El sistema educativo tiene una serie de objetivos que pueden, además, coayudar en distintas políticas, sirve tanto para la alienación de los estudiantes como método de inclusión social, sirve tanto para nutrir el mercado de trabajo de personal cualificado (quitando el peso de la formación a las empresas, esto es, evitando que inviertan de forma directa en capital humano y facilitando sus filtros en la búsqueda de trabajadores) como para construir una sociedad crítica y libre desde el conocimiento. También sirve, o puede servir, para la exclusión social, para la diferenciación de los trabajadores y para perpetuar una sociedad con poca movilidad social, esto es, para estancar aun más las clases sociales. Corresponde al gobierno (a los distintos gobiernos) el usar de una forma u otra el sistema educativo, y refleja también el modelo de sistema que quieren, esto es, desde las medidas concretas podemos ver las políticas subyacentes (si lo que se busca es más el tema de cubrir necesidades del mercado de trabajo, si se busca más la inclusión, si, en cambio, se apuesta por la exclusión, etcétera).
Dentro de todo el sistema educativo tiene especial relevancia, sin el menor lugar a dudas, la Universidad (o el sistema universitario), en tanto que supuso, en su día, una conquista social (universidad pública, casi gratuita, inclusiva), dentro de un modelo social en que los estudios eran el trampolín para el ascenso o intercambio social, suponía el punto máximo en la igualdad de oportunidades (aspiración socialdemócrata desde que abrazaron el capitalismo). En otras palabras la intervención del Estado permitía al hijo del obrero estudiar (no sin esfuerzos, eso sí), lo que en parte le igualaba a los hijos de las clases altas (ambos irían, por ejemplo, a buscar un trabajo con el mismo título de, posiblemente, la misma universidad). Esto funcionaba más en teoría que en la práctica (no se puede despreciar, claro, la red social en la búsqueda de empleo, esto es, los «contactos»), y más cuando fundamentalmente todos van a las mismas universidades (dentro de la red pública).
Este sistema se nutrió, además, de medidas económicas compensatorias (tener a un hijo estudiando, aunque no pagara matrícula, es un coste que muchas familias no se pueden permitir), de ahí un sistema de becas que miraba sobre todo a la economía familiar y al lugar de residencia (exigiendo, siempre, un grado de compromiso por parte del alumno, esto es, un mínimo de aprobados anuales que dependían del tipo de carrera), aunque insuficiente y lento (en realidad la beca de un curso servía para cubrir los gastos de parte del siguiente, con lo que siempre se vivía con una deuda inicial que las familias, por lo menos, debían cubrir), todo ello endulzado con una fuerte ampliación de los estudios en el plano geográfico, usando la Universidad como palanca de progreso también territorial, además de ser, nuevamente, una medida de inclusión social (no es lo mismo estudiar cerca a casa que a cientos de kilómetros, sobre todo cuando el pilar de las becas no cubre, ni de lejos, el coste de vida).
En los últimos años (el mejor ejemplo de esto es la propia LOU, no es nada nuevo) la educación universitaria, esto es, el sistema universitario, ha ido cambiando su cara por una serie de políticas donde el estudiante en particular, y la sociedad en su conjunto, no son los beneficiados por el sistema como tal, sino que el sistema se dirige a la empresa, la Universidad no debe educar, debe formar trabajadores cualificados, y ya no es tan importante la universalidad de acceso permitiendo la igualdad de oportunidades, sino que el sistema está bien manteniendo y favoreciendo las diferencias sociales y, de paso, el negocio en lo académico desde el sector privado. (Todo el tema de Bolonia se ha enfocado para esto -en vez de para la unificación a nivel europeo-, y en ese sentido también van una serie de planes que circulan y de cuándo en cuándo salen a la luz.)
Y dentro de esos cambios está el quitar peso público en la financiación de la universidad pública haciendo recaer con mayor fuerza sobre los estudiantes el coste de la Universidad. Es algo que la LOU ya planteaba al indicar que los precios públicos conducentes a títulos oficiales debían estar en relación con el coste del servicio, fijados por la Comunidad Autónoma según criterios de la Conferencia General de Política Universitaria (órgano creado a la par que el Consejo de Universidades en sustitución del Consejo de Coordinación Universitaria, y distribuidas las materias de este según la Disposición Adicional quinta de la LO 4/2007, así la CGPU es un órgano colegiado donde solo hay representantes de las administraciones -y elegidos a dedo por el ministro de educación-, mientras que antes en el CCP sí participaban las Universidades). Hasta el 2007 el criterio había sido restrictivo, poco a poco se han ido estableciendo más aumentos en los precios públicos (con el plan Bolonia aprovecharon que el Pisuerga pasaba por Valladolid para un incremento de los mismos que nada tenían que ver con la puesta en marcha del nuevo esquema), ahora, gracias al Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, los criterios están en la propia ley de Universidades y son extremadamente más amplios (esto es, caros) que los anteriores.
La nueva letra b del apartado tres del artículo 81 de la LOU establece directamente la horquilla de los porcentajes que debe cubrir el precio público en relación al coste de la carrera en concreto (un problema añadido es que eso no estaba estudiado y que la contabilidad de las Universidades no permitían un desglose correcto «por carrera» -sí por facultad-, así que desde la asociación de universidades-rectores se quejaron de este punto con toda la razón), añadiendo que esa horquilla determinada por la ley deberá concretarse por la Comunidad Autónoma (según los criterios de la CGPU). Así la primera matrícula en un Grado deberá cubrir entre el 15% y el 25%, la segunda entre el 30% y el 40%, la tercera entre el 65% y el 75%, y la cuarta y siguientes, entre el 90% y el 100%. Además, se incluye la posibilidad de cobrar en primera matrícula el 100% a los estudiantes extranjeros no comunitarios no residentes mayores de 18 años.
Este nuevo sistema trae consigo todo un «Tarifazo» que sacará de la universidad a muchas personas de bajos recursos, en otras palabras, vuelve más élite a la universidad, elimina ese componente de igualdad de oportunidades, además de crear nuevas diferencias sociales y territoriales por su diversa aplicación en las distintas comunidades autónomas (como indica João França en «El ‘decreto Wert’ dispara las diferencias»).
Ese RDL 14/2012 también modifica el tema de las becas, uno directamente vinculado con el «tarifazo», así la beca que cubre la matrícula la paga el Estado hasta el mínimo de la horquilla, y de ahí a lo fijado lo paga la Comunidad Autónoma… Lo cual puede generar verdaderos problemas para las universidades.
Todo ello, como digo, dentro de un plan en que la Universidad deja de ser una casa de estudios como tal para ser, simplemente, un proveedor de mano de obra cualificada y un buen sitio para los negocios, se lanza un torpedo inmenso a uno de los pilares de la «igualdad de oportunidades» de la socialdemocracia incompleta e imperfecta española. Por supuesto, no solo se está atacando a la Universidad, pero era lo que acá tocaba hablar.
Además, los promotores y defensores de este plan mienten de forma continua y constante sobre lo que hacen y quieren hacer: Así mientras oímos una y otra y otra vez el mantra de que sobran universidades, esos mismos que lo cacarean autorizan (y promueven) una y otra vez la creación de casas de estudio de régimen privado, pero con favores públicos (las becas también favorecen a sus estudiantes, desde el sector público también se subvenciona a estas universidades, y demás), también mientras oímos la necesidad de apostar por el conocimiento práctico se favorece e incentiva el despido de los profesores asociados, así mientras hablan de la necesidad de invertir en investigación, aumentan las horas de docencia a los investigadores, así mientras hablan de educación personalizada aumentan la ratio de alumnos por aula…
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