Y los echaron…

«Ejecutivo retira a 64 ONG del Consejo Nacional de DD.HH.» titula El Comercio una inquietante nota en que se cubre el Decreto Supremo 008-2008-JUS, publicado en El Peruano el 27 de Abril, por el cual el ejecutivo nacional realiza la táctica de la «patada en el trasero» a quien se le ponga en frente, y expulsa del Consejo Nacional de Derechos Humanos a 64 organizaciones, entre las que se encuentra APRODEH, muy cuestionada mediáticamente por el tema del MRTA y el Parlamento Europeo. Esta expulsión de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se realiza mediante una triquiñuela legal al considerar, el ejecutivo, que la misma no cumplía con la legalidad del tratamiento de información sobre la cual la Coordinadora no se obligaba a guardar secreto cuando sí debía hacerlo (según los considerandos del DS 008-2008-JUS según legislación de hace cinco años, que recién ahora ejecutan).

Desde el gobierno se niega la relación entre los actuales sucesos de la negativa del parlamento europeo de pedir al Consejo de la Unión Europea que estudie si puede incluir al MRTA en la lista de organizaciones terroristas del mundo (petición ya realizada hace años por el gobierno peruano a un CUE que aun no se pronuncia sobre este tema en concreto), en el cual se está sobredimensionando el papel jugado por una carta enviada por APRODEH en que se desaconseja incluir al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru en la lista al no ser una organización activa y que, por la actual coyuntura en el Perú y actitud del gobierno, la inclusión del MRTA en la lista podría perseguir la criminalización de las protestas sociales al querer, el gobierno, vincularlas con organizaciones terroristas.

En una muestra de impulsiva intolerancia el ejecutivo nacional, presidido por Alan García Pérez, ha expulsado a las organizaciones díscolas del importante Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así pues, el gobierno elimina ojos críticos de forma directa de un CNDH encargado de observar las reformas de leyes como la de Justicia Militar – Policial, o de su importante papel para el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del Penal Castro Castro.

Además de la Coordinadora, el Concilio Nacional Evangélico del Perú y la Conferencia Episcopal Peruana quedan fuera de la CNDH, habida cuenta que el DS 008-2008-JUS considera que, por el tipo de tenas tratados en el Consejo, sólo funcionarios con el deber de guardar secreto pueden acceder al contenido de lo tratado por el Consejo, desnaturalizando por completo la razón de la existencia del CNDH en tanto que ahora es un órgano endogámico.

Eso sí, como el Decreto busca, en realidad, eliminar de los causes institucionales únicamente a la Coordinadora, el artículo 1 del DS en cuestión modifica el artículo 9° del Reglamento del Consejo Nacional de Derechos Humanos (Decreto Supremo N° 015-2001-JUS) indicando expresamente que se mantienen las relaciones institucionales entre el CNDH y los dos entes religiosos, pudiendo el CNDH «suscribir acuerdos de cooperación especiales y específicos con dichas instituciones», cuestión que no es mencionada a favor de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en un claro tratamiento diferenciado y que deja patente que el Decreto Supremo del Ministerio de Justicia busca excluir a la Coordinadora díscola con el actual devenir del gobierno peruano.

En El Comercio (noticia enlazada anteriormente) se reproducen unas palabras de la Ministra de Justicia, Rosario Fernández, en que además de la razón expresa en el Decreto Supremo por la que todas las organizaciones no gubernamentales quedan fuera del CNDH, apostilló que los miembros de la Coordinadora «tienen un conflicto de intereses que colisiona con la posición del Estado en temas de derechos humanos». En otras palabras, o estás conmigo o estás contra mí.

Reacciones

Carlos Rivera (abogado de IDL), Carola Falconí (directora ejecutiva de Comisedh), Luis Salgado (ex secretario ejecutivo del CNDH), y Walter Albán (ex defensor del Pueblo) coinciden en señalar la tergiversación o aprovechamiento del tema del MRTA y APRODEH para atacar de esta forma a las Organizaciones No Gubernamentales que tratan el tema de los derechos humanos mediante un gesto autoritario e impulsivo, por más que desde instancias oficiales se intente diferenciar la razón de este decreto con los hechos recientes.

Los Derechos Humanos no son la piedra angular del gobierno de Alan García, más bien son un tema altamente despreciados por el actual gobierno que tiene como vicepresidente a Luis Alejandro Giampietri Rojas y que puso al frente del CNDH al aprista Facundo Chinguel, conocido por criticar duramente a las ONG de DD.HH. con las que tenía que trabajar.

Excurso: Se insiste una y mil veces que en la carta mandada por APRODEH no se considera terrorista al MRTA, esto es directamente falso, la carta consigna tanto al MRTA como a Sendero Luminoso como organizaciones terroristas, lo que se dice en el escrito es que el MRTA no está activo, y que el tema se está manipulando. Se está haciendo mucho problema de algo que no lo es, en tanto que el Parlamento Europeo no es quien decide sobre la lista, y en otras importantes, como la de Estados Unidos, el MRTA no figura actualmente (en el pasado lo hizo, y en la última actualización, del 8 de Abril, no estaba entre las 44 organizaciones armadas de todo el mundo, donde sí figura Sendero Luminoso), y nadie puso el grito en el cielo porque para la Administración de Bush el MRTA no sea un peligro. Así que hay una doble manipulación, por un lado al afirmar que APRODEH no condena al MRTA en esa carta (léanla y vean cómo menciona expresamente que el MRTA es terrorista), y por otro, el rasgarse las vestiduras por la decisión del Parlamento (como enmienda en un pronunciamiento común sobre la Cumbre, poco tenía que ver una cosa con la otra), cuyo valor era (casi) nulo y, en todo caso, es similar a la decisión de otras potencias extranjeras.