Costes, pensiones, AFP y otros

El Gobierno de las Redes Sociales. Alguien apodó, con tino, de esta forma al actual ejecutivo del Estado peruano (más o menos). Normal, solo se toma en cuenta los gritos en esas mal llamadas «redes sociales», que por lo visto el barullo digital es más efectivo que tomar una carretera (no es tanto el dónde se hace la protesta, sino quiénes la protagonizan). El último caso es el de las retenciones obligatorias en favor de las AFP dentro de los recibos emitidos por los trabajadores independientes (autónomos, monocontribuyentes…), ese 13% que fue, se suspendió, e irá a las AFP (se dividirá entre la comisión y lo que iba al fondo de pensiones). Para situarnos, les recomiendo leer las notas al respecto de Sifuentes en La República (la seria y la selección de tuiteos, total, si son lo que valen) y el editorial de El Comercio sobre el tema.

En realidad el tema es bastante más profundo que la simple retención mediante los recibos: está vinculado con el propio sistema de pensiones que tiene un país. Y el Perú, en concreto, tiene un desastre bien grande, no está claro cual tenemos, por qué y para qué lo tenemos.

También, para volverlo todo más enfangado, está relacionado con la alta tasa de «trabajadores independientes» que lo único cierto en esa frase es que son trabajadores. De independientes nada. Demasiada gente cobra mediante recibos cuando, lo que le debería corresponder, es estar en nómina (y acá el primero en estar en fuera de juego es el Estado, aunque ande en transición de sistemas), y esto hablando de la gente con una relación formal, ya que la informal, de largo, ocupa a 3/4 partes de la población. Así podemos ver cómo el 40,4% son trabajadores independientes o empleadores (INEI, 2011 -para comparar, en Alemania es el 11,6%-), mientras que el 46,5% son asalariados (donde se incluye el rubro de empleadas domésticas, en nuestras tierras bastante alto). Mientras que en Perú no existe un problema con el desempleo, la informalidad y el subempleo -especialmente el referido a los ingresos- son una lacra muy fuerte.

Se suele decir que nuestras leyes laborales son muy duras, esto sería cierto si se cumplieran, no solo por todas esas excepciones para la micro empresa -en la que trabaja el 65% de la población ocupada-, sino por las innumerables personas que cobran por recibos en vez de estar en nómina, a las que no se les aplica las condiciones laborales de un trabajador asalariado, en fraude de ley.

Una vez pintado el panorama laboral (es importante entender esa parte: que el 35% cobra por recibos), toca el de las pensiones: una privatización inacabada y mal realizada. Una privatización que no solo supone el paso de lo público a lo privado del sistema, sino más bien el paso de la solidaridad intergeneracional a un sistema de capitalización puro. Fue un proceso inacabado, en gran medida por la demanda y lucha social por un sistema que no dejara colgado a las personas porque el valor de lo aportado «se acabe» (como pasa en otros países). Así el sistema, tras múltiples reformas, acabó en un limbo absurdo que, este gobierno, prometió acabar y no ha hecho más que embarrar.

Lo prometido (págs. 172 y ss del Plan de gobierno de Gana Perú, PDF) era un sistema con dos pilares, uno público obligatorio (que dará la pensión contributiva y la no contributiva) y otro voluntario privado, que servirá de complemento al público (sistema similar al que se tiene en España, Uruguay, entre otros muchos). Pero lo único que hemos visto es el programa piloto de Pensión 65 (aun muy por detrás de lo que es una verdadera pensión, resulta un cuarto del salario mínimo vital), además de aumentar la obligatoriedad de contribución (de ahí la polémica actual) y algunos matices en el tema de los mínimos en el sistema de aportes privado (el Estado garantiza un mínimo, si lo aportado no llega, pero se tiene derecho a cobrar pensión contributiva, la diferencia la paga el Estado por medio de la AFP que corresponda).

Humala, en vez de hacer lo prometido en la primera vuelta, ha ido dando más y más poder a las AFP, así, por ejemplo, si el trabajador no ejerce su derecho a elegir el sistema (privado o público), el empleador lo afilia al sistema privado de «menor comisión». ¿Cómo es posible que ante la no-elección el trabajador vaya al sistema privado en vez de al público (de donde se sale con total facilidad). Un pequeño esquema (SBS, 2012) del sistema dual que se mantiene en el país:

