Dos Comunicados: Contra la pena de muerte y por los derechos laborales

En esta entrada incluyo dos comunicados, uno ya reproducido acá pero que es importante rescatar: La manifestación contra la pena de muerte para el 26, en la plaza mayor a las 4 pm (mala hora para una manifestación). La otra comunicación corresponde a la nota de prensa que ha sacado la CGTP sobre la queja que ha cursado, junto con el SUTEP (relacionado con la esta entrada) contra el gobierno peruano por vulneración de los derechos sindicales de los peruanos (en particular, de los docentes). Ambos son temas importantes para todos nosotros, así que, sin más dilación, paso a reproducir los comunicados:

Sobre la manifestación:

¿Sólo la muerte puede entrar a Palacio?

LUGAR: Plaza Mayor
DIA: este viernes 26 de enero
HORA: 4:00 p.m.

A pesar de que las marchas en el Centro de Lima están prohibidas, el viernes el Presidente de la República recibió a una “portátil” de más de dos mil manifestantes a favor de la pena de muerte.

Es eso justo??? El Dr. Alan García Pérez trata a todos los peruanos, sus gobernados, por igual??? Seguro que sí.

Por eso, todos los que estamos en contra de la pena de muerte nos reuniremos PACÍFICAMENTE en la Pileta de la Plaza Mayor. No habrá pre-concentración. A las cuatro de la tarde llegaremos a esperar que nuestro Presidente nos invite a entrar a Palacio.

Estamos seguros que no seremos reprimidos, así como tampoco fueron reprimidos nuestros compatriotas con un punto de vista distinto.

No tenemos buses. No tenemos congresistas. No tenemos ONGs. No tenemos universidades. No tenemos medios de comunicación. Únicamente tenemos UN DIA para organizarnos todos. Pasa esto por mails, por chats, por teléfonos, por blogs, por foros, por radio bemba.

Un abrazo fraterno

La Sociedad Civil

Y robo a Desde el Tercer Piso la lista de "bitácoras o páginas" (agrego alguno) que se han sumado a la convocatoria junto con otros enlaces de interés:
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Comunicado de la CGTP:
CGTP y SUTEP entregaron queja a la OIT por violación de Derechos Laborales por parte del Gobierno aprista

La CGTP entregó al mediodía del martes 23 de enero, la documentación formal a la OIT expresando su queja contra el Estado Peruano por las arbitrariedades del regimen de turno, que han perjudicado los derechos laborales de los profesores afiliados al SUTEP y de aquellos docentes contratados que se han visto condicionados a participar en una evaluación, sin la cual no tendrían derecho a postular a una plaza de trabajo.

La CGTP reitera su posición indeclinable de defender los derechos de los ciudadanos-trabajadores y al igual que en la dictadura fujimorista rechaza la pretensión del gobierno aprista de gobernar totalitariamente, algo que contraviene lo prometido por el Dr. Alan García en su campaña para la presidencia.

Comos es de conocimiento, el mandatario y su ministro de educación José Chang, por medio de decretos supremos han vulnerado la Ley del Profesorado, con el fin de conseguir un objetivo político, como es de tratar de debilitar al gremio de profesores. Esto atenta contra lo establecido en las normas internacionales suscritas por el Perú, como es la libertad sindical, la misma que garantiza las acciones de los trabajadores organizados.

La forma especulativa en que se han reducido las licencias sindicales del SUTEP, no busca ahorrarle un dinero al Estado (si fuera así se habría aplicado el impuesto a las sobre-ganancias mineras que permitiría una mayor recaudación al fisco) sino imponer un estilo de gobierno que de obtener resultados, será usado para otros sectores laborales, imitándose el estilo fujimorista que parece que el Dr. García anhela aplicar.

Es necesario resaltar que el SUTEP nunca se ha negado a las evaluaciones, sino que rechaza la forma desintegrada con que se quiere imponer una política educativa elaborada por entidades ajenas al quehacer educativo, respondiendo así a las directivas de los organismos financieros internacionales.

Al igual que en los tiempos de la dictadura, la CGTP no cesará en luchar al lado de los ciudadanos afectados en sus derechos por un gobierno que prometió “un cambio responsable” pero que a casi seis meses sigue demostrando que no esta preparado para atender las históricas exigencias del pueblo peruano.

