Rafael Rey: medias verdades y García Sayán

Uno de los problemas en la prensa (¿actual?) es que un personaje público, sobre todo políticos y afines, dicen algo, y ese «algo» es «publicado» sin más, sin contrastar si su afirmación es cierta o no, así que cuando muchos insisten en ese «algo», se vuelve en «verdad» por mera repetición aunque no sea cierto. Eso pasa mucho con el tema del terrorismo (del que ya he hablado bastantes veces últimamente), por ejemplo, cuando se habla de los «terroristas liberados por Toledo» o de «las reparaciones que la CIDH ha impuesto al Estado peruano», son frases que leemos todos los días (exagero, claro) y que normalmente no se contrastan, en el imaginario popular queda la imagen de Toledo como el que más «terroristas» ha liberado, cosa que simplemente no es cierta.

Y no lo es por dos motivos básicos: Los indultados y liberados no eran terroristas aunque estuvieran en la cárcel por temas de terrorismo, se consideró que sus sentencias, por jueces sin rostros o tribunales militares sin las debidas garantías, no fueron válidas (con lo que dejan de ser «terroristas»), además de muchos haber sido acusados y condenados sin pruebas; y porque quien más de «estos» casos tuvo que «indultar» no fue Toledo, fue el propio Alberto Fujimori. Más aun, y como «extra» para «desmentir» el acusado «trato favorable a terroristas» que le cuelgan a Toledo fue que la legislación que usaron los dos gobiernos tras el de Fujimori (Paniagua y Toledo) para revisar los casos de los condenados fue la dictada bajo la presidencia del propio Fujimori.

El Ministro de Defensa Rafael Rey es experto en deformar la realidad y en intervenir en debates más propios de otras carteras que de la suya, ha estado cargando estos meses (y años) contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contra Diego García Sayán y contra todos los que puede, ahora último salió con los «2106 terroristas» que se supone «liberó» el ex presidente Toledo, ante tanta media verdad, muchas de ellas simplemente mentiras o usando datos que luego se demostraron falso (como pueden ser atestados policiales acusatorios que luego no fueron confirmados o comprobados), Rafael Rey acusa al gobierno de Toledo de liberar terroristas, acusa a García Sayán de responsable (lo que no deja de ser curioso puesto que no era el responsable de Justicia en época toledista) y acusa a la CIDH de otorgar millonarias indeminizaciones a terroristas (esto es algo que han estado repitiendo mucho los medios capitalinos faltando, nuevamente, a la verdad).

Y García Sayán, Presidente de la CIDH, responde, responde como debe hacerlo, aportando más y mejores datos, aportando claridad donde hay o había oscuridad (por ejemplo, en el tema del orden de pago de las indemnizaciones, García Sayán nos recuerda que la legislación peruana ya establecía que primero se deben pagar las reparaciones, y luego el Estado si eso ya paga las costas o las indemnizaciones que te deba, con lo que el Decreto de Urgencia era poco necesario)… En fin, lean la entrevista realizada por Mariella Balbi, vale la pena. Rescato un par de párrafos:

«Y no se liberó a ningún terrorista, tampoco durante Toledo. Se liberaron a inocentes debidamente calificados por las comisiones respectivas, no eran terroristas. Afirmar eso es algo incluso delictivo. Esto se ha dicho hasta la saciedad, pero personajes como Rafael Rey siguen repitiendo la mentira de que se liberó a terroristas. El mayor número de inocentes liberados —equivocadamente sentenciados como terroristas por los jueces sin rostro o tribunales militares— se dio durante el régimen de Fujimori. Fueron 513 liberados. En el gobierno de Paniagua fueron 142 y con Toledo algo más de 100. La ley fue dada en el gobierno de Fujimori y no se cambió. Quien dice que eran terroristas lo hace por una razón política.»

Y sobre las indemnizaciones a terroristas:

«Es falso que la corte haya dado reparaciones a terroristas: Loayza Tamayo fue absuelta por los tribunales militares, Saúl Cantoral fue indultado por ser inocente en el gobierno de Fujimori, en 1997. Que quienes están en la función pública y los medios de comunicación califiquen a alguien como delincuente terrorista cuando no lo es está generando un clima muy peligroso de distorsión y hasta delictivo. García Asto también fue absuelto por tribunales peruanos. Yo no participo como juez en la corte en los casos peruanos. Una de las tantas tonterías que dijo Rey fue que cómo yo no convenzo a los jueces de la corte. No sé a qué jueces está acostumbrado él. A los de la corte se les convence con pruebas y argumentos jurídicos. Yo no puedo hablar ni fuera de la corte sobre los casos peruanos. Eso se respeta. Cuando la corte falla en el caso de De la Cruz Flores, el proceso que se le seguía fue anulado, no estaba sentenciada. La condena contra ella fue mucho después y su reparación fue cerca de 80 mil dólares. Solicitó un monto mucho mayor que la representación del Estado Peruano no objetó.»

Ahora bien, y ya para acabar la entrada, cuando el presidente de la CIDH recuerda que el «propósito de la acción penal es reinsertar al individuo a la sociedad» llega a una conclusión que para nada comparto: «los beneficios son proporcionales a la pena. Es un tema técnico y no ideológico.» Efectivamente, el fin de la pena, incluso con nuestra constitución, es «la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.» (artículo 139º inciso 22 de la Constitución Política del Perú), como suele figurar en casi todos los tratados de derechos humanos, pero esto no quita para que sí sea un tema ideológico, que tiene una parte y ejecución indudablemente técnica, pero que responde a una ideología sobre el fin del Derecho Penal y el sistema penitenciario.