	Esquema previsional peruano
	Características	Sistema Nacional de Pensiones	Sistema Privado de Pensiones
	Modelo	Reparto Simple (Beneficio Definido)	Capitalización Individual (Contribución Definida)
	Adm.	Oficina de Normalización Previsional (ONP)	AFP
	Alcance	En ambos casos: Trabajadores, cualquiera sea la modalidad de trabajo que realicen. Elección del sistema: Voluntaria por parte de trabajadores dependientes e independientes.
	Tasa Aporte	13%. Recaudación va un fondo común.	10% aporte obligatorio. Comisión AFP (% variable). Prima de seguro de invalidez o sobrevivencia (% variable).
	Prest.	Jubilación, invalidez, viudez, orfandad, ascendencia y capital.	Jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.
	Definición Pensión	En función a años de aportación y remuneración promedio. Si no se alcanza cuando menos 20 años no existe derecho a pensión.	En función al saldo, producto y grupo familiar. Siempre se otorga una pensión con lo que hubiera acumulado en la cuenta.
	Productos	Monoproducto: Renta Vitalicia	Retiro Programado, Rentas Vitalicias con diferentes opciones de protección, duración y moneda.
	Posibilidad de Herencia	No	Sí, respecto del saldo que quedara en la cuenta si es que no tiene beneficiarios.
	Fuente: SBS, 2012.

¿Qué es lo relevante en todo esto? Bueno, que el sistema que se prima, el privado, es de capitalización (tanto aportas, tanto recibes), aunque el estado garantiza un mínimo (con lo que el Estado mete dinero en un negocio privado), también se encarga de nutrirle de clientes de todo tipo de formas. Las AFP no solo hacen dinero gracias a que son los «guardadores» y encargados de rentabilizar los aportes, sino que le cobran al cliente las comisiones correspondientes (que no son pequeñas).

En un Perú con un 35% de «Independientes» y una lógica de favorecer el negocio de los AFP, lo siguiente era sencillo: obligar a que se retenga en los recibos el aporte a las AFP de estos trabajadores. No lo veamos desde una perspectiva de «asegurar una pensión de jubilación», para eso no se mantiene como «principal» un sistema privado y de capitalización.

La lógica que prima en Perú es la de que cada quien baile con su pañuelo, lo que recibes depende de lo que aportas en puridad, en tanto que se está ahorrando en un proceso de capitalización de cada aporte (al cliente se le da a elegir la volatilidad del fondo al que contribuye, siendo la rentabilidad de lo aportado uno de los factores determinantes de la cuantía de la pensión). El problema es que en dicha lógica, los de El Comercio tienen razón: el Estado no es quien para decidir en un sistema puramente individualista qué, por qué, cómo o cuánto se aporta.

Pero, ¿de verdad ese es el sistema de pensiones que queremos los peruanos? ¿De verdad debemos renunciar -definitivamente- al elemento distributivo y a la solidaridad intergeneracional para favorecer una serie de negocios de unas grandes empresas financieras que, en términos prácticos, les interesa tres pimientos la jubilación y el bienestar de las personas -se demuestra en el mínimo, ellas no lo cubren, lo paga el Estado-?

Si se quiere un sistema privado, no tiene sentido ni el público ni la obligatoriedad. Si se quiere asegurar que toda persona tenga una remuneración permanente al final de su vida laboral (entendiendo que nadie puede ni debería poder trabajar toda su vida real), el pilar obligatorio debe ser el sistema público (el permitir sistemas privados de capitalización puede funcionar como complemento, para aquellos que quieran superar la pensión máxima pública).

En un sistema de solidaridad intergeneracional los trabajadores no aportamos a un fondo de capitalización gestionado por lo público o privado, sino que todo va a una hucha común que paga las pensiones actuales (otro tanto, el superávit, puede ir a otras obras sociales o a un fondo para rentabilizar dicho «extra»), sean o no fruto del sistema contributivo, el sistema, aunque premia al que más contribuye, lo hace de forma progresiva. De tal forma que quienes menos han podido aportar, cobrarán más que lo efectivamente aportado, mientras que la pensión máxima está por debajo de la aportación máxima (si es que existe la misma). Además, para calcular la pensión a percibir, en un sistema solidario, no solo se tiene en cuenta lo aportado, sino las condiciones individuales y familiares.

¿Esta solidaridad se tiene que dar solo entre trabajadores? Hay que tener en cuenta que todas las personas en actividades económicas (desde el «dueño capitalista» hasta el último vendedor ambulante), en otras palabras, es una contribución de todos los que están dentro del sistema productivo: que las clases activas mantengan a las pasivas. Que los que están en edad de producción y producen efectivamente sean solidarios con los que ya se jubilaron o no puedan trabajar (pensiones de invalidez). Por supuesto, esto se puede reemplazar (parcial o totalmente) por el sistema fiscal en su conjunto, sin tener que fijarnos en concreto de las retribuciones o los ingresos derivados de actividades de producción.

