No sé si ineptitud sería la palabra más adecuada, la verdad, pero al menos sí describe buena parte del comportamiento del legislativo. Hace más de un mes escribía, con algo de sorpresa, lo calmado que había sido todo; dos días después las cosas no hacían más que empeorar. A ratos me parece que todo ese primer día (y algo más) lo que estábamos era en «shock», procesando lo que había pasado y a la expectativa de los siguientes pasos de la presidencia de la república y del Congreso. ¿Qué obtuvimos? Una presidenta que, en vez de una amplia alianza con cuadros de consenso para relajar los ánimos, terminó dando mucho peso a las fuerzas de derechas y extrema derechas presentes en la política peruana y un Congreso que no ha entendido nada, que piensa en un extraño blanco y negro que, además, no se parece al Perú.
En un país institucionalmente estable, Boluarte podría haberse quedado el resto del mandato y no habría pasado nada; en un país así, además, el Congreso o habría controlado al ejecutivo con un apoyo mayoritario a la población o habría entendido que debe dejar espacio al ejecutivo y hacer su control político y desarrollo legislativo, atendiendo ciertas demandas que no solo son justas, sino que son necesarias, dejando de lado los intereses personales y partidistas (ojo, no digo intereses ideológicos o agendas propias de sus políticas, esas cosas son la base de la representación política, digo los intereses personalistas de las propias personas que ocupan los curules).
Pero nada de eso pasó, el Congreso se negaba a entender que no tiene apoyo popular alguno, que echar a Castillo lo consiguieron solo por la propia incompetencia del propio Castillo, por su ceguera y corrupción (con todas las letras, y no vale decir que «todos lo hacen» cuando una de sus promesas más claras era «no hacerlo»). El Congreso tenía en su mano comenzar una serie de procesos de diálogo con fines legislativos o, en su caso, adelantar lo más posible las elecciones, miró para otro lado y las mayorías de derechas (con algunos apoyos de las izquierdas) comenzaron a aplicar su agenda más personalista a toda máquina. Solo hay que ver lo que ha tenido prioridad en el debate el último mes para entender lo divorciadas que están esas medidas con lo que pasa en el Perú.
Las protestas comenzaron a subir de intensidad, comenzaron a tomar fuerza, comenzaron a imponerse, sobre todo en ese interior y sur del país que apoyó masivamente a Castillo, que apoya masivamente a opciones que en Lima son despreciadas y que desde Lima se sigue sin entender, sin ver las necesidades de poblaciones enteras que están sumidas en una pobreza creciente y son despreciadas, de forma consciente o inconsciente, por las mayorías limeñas y no digamos ya por quienes detentan el poder político o económico.
¿Qué hizo el Estado? Lo que, lamentablemente, viene haciendo desde hace demasiado tiempo: reprimir con extrema violencia. Porque la existencia de decenas de muertes con perforaciones de balas o por disparos con perdigones a menos de cinco metros (todo ello más que documentado) es total y absolutamente injustificado. Estamos hablando de asesinatos por parte del Estado. Aquí da bastante igual que en algunas manifestaciones (en bastantes) se llevaran palos y piedras por parte de quienes se manifestaban, incluso da igual que tomaran o no un aeropuerto, un desalojo se puede hacer bien o se puede hacer con extrema violencia; hemos visto casos en que se ha negociado y reconducido la situación correctamente (así, sí), pero en la mayoría de ellos la policía o el ejército (¡¡dejen de usar al ejército para aplacar manifestaciones!!) han entrado armados o no han respetado el mínimo procedimiento cuando se han usado perdigones (que deberían estar prohibidos, todo sea dicho).
Durante este mes y pico, la prensa que ahora está con el oficialismo se ha tapado un poco los ojos ante las manifestaciones pacíficas (la gran mayoría, hay días en que ni siquiera se ha hablado de que se seguían tomando las calles para protestar, simplemente porque no hubo incidentes violentos) y ha puesto el acento en donde se ha producido violencia y en los cortes de carretera llevados a cabo por las protestas (obviando algo que no veíamos desde hace más de veinte años: la policía cortando carreteras para impedir el paso de autobuses con gente que quería ir a Lima a protestar), se ha puesto el acento en los enfrentamientos con la policía o las fuerzas armadas
Sí ha habido actos especialmente violentos (como la toma de una comisaría de policía con el secuestro de un policía… especialmente en Apurímac), eso es también innegable, como lo es la cantidad de muertos en el bando de quienes protestan, algo que no se destaca en la prensa (es habitual leer que hubo grandes enfrentamientos en tal momento, se muestran las imágenes y se termina destacando que «hubo un muerto», sin decir, claro, que el muerto lo ponen los protestantes y fue asesinado por un balazo de un efectivo policial).
¿Cómo ha reaccionado el gobierno? De dos formas contradictorias donde prima la segunda. Primero, llamando a la calma y avisando que pedirían las elecciones anticipadas (uno de los reclamos de las manifestaciones y protestas), por otro lado, y este es el que se está imponiendo, «terruqueando» a les manifestantes y reprimiendo durísimamente, en un principio, negando toda evidencia del uso desmedido de la fuerza o, directamente, llamando a acabar de forma violenta con las protestas, persiguiendo y encarcelando toda disidencia. Mientras tanto, algunos de los aliados políticos del gobierno (antiguos odiadores de la propia Dina) incluso llaman a asesinatos en masa o a iniciar una guerra con Bolivia porque consideran al MAS (partido que gobierna ese país) como uno de los principales azuzadores; además, dan bombo a bulos sobre armamento boliviano en Perú.
