Votaría «NO»

publicado originalmente en DE IGUAL A IGUAL

Hay varias razones para decir «sí» a la reforma constitucional planteada por Chávez (texto de la reforma), aunque también hay muchas otras para decir «no». Y siempre desde la izquierda (ya sea desde la socialdemocracia representada por el MAS venezolano a posturas anarquistas o marxistas como Bandera Roja -aunque los chavistas les tilden de «brazo armado de la ultraderecha»-). Lo que opine la derecha en estos temas, esto es, en el plano de la economía de mercado, me interesa más bien poco (sobre derechos muchas veces tienen más que decir, pero suenan tan hipócritas normalmente). Por un lado, me parece el proceso constitucional ha sido demasiado vertical. Para la constitución actualmente vigente (propuesta también desde el Movimiento V República que lidera el presidente venezolano) se consultó bastante más a movimientos sociales variados y a otras fuerzas políticas. Esta vez, nada de nada (o muy poco de todo), y ha sido aprobada por un parlamento sin oposición (cierto es que fue esa oposición la que se suicidó al no presentarse a las elecciones). Poco debate sólo nos conduce a una conclusión: Se hace lo que quiere Chávez. Nada más, ni nada menos.

El Poder

Mucho se habla por parte de la izquierda más entusiasmada con la reforma sobre la entrega del poder al pueblo, así pues, se aplaude la retirada del poder a mandos intermedios (como alcaldes y gobernadores) y el aumento de las competencias de las asambleas populares o comunitarias. Pero en realidad esto no sucede, primero porque si atendemos al funcionamiento de las radios y medios comunales vemos cómo el poder (Chávez) ha desplazado a los líderes más combativos con el mismo (anarquistas y ecologistas) y, gracias al dinero, colocado burócratas disfrazados de líderes populares, que no vota ni elige realmente nadie. Lo de siempre, el dinero manda y quienes reciben el poder verde se tienen que someter a los mandatos de quien entrega el dinero, y eso, en el nivel local, es demasiado claro.

Esta reforma, además, otorga aún más poderes a Chávez, esto es una verdadera constante en el gobierno del fracasado como golpista Chávez (aunque ahora ponga a parir a quienes intentan golpes contra él), ya sea por medio de delegaciones legislativas extremadamente amplias o reformas constitucionales que acrecenten el poder del primer mandatario del país. Desde la Izquierda Autónoma venezolana se critica fuertemente este presidencialismo exagerado en tanto que contradictorio con el supuesto beneficio al poder popular que se supone busca la reforma, así pues, declaran (pdf):

1. Concentración del poder en el Presidente de la República (Artículos 11, 16, 18, 70, 136, 141, 156, 158, 167, 184, 185, 225, 230, 236, 251, 252, 305, 307, 318, 320, 321, 328, 329 y las disposiciones transitorias), en flagrante contradicción con el principio de participación y protagonismo popular.

En efecto, en la “reforma” propuesta se le otorgan al Presidente los más amplios poderes, no sometidos a control alguno: Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Administrador de la Hacienda Pública y del Presupuesto Nacional, Suscriptor y Ratificador de Acuerdos y Tratados Internacionales, Jefe Máximo de la Fuerza Armada con poder para intervenir en todas sus unidades y decidir los ascensos de sus oficiales, Creador y Fiscalizador de Nuevos Entes Territoriales y Poderes Públicos, Generador de Presupuesto para las Misiones, nombrará a los vicepresidentes, establecerá y dispondrá de las reservas internacionales, contralor y director del Consejo Nacional de Gobierno y el Consejo de Estado, y establecerá y dirigirá unipersonalmente el Plan de Desarrollo del País.

Es notoria la usurpación del derecho a elegir las autoridades locales y regionales al atribuirse el Presidente de la República la facultad para nombrarlas, contradiciendo su propuesta de elección de cargos públicos (art. 70). De hecho, estas facultades las viene ejecutando el Primer Mandatario en abierta complicidad con la Asamblea Nacional y el resto de los poderes públicos.

