Cuarta condena a un ex presidente corrupto

Pronto veremos la cuarta condena en el cuarto juicio al ex mandatario peruano Alberto Fujimori. Por segunda vez el golpista Fujimori reconoce su propia culpa en los hechos sometidos a juicio, en concreto, reconoce sobornos a 12 congresistas de la República, interceptación ilegal de las comunicaciones de opositores políticos (como Lourdes Flores o Javier Diez Canseco) y la compra de la línea editorial de medios de comunicación para que aplaudan las burradas del gobierno y realicen cazas de bruja sobre los opositores al régimen.

César Nakazaki, abogado defensor de Fujimori, suelta la excusa del siglo para justificar el allanamiento del reo Fujimori: «Fujimori aceptó los cargos porque no confía en un proceso justo». Claro, es por eso, seguro… Por eso que en otros dos procesos se declaró inocente, cuando la sala era exactamente la misma, ah, no lo hizo, claro que no.

Mientras que a Fujimori no le importa enfrentarse a un largo proceso por crímenes contra la humanidad, entre otras cosas porque muchos peruanos siguen pensando que la violencia desmedida fue «necesaria», así pues, no le perjudica a su partido en las encuestas, los casos como los presentes, de corrupción, sí hacen daño al fujimorismo, ver por enésima vez los «vladivideos», o dejar claro cómo el gobierno compraba a la prensa, sí puede perjudicar a los intereses electorales de su hija.

Si hasta Carlos Raffo, congresista fujimorista, lo tiene claro: la conclusión anticipada del proceso evita un «fusilamiento político». Pero hay que decirlo, un fusilamiento según Derecho, esto es, llevando a los testigos para que declaren cómo funcionaba el idealizado fujimorismo, cómo compraba voluntades, cómo malversaba el dinero público para que los medios de comunicación aplaudieran al presidente, cómo realizaba intercepciones telefónicas totalmente ilegales para acabar con la oposición, esto es, cómo el fujimorismo mandaba al mismísimo carajo todo lo que entendemos por democracia representativa. Martha Moyano, otra fujimorista en el Congreso, yerra, por tanto, al hablar de juicio político en el Poder Judicial, no tiene que ver con la «política» el sobornar a los opositores o perseguirles ilegalmente.

Javier Diez Canseco, líder del Partido Socialista, hace bien en quejarse por esta terminación anticipada, porque el fiscal la aceptara, en tanto que el 70% de los testigos eran cercanos al fujimorismo, porque se le hace el juego al fujimorismo más rastrero para que no se vea toda la porquería del anterior régimen. Diez Canseco declaró: «El objetivo es cubrir la candidatura de Keiko para conseguir la amnistía a un criminal de lesa humanidad y cubrirle las espaldas a los testigos que cogobernaron con él».

Y hablando de amnistía, ahí tenemos esos curiosos adelantos cuasi inconscientes que nos hace el inefable abogado defensor de Fujimori, cuando afirma: «Muchas cosas pueden suceder, las correlaciones de fuerzas políticas pueden cambiar y por lo tanto el Poder Judicial también». Está pintando un futuro con el fujimorismo o gobernando o teniendo una presencia más fuerte en la cámara de representantes, nos avisa de que, tarde o temprano, recuperarán el manejo total del poder Judicial, como ya lo hizo Fujimori durante su largo gobierno, donde echó a los jueces que quiso y usó el Poder Judicial como le vino en su real gana. César Nakazaki nos recuerda cómo los fujimoristas entienden la relación de poderes, por eso ven juicios políticos donde no los hay, porque no creen ni defienden el Estado de Derecho, sino el Estado en que alguien manda y gobierna pasándose sus propias leyes por donde no cae el sol.

En el presente proceso se condenará al imputado previsiblemente a la pena pedida por la fiscalía, al haberse declarado totalmente conforme el acusado, esto es, 8 años de cárcel y el pago de una reparación civil de cinco millones de soles para el estado y tres millones de soles para los agraviados por las interceptaciones telefónicas. Aprovecho para recordar las condenas previas:

En los tres anteriores procesos seguidos contra el ex mandatario se le ha declarado culpable por: Allanamiento ilegal de la casa de Trinidad Becerra, entonces esposa de Vladimiro Montesinos, por crímenes de lesa humanidad mediante las masacres de La Cantuta y Barrios Altos y por el secuestro de un periodista y un empresario (sentencia), y por peculado doloso por el pago de 15 millones de dólares al ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Vladimiro Montesinos (sentencia). En el primero de los casos la condena fue de seis años entre rejas, en el segundo de los juicios se le condenó a 25 años de cárcel y el tercero de los juicios acabó con una condena de siete años y seis meses de prisión. Las condenas no son acumulables, solo cumplirá la mayor de ellas.

Una condena más… Pero el fujimorismo erre que erre con el líder máximo, con las excusas más variopintas, ya sin sentido ni razón alguna, sobre todo en los casos de corrupción, o con esa tontería de «todo lo bueno lo hizo Fujimori, todo lo malo Montesinos», no es posible que un estado funcione de una forma tan separada (donde, por ejemplo, toda operación policial o militar exitosa es gracias al ex presidente, y toda masacre o «exceso» solo es responsabilidad del inefable asesor del SIN), o que Fujimori no supiera determinados hechos o extremos, como la corrupción de congresistas (ojo, que todos los que aceptaron pagos son igual de delincuentes, ¿no señor Kouri Bumarchar?).

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