Es curioso cómo funciona este país en ciertos temas, uno de ellos es la financiación, tanto de las comunidades autónomas como de las olvidadas entidades locales (diputaciones, cabildos y ayuntamientos, fundamentalmente), existe un doble discurso y una falsedad manifiesta de forma constante en estos temas, así como mucho arreglo debajo de la mesa y con cantidades finales fijas a las que se «acomoda» el sistema lo mejor que se puede, eso y muchas ganas de fastidiar «al otro».
El gobierno, apresurado por sus propios tiempos (a Rodríguez Zapatero le pierde la boca, y siempre pone fechas imposibles para conseguir los objetivos que se marca, y eso causa que al final todo se haga a última hora y mal), ha cerrado un sistema de financiación que se puede resumir en: El gobierno da más dinero a las comunidades autónomas atendiendo a que son ellas las que han crecido más en responsabilidades. El cómo se da es el punto de pelea más real (el otro, el del déficit del gobierno central, digamos que Salgado, ministra de Economía y Hacienda, tiene razón, lo que es deuda central no es deuda autonómica, en el global no se cambian mucho las cosas), y acá todas piden más, ya sea por aumento poblacional (el argumento de Cataluña, Valencia, Madrid y Murcia, fundamentalmente) o por dispersión y envejecimiento de la población (acá Castilla y León y Galicia son los mejores ejemplos), o también la extensión territorial (Castilla La Mancha, Andalucía y Castilla y León), en otras palabras, hay para todos los gustos. El Gobierno ha querido contentar a todos y eso no se puede hacer. Y, evidentemente, no se ha hecho.
Pero hay una cosa que quiero recordar antes de que sigamos hablando de este tema: No todas las comunidades se rigen por el sistema de financiación autonómico. Con lo cual, todo eso de la igualdad de los españoles que ahora reclama el PP como lo que se rompe con este nuevo modelo (no es tan nuevo, son matices sobre el modelo existente), no tiene sentido cuando tenemos en cuenta que navarros y vascos juegan con otra normativa financiera, una propia para ellos con consagración constitucional. No existe, pues, una unidad financiera que permita la igualdad de los ciudadanos en el plano que ahora se reclama.
¿Solidaridad interregional?
Este concepto me hace un poco de gracia, lo curioso es que, naciendo de los nacionalismos no españolistas, ha calado en el nacionalismo españolista. Salvo Navarra y País Vasco, el resto de autonomías no «pagan» ni son «solidarias» territorialmente hablando, quienes lo son, en todo caso, serían sus ciudadanos. Es cierto que la Constitución habla de «solidaridad entre todas ellas» (refiriéndose a «las autonomías de las nacionalidades y regiones que la integran» dentro de la «Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», todo ello en el artículo 2 de la carta magna, relacionado con el artículo 138.1 del mismo texto), pero, en aplicación del sistema fiscal, quienes son solidarios son las personas, no las regiones (salvo los casos antedichos).
Hace unos días entrevistaron, en RNE 5, al líder actual de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC para los amigos), Joan Puigcercós (creo que fue a él, en todo caso, las comparaciones sí son del líder catalán entrevistado), y este comparaba la media del gasto por ciudadano que dispone Andalucía del que tiene Cataluña (más o menos la mitad), con lo cual, decía el líder nacionalista (independentista según ellos) decía que actualmente el modelo no es justo, que el residente en cataluña se ve perjudicado en tanto que su administración tiene menos dinero para gastar en él que, siguiendo su ejemplo, el andaluz. También comparaba esto de la solidaridad con el IRPF, y dio donde le puede doler a la derecha (pero escorándose a la misma, a su vez), así pues, Puigcercós recordó la rebaja en el IRPF, de 50% a 43% en el tipo máximo (el PP lo rebajó dos veces, de 50 a 48 en el 98, y de 48% a 45% en el 2002, el PSOE lo bajó el el 2006 de 45% al actual 43%, el PP prometió, en la campaña del 2008, bajarlo a 40%), y cómo con eso no se rompía la solidaridad y justicia del sistema fiscal, simplemente se adecuaba y permitía más margen de caja a quien antes aportaba el 50 y se mejoraba el sistema en su conjunto (más dinero en los bolsillos de quienes lo tienen, muy liberal todo). En otras palabras, solidaridad sí, pero no tanto. En parte tiene razón. Pero solo en parte.
