La cosa se fue de madre y en La Parada un grupo de personas arremetieron contra la policía que intentaba desalojar el lugar,dejando una buena cantidad de heridos (y no solo entre los partícipes directos de la batalla campal), y muriendo dos personas (en contra de lo indicado inicialmente, los dos muertos corresponden a civiles), y estando en estado grave unos cuantos policías. Existe, claro, una «mafia» en La Parada, un ánimo de imponer una ley propia mediante la violencia, y existe, claro, una responsabilidad política, tras un día de «nadie sabe dónde está» finalmente Susana Villarán, la alcaldesa de Lima, dio un paso al frente para asumir el coste político de la operación fallida para «recuperar» La Parada del crimen que ahí campa a sus anchas.
Ante estos hechos, que llevan siendo «el tema» desde que ocurrieron, donde aun no se soluciona nada, el ejecutivo se saca de la manga un proyecto de ley para endurecer el Código Penal para quienes agredan, se resistan o maten a policías. ¿Con qué objetivo? Porque a los que causaron los desmanes, como se sabe, no podrán ser juzgados en ningún caso con la nueva legislación. También se les elimina el acceso a beneficios penitenciarios a estos reos.
Al escribir esta nota en la página del Ministerio de Justicia no hay ni un comunicado sobre la reforma del código Penal, tampoco en la del Ministerio del Interior, solo hay una nota de prensa en la Presidencia del Consejo de Ministros, de la que básicamente maman los diarios, con lo que tendríamos una norma de gran calado (proyecto de ley de modificación del Código Penal) hecho y aprobado en un día, sin estudio previo (¿o este viene de otras batallas campales? ¿por qué esperaron hasta el día después de lo de La Parada para aprobarlo?). Y no encuentro el proyecto (¿qué les cuesta en la página de la PCM poner, junto con la nota de prensa, el documento del proyecto?).
Lo de siempre: Legislar en caliente no es buena idea. Legislar para ganar puntos de aprobación popular, nada más, tampoco es buena idea (y este es el caso, hay una repulsa generalizada a la violencia contra los policías en este caso, así que se aprovecha para una medida populista sin fundamento). Endurecer las penas, sin más, tampoco soluciona ningún problema, y eliminar los beneficios penitenciarios, en abstracto y para todos, lo único que hace es reducir la capacidad reeducadora y de reinserción de la pena. Con lo que solo nos queda: Más represión. Ante un acto de violencia la respuesta es más violencia. Cojonudo.
En realidad lo que Ollanta Humala hace es aumentar las penas de unas formas surgidas hace unos años, así en el 2006 se modificó el art. 108, que determina qué es un asesinato, para incluir el dar muerte a un miembro de la PNP, de las fuerzas armadas, magistrados del Poder Judicial o el Ministerio Público, en el cumplimiento de sus funciones; matar a un policía, desde hace seis años, es directamente asesinato, y ahora el ejecutivo pretende elevar la pena solo a ese tipo de asesinato (frente a los otros casos), con lo que, si se aprueba la represiva medida del ejecutivo, habría dos formas distintas del asesinato, la del común de los mortales (penado desde 15 años de cárcel) y la de determinados agentes (desde 20 años de cárcel). También en el 2006 se modificó la legislación en el plano de las lesiones graves para incluir la muerte tras lesiones graves causadas a esos agentes antes mencionados como una forma especial, con pena superior a ese mismo hecho contra cualquier otro ciudadano, ahora se pretende aumentar las actuales penas significativamente.
Incluso el art. 367 del CP fue modificado en el 2007 (y antes en el 2006) para aumentarle la pena y cambiar los supuestos, así el cometer un acto de resistencia violenta contra la autoridad u obligar a la autoridad a hacer algo, así como la resistencia violenta, está en forma agravada directamente, al margen del resultado, si el agente es de la PNP o las fuerzas armadas. Y esto se quiere, nuevamente, aumentar, y penalizar también por otro lado: Eliminando los beneficios penitenciarios.
Cuidado con penalizar y reprimir demasiado lo que es la resistencia a la autoridad.
En fin, ¿y cuál es el balance de seis años de legislación represiva cuidando particularmente a los policías y miembros de las fuerzas armadas? ¿Se ha disminuido la cantidad de altercados públicos? ¿Ha servido para bajar la cantidad de muertos en esas batallas campales que hay en cada conflicto (social o no tan social) que tenemos? No, nada, no ha servido para nada. ¿Para disminuir estos casos de trifulca a su mínima expresión la solución es aumentar las penas a los hampones (ojo, que no solo les afecta a «los malos», también piensen en cualquier manifestación que acaba con una carga policial y los manifestantes respondiendo a la misma, algo nada infrecuente)? No, a la vista de lo que ha pasado en el medio plazo, está claro que no sirve.
¿Debe el Estado cruzarse de brazos? No digo eso, lo que señalo es que el camino de aumentar las penas no sirve de nada.
Eso sí, la ley pena igual a uno que mata a un policía siendo un criminal previamente (o defendiendo una causa delictiva) que al que lo mata dentro de otros contextos (como esos conflictos sociales con cargas policiales, la mitad más una de las veces cargas totalmente desproporcionales, y que, lamentablemente, acaban a veces con la vida de algún policía, al lado de varios manifestantes muertos y desaparecidos).
Humala continua con la «mano dura» y la represión como única medida ante cualquier cosa. ¿Les suena? ¿Sirvió en el pasado para tener una sociedad más cohesionada y justa? A que no.
Excurso: Un muerto por bala. En las noticias no se define quién disparó, si fue la policía nos volvemos a enfrentar a un caso en que la policía va con armas de fuego cuando debería llevar armas no letales.