No me vale la contrarréplica de que así sucede en otros países presidencialistas, en tanto que la reforma constitucional de Chávez es presentada como «algo distinto» no se puede defender desde el «así se hace en otros lados», y menos cuando esos «otros lados» son simples estados nacionales burgueses. ¿No decían que era un gobierno revolucionario? Claro que no lo es, si lo fuera, hace tiempo hubiese dejado de mandar petróleo a Estados Unidos. Porque es muy fácil decirse revolucionario mientras se vive del capital.

Cuando se lee un texto legal no se puede aplaudir un artículo (o denostarlo) sin entender el contexto legal en el que se encuadra. Mucho del apoyo que se da a la reforma constitucional en Venezuela pasa por aplaudir los distintos artículos en su propia expresión y no enclavarlos en la reforma global, así pues, cuando se lee un artículo que habla del Poder Popular se considera un avance en el autogobierno, cuando en realidad nos encontramos con un control estricto por parte del ejecutivo a los movimientos populares y la burocratización de los mismos. Los movimientos sociales, que se supone ganan con esta reforma, vivirán una frustrante burocratización y control desde arriba, algo totalmente rechazable. El tan cacareado «Poder Popular» no es más que la articulación por parte del chavismo de la opresión de la actividad ciudadana por parte del Estado, así pues, el grupo Insurgentes apunta (documento ya enlazado):

2. Burocratización y control del movimiento popular (a través de la modificación de los Artículos 67, 70, 136, 141 y 184).

El Estado norma y reglamenta en un formato único y obligatorio de participación, al que se le da el nombre de Poder Popular, nacido y administrado desde los poderes establecidos. El Poder Ejecutivo Nacional dirige por completo la dinámica comunitaria en aras de arrebatarle la autonomía histórica que han tenido los movimientos sociales en Venezuela. El poder, que constitucionalmente reside en el soberano, es usurpado y ahora es arbitraria e inconstitucionalmente “transferido” a éste por el Presidente.

Para poder participar en el llamado Poder Popular, es obligatorio estar inscrito en las organizaciones predefinidas por el Poder Ejecutivo Nacional, lo que presupone de hecho la pérdida de los derechos a la libre organización y participación contenidos en el propio artículo 67.

¿Eso es participación ciudadana? ¿Eso es articular un Poder Popular? Esto me recuerda más a las elecciones en China, una pantomima por completo donde se elige a gente que ni quiere participar en tanto que el poder reside, realmente, en el Partido Comunista, fuera de él no hay nada, y dentro está todo el poder (con sus propios mecanismos electorales, pero es otro tema, y alejado de la ciudadanía). Si la participación ciudadana, el poder popular, pasa por lo establecido, apaga y vámonos. Se vuelve una excusa para quitar poder a las autoridades locales realmente elegidas, y jerarquizar aún más la sociedad anulando (ilegalizando) los movimientos sociales.

El chavismo propone, además y contradictoriamente con la autonomía de las comunidades, un estado centralista y vertical, y la creación del distrito federal (o la recuperación del mismo) es un error en tanto que se quita el poder a los caraqueños para organizarse como mejor crean conveniente y se suprime al principal opositor del régimen (el gobernador de Caracas), el poder del distrito federal recae en el presidente de la República en tanto es un cargo de confianza del mismo, con ello se elimina cualquier posibilidad democrática en la capital del país.

La reelección permanente, de la que tanto se ha hablado, no me parece realmente el problema de esta constitución, estoy en contra de impedir que una persona postule a cargo público, aunque sí me parece hipócrita que sea sólo para el presidente de la República y no para los mandos intermedios o locales. Si se puede para uno se debe poder para todos. Ahora bien, algo huele mal en el palacio de Miraflores cuando la reforma además incluye un aumento de los años de gobierno, se pasa de seis a siete. Es la segunda vez que Chávez aumenta el periodo del mandato presidencial, antes era de 5 años (si no recuerdo mal). También se dificulta la convocatoria del referendo revocatorio y las iniciativas populares, en otras palabras, se afirma que el pueblo tiene el poder pero se dificulta el ejercicio del mismo a la par que se aumenta el tiempo en el cargo del máximo responsable del país, con más poderes que nunca.

