mezclando lo que no se puede mezclar, el Ministro de la Producción, el ultraderechista Rafael Rey, declaró que "Muchas personas que no aceptan que se pueda ejecutar a un terrorista o a un violador, sin embargo, no dicen nada cuando se legaliza la ejecución a niños inocentes" (refiriéndose al aborto), son cosas distintas señor Rey, y es curioso cómo defensores a ultranza del "derecho a la vida" estén tan a favor de la pena de muerte. No merece, en la presente entrada, mayor comentario que la inoperancia de los defensores de la pena de muerte para mantener su postulado (al igual que la idiotez de seguir insistiendo en el carácter disuasorio de la pena de muerte, algo para nada probado y que, viendo la criminalidad de las zonas con pena de muerte "en activo", queda rebatido).

El Presidente Alan García insiste en esto para poder hacer bulla con algo, para correr un tupido velo sobre la mala administración que está teniendo, sobre la falta de respuestas estructurales a los problemas peruanos y cómo intenta solucionarlos con medidas coyunturales que, encima, son claras violaciones a los derechos humanos. Pero eso no lo interesa un carajo, lo que quiere es distraer al electorado y ganar votos y popularidad. Y de paso, demostrar quién manda en el Perú y, lo que es peor, cómo manda.

Vuelve la mano de hierro, versión de la estrella.

Sindicatos se reúnen con el director de la OIT

14 de enero de 200711 de julio de 2016 Jomra

El lunes quince de enero los dirigentes de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) y la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) se reunirán con el Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el chileno Juan Somavía, para analizar la situación laboral de los peruanos, los sindicatos denunciarán las constantes violaciones a los derechos laborales y darán a conocer distintas propuestas para lograr un trabajo digno.

La situación de los trabajadores peruanos va de mal en peor, el subempleo y el desempleo afectan a la mayoría de peruanos, y en ciertas zonas el trabajo es casi esclavo y la escasa e ineficiente normativa laboral siquiera es conocida. Y todo ello en un país que se anuncia como en continuo crecimiento, cuyos indicadores macroeconómicos no dejan más que resultados positivos que, en la realidad peruana, no tienen reflejo alguno en los bolsillos peruanos (salvo, como siempre, de unos pocos).

Además, denuncia CGTP en el comunicado de prensa sobre la reunión del lunes, esos datos macroeconómicos ocultan "el incremento de las víctimas de trabajo forzoso, prácticas discriminatorias, los despidos arbitrarios, el trabajo infantil, los bajos salarios y acciones violatorias a la libertad sindical, entre otros", sin contar con que todas las recomendaciones y observaciones de la OIT para mejorar la situación laboral peruana han caído en los oídos sordos de un gobierno que ha incumplido prácticamente todo lo que prometió, que el cambio responsable que tanto anunciaba ni es cambio ni es responsable.

El gobierno ha decidido intervenir en las organizaciones sindicales, así pues, se han reducido las licencias sindicales del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), sindicato más que crítico con la labor del ejecutivo en el tema de la educación y que dificultó la evaluación precipitada de los profesores propuesta por el presidente de la Nación (muchos la calificaron como cortina de humo). En el mismo sentido, la banca aprista (oficialista) ha presentado en el Congreso un proyecto de ley para intervenir en las elecciones sindicales (este cariz interventor y autoritario del actual gobierno de Alan García en toda organización fiscalizadora de la actividad del gobierno lo hemos visto recientemente en la creación de una "ley mordaza" para las ONG).

Las centrales sindicales, anuncia la CGTP, pedirán apoyo "al Director General de la OIT para por lograr, luego de cuatro años de debate, la aprobación de la Ley General del Trabajo, medida que, junto con otras que serán planteadas en la reunión, logrará impulsar el “trabajo decente” en el Perú". En otras palabras, la reunión no será de sólo protestas, sino que busca ser constructiva ante una realidad laboral en continuo deterioro por la cual el gobierno no mueve un dedo en la dirección más positiva para los trabajadores del Perú, que incluso pueden ver sus derechos laborales reducidos si se generaliza el régimen laboral de las Medianas y Pequeñas Empresas (MYPES) al conjunto de los trabajadores.

