Rosa María Palacios, Utilidades Mineras y Liberales

Ernesto me pregunta qué opino sobre un artículo de la casi siempre ínclita Rosa María Palacios (¿por qué Perú21 no tiene enlaces permanentes? sobre todo para el último artículo de los colaboradores) titulado «De proletariados a capitalistas«, en el que Rosa María Palacios aplaude la lucha de los mineros a favor del cambio de sistema de reparto de utilidades, y lo ve como una lucha liberal entre los trabajadores junto con su empresa contra la intervención del Estado en el reparto de las utilidades.

No. Definitivamente no se han vuelto liberales los mineros ni mucho menos. Primero, y ante todo, porque dan vivas a la intervención del Estado que obliga a las empresas a repartir las utilidades entre los trabajadores. ¿Desde cuándo en un esquema liberal es lícito que el Estado diga, al margen de los mínimos impuestos, qué deben hacer los dueños de sus empresas con respecto a los beneficios obtenidos por dicha empresa?

El «derecho» a recibir utilidades de su empresa por parte de los trabajadores es una intervención del Estado (consagrada en el artículo 29 de la constitución política del Perú y desarrollada, fundamentalmente, en el Decreto Legislativo 892), y estos trabajadores lo están defendiendo.

¿San Marcos liberal?

Rosa María Palacios, una persona muy coherente con su ideario, lleva un tiempo viendo liberales donde no los hay. Como en su artículo «San Marcos, Propietaria«, donde, desde su filtro visual sobre los hechos y consignas, los estudiantes de San Marcos protestaban en favor de la propiedad privada de la universidad. Es imposible hablar de propiedad privada de una universidad Pública en los términos que podemos entender de un bien en relación con una persona privada.

Yo no veo cambios entre los estudiantes de San Marcos (como tampoco me parece que el otorgar un Honoris Causa a Rodríguez Zapatero haya sido muestra de moderación del ideario de toda la universidad, confundimos la parte con el todo), veo que reclaman más contra un acto contrario a la autonomía de la universidad en un hecho perjudicial para los ya bastante olvidados estudiantes de la universidad pública peruana.

Se defiende la intervención del Estado

Me he salido un poco del tema para mostrar una pauta en la visión sobre ciertas protestas sociales de Rosa María Palacios, que me parece interesante porque desprende optimismo y justificación de las protestas en la calle, y ya es bastante en este país del «cállate la boca«.

Pero al igual que yo no puedo decir que los mineros sean todos socialistas, o que sus causas básicamente lo sean, no creo que ella pueda afirmar, como hace, que su causa es liberal, máxime cuando se está defendiendo la intervención del Estado en la empresa privada por medio de la obligación del reparto de las utilidades. Están defendiendo, más bien, el Estado Social, donde el Estado no es actor económico, sino corrector del mercado.

La lucha minera por la subida de sueldos

Hay cosas que no nos debemos olvidar: el gremio minero lleva años pidiendo una subida general de salarios, a la cual las empresas se han negado aunque están teniendo unos ingresos obsenamente altos.

El reparto de utilidades consigue cierta justicia al obligar a las empresas a repartir una minucia de sus utilidades (en el caso minero, el 8%), los empresarios han dicho a los trabajadores «repartiríamos más dinero si el Estado nos quitara el techo de los 18 sueldos», y es cierto. Manipuladoramente cierto, pero verdad a fin de cuentas.

Los mineros, que llevan tiempo queriendo pillar más cacho (porque no son idiotas) y ven más fácil que el Estado cambie la ley en connivencia con las empresas (el proyecto lo presentó el APRA, no los gremios de trabajadores, y las razones que daba en el mismo eran estudios y opiniones exclusivamente del sector más boyante del país), que el que la empresa cambie su política laboral. Así pues, las reivindicaciones van contra quien realmente puede cambiar todo el sector de un plumazo, en vez de ir pidiendo empresa por empresa a sabiendas que no conseguirían mucho (como no se ha conseguido hasta ahora).

Las empresas mineras pueden repartir más dinero si así lo desean (el tope de los 18 sueldos existe dentro de las utilidades que se reparten según ley, pero hay muchas formas de repartir la riqueza fuera de ese 8%), pueden aumentar los salarios y pueden dignificar los trabajos, mejorar los horarios y quitar horas para contratar más gente. No harán nada de eso, quieren que ese ocho por ciento que ya tienen intervenido por el Estado sea dado íntegramente a sus trabajadores (con dos formas de reparto distintos, uno progresivo y uno proporcional) para evitar la conflictividad laboral interna. Y con esto, pierden todos los no trabajadores del gremio, y ellos mismos en forma de carreteras y conflictividad social en zonas deprimidas que podrían aprovecharse del Fondo de trabajo si el mismo funcionara bien.

Sobre la socialización de las ganancias

Qué quiero decir con esto, que cuando Rosa María Palacios asegura que los mineros «Ya no creen en la socialización de la ganancia (la suya)» se equivoca, o mejor dicho, asimila que la intervención del Estado es legítima y que lo producido por los trabajadores para un tercero (la empresa) YA pertenece a los trabajadores (más quisiéramos), los mineros creen y mucho en la socialización de las ganancias de la empresa para con sus trabajadores por medio de la intervención del Estado en la obligación de repartir utilidades. Es una socialización limitada (que consigue algo beneficioso, el vincular el trabajador a la empresa), pero es un ataque al libre albedrío, fuera de los impuestos, de las empresas.