El problema es que los números mienten, y mentirán porque no se puede comparar las necesidades actuales y faltas estructurales en infraestructuras ya existentes en otros lados… En otras palabras, Castilla y León no se puede comparar con Cataluña, y, dentro de Castilla y León, Zamora o Soria no se pueden comparar con Valladolid o León. En nada. Las necesidades, por ejemplo en infraestructura, son distintas, en unas se necesita crear y no son rentables por la falta de población y actividad económica, y en la otra se necesitan ampliar para que la actividad económica no sufra un parón innecesario por falta de estructura. Tampoco se puede comparar territorios que han apostado por los servicios públicos con otros que lo han hecho por la gestión privada de dichos servicios, Andalucía no se puede comparar con Madrid. Plantear la media de lo que se puede gastar por habitante es tramposo si no se atiende a lo que hay, a lo que falta y a lo que se necesita, plantear que Murcia aumenta mucho más que La Rioja es tramposo porque no se entra a considerar las diferencias poblacionales de ambas comunidades uniprovinciales (Murcia tiene 4,5 veces la población de La Rioja) y su sistema económico, así como el actual reparto de las rentas (La Rioja, en este sentido, de las mejores) y necesidades de servicios.
El Gobierno, al parecer, ha primado el reparto por población con variables correctoras (como dispersión y extensión del territorio de la autonomía) y una serie de fondos (muy al estilo de la Unión Europea) para cuestiones concretas que, se supone, servirán para que las diferencias en, por ejemplo, infraestructuras que no podrían ser solucionadas con el modelo pactado se vean corregidas poco a poco gracias a esos fondos (insisto, muy a lo europeo). Ahora queda ver cómo funcionan los correctores.
¿Ese modelo es más justo o menos justo? ¿Es más solidario o menos solidario? Es un modelo dentro de la lógica capitalista y del Estado burgués, así que por lo pronto, y sin tapujos, diré que es injusto e insolidario, como el anterior y como el próximo, siempre que sigamos dentro de dicho modelo político-económico. Pero ese modelo es el constitucional, mal que me pese. Sobre si es más justo o solidario dentro del modelo económico, pues realmente no sabría decirlo, comunidades como Madrid o Cataluña tienen, por ejemplo, más pobres (número absoluto), aunque sus comunidades sean más ricas (número absoluto) que Castilla y León o Asturias, no se puede aplicar el principio de quien más tiene más aporte cuando no son, las comunidades, internamente homogéneas (no todos son ricos en Cataluña o Madrid), pero sí hay necesidades que dependen puramente de la población, que se ven encarecidas por la dispersión (infraestructuras de transporte, sanidad y educación, por ejemplo) o el envejecimiento (sanidad, temas de dependencia, por ejemplo). También se ha llegado a un punto en que básicamente todas las comunidades tienen las mismas competencias (con lo cual tienen que cubrir los gastos de ejecutar dichas competencias), aunque aun existen unas con más que otras (sobre todo las que tienen derecho foral propio y con particularidades como policías propias y demás), o con «gastos extras» venidos de temas idiomáticos (entre las que están Cataluña, Galicia y Valencia, por ejemplo).
Falta de coherencia
Todos ganan, menos el Estado. Las autonomías ganan de forma dispar, pero todas reciben más que antes, pero todas reciben menos de lo que desearían (ahí hemos escuchado a Camps de Valencia y a Núñez Feijóo de Galicia, por ejemplo). Algunas matizan que por conceptos que antes recibían equis ahora recibirán equis menos sesenta, pero olvidan decir que en el global siguen ganando más que antes (como pasó con Feijóo al hablar de la dispersión).
Se ha dado algo interesante, desde el PP se ha dicho que este modelo favorece a las comunidades socialistas, en concreto, a Andalucía, Extremadura y Cataluña (Aguirre, Camps y Feijóo), mientras que desde el PP, por ejemplo Javier Arenas, se dice que sus comunidades (donde son oposición al PSOE gobernante) salen perdiendo solo en favor de Cataluña, así Javier Arenas, para seguir con el ejemplo, dice que la financiación no es buena para Andalucía. ¿En qué quedamos? En que todos quieren más y señalan al otro para decir: Él gana más. Y ese otro es fundamentalmente Cataluña (que es la que en términos absolutos más aumenta), cuyo gobierno tripartito anda contento (mas no los de CiU, curiosidades de la vida, ya que ellos pactaron el Estatuto ahora «desarrollado»).