(publicado en De Igual a Igual)

Le dan lo que quiere y ahora pide más

12 de enero de 200724 de abril de 2017 Jomra

El Partido Popular (PP) ya no sabe qué inventarse para desligarse de una manifestación que les viene muy mal. Pidieron primero que se incluyera la palabra "libertad" en el lema principal de la marcha (lo veo innecesario, por cierto), para poder sumarse. Que si no defendían la libertad no valía la pena mojarse los pies en esos terrenos llenos de manifestantes, ay fuchi y todo eso. UGT, uno de los convocantes (y al principio el más reacio en insertar "libertad" en la pancarta de marras), anuncia que el lema será: "Por la paz, la vida, la libertad y contra el terrorismo".

En otras palabras, se abrieron de piernas para que el PP aceptara manifestarse con ellos (llevan un par de manifas, estos peperos, pidiendo el fin de ETA y el cese de las negociaciones, ahora no hay negociaciones -se las cargó ETA, aunque según ellos no, nada que ver- y esta manifa pide el fin del terrorismo -ETA, por tanto-). La reacción del PP es, incluso, sorprendente. Y no, no lo digo porque el Partido Popular se sumara a una manifestación al lado del PSOE, nada que ver, sino que ha pedido "formalmente la desconvocatoria de las manifestaciones" (se refiere tanto a la que se celebrará en Madrid como la convocada en Bilbao). ¿Que las desconvoquen? Espero que sea una broma.

Ya que la prioridad, según los lumbreras del PP, es fijar una "política clara encaminada a la derrota definitiva de ETA" (pues a mí me parecía bien claro todo el tema del diálogo, más aún, sigo viéndolo cristalino -el cómo y qué se debe hacer-, otra cosa es que pueda funcionar). Que si no hay de eso (de la política clara y tal), que no cuenten con ellos, porque así no se puede definir ni un lema ni un manifiesto coherentes, que manifestarse para nada es tontería. Y del tema de las manifas, que por lo visto generan división y todo eso, el culpa, por supuesto, es Rodríguez Zapatero (ZP).

Me pregunto qué tan pisado estará Ibarretxe (convocante de la manifestación que se hará en Bilbao), Comisiones Obreras (no digo UGT, porque eso ya es otra cosa), la Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España (FENADEE), Izquierda Unida, CiU y el resto de partidos, por Rodríguez Zapatero ¡¡Ahora sí que tiene poder el hombre del talante!! Además, quien se ha separado del resto, esta vez, es el PP. No puede acusar a Rodríguez Zapatero de que a ellos no les de la gana asistir a una manifestación, que la división no la sembró nadie, que ellos llevan unos cuatro años yendo por libre…

A todo esto, es nuevo el requisito que ahora pone el PP, hasta hace unos días bastaría con lo de "la libertad", pero como ya se salvó el obstáculo, se han buscado otro inútil pretexto para no ir. Que, por cierto, están en todo su derecho de no ir, ojo, que acá no se critica la postura de fondo, sino la hipocresía del PP para excusarse de ir, al menos la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) insulta a los convocantes sin pelos en la lengua (han considerado la convocatoria como "partidista de quienes apoyan la negociación con los asesinos", y eso que ahora siempre van de la mano de unos que también negociaron con ETA -aunque ahora digan que no-).

Sólo espero que el Foro de Ermua (que dentro de todo me resulta francamente respetable) participe en la manifestación con el resto de fuerzas políticas, sindicales y sociales, a fin de cuentas ellos manifestaban una gran pega, y era la no inclusión de la palabra "libertad" (como el PP o la AVT, pero espero que no se inventen una nueva excusa para no ir), y justo acusaban a UGT de servir de "mamporreros" del gobierno al impedir, en un primer momento, la inclusión de dicha palabra en el lema oficial.