Agradecemos su difusión
Mayor información a los Telfs. 424-2357/ 99726751

Departamento de prensa y comunicaciones de la CGTP en Lima a 23 de enero de 2007

Esperemos que la manifestación sea tratada como se merece, y que, por coherencia, el gobierno peruano les permita concentrarse en la Plaza Mayor de Lima. Y, por otro lado, espero que la OIT ponga en su sitio al gobierno peruano.

Ministerio de Educación contra el SUTEP

Es simple, el Ministro de Educación, José Antonio Chang, ha declarado la guerra a los sindicatos, en concreto, al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP). Desde el ministerio de Educación se han reducido de 300 a 30 las licencias sindicales, y lo hacen por simples razones: No tiene intención de luchar contra los sindicatos. En otras palabras, en el ministerio no quieren ser fiscalizados por los trabajadores de la educación peruana, no sólo buscan que los "nuevos" sean dóciles (y lo demuestra la medida tomada sobre los profesores contratados y la evaluación censal docente), sino que quieren eliminar al SUTEP y a cualquier sindicato que no les lama las botas.

José Antonio Chang afirma que si el SUTEP continúa con esa oposición a (según él) la mejora de la calidad del sistema educativo, acabará desapareciendo, esto es, habla de "crónica de una muerte anunciada". Afirma que el SUTEP no tiene posibilidades de "reengancharse" a una "sociedad del conocimiento" con "padres de familia que quieren mejor educación para sus hijos".

Alan García, presidente del Perú, dice que el SUTEP "raya con la locura" al no "querer una mejor educación". Una de dos, o Chang y Alan García no tienen ni idea de lo que quiere el SUTEP o son unos manipuladores y desinformantes como, por otro lado, no podía ser de otra forma en un gobierno aprista.

Habría que analizar, antes de todo, qué entiende el APRA, partido del gobierno, por mejorar la educación. ¿Acaso es quitar la oportunidad a muchos maestros de capacitarse (a los que no se dobleguen)? ¿Acaso se refiere a llevar a cabo una municipalización al más puro estilo del Chile de Pinochet que no hizo sino empeorar la educación y privar de recursos a muchos centros (municipalización ahora en revisión por el actual gobierno de la Concentración)? ¿Acaso se refiere a no aumentar el presupuesto de una educación que pide a gritos una mejora del personal y del material disponible -contando infraestructura-? Una prueba improvisada de conocimientos no es una baremo si quiera digno de considerarse como un muestreo para valorar en qué falla nuestra educación.

El SUTEP no se opone a una mejora de la educación (es un sindicato que lucha por ello -aunque no se esté de acuerdo con sus fines-), ni siquiera está en contra de las evaluaciones docentes. No, para nada. La evaluación es necesaria. Pero la que propone el gobierno no es más que una pantomima de evaluación, siquiera capaz de valorar si un docente hace bien o mal su trabajo. Tampoco sirve, la evaluación censal que han rendido casi 200 mil maestros (de unos 261 mil), para realizar una real aproximación a la situación docente y generar, con ello, un programa de capacitación para los maestros que sirva realmente a aumentar la calidad de los docentes peruanos. No, no sirve para nada de eso.

Entonces: ¿Para qué sirve este examen? Sabemos que es una cortina de humo ante la negativa del gobierno en aumentar el presupuesto de la educación peruana (sin presupuesto poco se puede hacer, y si los maestros no tienen un sueldo digno ni seguridad laboral, tampoco se puede les puede pedir el oro y el morro sin una retribución justa, y este sueldo digno sólo se asegura con un presupuesto que lo cubra, y el actual no lo hace). Es, también, una forma del gobierno de neutralizar o intentar neutralizar al SUTEP, uno de los sindicatos más poderosos del Perú (en cuanto al poder movilizante), y con ello hacerse con el control de un sector especialmente importante: La Educación. Si el APRA controla por completo la educación y en ella no encuentra oposición alguna, tendrá un eficaz instrumento alienador, y el mejor medio de control que cualquier gobierno pueda desear.