Desde Valencia se reconoce (Camps en la Cope esta mañana) que Valencia ingresaría unos 1200 millones extras, frente, por poner números que salieron en esa entrevista, a los 60 millones de La Rioja. ¿Debe acusar el presidente de La Rioja de insolidarios a los valencianos o basta con que acuse a los catalanes? ¿Y a los murcianos? ¿Por qué el de La Rioja tacha de insolidario al de Cataluña y no al de Madrid o Valencia? Ah, por lo de El Otro, ese otro no puede ser uno del mismo partido, tiene que ser El Enemigo, en este caso, Cataluña.
Las comunidades del PP aceptarán el dinero extra, aunque seguirán diciendo que es malo para sus comunidades y malo para España… ¿Entonces por qué lo aceptan? Tres de las comunidades del PP (Madrid, Valencia y Murcia) son de las que más aumentan (por detrás de Cataluña, y no sé bien en qué puesto queda Andalucía), y el PP gobierna en media España (literalmente), si se niegan a aceptar el dinero, más o menos la mitad de esos once mil millones que tanto daño harán al Estado dejarán de ser deuda del mismo, paliarían en parte el gran problema financiero que Rodríguez Zapatero está creando… Ah no, se abstendrán (ya decidido) en la votación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y aceptarán el dinero, con mala cara, pero lo aceptarán. Eso, muy críticos y responsables.
¿Se abstienen en algo calificado como «tremenda chapuza» por su líder? ¿En la ruptura de la igualdad de los españoles y la solidaridad interregional? ¿Por qué no votan en contra si tan grave es la situación? Porque eso les obligaría (en términos políticos) a «no aceptar» ese «sucio dinero». Chapuza, sí, pero plata es plata, y vive dios que la necesitan, Madrid y Valencia son ejemplos de comunidades con deudas gigantes que este dinero extra les vendrá de perlas, Castilla y León está entrando en deuda y con esto pondría sus cuentas a cero y podrán sacar pecho de lo bien que lo hacen en cuanto al gasto. Esto es como los 8 mil millones del plan de obras locales, los municipios del PP lo pusieron a caldo pero todos han pedido dinero, todos.
Sobre negociaciones y socios
Desde el PP se repite mucho aquello de: El pacto solo se ha hecho entre el PSOE y ERC. Ya, ¿y? ¿Cómo fue el pacto la vez pasada? Básicamente entre el PP y CiU, era la época en que Aznar hablaba catalán en la intimidad. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se habla de un pacto PSOE (todas sus comunidades) y minorías nacionalistas se rompe España, y cuando se habla de un pacto del PP (todas sus comunidades) con minorías nacionalistas (CiU y CC fundamentalmente) hablamos de un pacto de Toda España (como ha dicho Camps hoy en La Cope, al recordar cómo fue la negociación de la LOFCA, en la que el PSOE y sus autonomías se sintieron «apartados» todo el tiempo).
Es un poco como la reforma pasada, cuando se pasó de una cesión del 15% de los impuestos (existente con el PSOE) a un 30% (con Aznar hablando catalán, un aumento del 100%), eso era justicia pura y dura y no se afectaba la unidad de España ni la solidaridad interregional (tan cacareada ahora), y eso que se pasaba de un «85% de solidaridad» a un «70% de solidaridad», si eso no es disminución, ya no sé qué puede serlo. Cuando se aumentó la cesión del 30% al 50% (un incremento del 66,6%) se retornó al se rompe España, fue con el PSOE gobernando, claro.
Pero la descentralización del gasto (y cesión de partias en favor de las autonomías para hacer frente al mismo) es una constante, no solo en el aumento de la parte cedida de ciertos impuestos (o la cesión de todo el impuesto), tuvo momentos puntuales de gran incremento, por ejemplo, cuando se transfirió totalmente la sanidad a las Comunidades (hasta ese momento existían autonomías con sistema sanitario y otras que veían la gestión del Estado con mucha crítica), el aumento de la financiación de las comunidades por la nueva competencia fue brutal y, todos entendían, eso significaba acrecentar las diferentes coberturas sanitarias de cada uno de los sistemas (como ya pasaba con las autonomías que tenían sanidad propia, no eran lo mismo que la estatal), ahí el PP no dijo que se rompía la unidad de España o la igualdad de los españoles. Claro, el plan era suyo, y ahí nunca hay peligro de ruptura de nada.