Derechos Laborales

Otro de los temas punta en esta reforma es el aumento de derechos laborales, y por tanto, necesarios para la emancipación del proletariado. Quienes defienden la reforma miran con buenos ojos la reducción de la jornada laboral (a 36 horas semanales si el turno es de día, y a 34 si es de noche, cuando lo actual son 44 horas y 35 a la semana, respectivamente). Uno de los puntos es el refuerzo a la inspección laboral, el aumento de la seguridad social (para autónomos) y otros pocos (como los consejos obreros). A la par, habría que indicar que se flexibiliza el mercado de trabajo en los términos existentes en las democracias burguesas, así pues, el Estado ya no es el garante del pleno empleo (como lo es con la constitución del 99), sino que se evita esa «garantía» y se deja al Estado como facilitador del trabajo, esto es, quien debe realizar las políticas para producir empleo, pero ya no garantiza el mismo. En realidad es un juego semántico, esto es, no se puede enjuiciar al Estado por no garantizar el trabajo (actualmente), de la misma forma que eso de «políticas» es muy abierto, al punto que deja de significar nada. La reforma sobre la seguridad social de forma constitucional es poco acertada, o más bien, populista, en tanto que actualmente el Estado tiene que garantizar la seguridad social a todos, sólo con modificar la ley que regula la Seguridad Social se podía incluir a los autónomos, no era necesario constitucionalizar la diferencia entre unos y otros de la forma que se realiza (es poco atinado constitucionalizar diferencias).

Sobre la reducción de la jornada, hay que atender a las prácticas laborales en Venezuela, y no sólo a lo que marca la ley. En Venezuela, como en otros países del entorno latinoamericano, el principal agente que vulnera la ley laboral es el Estado, en Venezuela se usa mucho la contratación temporal y la externalización de labores, así pues, con esta reforma se facilita dicha contratación y se termina estimulando a los empresarios para que migren a estas formas temporales de trabajo en vez de contratar por tiempo indefinido. Con ello, según algunos grupos de la izquierda autónoma, se busca disminuir el poder de los sindicatos y sacarle la vuelta a los trabajadores, favoreciendo al final la precarización del empleo en un mercado laboral más flexible.

En este tema es importante indicar que todo lo que el chavismo pretende aprobar mediante reforma constitucional ya era factible en un proceso legislativo ordinario, modificando la Ley Orgánica de Trabajo. Se está constitucionalizando la precariedad laboral a la par que se presenta como un proceso de mejora para los trabajadores, y así convencerles de que voten por esta reforma constitucional*. ¿Quién votaría en contra de trabajar unas horas menos? ¡Sólo un iluso! La reforma laboral en esta reforma constitucional es un caballo de troya.

Sobre el Mercado ¿Socialización de los medios productivos o fortalecimiento del capitalismo?

Otro de los grandes puntos de esta reforma tiene que ver con el mercado. Desde un lado se dice que se está socializando, por fin, los medios productivos, que el trabajador tendrá más control sobre la utilización de su fuerza de trabajo, que se refuerza el uso social del suelo y los recursos, que se permite, de esta forma, avanzar hacia el socialismo (recordemos la coletilla «Del Siglo XXI», que nos recuerda que no estamos ante un socialismo o marxista o libertario, sino ante un capitalismo de Estado disfrazado de social, lo mismo que hace la socialdemocracia). Desde el otro lado, se habla mucho de expropiaciones, de impedimento del capital extranjero en Venezuela, y otras cuestiones parecidas.