Si fuese cierto lo que dice Palacios, los trabajadores pedirían una reforma constitucional que eliminara la obligación del reparto de utilidades por parte de las empresas y pedirían a esas mismas empresas (grupal o individualmente) un aumento de sueldo, un reparto distinto de utilidades (participaciones en acciones de la empresa) y mil métodos más. Eso sí sería realmente liberal.

Las pérdidas sí se socializan

Estoy con Ernesto, el Consultor de Internet, cuando afirma: «la socialización de las perdidas sí que existe, es lo que implican los salvatajes financieros a los bancos y los subsidios a ciertos sectores (como el cine español por ejemplo)». También se socializan los perjuicios ambientales causados por las empresas (¿alguien lo duda?).

Y en vacas flacas esos empresarios se irán sin perder (dejarán de ganar) y es el Estado (y la región) quien tendrá que asumir la conflictividad social creada por la pérdida de empleos y demás, y lo mejor es que el Estado sea capaz de paliar, si no acabar, la crisis con reconversiones industriales, inversiones, préstamos, y demás.

Las pérdidas de todo un sector, está claro, sí que se reparten entre la sociedad (y no sólo en forma de ayudas al sector, directas o indirectas), pueden conseguir que ciudades enteras se vuelvan fantasmas, así pues, una buena gestión del dinero conseguido en vacas gordas permite medidas anticíclicas e invertir en cambios globales de sectores, educación para los trabajadores y poder reciclarlos en otros puestos similares.

Impuesto «oculto» y otros

En Perú existe una bajísima presión fiscal, como en el resto de Latinoamérica, lo cual impide una redistribución correcta de la riqueza, más aún, los ingresos tributarios principales vienen de los impuestos indirectos, con lo que el sistema impositivo pierde progresividad.

Si esto es cierto en términos generales, si vamos al sector minero (el que más está ganando, no olvidemos, y el que sostiene nuestro crecimiento económico y depende totalmente del mercado exterior, tanto por medio de los precios internacionales como por los dueños de las minas) nos encontramos con empresas que pagan entre el 1 y el 3 % de impuestos en Perú, y el resto de capitales «se van».

En El Comercio recogen un informe de la BBC que tiene perlas como: «las multinacionales explotadoras de minerales en Perú, tras pagar un 35% en costes de explotación y un 17% de los impuestos que el Gobierno peruano establece, sus beneficios son del 48% (…) fijar tasas en los beneficios de estas empresas no solucionaría a penas el problema, ya que los informes de ganancias pueden ser fácilmente manipulados».

Y hablamos de un país donde las mineras «negocian» con el gobierno formas para no pagar impuestos, o pagar mucho menos, eso es lo que nos pasa con el canon minero, es una nimiedad al lado de lo que podríamos sacar con un impuesto «normal» o incluso «conservador», con el sistema impositivo que se pretendía poner a las mineras se estaría recaudando cinco veces más que lo que dan por canon minero.

Una vez dicho esto, entro en lo que sí es cierto: El reparto de utilidades, con el techo y configuración actual, tiene un punto de «tributo encubierto» innegable. No creo que se pueda hablar de «expolio inconstitucional» (si fuera así, hace tiempo las mineras habrían protestado), en tanto que la constitución deja a la legislación la forma concreta del reparto, y no asegura que todas las utilidades se repartan (si fuera así, hablaríamos de un reparto del 100% de las utilidades de la empresa, no del 8%), pero sin dudas es un segundo impuesto a remanentes marginales (o que en teoría debieran serlo).

Pero el tipo de uso que se da a las utilidades y a los remanentes de las mismas está fuertemente tasado, y si bien deberíamos protestar por el mal funcionamiento del fondo de trabajo, no deja de ser una fórmula interesante de socialización de las ganancias en tanto que sí existen socializaciones de las pérdidas, ya sean monetarias ya sean medioambientales.

Si el sistema impositivo cambiara y la empresa subiera los salarios como se le viene pidiendo, el remanente sobre el reparto de las utilidades simplemente no existiría, o su cantidad sería baja. A su vez, las regiones mineras obtendrían financiación suficiente para obras públicas sin necesidad a esperar las migajas que no caben en el Fondo y no se pudieron repartir en el primer momento.

Por último, el proyecto, y esto para mí es un gran error, no contaba con la pérdida de esos ingresos por parte de las regiones, considerando así que no habría gastos extras durante la aplicación de la nueva normativa que al final no salió adelante, esto es irreal, ya que sería el Estado el encargado de cubrir la falta de financiación (o condenar a las regiones mineras a no poder contar siquiera con carreteras para llegar a las minas), así que, si hablamos de un «tributo oculto», también debemos de hablar de «un gasto oculto» no contemplado en el proyecto lo que volvía al mismo, como poco, caro.

Un problema en Perú es que el dinero no se sabe gastar (o se gasta con fines distintos a los que uno espera en el sector público, esto es, para beneficio de unos pocos y no del global de los peruanos), en ese caso no se debe criticar el que el Estado obtenga dinero, sino en cómo lo utiliza, y eso es lo que pasa con el Fondo de empleo.

También debemos criticar, claro, los malos sistemas para «recaudar» ese dinero, y si el Estado tuviera una buena política impositiva con las minas, este remanente no sería necesario y podría repartirse entre los trabajadores sin perjudicar a toda la comunidad donde estas minas extraen los recursos que debieran ser de todos.