En fin, al PP, se nota, le sabe mal tachar a todo el que vaya a la manifestación de un zapaterista irrecuperable -habrán votantes posibles entre ellos, no es bueno insultarlos, por no decir que los insultos ya los vertió Losantos en la COPE hace un par de mañanas-, ni tirar piedras contra una manifestación que lleva un mensaje claro y conciso hacia el cual es difícil estar en contra. Pero debieron decir "no vamos a ir a una manifestación tan partidista" -que van todos los partidos menos ellos- y ya está, no hacía falta inventarse tanta historia, hacerse la víctima diciendo que sin una palabra en el lema no iban a la mani, que si cual y pascual ¡¡por favor!! El cuento para antes de dormir, no para las primeras horas de la mañana. Pero no, prefieren hacerse la víctima excluía, mientras piden la resurrección de un pacto que excluía al resto de formaciones políticas y se niegan a mesas multipartitas en el seno del Congreso de los Diputados y en la Moncloa ¡¡que viva la integración!!

En otras palabras, el PP sólo admite lo que él mismo diga, como lo diga, y como lo determine, cualquier cosa que se aparte de la verdad absoluta que ellos definan y del seguidismo incondicional a sus postulados, es divisionismo de la sociedad, o algo así. Y todo lo que haga el resto de la población española que no les sigue cual borregos es, como poco, un atentado contra la democracia, la Unidad de España y la madre que los parió a todos. Cansan, cansan mucho.

Pena de Muerte para terroristas: la insistencia de García

11 de enero de 200728 de julio de 2020 Jomra

Hoy un buen amigo me daba una mejor noticia: El proyecto de ley para establecer la pena de muerte a los terrorista fue rechazado en el Congreso. 49 a 25 (o 26) el resultado final de la contienda política, donde UPP junto con PNP hicieron respetar los derechos humanos (ciertamente paradójico que PNP esté ahí, pero no nos detendremos en eso). Esta era una apuesta fuerte del ejecutivo presidido por el infumable y mentiroso Alan García. Y curioso que Valle Riestra (otro personaje peruano, donde los haya) fue el único aprista en romper la férrea disciplina del partido de la estrella. Curioso que el gran apoyo (insuficiente) recibido por el APRA en este tema vinieran, ni más ni menos, que desde la bancada fujimorista. Dios los cría y ellos se juntan.

Ante este panorama, de fracaso total de la norma presentada para dar el poder al Estado de asesinar a los terroristas dentro de los centros penitenciarios, Alan García pide un referendo sobre la pena de muerte. La cuestión es simple para el mandatario peruano, si el congreso no ha votado lo que él quería que votara, es porque «el sistema político esta completamente separado del pueblo peruano» (¿Recién se da cuenta de eso? Eso sí, se olvida que él es parte de ese Sistema Político). Es simple, con esto García nos muestra el camino que seguirá en todos los temas en los que la opinión pública sea fácilmente manipulable para que un referendo haga lo que las mayorías del Congreso no le permiten hacer. Aunque lo que intente sea aprobar una norma que permita fusilar (asesinar)…

¿El lumbreras de García qué preguntaría en el referendo? «¿Está usted de acuerdo con dejar libre a los terroristas o cree que debamos castigarlos?», cuyas respuestas serían: «sí», «no», «no sé», «Hay que castigarlos». Por supuesto, debajo de cada respuesta vendría una advertencia que rezaría así: «Si usted no vota la última opción será considerado un terrorista». Claro, ya se imaginan cual sería ese ejemplar castigo tan respetuoso con los Derechos Humanos de todo quisqui. En fin, un despropósito.

Y no, no vengan a decir que la ley que proponía el ejecutivo era viable, en tanto que ni siquiera sería constitucional (al parecer, abundaban las penas abiertas -prohibidas por el TC-, no respetaba el principio de proporcionalidad, no se acomoda a los tratados internacionales suscritos por Perú -en todo caso, antes de la entrada en vigor debiéramos retirarnos de algunos TI-).

La pena de muerte no es la solución para nada, y eso bien que lo sabe Alan García (entre otras cosas porque la usó -inconstitucionalmente, todo sea dicho- durante su anterior mandato, donde las ejecuciones sin juicios se daban, y donde en los penales se masacró gente, pero esa es otra historia), pero en un país como el nuestro, como ese Perú que tiene tanto de todo, las penas de muerte reciben cierto visto bueno por parte de una sociedad que se cree los discursos de que con mano dura se solucionan todos los problemas, de una sociedad que sigue maltratando a sus mujeres, linchando a los delincuentes, que sigue justificando la guerra antiterrorista que tantas muertes y violaciones de derechos humanos dejó, y que lo hecho por Fujimori no fue para tanto…