En realidad, lo que se hace con esta reforma es constitucionalizar las empresas mixtas (con un capital, nacional o extranjero, de hasta el 49%), no se sociabiliza nada, sino que se nacionaliza. No hay que entender esos dos términos como sinónimos. Un ejemplo claro fue la supuesta socialización de un medio de comunicación dentro de las señales en abierto de televisión. Se dio una cachetada a una empresa privada contraria al régimen (otros medios privados afines al régimen no sufren estas nacionalizaciones) pero no se entregó el medio a los trabajadores, sino que se pasó por encima de ellos y burocratizó la señal. ¿Esto es socializar? No, es simplemente nacionalizar. Y eso lo saben hacer tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha.

Con esta reforma constitucional el suelo y empresas venezolanas tienen tanto uso social como en las socialdemocracias europeas (uso que ya tenían en la constitución venezolana del 99), no se avanza ni un paso en la socialización o comunitarización de la vida económica del país, no se avanza en la revolución socialista en tanto no se quiere realizar dicha revolución.

Los verdaderos beneficiarios de toda la reforma son las transnacionales que participan en las empresas mixtas, de repente se ven intocables y todopoderosas, sólo tienen que estar con el Poder para funcionar y seguir explotando a los venezolanos. O sea, igual que en cualquier país capitalista. En este sentido se entienden las palabras de Alí Moshiri, presidente de Chevron para Latinoamérica, cuando aplaudió la nacionalización de los hidrocarburos acompañados de la creación de las empresas mixtas. Capitalismo de Estado que favorece a los poderes económicos extranjeros.

No hay que olvidar que en Venezuela, como en China, cada vez hay más ricos, que si bien se desplazó a una oligarquía económica, ha surgido una nueva (o una vieja reciclada en chavistas), que los empresarios con carné chavista no son tocados por el Estado y son beneficiarios de un sistema que no llega ni a reformista. Aunque también es cierto que la repartición de la riqueza a mejorado, aún está lejos de las socialdemocracias europeas. Y eso ya es decir.

Derechos Humanos y militarización

Otro de los apartados donde vemos las grandes diferencias entre el proceso constitucional de 1999 y el actual, así pues, antaño se escucharon a las organizaciones de derechos Humanos hoy despreciadas y tildadas de todo. Ya sea desde los colectivos de prisioneros hasta los foros de derechos humanos, todos gritan contra la reforma y el no haber sido escuchados, y claro que tenían algo que decir.

Entre las muchas quejas realizadas por el Foro por la Vida (que agrupa a una serie de colectivos sociales pro derechos humanos), rescato algunas de ellas (negritas mías):

1) El Foro por la Vida tiene una especial preocupación por las modificaciones propuestas en la regulación constitucional de los estados de excepción, pues se abandonan o reducen las cautelas y controles previstos en la Constitución vigente y se limita el listado de derechos no susceptibles de restricción con motivo de un estado de excepción. En tal sentido, se observa que la propuesta de reforma pretende restaurar la figura de la suspensión de garantías, de nefastas consecuencias en la experiencia constitucional venezolana, y que no explica adecuadamente el alcance de los estados de excepción. De allí que la Constitución de 1999 haya optado por la expresión restricción de garantías, pues ni siquiera en circunstancias extraordinarias quedan suspendidas las garantías de los derechos, como lo ha interpretado de manera auténtica la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adicionalmente, se plantea la supresión de los límites temporales establecidos en el artículo 338 de la Constitución, lo que nos coloca ante el riesgo de estados de excepción prolongados o incluso ilimitados. Se elimina, además, la facultad de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada de intervenir para revocar el decreto que declare el estado de excepción, al cesar las causas que lo motivaron.

2) El Foro observa que la potestad que tendrá el Ejecutivo Nacional de crear mediante decreto nuevas entidades político-territoriales y de designar sus autoridades, viola el principio democrático de la elección popular de autoridades. Esto supondría un retroceso en el principio del ejercicio democrático de la voluntad popular como un fin esencial del Estado.