El APRA no quiere problemas, en el sentido de que quiere hacer lo que le dé la gana sin que nadie le rechiste, y el SUTEP no se quedará callado mientras exista, así que el gobierno hace lo posible por desacreditar al SUTEP a la par que aprovecha para destruir los derechos sindicales de los peruanos (en Educación es uno de los tantos ejemplos que nos podemos encontrar). El descrédito que busca el gobierno es tanto externo (de la sociedad con respecto al SUTEP) como interno (tanto hacia los maestros como a los propios sindicalistas), por una parte intenta presentar a la organización sindical como una suerte de monstruo que quiere comerse a sus hijos, y por otra, quiere mostrar a los maestros que no es nada bueno pertenecer al SUTEP y que trae consecuencias y persecuciones.

Fuentes:

Publicado también en De Igual a Igual

De Juana continuará en prisión dentro del hospital

El pleno de la Audiencia Nacional decide mantener en prisión (dentro del hospital donde se encuentra) a De Juana Chaos. Ayer realicé unos considerandos sobre la situación del etarra, donde consideré que daba lo mismo si las enfermedades o lesiones fueran autoproducidas o generadas por las vicisitudes de la mala fortuna, que lo que realmente se debe valorar es la situación del recluso en la actualidad, y que si mejora, jurídicamente hablando, debiera volver a la prisión.

El Auto dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal acuerda:

"mantener la situación provisional comunicada y sin fianza de José Ignacio de Juana Chaos, debiéndose adoptar por el centro hospitalario donde actualmente se encuentra ingresado la administración de la terapéutica adecuada al caso, incluida la alimentación forzosa conforme a lo ya acordado en resoluciones anteriores."

Así que las cosas para el preso provisional De Juana Chaos, en constantes huelgas de hambre que han mermado su salud, continuarán como estaba.

Como curiosidad: Tanto la fiscalía (por la que actúa Fernando Burgos) como los miembros del Tribunal que juzgaron a De Juana en el caso de las amenazas (Manuela Fernández Prado, Angel Hurtado y Carmen Paloma González Pastor) más otra magistrada de la Audiencia Nacional (Clara Bayarre) estaban de acuerdo con mandar al preso a su domicilio hasta que se mejorara.

Para entender que esta medida es netamente jurídica y no una "claudicación del Estado de Derecho" hay que recordar que la figura del arresto domiciliario por el estado del preso ya está previsto en nuestro ordenamiento jurídico (véase en este sentido el artículo 508.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), artículo que no diferencia si la enfermedad o situación de gravedad del preso es autoinflingida o no. Por otra parte, hay que recordar que lo que pide De Juana es su liberación "incondicional", no un arresto domiciliario por circunstancias de salud. Este último extremo no tiene nada que ver con las razones que llevaron al etarra a la huelga, él no pedía prisión domiciliaria ni nada de eso.

Es decisión del tribunal mantener el statu quo del preso De Juana, y era una de las tantas posibilidades que tenía sobre el tapete. No es una decisión política, ni la prisión domiciliaria ni el mantener la prisión en el hospital, no debemos considerar ninguna de las alternativas como "políticas". Aunque me parece que la interpretación que hace el tribunal sobre una norma penal favorable para el recluso es demasiado restrictiva, y que la consideración del daño autoinflingido sólo debía considerarse para la posible vuelta del preso a la cárcel cuando el mismo se mejorara, y si su situación es irreversible, pues nada, como cualquier otro preso enfermo o discapacitado.

Lo preocupante del asunto:

La AVT y el Partido Popular (PP) mantienen su apuesta por la manipulación, por la desinformación sobre unas leyes que conocen muy bien (no por gusto Rajoy fue ministro del Interior, si mal no recuerdo). Y lo digo por las declaraciones que han realizado tras el fallo de la Audiencia Nacional.

Tenemos por un lado a Rajoy: Por un lado, considera que este fallo "desautoriza" a Rodríguez Zapatero y al fiscal que pidió el cambio del arresto en el hospital al régimen de arresto domiciliario. Acusa al fiscal y al gobierno (supongo que de paso acusará a los cuatro magistrados que votaron a favor del arresto domiciliario) de querer que no se cumpliera la condena de De Juana Chaos. Por otra parte, considera que este fallo es una de las grandes alegrías de su vida y que une a los españoles contra el terrorismo.

