Gobierno quiso colar publicidad engañosa

Al parecer el gobierno peruano se está tomando en serio el caso Majaz, y se pone, cómo no, de lado de las mineras y en contra de la consulta popular. Es cierto que la consulta no es vinculante (no puede serlo, los alcaldes no pueden convocar consultas populares de carácter vinculante para temas como el que nos ocupa), pero de ahí a calificarlo de “antidemocrático”, y más aún, de hacerlo contratando anuncios radiales… Sí, pagando para malinformar.

Según Radio Cutivalú, el “spot” publicitario pagado por el Ministerio de Energía y Minas es “publicidad engañosa” en tanto que tacha la consulta, demás de antidemocrática, como de no ser «digna de ser tomada en cuenta». Mientras tanto, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, defendió la legalidad de la consulta indicando que tiene que ver con los derechos de reunión, participación ciudadana y libertad de expresión.

Por su parte el primer Ministro, Jorge del Castillo, atacó a la emisora de radio que se negó a emitir el anuncio publicitario del Ministerio de Energía y Minas, de violentar “la libertad de expresión y de opinión de todos los involucrados en este problema”. No pues Jorge, no estamos hablando de la “libertad de expresión del ministerio”, sino de la contratación de un espacio publicitarioque no identifica a quien lo emite (según el director de la radio) y que pone en boca de la Defensora del Pueblo cosas que no ha dicho (como la improcedencia de la consulta popular). Uno no se puede escudar detrás de la libertad de expresión, como gobierno, para mentir de esa forma.

El gobierno ya ha dicho que no reconoce la consulta, y está en su derecho de hacer oídos sordos a todo el mundo, y de decir lo que crea conveniente sobre el tema, pero de ahí a querer defender la legitimidad del gobierno para mentir por radio sin identificarse con anuncios pagados por el ministerio (mira, en esto usan nuestro dinero), ya es mucho. ¿Acaso el gobierno presta todos sus medios para que se expresen esas comunidades campesinas que quieren llevar a cabo la consulta popular? Pues no, y no vamos a considerar que el gobierno ataca la libertad de expresión de esas comunidades.

Hay que tener en cuenta que el derecho a la información es atacado si el gobierno paga información falsa, y a sabiendas de su falsedad. Si el gobierno saca un anuncio diciendo que ellos no reconocen validez a la consulta y que, como siempre, harán oídos sordos, pueden hacerlo sin problemas, pero si el gobierno afirma, en ese comunicado, cuestiones que no son ciertas, atenta contra la veracidad, contra el derecho pasivo de recibir información por parte de los ciudadanos.

El presidente de la Coordinadora Nacional de Radio, Hugo Ramírez, ha sido claro en este asunto:

La autoridad pretende, en nombre del Estado, que una emisora vulnere sus principios éticos, para transmitir propaganda engañosa, un spot radial cuyo contenido afirma que la consulta popular del domingo 16 es ilegal (…).La Defensoría es digna defensora del pueblo. La doctora Beatriz Merino aseguró, en una entrevista al diario El Comercio, que la consulta era perfectamente legitima (…).

Que un gobierno pretenda utilizar su poder para que una emisora mienta al pueblo, eso es algo inconcebible, y nos preocupa también que tras las declaraciones del premier haya una especie de amenaza de fondo (…).

Ojalá que esto no sea más que una especie de malestar temporal de un primer ministro que está desesperado porque no sabe como actuar en este caso de la consulta popular del 16 en el que las poblaciones, la libre determinación de los pueblos, al amparo de las leyes, de la Constitución y de la legalidad pretende hacer valer sus derechos.

(…) La democracia no implica volver cómplices de sus intencionalidades a determinados medios de comunicación como Radio Cutivalú, a quien se le pretende hacer transmitir publicidad engañosa. Eso es un atentado contra la ética, el buen principio, la propuesta comunicacional que tiene la radio, que está de lado de la verdad, de la transparencia informativa y de la pluralidad.

También señaló que precionar a una radio para que saque publicidad engañosa es un acto cercano a la corrupción. Es que el gobierno central está mal acostumbrado a que ciertos medios se agachen al toque cuando ven el dinero de los distintos ministerios para sacar noticias o notas favorables a los mismos, o ya lo hacen por insana costumbre, sin que tengan que pagar por nada (favores se pagan con favores, no hay que ser mercantilistas en esta vida).

En fin, que el Gobierno no se haga la víctima en este caso, ya es tener demasiada cara. Mejor que reculen un poco, digan que fue un error (uno más, burdo, por el que nadie responderá, pero erro a fin de cuentas) y acá paz y después gloria.

Sobre el gobierno, las ONGD y las mineras, puede ver: «Fue contra las ONGD ‘incómodas’«

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