3) La coalición de organizaciones de derechos humanos considera preocupante la nueva conceptualización de la Fuerza Armada Nacional, guiada por la “doctrina militar bolivariana”; la incorporación en su misión de los conceptos como “la guerra popular de resistencia” y de “la incorporación permanente en tareas de mantenimiento de la seguridad ciudadana”, así como la eliminación de los principios que rigen la institución armada, como lo son: “institución esencialmente profesional, sin militancia política y “al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”. Todas estas modificaciones configurarían un cuadro peligrosamente militarista y de utilización política de la Fuerza Armada Nacional. Esto también vulneraría el pluralismo político como valor superior del Estado.

4) La asignación a la Fuerza Armada Bolivariana de “la participación permanente en tareas de mantenimiento de la seguridad ciudadana” y la formación de cuerpos policiales con la “Guardia Territorial Bolivariana” representa, a juicio del Foro por la Vida, un peligroso atentado contra los estándares internacionales sobre derechos humanos en materia de seguridad ciudadana. Tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, han sostenido que la obligación del Estado es garantizar la vida, la integridad personal y los bienes de las personas, mediante la organización de su aparato de policía de carácter civil y una política de seguridad ciudadana. Las labores de policía deben estar a cargo de cuerpos civiles bien entrenados, debidamente dotados y pagados, que prevengan y protejan de manera profesional y transparente a las personas contra el crimen. La tragedia de la inmensa cantidad de víctimas de la violencia en Venezuela no se resolvería con la militarización de la seguridad ciudadana, por el contrario, conforme a la experiencia nacional e internacional, ésta lastimosamente se agravaría. En este sentido, el Foro solicita a la Asamblea Nacional que se retomen las conclusiones y recomendaciones presentadas por la Comisión Nacional para la Reforme Policial (Conarepol).**

5) La propuesta de reforma elimina la rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con la supresión del artículo 141 de la Constitución de 1999, referido a los principios de la administración pública.

6) Finalmente el Foro valora como positivas las normas que reducen la jornada laboral a seis horas; el reconocimiento del derecho a la ciudad y del origen multiétnico de los venezolanos; y la regulación de la financiación estatal en las campañas electorales. Sin embargo, estos avances no pueden ser la justificación para aprobar normas que restringirían el ejercicio de los derechos humanos de los venezolanos.

El grupo «Tercer Camino» asegura, a su vez, que la reforma constitucional elimina el debido proceso, la reforma del artículo 337 introduce, de hecho y derecho, una «presunción de inocencia» en los regímenes de excepción a la par que elimina el principio de tipicidad de los delitos. Introduce, a la par, la privación de libertad como principio en las detenciones. Si esto es malo cuando hablamos de Estados Unidos y su Guantánamo, también es negativo si hablamos de Venezuela y su revolución bolivariana. La pérdida de la presunción de inocencia también trae consigo la inversión de la carga de la prueba. Ya no es el Estado, por medio de la fiscalía, quien pruebe que eres culpable, sino que es el reo quien deba demostrar su inocencia. Durante esos regímenes de excepción también se elimina, muy negativamente, el principio de cosa juzgada, así pues, un absuelto por un delito determinado podrá ser juzgado otra vez por dicho delito, pero ya sin presunción de inocencia y teniendo que ser él quien demuestre su falta de culpabilidad.

En este sentido, el chavismo va cayendo, cada vez con más velocidad, en un ente represor del disidente, del contrario, así pues, articula poco a poco un sistema militarizado, que ordena a su antojo a los movimientos sociales y los mantiene a raya dentro de los límites que él mismo decida y facilita las cosas para un estado excepcional donde las garantías constitucionales sean fácilmente anuladas para poder aplicar sin dificultad un «derecho penal del enemigo». Cada vez Venezuela se parece más a Estados Unidos.

