En los últimos años en España (como en otras partes del mundo) se han ido endureciendo las normas para prevenir, perseguir y castigar el blanqueo de capitales. A la par varios de estos países han decidido, en distintos momentos, realizar amnistías fiscales (con todo lo que ello supone) con el fin de «sacar a relucir» dinero «oculto» y cobrar por el mismo un mínimo (y con la esperanza de que el sujeto se mantenga pagando sus impuestos en situación regular a partir de ahí). Esta contradicción (quiero luchar contra el fraude, incentivo el fraude) llega a su punto más alto cuando se le suma la política de «no preguntar» el origen del dinero a regularizar cuando viene en metálico, y valdrá con una declaración jurada para indicar la fecha en que se ha obtenido la cuantía (con lo que tiene, en realidad, menos trabas que el dinero depositado en una cuenta en un paraíso fiscal). Se abre las puertas para el blanqueo de capitales en sentido estricto. Lógicamente los «grandes» no se sumarán, pero varios chicos/medianos le puede venir bien para regularizar cantidades nada despreciables (si se espera ingresar más de dos mil millones, es que estiman que aflorará más de veinte mil millones). A todo esto, ¿es competencia desleal del gobierno contra los muleros y expertos en blanqueo de capitales? Porque un 10% es una cuantía irrisoria al lado de lo que cuesta el lavado de plata, ¡están tirando los precios del mercado (negro)! (Espero e imagino que los de la «Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias» estén al menos tan indignados y molestos como los inspectores de Hacienda.)