Lo peor es que nuestro sistema judicial ni siquiera sería capaz de evitar al cien por cien errores en las sentencias de terroristas, y eso lo tenemos reciente: ¿Cuanta gente vio revisada su sentencia condenatoria por terrorismo y salió libre en los últimos ocho años? Una verdadera burrada (también es cierto que el fujimorismo se dedicó a sentenciar sin pruebas), si esa gente hubiera sido ejecutada en virtud a una sentencia condenatoria no podríamos, como sociedad, intentar reparar el error (está claro que el daño ya se ha hecho, has apartado a una persona de su vida por unos años, pero si la matas no hay vuelta atrás). Y no, ni una sola de las víctimas (error del sistema) de un Estado con pena de muerte es justificada por un (supuesto) bien mayor de seguridad.

El referendo jamás se debe aplicar para violar Derechos Humanos, y sí, tener pena de muerte significa ser potencialmente un violador de Derechos Humanos, sin más y sin menos. No tiene sentido preguntar si queremos ejecuciones legales cuando las mismas no deben ser una opción siquiera. Sería como realizar un referendo para reactivar el esclavismo, pero sin poder enmendar a las víctimas que sufrirían los abusos de la mayoría.

Alan García, otra vez, gobierna con la calculadora de votos en el bolsillo, con el revanchismo en la punta de la cabeza y con la coherencia que jamás el APRA ha tenido. Por no decir que el APRA se enorgullece de pertenecer a la Internacional Socialista -socialdemócrata- (¿Alan no la ha presidido?) cuando ni siquiera cumplen una de sus más importantes campañas, que pretender abolir la pena de muerte.

Sobre el comunicado de ETA y el diálogo necesario, apuntes breves

9 de enero de 200728 de julio de 2020 Jomra

Deberíamos replantearnos el concepto de "alto al fuego" para incluir la nueva acepción de "sin violencia pero con violencia", o mejor "alto al fuego pero con fuego". Ese sería el resumen básico de lo comunicado por ETA el día de hoy. Lo curioso es eso de hablar de cómo el gobierno incumple su parte, cuando ellos, ETA, son los que unilateralmente declararon el alto al fuego permanente (qué poco dura lo permanente en estos tiempos) y no pueden considerar que el otro incumple algo que no ha prometido.

Sin violencia. Era la consigna principal para el diálogo con la banda terrorista. La única forma de acabar con ETA (con una banda terrorista que mata) será mediante el diálogo, que sólo quede su parte política, esa es la que interesa en el debate público, las bombas y las pistolas, pues como que no interesan mucho. Pero ETA pasó el listón de la "lucha callejera" realizada por simpatizantes (que no por ella de forma directa o como para responsabilizarlos) y atentó en Madrid, con ello se cargó el actual proceso, o al menos la tregua. Y que digan lo contrario es una necedad.

El gobierno hizo lo que todos esperaban que hiciera (aunque la oposición dijera que se estaban rindiendo), siguieron aplicando las leyes tal cuales están, con esa "represión" (arresto de etarras que han matado, o lo han intentado, o continuar los juicios por hechos que ya tienen algunos años) que no es tal (al margen de la tortura que se da -muchos dirán que son pocos casos, que es marginal, pero es que ningún caso es tolerable-), con el alejamiento de presos, con el mantenimiento de la Ley de Partidos Políticos (que permite la ilegalización actual de Batasuna)… Aunque claro, siempre pudo hacer algo más para acercar posiciones, eso es una negociación, ceder en lo que se puede para conseguir un fin mayor. ¿Como qué? Ley de los partidos y acercamiento de presos (esto incluso lo hizo el anterior gobierno del PP en la tregua del 98). Pero, aún considerando eso como incumplimientos (que no serían tales en tanto que la tregua la declararon unilateralmente), la respuesta de ETA fue completamente desproporcionada (si es que no lo era ya la kale borroka renacida).