¿Y cómo deben contribuir los trabajadores independientes? Mil y una formas, pero debe ser coherente con el sistema en su conjunto, que no tengan una posición ni peor ni mejor que el resto de los trabajadores.

Un tema de coste del trabajo

Un punto importante: hay que tener en cuenta el coste laboral. Cuando el empresario hace sus cuentas sobre lo que cuesta un trabajador, le da igual que vaya el dinero al trabajador o al Estado, para él es un coste determinado. Por eso cuando se hacen retenciones por parte del empleador con respecto a sus asalariados todo queda más «aceptable», forma parte ya de un coste establecido. ¿Que lo paga el trabajador? Bueno, el asalariado solo cuenta con una fuerza de trabajo que sabe que no es perpetua, dentro de un sistema básicamente solidario en el resto de temas, con lo que pensar en la jubilación resulta algo propio (esto funciona algo distinto con el no-trabajador; más cuando se ha creído el discurso capitalista).

Lo mismo debe pasar al calcular el coste de un servicio: se debe incluir todos los costes que el trabajador independiente tiene. Esto es, el trabajador independiente debe calcular cuánto quiere cobrar en neto, cuánto son sus costes directos e indirectos y de ahí sale el coste en bruto a cobrarle a quien requiere de sus servicios (a muy grandes rasgos).

Si existe un pago mensual a la Seguridad Social, este es un coste fijo que el autónomo asume y distribuye entre todos sus recibos de un mes de la forma que mejor estime (en otras palabras, lo saca de lo ingresado en total, pero sus precios ya tienen en cuenta que es uno de los costes fijos a cubrir); si, por el contrario, tiene un aporte variable en relación con los ingresos en cada uno de los recibos, el cálculo para el precio final debe cambiar (como se haría con un impuesto indirecto).

El problema se da como en casos actuales, de cero de retención a un 13% (más o menos), de los cuales parte van a pagar comisiones (si va a lo privado). Así pues, gente que había calculado sus precios con una determinada gama de costes y gastos ven aumentado los mismos en un 13% (más o menos) y no pueden, con respecto a los empleadores-contratantes, variar el precio final. Así alguien que cobra por una trabajo determinado 900 soles ahora (antes de impuestos), tendría que pasar a cobrar unos 1034,5 nuevos soles para seguir teniendo esos 900 de neto.

Pero este ajuste, en una situación como la peruana donde existe un abuso de la figura de los services (si hay un 35% o más de trabajadores independientes es porque salen más baratos -en todo sentido- que los de nómina), es irreal. Como lo es pensar que las AFP son un buen sistema de pensiones el cual hay que incentivar (las AFP son un puñetero negocio, deben dar beneficio a sus dueños, no importa, realmente, el bienestar social, que es el objetivo de un sistema de pensiones). Así que tenemos, en términos prácticos, que ese 13% de retención para las AFP (porque no se ve como «para la jubilación») no funciona de la misma forma en un trabajador de plantilla que en uno independiente. Las formas de negociar las retribuciones son diamentralmente distintas (o deberían serlo), así como la estructura de costes (el asalariado, normalmente, no pone el precio de los productos donde se deja el sudor, no controla los costes directos e indirectos, el autónomo sí debe hacerlo).

Si, por ejemplo, se sube lo que el empresario debe pagar al Estado por cada trabajador que tenga, inmediatamente habrá una revisión de los precios de los productos (eso o se asume con una reducción de los beneficios, depende de los márgenes, negocios y demás).

En una situación de abuso de la figura del independiente, resulta imposible pensar que habrá un reacomodo real del precio del trabajo una vez se introduce este extra sobre el recibo. Lo que es peor, ¿por qué existe cuando el sistema es de capitalización? Si estuviéramos en uno de solidaridad, la respuesta es clara: el Estado de bienestar se basa, justamente, en la obligatoriedad de la solidaridad (digamos, como cualquier impuesto), pero en el momento que el aporte va a un fondo privado manejado por una empresa, resulta todo increíblemente absurdo (también la aportación del asalariado). Así pues, la única justificación es mantener el negocio de las entidades financieras.

Excurso: El artículo de El Comercio, como siempre, comete el nada inocente «error» de relacionar esas cargas con la informalidad en el país (superior al 70% de la población ocupada), algo rotundamente falso (Suecia o Islandia tienen más cargas de todo tipo y son formales hasta por gusto; incluso España, con su alta economía sumergida para estos lares, está cincuenta puntos por debajo de Perú y tiene, además, muchas más y mayores cargas), algo que por acá ya he hablado (y de pasada con los impuestos).