En Castilla y León existe una «Renta garantizada de ciudadanía» (RGC), la cual es una ayuda bastante minúscula para personas con un perfil determinado -que excluye a las personas sin hogar, cosas de la vida-. Como otras ayudas, tiene un problema de plazos -hasta tres meses se tiran para contestarte si tienes o no derecho, son tres meses de penurias para los que la solicitan, con silencio negativo, para colmo-; pero además un problema en el funcionamiento de la inspección.
Digamos que van a tu casa, y no estás, quien está -no tienes por qué vivir solo- le dice al funcionario que no te encuentras… existe la posibilidad de que te suspendan la ayuda si el que fue pensó que se referían a «no vive aquí» o lo entendió como un entorpecimiento de la labor de inspección; esto por más que esa situación ya la hayas puesto en conocimiento de la trabajadora social asignada («no te preocupes, volverán, no pasa nada porque no hayas estado un día», literalmente).
Luego reclamas, claro -plazo corto-, ¿y qué responden desde la administración? «Tienes razón, con esto tienes pruebas de que sí vivías ahí, ya lo mandamos a quienes resuelven». Hasta aquí todo bien. Pero, ¿y los plazos? «Ah, un par de meses para que contesten positivamente, no te preocupes, que lo pagan todo junto». Se pueden imaginar que alguien que recibe una ayuda de este tipo generalmente -está en la definición de la misma- no cuenta con recursos para aguantar dos meses. Y cobrando el 80% del IPREM es difícil tener capacidad de ahorro -siempre me ha hecho gracia eso de pagar por debajo de lo que se considera lo mínimo para una vida digna-.
«¿Pero cómo voy a estar dos meses sin cobrar nada? ¡me echarán del piso!» -nótese que todo se inicia por un problema por el domicilio, que te desahucien puede significar la pérdida de condiciones de elegibilidad para esta ayuda-. «Pero… búscate la vida», contesta en un primer momento la funcionaria de turno. Búscate la vida… claro, como si no lo estuvieras haciendo ya.
Dos meses para que resuelvan. A una persona que está en claras dificultades económicas dos meses es matarle. Dos meses para que resuelvan un desaguisado que ellos mismos causaron -entre otras cosas: por no intentar un segundo acercamiento al domicilio indicado; por no hacer caso al aviso, por parte del interesado, que ese día no estaba en casa pero que sí vive ahí, que vuelvan otro día-. A ti te dan poco tiempo para reclamar -10 días- pero ellos se dan mucho para contestar. Y hablamos del sustento económico de una familia.
Ese «búscate la vida» duele doblemente. ¡Si parte del buscarse la vida es haber pasado por el vía crucis que lleva a que te reconozcan y paguen la ayuda! Haber aguantado meses sin ingresos -no lo puedes pedir mientras cobres otras ayudas o pensiones, aunque tengan fecha de término establecida y se sepa que, una vez acabada, ya se cumplirán los requisitos para la RGC-. Ellos mismos que te echaron de sus pisos de alquiler porque, simplemente, cambiaron la forma de funcionar y unificaron dos tipos diferentes de pisos de la Junta perjudicando a los que menos tienen.
Por suerte hay quienes, desde la Administración -y para poner una nota positiva a los funcionarios que sí trabajan pensando en las personas-, te ayudan en ese «búscate la vida», te contactan con otros servicios -como tienes suspendida la RGC ya puedes tener acceso a algunos comedores u otras de forma casi directa- para que estos dos meses no sean «tan» cuesta arriba. Algo es algo.
Sé que estoy contando una anécdota -algunas de las frases son literales-, sé también que no es el primer ni el único caso igual -hay muchas «anécdotas» como esta- o similar; pero es que me vienen cada vez más con escritos de la Junta -u otras administraciones- que describen situaciones «alucinantes» para preguntar ese «¿qué hago?» en que solo me queda indicar cómo contestar y un «toca esperar», que realmente no resuelve nada. Mientras tanto, es la espera lo que mata. En estos casos casi literalmente. Casi.
La RGC es un paliativo, un parche que busca desesperadamente que la pobreza no acabe directamente con las personas -las legales y con domicilio-, una taza de sopa caliente para soportar el largo invierno. Nada más. Eso lo sabemos: pero peor es nada.
No quiero, con esta entrada, generalizar una disfunción, sino denunciarla. Que exista una fuerte labor inspectora que actúe rápidamente suele ser positivo, lo malo es cuando la celeridad lleva a producir estas «anécdotas» que hunden más a las personas; lo malo es cuando se genera la sensación de que le buscan las vueltas solo a los que menos tienen -en parte es por facilidad, es mucho más fácil quitarle 420 euros a una persona a la que un día no pillaste en su casa que el acabar con un entramado de fraude fiscal o realizar una buena inspección laboral en una gran empresa-. Al final parece que la inspección solo afecta a las capas más bajas. Es que las altas se pueden permitir abogados y tienen amigos. Esas «sensaciones» matan la confianza en el sistema -que es lo que la Administración está interesada en mantener, por cierto-.