Esta parte de la reforma va en contra de las convenciones internacionales firmadas y ratificadas por Venezuela, el principio de tipicidad de los delitos no puede ser suspendido en un estado de excepción, como recuerda «Tercer Camino»:

Debemos decir que la modificación del artículo 337 de la vigente constitución, forma parte de esa política de Estado que anuncia la materialización de crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto, el Presidente de la República que promueve la reforma constitucional, así como todos los diputados de la Asamblea Nacional que aprueben la indicada modificación del artículo 337 constitucional, deben ser denunciados ante el Tribunal Penal Internacional, como autores intelectuales de los crímenes de lesa humanidad que pudieran ser ejecutados contra el pueblo de Venezuela en los regímenes de excepción.

Además, la referida modificación viola el artículo 27 numeral 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), según el cual en los casos de suspensión de garantías los Estados partes de dicha convención tienen prohibido suspender el principio de legalidad de los delitos y las garantía judiciales indispensables para la protección de este derecho, como lo es el debido proceso previsto en los artículo 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Según el artículo 23 de la constitución vigente, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, tiene jerarquía constitucional en nuestro país y prevalece en el orden interno en la medida en que contiene en materia de régimen de excepción, normas sobre goce y ejercicio de los derechos humanos mas favorables de las establecidas en la Constitución venezolana, por lo tanto dichas normas son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.

En las protestas recientes (de universitarios acomodados si se quiere, pero protestas populares a fin de cuentas) se ha visto este carácter del chavismo, todo los que no están con él son enemigos a batir, y duramente si se tercia. El poder político rara vez tiene complacencia con el enemigo, y el chavismo en este sentido no es menos que el fujimorismo en los noventa del Perú, saca el fusil sin problemas ante una manifestación. Otras formas de ver la verticalidad del ejecutivo militarista de Chávez es recordar los recientes sucesos entre España y Colombia con Venezuela, y me refiero concretamente a la prohibición de emitir imágenes a los periodistas colombianos, españoles y de la CNN, a la par que se confiscaron algunas cámaras y sólo se dejó grabar a las manifestaciones «a favor» de la reforma a otros periodistas en días anteriores. Si así se realiza una revolución, yo no la quiero.

Todo lo anterior aderezado con una brutal militarización de los asuntos ciudadanos. Así pues, se pone a las fuerzas armadas o militarizadas a la cabeza de la solución de los problemas de seguridad pública civiles, con lo cual se manda un claro mensaje a los opositores y a la ciudadanía en general, los delincuentes son ahora enemigos, los ciudadanos ahora son súbditos sujetos al ejército. Y el ejército más que nunca controlado por el poder político. Algo que suele pasar, pero ahora se declara tal cual. No se ataca a la raíz de la delincuencia, sino que se responderá militarmente a la misma. Y a todo aquél considerado enemigo. Las experiencias en este sentido no son buenas ni en el alto Huallaga, ni en Palestina ni en ninguna parte.

Estoy con quienes piensan que la reforma planteada permitirá un Estado aún más autoritarista, y desde las posturas libertarias esto es totalmente inaceptable. En una entrevista a Liliana Ortega, directora ejecutiva de Cofavic, se deja patente este no tan nuevo autoritarismo del chavismo en el poder. Se está dando demasiado poder al Estado, en aspectos fundamentales, y nada vale decir que en situaciones normales los derechos están garantizados, pues justamente es en situaciones anormales donde los derechos cobran especial vigencia.

