PE dice NO a las 65 horas

La retrógada Directiva que pretendía ampliar la jornada máxima legal hasta, en ciertos supuestos, 65 horas semanales se ha visto frustrada en el Parlamento Europeo, donde unos 500 eurodiputados han dicho que las 65 horas las trabajará su padre (en palabras más discretas, pero creo que los europarlamentarios eran de los primeros en no querer ver su jornada aumentada). La mayoría en la cámara de todos los europeos de la Unión ha sido clara, hasta miembros del PPE han votado a favor de decirle NO a la directiva que ya avisaba conflictos sociales.

No es gratuita la decisión de la cámara, se debe en gran media al amplio rechazo que la decisión del Consejo (que aprobó por mayoría la medida, hay que tener en cuenta que, dentro del voto ponderado, los líderes europeos estaban a favor de la misma) generó en la sociedad, aunque con tímidas protestas, todo hacía prever que se retomarían las calles de aprobarse ese retroceso (lástima que no se ha reaccionado igual con la directiva sobre los inmigrantes irregulares), así pues, desde la bancada eurosocialdemócrata se planteó una enmienda a la directiva que finalmente fue apoyada por una amplia mayoría de la cámara europea (sobre todo desde la izquierda de la misma, aunque buena parte de la derecha votó a favor de la enmienda).

El Parlamento Europeo últimamente se presenta como la cara amable de la Unión Europea, y no pierde oportunidades como la presente para reivindicarse (sobre todo por el bombardeo, muchas veces con razón, del poco control y el gran gasto de la cámara de los ciudadanos), y esta vez no ha sido distinto, ante una directiva que producía (produce, no todo está dicho) gran rechazo social el hemiciclo de los europeos se erige a sí mismo como el defensor de los ciudadanos y recuerda que son la única instancia europea con representación ciudadana (directa, con sus claras limitaciones, pero auténticamente «europea», a diferencia del Consejo y, claro, la Comisión). Lo cual está bien, si no fuera por la cantidad de veces que votan burradas. Pero dejémoslo estar, al menos por hoy.

En el Consejo los gobiernos muestran su verdadera cara, medidas como la de las 65 horas no se atreverían ni a plantearlas en sus respectivos países, acá, ocultos entre el institucionalismo unionista, toman decisiones claramente contrarias a sus ciudadanos, y luego, al momento de traspasar dichas directivas, echan la culpa a Europa (en otras palabras, nos toman el pelo) y acá es donde el Parlamento Europeo, como una segunda cámara legislativa, sirve para «detener» este tipo de directivas nacidas en el interior de dicho Consejo, decidido a pasar a la historia como aquél que retrocede en la misma y de demostrarnos por qué deberíamos acabar o reformar ese órgano, al menos drenar sus competencias legislativas.

(Increíble sigue siendo que el Consejo tenga capacidad legislativa, se produce una circunstancia curiosa, gobiernos sin dicha capacidad en sus países se vuelven legisladores a nivel europeo y luego sus parlamentos deben aceptar y trasponer lo decidido en Europa por los mismos que en su país no pueden hacer eso, situación pintoresca al menos.)

Como medida extra, cabe destacar que los ingleses tienen tres años para eliminar la sobrejornada que tienen para adaptarse al máximo europeo de las 48 horas a la semana (países como España están, en general, en 40 horas).

La alegría por ahora es parcial, tenemos 90 días más para seguir las vicisitudes de la norma y que no nos cuelen, entre medias, una directiva que aun retroceda en nuestros derechos laborales, aunque no tanto como el globo sonda de las 65 horas, y plantear, después de esos noventa días, el que se establezca a nivel europeo o las 40 horas (aunque esto ya lo tenga España, no toda la UE está igual) o, en su caso y ya apuntando más alto, las 36 horas e ir distribuyendo, poquito a poco, el trabajo existente. La tarta es pequeña y hay que repartirla entre muchos.