Pero en contra del tremendismo tomado por algunos, o de la idiotez manifestada por los otros (llámese "tregua con bombas" o "regresemos al pacto antiterrorista pero sin permitir que el resto entren"), el diálogo es posible, más aún, es necesario. Pero si ETA cree que una tregua en la que puede atentar en cualquier momento es una buena plataforma para negociar, se equivoca. Si ETA cree que esto ayudará en el proceso (reforzará su posición o acelerará el lento proceso) se equivoca aún más.

ETA podía hacer ruido de otras formas, comenzar con huelgas de hambre masivas entre todos los presos alejados de sus casas, con manifestaciones pacíficas (esa palabra no les suena mucho, de verdad), pero no le interesaba, quería mostrar qué tan grande la tenía y hacer un bum a lo bruto, como poco. Y le salió, encima, el tiro por la culata. Pueden asegurar cuantas veces quieran que su intención no era matar, pueden incluso decirlo ante notario. Pero poniendo quinientos quilos de explosivos en un lugar como la T-4 y haciéndolos explotar, ¿de verdad creían que no habría muertos? ¿Son tan idiotas?

En fin, se comienza a hablar de la unidad de todos los partidos, no tiene sentido cuando existen posturas tan infantiles ("no me sentaré en la misma mesa que ERC" o algo así declaró un dirigente del PP) que niegan la posibilidad de encuentro por "rechazar la mayor", o, mejor dicho, "la anterior". Es inútil recordar lo obvio, con bombas de por medio no hay proceso que valga (salvo, imitando un poco al gran Marx, el proceso para comenzar el proceso realizando las previas para el proceso que se podrá llamar proceso de paz tres, a la tercera va la vencida), pero ello no nos debe hacer perder la esperanza, se han solucionado situaciones más difíciles, más trágicas. Y no, la medida policial o represiva pocas veces sirve, y que sepa ETA que lo que hace es tan o más represivo que lo que dice sufrir.

Lástima que haya tanta demagogia en torno a este tema, y que realmente nadie escuche al otro, siquiera un poquito.

Sobre la tregua con ETA, anteriormente en esta bitácora:

Sobre la tregua con ETA en De Igual a Igual:

Sindicatos convocan a marcha por la paz el 13 de Enero
Comunicado de ETA: "Continúa el alto al fuego"
Más iniciativas a favor del diálogo para la Paz
Zapatero: "Se suspende el diálogo con ETA"

«Juicio popular» al Dictador Pinochet

8 de enero de 200728 de julio de 2020 Jomra

En Chile se promueve un «Juicio Popular» contra el recientemente fallecido Augusto Pinochet. Bajo la premisa de no olvidar los delitos del ex dictador tras su muerte, y de poder ver (aunque sea simbólicamente) condenado a quien no respondió por sus delitos, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y otras organizaciones de Derechos Humanos han iniciado una campaña, bajo el lema de "Yo acuso, Chile acusa", para promover un "juicio popular" y que en un plazo de unos cuatro meses se constituya un tribunal con juristas nacionales e internacionales y que se condene, por parte de la comunidad, al ex dictador.

La frustración de las familias de nunca ver finiquitado los procesos duramente abiertos contra Augusto Pinochet los ha llevado a iniciar esta campaña. Patricia Silva, presidenta de la AFEP, señala que esta campaña se inicia porque «no existe justicia en los tribunales» y añade que «esta condena es por la vida de nuestros familiares, por las desapariciones, por la tortura, por el exilio, pero también por los tremendos crímenes económicos que se basan y se sustentan en la imposición del modelo neoliberal».

Se habla de al menos tres mil víctimas, de las cuales se cuentan más de mil desaparecidos. Otros hablan de más de ochocientas mil personas que sufrieron tortura, prisión o exilio por el régimen dictatorial de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990 en Chile.

Parte de la comunidad Universitaria, a través de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), acompañó a Silva en la presentación de la campaña que busca una condena clara del fallecido Pinochet. Giorgio Boccardo, presidente de la FECH, realizó un llamamiento a los estudiantes chilenos para «reconstruir la memoria histórica del país para que sea "popular y democrático"» (fuente: El País), en otras palabras, para no olvidar lo que hiciera Pinochet y no permitir las justificaciones que se realizan del golpe de Estado en Chile y posterior dictadura, y todo construido desde la población.

[Publicado en De Igual a Igual]

Bien, algo es algo…