Topes salariales para los alcaldes como solución coyuntural

O cómo no confiar en la autonomía municipal e impedir que sean los presupuestos participativos la solución a los alcaldes que se sobrepasen en sus sueldos. Es importante entender que el municipio es el centro más cercano de decisión del ciudadano, en el distrito está su primer ámbito de vida, de actuación, y en el que de forma más inmediata todos se ven afectados por el comportamiento del municipio, normas y actuaciones políticas, en el día a día. Así pues, ante el problema de los alcaldes «abusones» en cuanto a sus sueldos, la solución es la fiscalización pública de los presupuestos (como poco) o, lo ideal, la participación ciudadana en la elaboración del presupuesto municipal. Pero no, Alan García, en vez de intentar que los alcaldes hagan las cosas bien, pone topes simplones a los sueldos, no soluciona nada, no ayuda a la cultura democrática, simplemente pone un parche a una situación de abusos.

El problema es claro, es real, y es doloroso para una ciudadanía empobrecida. Los alcaldes se ponen salarios elevados, para ellos y los regidores. Ahí tenemos un problema, esas personas que elegimos como representantes a la primera de cambio abusan de nosotros. Ante un problema hay muchas soluciones, o mejor dicho, muchas formas de abordar la cuestión y plantear una respuesta. Y Alan García siempre elegirá la que electoralmente le resulte más rentable, le haga parecer un héroe y que, en el fondo, sólo sea un mal parche en nuestra decadente democracia.

Así pues, Alan García ha dictado un Decreto Supremo en el cual se fijan los «topes salariales» (tranquilos, la mayoría de los alcaldes se pondrán el máximo legal, no son tontos), los sueldos se fijarán según la población:

Por ejemplo, en un distrito que tiene desde uno hasta 500 electores, el alcalde no tendrá un sueldo mayor a S/.1.040 soles, mientras que cada regidor recibirá un máximo de S/.300 por mes. De 500 a 750 electores, el sueldo del alcalde puede aumentar a S/.1.300; de 750 a 1.000 electores, aumentará a S/.1.500 soles y así sucesivamente hasta llegar a los grandes distritos que tienen 450 mil electores o más como es el caso de San Juan de Lurigancho donde el alcalde, por su mayor responsabilidad y uso de recursos, puede ganar hasta S/.11.000. [fuente: El Comercio]

La norma, eso sí, hará que unos 1124 alcaldes se tengan que bajar el sueldo (mientras que unos pocos podrán subírselo aunque sea un poco), esto es, Alan García, sin perder nada, realiza un gran golpe de efecto dentro de sus políticas de cara a la galería de «austeridad» (aunque luego haya ríos de comisiones, ríos de dinero para los amigos, sobreprecios pagados como favor político, y demás porquería que tiene nuestro gobierno).

Este tema es muy parecido al de los sueldos de los presidentes regionales, en vez de ir por el lado de favorecer la autonomía presupuestaria y la responsabilidad de los mandatarios, se pone un tope salarial y todo se deja como está. El problema en los municipios es que el alcalde no es fiscalizado por la población, la revocación es muy difícil y el control presupuestario casi una utopía. Pocos son los ayuntamientos que han llevado a cabo la elaboración participativa de los presupuestos. La respuesta ante el abuso del alcalde no es imponerle restricciones desde arriba, acotando aún más el espacio de autonomía municipal y, por tanto, de participación directa de los miembros de un municipio en las decisiones que se tomen dentro del ayuntamiento.

Es cierto que el tope salarial no impide que los presupuestos participativos existan, ni que sean los vecinos quienes decidan el sueldo de su alcalde, aunque el Estado ponga un tope «por arriba» al sueldo. Pero, en vez de aprovechar para ahondar en la reforma democrática del Estado con una medida más dura y difícil, pero que favorecería a nuestra democracia interna, al hacerla algo más participativa, el Estado hace lo simple, sencillo, efectista y electoralista, en vez de hacer lo útil, lo profundo. Otra vez tenemos una medida que atajar el problema de forma coyuntural, y no estructural.

Uno de los problemas de nuestra descentralización es la forma en que se ha llevado a cabo, y donde el municipio ha ido siendo relegado poco a poco, impidiendo el primer ámbito de actuación de los ciudadanos se desarrolle como tal, impidiendo que la democracia participativa permita construir la reforma del Estado de abajo a arriba. El municipalismo termina siendo necesario, sobre todo cuando algunos de los experimentos de presupuestos participativos sí han dado buenos resultados, donde la fiscalización y participación de los ciudadanos ha permitido que, al menos, el alcalde haga más o menos lo que sus vecinos quieren, que no es poco en un sistema que se quiera llamar democrático.

Ante un problema (el abuso de los alcaldes) estructural, el Estado debió ayudar a la fiscalización de los alcaldes, de todos los cargos electos, y a la participación ciudadana de los vecinos en los presupuestos municipales, para aumentar la democracia de unos ayuntamientos que, muchas veces, parecen encomiendas a la antigua usanza más que instituciones democráticas y participativas.

El gobierno no quiere solucionar los problemas de los peruanos, sólo quiere parchearlos y que parezca el gran salvador, no quiere democratizar el funcionamiento de nuestras instituciones, quiere mantenerla en un control vertical que no ayuda a la participación ciudadana.

Una oportunidad perdida.

[[Publicado en De Igual a Igual]]

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