El gobierno de Boluarte ha llamado a perseguir a dirigentes de las protestas (aunque no fueran violentas), ha pedido registros y, cuando ha trascendido qué se buscaba, aparecían nombres de libros como el Manifiesto Comunista; volvemos, en un día, a los años noventa, al peor de los fujimorismos donde ser comunista ya era sinónimo de ser terrorista.
Si Castillo hizo una caricatura del autogolpe de Fujimori del 92, el gobierno de Boluarte es una mala copia de la violencia estatal del fujimorismo de los años siguientes, así las narrativas en que hablan de una nueva de los cuatro suyos cobran sentido ante una situación percibida igual, donde el pueblo debe levantarse contra un gobierno ilegítimo que actúa con violencia (el de Boluarte realmente no es ilegítimo, pero actúa como tal).
La manifestación de fuerza absurda por parte del gobierno se ve, entre otras cosas, en la toma de la Universidad Mayor de San Marcos, en esas imágenes donde una tanqueta derriba una puerta cuando la de al lado estaba abierta; la policía ya estaba entrando por dicha puerta y la tanqueta, tras derruir la puerta y dejarla mal, dio marcha atrás y entró por la misma que el resto, la que ya estaba abierta. Luego salió el ministro del interior a decir que no se había dado la orden de entrar o de entrar así… ya, claro.
¿Y el Congreso? Perdió mucho tiempo en adelantar las elecciones (no se ponían de acuerdo) y, cuando lo hizo, lo mandó lo más lejos posible. Es cierto que con nuestra legalidad vigente no se podían adelantar demasiado (es un tema que podían revisar, ¡son el legislativo!; no es la constitución quien obliga a tantos pasos y tanto plazo, es una legislación electoral horriblemente desconectada de las propias prácticas políticas peruanas y con muchísimos pasos intermedios total y absolutamente innecesarios), pero si todas las personas expertas en el tema decían que sí era posible ponerlas en diciembre de 2023, ¿por qué las mandaron hasta abril de 2024? El Congreso quería quedarse hasta el 2026, como el plan original de Dina (que cambió a los cuatro días, cuando ya las crecían y respondiendo a las mismas, todo hay que decirlo), pero al ver que no era posible, debieron actuar con mayor velocidad en entender que no es creíble que este congreso pueda legislar nada, ya está de salida.
Una de las principales peticiones de los grupos manifestantes es el «que se vayan todos»: cierre del Congreso y dimisión de la presidenta. Muchas de las manifestaciones también piden un nuevo proceso constituyente. Las fuerzas del Congreso están, sobre todo, ubicadas muy a la derecha del espectro político y piden más violencia, más dureza, más represión. Esas fuerzas emanan del voto popular, no lo olvidemos tampoco. ¿Con esto qué quiero decir? Un proceso constituyente puede servir para acabar con el hecho de que vivimos en un régimen construido tras un autogolpe y unas elecciones un tanto turbias donde un Congreso redactó una constitución que era un guante para el fujimorismo; es cierto que la constitución en Perú ha sufrido múltiples modificaciones y que se puede cambiar entera, si hace falta, desde el propio Congreso, pero la sensación, el sentimiento, es que se requiere «refundar» la democracia en el país.
El problema es no ver que las fuerzas que conformarían la constituyente se parecerán a las de este congreso o el anterior o el que vino antes… esto es un poco como cuando con Vizcarra se pedía el cierre del Congreso para tener un legislativo que no fuera tan absurdamente obstruccionista como el vigente, Vizcarra forzó las cosas y cerró el Congreso, se celebraron elecciones y acabamos con otro Congreso obstruccionista.
Pero tampoco podemos cerrar los ojos ante lo que es una demanda creciente, acabar con un poder que se considera corrupto de base y que no ha dado más que presidentes que acaban en la cárcel (de forma bastante literal) y comenzar una nueva etapa política donde cunda un poco la confianza sobre las instituciones (que, hoy por hoy, está por los suelos).
Urge que la clase política con poder (esto es, los grupos mayoritarios del Congreso y quienes integran el gobierno del país) dejen de lado el discurso violento, dejen de pedir represión y abran vías de comunicación con quienes se manifiestan, urge que entiendan que buena parte del país les está dando la espalda, que dejen de llamar violenta, terrorista e ignorante a toda persona que se manifiesta, que dejen de tirar leña al fuego y trabajen para pacificar, de verdad, la situación (ridículas todas las veces que Boluarte o sus ministros han salido para decir que «estaba controlada» la situación).
Actualización (29/1): finalmente el Congreso rechazó el adelanto de elecciones a octubre de este año. Al pasar por una reforma constitucional, requería un apoyo masivo pero, de todas formas, no obtuvo ni siquiera mayoría (65 votos en contra, 45 a favor y 2 abstenciones); las principales fuerzas de las derechas y las izquierdas votaron en contra, con motivos variados pero que, en el fondo, significaban mantener las elecciones para 2024.