Sobre el militarismo, para ir acabando este punto, recojo la opinión de El Libertario, periódico anarquista venezolano, y cito un poco de un interesante artículo titulado «Cuarto Motor: El Militarismo», recogido también en el documento enlazado al principio de Insurgentes contra la Reforma Constitucional (negritas mías):

La propuesta de reforma del artículo 328 de la constitución, promovidapor el presidente de la República, significa un paso más en el proceso demilitarización de la sociedad venezolana. El militarismo es, además del protagonismo del estamento castrense en el llamado “proceso” bolivariano, una forma de reglamentar la vida en sociedad. (…)

El gobierno venezolano afirma que la posibilidad de una “invasión imperialista” es la razón que motiva la organización castrense de la sociedad. El discurso emanado desde el palacio de Miraflores reinterpreta el sentimiento anti-imperialista, que motivó las luchas sociales latinoamericanas de las décadas anteriores, para convertirlo en un dispositivo de su proyecto de dominación. (…)

El reforzamiento militarista, propuesto en la reforma en su artículo 321, tendrá consecuencias cotidianas en contra de los sectores desfavorecidos y minoritarios. De aprobarse este articulado las Fuerzas Armadas pasaran a tener tareas permanentes para mantener la seguridad ciudadana, así como de la conservación del orden interno. Anteriormente, el Ejército desempeñaba labores represivas únicamente en situaciones calificadas de extraordinarias. En lo sucesivo, sustituirán a los efectivos policiales en la represión de manifestaciones, incrementándose las violaciones a los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas están entrenadas para exterminar enemigos militares. El artículo 321 le declara la guerra a los que atenten contra el “orden interno”: las protestas por falta de viviendas, agua, servicios, empleo, seguridad social y seguridad personal; los que disientan de las políticas gubernamentales o de quienes se organicen de manera diferente a como lo estipula las cuatro instancias del llamado “poder popular” a regirse según la nueva constitución. En este punto, de nuevo, el actual gobierno venezolano sintoniza con las políticas impulsadas por los centros de poder mundiales. Desde hace dos décadas atrás, los Estados Unidos, a través de los documentos de Santa fe Uno y Dos, propugnaban el cambio de rol de las fuerzas armadas del continente en organismos policiales, para involucrarse en el combate del delito, el narcotráfico y el terrorismo. Esta política es realizada hoy, paradójicamente, por un Estado que se denomina a si mismo como “revolucionario”. Por esta razón, una extensión de la actual propuesta de reforma será la “Ley antiterrorista” venezolana, la cual criminalizará definitivamente a los rebeldes y cuestionadores de la nueva casta burocrática venezolana. Que las nuevas funciones se adjetiven de “patrioticas, populares y antiimperialistas” son sólo un eufemismo del reforzamiento de las nuevas labores asignadas por la constitución.

Otra de las novedades de la propuesta de reforma se encuentra en el rango constitucional asignado a la milicia nacional bolivariana, nuevo componente de la Fuerza Armada Bolivariana. De esta manera, la Carta Magna institucionaliza las labores policiales que vienen realizando organizaciones de apoyo al gobierno, entre las cuales se encuentra la ubicación y delación de revolucionarios disidentes, trabajo realizado bajo el nombre políticamente correcto de “inteligencia social”.

De esta manera, el llamado “Socialismo del siglo XXI” bolivariano repite lo peor de los socialismos reales existentes en la historia, y reproduce el caudillismo y militarismo presente en la historia de Venezuela. Una muestra del talante autoritario lo hemos visto venezolanos y venezolanas cuando, en medio del debate ficticio sobre la propuesta de reforma, algunos de los seguidores del presidente se han atrevido a cuestionar alguno de sus componentes. La respuesta ha sido el asesinato simbólico y moral. Para aquellos que lo cuestionamos desde posturas radicales y revolucionarias nos esperan otro tipo de represalias, las cuales, si se aprueban en bloque los 33 artículos de la reforma, serán ejecutadas por cualquiera de los cuerpos militarizados estipulados por la nueva constitución.

