«Una declaración del agua como derecho humano sería irrelevante para el problema del acceso a este recurso en el Perú», esa frase es la «bajada» del editorial de hoy de El Comercio. Toda la tesis mantenida es que no puede existir un «derecho al agua» (como el derecho al trabajo) y que para solucionar el problema del agua en Perú hay que privatizar su explotación en todos los aspectos, ya que el Estado hasta ahora es ineficaz en este punto. Lo primero puede ser un gran e interesante debates, hay muchos «derechos» que no son tales, son más «declaraciones de intenciones», pero ello no significa que sean simplemente un brindis al sol, sino que se vuelven algo que los ciudadanos pueden reclamar al Estado, para que haga o deje de hacer, esto es, para que la política del Estado esté dirigida a cumplir con el contenido del derecho (luego puede o no ser un derecho subjetivo concreto, esto es, un derecho que un ciudadano de forma independiente puede reclamar ante los tribunales, pero no todos los derechos tienen por qué ser un derecho subjetivo).
El editorialista asegura:
«El agua solo puede ser un “derecho” de todos en un sentido simbólico porque la llegada del agua a todos es algo que cuesta tanto en términos de recursos como de capacidad empresarial, y en el Estado lo primero rara vez sobra y lo segundo normalmente no existe. Llevar el agua a todos tiene un precio porque hacer reservorios, represas, canales y sistemas ahorrativos de uso de agua es imposible sin inversión y extremadamente difícil sin tecnología, conocimiento y eficiencia de gestión. No es en vano que cuarenta años después de haberse nombrado a nuestro Estado como el monopólico encargado de generar toda esta infraestructura el Perú pierde, en medio de conflictos permanentes por la “falta” de agua, el 99% de los dos billones de metros cúbicos de los que dispone anualmente.»
Para luego vendernos que la única alternativa, en Perú, es la privatización. En realidad no son cuestiones que se contradigan, esto es, se puede declarar como derecho, hacerlo efectivo como tal de la mano del sector privado (un ejemplo: el derecho de asociación, nadie niega que es un derecho, y no es el Estado el encargado ni de darlo ni de quitarlo, sino de generar un marco normativo que permite desarrollar este derecho y proteger su contenido, es un derecho de ejecución y desarrollo puramente privado). También se puede declarar como derecho y hacer los esfuerzos necesarios para levantar lo que obviamente es un problema de eficacia y eficiencia del Estado.
Que actualmente el Estado sea incapaz de hacer llegar el agua a todos no significa que en un futuro no pueda hacerlo, y sobre todo, no significa que no se pueda declarar el acceso al agua como un derecho, y que dicha declaración, además, sea impulsada y casi necesaria para conseguir dicho acceso. ¿Por qué? porque su declaración obligaría al Estado a poner sus recursos (toda la maquinaria) para poder cumplir el derecho reconocido, más aun, podría ser un derecho subjetivo que se pueda exigir por un individuo o grupo de personas ante el Poder Judicial (¿qué nos impediría generar una acción colectiva de reclamo de infraestructura para llevar agua a un determinado lugar en unas determinadas condiciones? nada*), que el Estado, además, haya demostrado su incapacidad hasta ahora para algo no significa que ese algo deba ser privatizado o sea argumento suficiente para no considerarlo derecho.
Es como decir que «la vida» no debe ser considerada un derecho en muchas partes de México, Afganistán, Siria o Somalia, por poner ejemplos, o durante mucho tiempo, en buena parte de nuestro Perú, porque el Estado se demostraba totalmente ineficiente e ineficaz en «garantizar efectivamente el contenido de ese derecho», ¿a que les parece una chorrada y consideran que, justamente lo contrario, debe el Estado hacer el doble de esfuerzos, sin importar el posible gasto, para poder garantizar el contenido del derecho más básico? Pues lo mismo con el acceso al agua. ¿Por qué no? ¿Porque cuesta mucho? Es el peor motivo para quitarle a algo la etiqueta de derecho. A nadie se le ocurriría decir que la educación deje de ser derecho porque sale muy caro poner colegios y medios en todos lados para que todos los menores puedan acceder a la educación. ¿Porque aun no se puede garantizar? Por eso se busca la declaración como derecho, para que deba ser prioridad y pueda ser efectivamente reclamable.
Y que en un país equis el modelo privado pueda parecer que funciona, no significa que lo hará en Perú (igual argumento para lo público, claro, no son pocos los países en que no hay problemas de acceso al agua y todo es básicamente público, pero no significa que sí o sí así deba hacerse). Si los «privados» no tienen actualmente incentivos para ahorrar agua (como asegura el editorialista, me extraña que maximizar el uso de los recursos no cuente como incentivo) habría que revisar las condiciones en que dichos «privados» acceden a la misma, y penalizar su derroche. Faltaría más, que para ahorrar agua tenga que suponer un «posible» negocio.
*Un cambio sustancial en España en cuanto a la asistencia social ha sido, justamente, el reconocimiento como derecho de una serie de prestaciones, cuando eran tratadas o entendidas como tales la administración podía discrecionalmente decidir si darla o no darla, dependiendo de los recursos (humanos o materiales) o prioridades, en el momento que se declara como derecho y se instrumentaliza como tal, la administración ya no tiene poder discrecional, sino que hay un contenido mínimo que ya es derecho, y como tal, el ciudadano puede ir a los tribunales para exigir que la administración le preste ese servicio social porque es su derecho. Esa es la diferencia entre poder hacer que algo se instrumentalice mediante un derecho y no hacerlo. Y ahí está la pelea por el derecho al acceso al agua.