La Comisión de Constitución del Congreso acordó formar un grupo de trabajo que elaborará una propuesta de reforma constitucional, dicho grupo, formado por todos los partidos políticos, deberá redactar una propuesta de reforma constitucional, ya sea sobre la actual norma suprema en vigor (la Constitución de 1993, aprobada tras el autogolpe de Fujimori) o sobre la constitución de 1979, aquella con la que retomamos la democracia tras su secuestro por parte de los militares. Todo ello en base a una poca cumplida Ley de diciembre de 2001, la Número 27600 (en PDF).
Más aún, se supone que este (nuevo) subcomisión trabajará sobre los textos ya masticados por el anterior parlamento realizados bajo la ley Nº 27600, personalmente no conozco esos textos, así que no opinaré sobre ellos. Una vez cumplida su labor, el Grupo de Trabajo entregará un bonito documento a la Comisión de Constitución del Congreso, que remasticará el pre-proyecto antes que el mismo llegue al hemiciclo para el debate que llevará, en el mejor de los casos (para los promotores) en la aprobación de un texto constitucional nuevecito, que según la Ley Nº 27600 debe ser presentada al pueblo peruano para que el mismo la apruebe mediante referendo (artículo 2 de dicha ley).
Me preocupa mucho lo que pretende el APRA, no por el hecho de querer modificar la Constitución ya que la misma es insuficiente, pero teniendo en cuenta la forma en que el PAP entiende los derechos humanos, y el actual gusto que ha cogido Alan García Pérez por el tema del mercado y la liberalización, me espero (temo) uno de los peores textos constitucionales para nuestro país.
En Perú muchas cosas realmente importantes, como el contenido de una ley de reforma constitucional, se hacen más de cara a la galería que con una idea real y precisa de lo que se está haciendo, pensando y sobre qué base ideológica y real se está desarrollando dicha reforma, ley, o lo que sea. Un buen ejemplo es el tema de la pena de muerte, o que en la ley varias veces citada en esta entrada se ocupe, en el artículo 1, de mandar el borrado de la firma de Fujimori del texto constitucional del 93. También daba esa sensación las peticiones tanto del APRA como del UN para retornar a la constitución del 79, impresión que no ha variado en este corto tiempo.
¿Qué podríamos ver en esta posible reforma? Dos cosas, continuismo (a fin de cuentas, el gobierno actual del presidente García es continuista) y despropósitos en el campo de los Derechos Humanos. Traduciéndolo al cristiano: Que el modelo económico no será retocado en nada (como mucho, maquillado un poco), que la organización territorial seguirá el errático camino de toda la vida y que la constitución no garantizará como es debido los derechos fundamentales tan vulnerados en nuestro país, no sólo por el tema de la pena de muerte, sino también por la impunidad posible de las acciones desproporcionadas del ejército peruano (y la administración que le mandaba) durante la época de la lucha contra el terrorismo (es fácil incluirlo).
En fin, estas consideraciones sobre el fondo de la reforma las hago sin contar con la posible inadecuación del momento en que se quieren llevar a cabo, en este sentido, el Presidente del Tribunal Constitucional (TC), Victor García Toma, tiene bastante razón, el que se promueva ahora la reforma puede dar sensación de inseguridad jurídica, cosa nada buena máxime teniendo en cuenta el oscuro gobierno previo de García, donde fue esta inestabilidad una constante. Sobre todo si la reforma, a fin de cuentas, no tendrá un contenido por el que valga la pena pasar por el proceso tedioso de la reforma.
En fin, esto comienza ahora y ya veremos en qué desemboca todo el proceso de reforma, o si sólo se queda en un acto de cara a la galería para decir "estamos cumpliendo nuestras promesas electorales", aunque ya ha incumplido varias de las fáciles y positivas.
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