Otros aspectos de la reforma

La reforma, por supuesto, también afecta a cuestiones puramente institucionales, muchas mostradas como una mayor democracia, así pues, el pueblo participará de forma directa en la elección de los magistrados del tribunal supremo o del fiscal general. Ambas me parecen malas ideas, acá no me extenderé, pero esto permite con demasiada facilidad el populismo en mandatos especialmente sensibles. Es cierto que actualmente (en la mayoría de países) dichos cargos los ocupan quienes estén «con el poder», pero no es menos cierto que cuando pasan por votación popular no se soluciona la discrecionalidad de estos órganos, sino que se empeora su funcionamiento al verse en clave electoral.

La reforma prohíbe la financiación internacional de partidos políticos, no sé por qué esto debe estar normado por la constitución (típica cosa que debiera dejarse a las leyes), pero sí sé que resulta hipócrita que sea un gobierno como el chavista en realizar este grito contra el capital extranjero en los partidos cuando el chavismo financia movimientos en media América Latina, no sé por qué quieren prohibir lo que ellos hacen. Personalmente no veo mal la financiación extranjera (gracias a ella se levantaron los partidos socialistas y comunistas en medio mundo, y se sostuvieron los movimientos sindicales anarquistas gracias a la solidaridad internacional), mas sí es positivo un control real sobre las arcas de los partidos, más transparencia y menos favores entre políticos y empresarios. Esta reforma no pretende la «independencia política» de los partidos (aunque es positiva la regulación del gasto en las campañas electorales), sino que subyuga a los movimientos locales al capital nacional controlado por el Estado y las empresas mixtas. Clientelismo y caciquismo.

Ya para ir acabando, sólo mencionaré dos puntos más de la reforma, por un lado, se insiste mucho en el texto del antiimperialismo, con esto el Estado, el chavismo, se vuelve el único contenedor y órgano decisorio de qué es antiimperialismo, cuando la propuesta chavista, según vemos en la práctica, es imperialista. También se habla de integración de Hispanoamérica, eso lo vemos en muchos textos constitucionales de América Latina, lamentablemente somos incapaces de unirnos en un proyecto común, y hemos visto en los últimos años que la política internacional del chavismo es más bien divisionista e imperialista. ¿Cómo puede mantener un discurso antiimperialista con un actuar claramente imperialista? De la misma forma que mantiene un discurso izquierdista mientras favorece a sus clientes empresariales y flexibiliza el mercado laboral.

Por todo esto y mucho más, es necesario que los venezolanos digan NO a la reforma (aunque desde muchos colectivos se propugna el ausentismo como fórmula de deslegitimar el resultado final, pero sabemos que a Chávez, como a todo tenedor del poder, el ausentismo le favorece, con mirar el actual parlamento y su funcionamiento llegamos fácilmente a esta conclusión).

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*Es interesante en este aspecto recordar los dos medios desinformativos al respecto, esto es, los medios masivos que promueven el no tienden a presentar el proceso de referendo como «ya decidido» en que la población no tiene real voz y voto, mientras que los medios masivos pro reforma (que los hay, y bastantes) insisten en la transparencia del referendo y que se decide sobre cada parte de la reforma, esto es, que no es un paquete cerrado que se acepta o se rechaza (en España se suele contraponer al referendo constitucional del 78, en donde la decisión estaba un tanto viciada en tanto que o se aceptaba una democracia cautiva con monarquía, o una monarquía absoluta), pero hay que recordar que sólo se puede decidir si sí o si no sobre dos partes, esto es, no es que se someta a pregunta CADA artículo, sino que hay dos bloques de artículos y se decide sobre cada uno de ellos. Aún así, esta fórmula es mejor que un referendo sobre el total, pero no es una decisión sobre «cada una de las partes de la reforma».

**En Perú tenemos (muchos) un mal recuerdo del ejército haciendo el juego político militar del régimen, nada bueno suele salir de los cuarteles, y cada vez que los soldados actúan como policías nos encontramos con vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos. El ejército se vuelve sin problemas en el principal victimatario de la sociedad, que queda subyugada a la experiencia militar. Hay que recordar que Chávez, ante todo, es un militar, y en estas cosas es donde más se nota su pensamiento castrista.

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