Puede parecer que estoy cayendo en el «y tú más», pero no es del todo cierto, no es lo que quiero decir al menos, más bien señalo, quiero señalar, el doble discurso en este tema, la hipocresía, en otras palabras (el PSOE en su tiempo puso el grito en el cielo, habló de la falta de igualdad de los españoles y demás, aunque no hizo demasiado ruido para no molestar a sus parroquias locales, y como digo, también se sintió «excluida» del acuerdo del 98, como ahora el PP), y también digo que ambos partidos, en este apartado, han actuado de forma bastante parecida (aumentar la cesión de competencias a las Comunidades, y el dinero para financiar ese aumento).
Sí hay una diferencia entre la forma de hacer esto, cuando lo ha llevado acabo el PP, se ha hecho con leyes desde las Cortes, cuando lo ha hecho el PSOE, ha sido mediante Estatutos de Autonomía y las reformas legales pertinentes para «cumplir» los estatutos. En esta fórmula, la de cambiar los estatutos, el PP se apresuró para modificar los de sus comunidades autónomas o apoyar los del PSOE cuando vieron que era políticamente suicida oponerse, aunque fuera una postura contradictoria (como lo del apoyo al estatuto andaluz y el recurso ante el constitucional del catalán, siendo ambos casi iguales).
Esto de la negociación de la financiación siempre saldrá, como sale, en momentos de debilidad del gobierno central y de poder de los nacionalismos no españolistas, no importa quién gobierne, y eso es lógico en tanto que responde al trueque politiquero.
Extra: Futuros electorales
A lo que importa (a ellos), todas las oposiciones y los aplausos al modelo vienen de intereses electoralistas a futuro (y deseos de manejar más dinero por parte de los líderes locales), las generales fundamentalmente. Y ahí tenemos que el PSOE podría conservar o recuperar sus «canteras de votos», retomar por completo Cataluña (totalmente necesaria para sus intereses, como han demostrado las dos últimas elecciones, las generales del 2008 y las europeas del 2009), podría perder más apoyo si cabe en sitios como Madrid, pero tiene el consuelo que estos no irían totalmente al PP, sino que pasarían a UPyD, un mal menor.
Por otra parte, si el PP juega bien su carta de victimista, podría aumentar la diferencia con el PSOE en donde ya gobierna por goleada, o tiene gran apoyo (y curiosamente, esas comunidades se benefician bastante por el sistema, como son Madrid, Valencia y Murcia), también se pueden marcar tantos a punta de obras o servicios con el nuevo dinero ingresado (lo que sería bastante paradógico), y al acusar tanto de rompespañas al PSOE buscan debilitar el apoyo a esta formación por parte de sus españolistas en comunidades como Andalucía (donde el PP va recortando puntos, por eso Arenas se apresura a decir que el modelo es malo para esa comunidad, no le conviene marcar como triunfo fiscal para el PSOE el aumento de la capacidad económica de la autonomía), Castilla y León o Madrid, no les importa tanto el que esos votos le favorezcan, sino que los pierda el PSOE y ya, y con eso recobrar un escaño más en provincias pequeñas (donde un puñado de votos es la diferencia entre el empate de escaños o un 3 a 1) o igualar un poco más las cosas en las grandes (o sacar más ventaja en las más grandes).
CiU no permite que el tanto se lo apunte ERC, o mejor dicho, que se lo apunte ERC significa que a ellos les tiene que parecer insuficientes, iban contentos con el acuerdo logrado con el PSOE, pero las mejoras dadas por la presión de ERC obligan a CiU a pedir más, ellos se pelean por una parte concreta del electorado nacionalista en Cataluña, que perdió CiU por no pedir demasiado al gobierno central y que lleva un tiempo intentando recuperar (y poco a poco lo va logrando, se vio en las últimas elecciones). ERC quiere mantenerse en el poder de la autonomía y a la vez seguir abanderando un discurso independentista contradictorio con su estática condición, por eso necesita abanderar «triunfos» como el de la financiación, así mantiene el tripartito y afianza su poder con el apoyo de sus bases (porque ya sabemos lo que pasó con lo del Estatuto, donde la dirigencia quería abstenerse y las bases le obligaron a decir que no, con lo cual se armó una gorda que políticamente no le convenía). CiU va a decir que ellos, relativamente hablando, consiguieron más en el 98.
¿A quién pasará factura todo esto de la financiación? Posiblemente a nadie, porque los votantes son más hinchas que racionales.