Lo último, el tema de la unión y de la alegría, no es más que demagogia pura y dura. No sé cómo se puede alegrar de una medida así, puedes estar de acuerdo o en contra, y si eres un ferviente de De Juana o del mantenimiento de la vida de los presos te puede, incluso, apenar o molestar. Pero: ¿Dar alegría? ¡Por favor! Eso no pasa de ser una postura vengativa. Lo mismo que el tema de la "unión" ¿Une más a los españoles un mantenimiento de prisión y punto? Eso es más que demagógico.

Lo otro es más grave: Insiste en que esto es una derrota del ejecutivo presidido por Rodríguez, cuando el tema no tiene que ver con la cuestión política. Si el alejamiento de presos, los cambios penitenciarios por salud y todo eso lo consideramos político, estamos dando la razón a De Juana y los suyos sin lugar a dudas. Y es lo que hace el PP cuando realiza estas declaraciones, confunde (porque quiere) lo jurídico con lo político. Es político el regular una norma de una u otra forma, pero en el caso de las penales, es jurídico luego el cómo se aplican. Ya he mencionado por qué considero que en ningún caso podemos considerar que el mandarlo al arresto Domiciliario no es una cesión ni una derrota del Estado de Derecho en tanto se está aplicando la normativa del Estado para decidir. El PP no cree en el Estado de Derecho. Todos los días se presentan recursos y peticiones que son atendidas o rechazadas y en ningún caso se habla de desautorizaciones ni nada de eso.

Es preocupante que alguien como Mariano Rajoy recurra a la demagogia y la desinformación en este tema: él sabe muy bien que el cambio de régimen penitenciario no supone ni una suspensión ni una conmutación de la pena, ni, mucho menos, una suerte de amnistía. Pero miente. Acusa al fiscal de querer que no se cumpla la pena, cuando una pena se puede cumplir en arresto domiciliario, y, además hay que recordarlo, estamos ante una prisión provisional, no una definitiva.

Por otro lado, como cabeza visible del PP en estas declaraciones, tenemos a María San Gil: La presidente del PP vasco dice que esta decisión le reporta una gran satisfacción, a los familiares de los 25 asesinados por De Juana y a todos los que piensan que el Estado de Derecho "no tiene que doblegarse ante el chantaje de un terrorista". Sobre la "doblegación" del Estado de Derecho ya he mencionado que no es tal, que es aplicación de la normativa del mismo quien permite que en casos como el presente un preso pase a recuperarse en un régimen penitenciario distinto que el ordinario (que De Juana está en el hospital, donde no podrá recuperarse por completo si no come por sí mismo), así que no insistiré más en ese punto. Es demagogia la que se hace al repetir tanto lo de "rendirse al chantaje", eso sería "liberarlo sin más".

Por otro, volvemos al tema de los 25 asesinatos: De Juana ya cumplió la condena por esos asesinatos. ¿Qué tiene que ver la familia de esas 25 víctimas en este tema? Estamos hablando de un preso que está en prisión provisional por una condena por el delito de amenazas. Ya los 25 asesinatos no cuentan en todo esto. Volvemos al uso demagógico de las víctimas. Que nadie me salga ahora en que estoy desacreditando o manchando el honor a esas víctimas, nada que ver. De Juana ya pagó por esos delitos (si ha pagado "mucho o poco" por la muerte de esas personas es algo que no valoraré en estas líneas), y aplicando el Estado de Derecho al que María San Gil menciona, en el 2004 hubiera salido LIBRE. Ahí sí libre, no en prisión domiciliaria. Pero se le juzgó por otro delito y nunca pisó la calle.

Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) también se manipula el contenido de esta decisión de la Audiencia Nacional. De la boca del polémico presidente de la AVT, José Alcaraz, sale pura y dura demagogia, y desinformación: "el Estado de Derecho no cede al chantaje de un asesino" y que una "decisión distinta a la tomada hoy podía haber supuesto una provocación sin precedentes a las víctimas del terrorismo y a la mayoría de la sociedad española ya que hubiera amordazado la libertad que todas las personas de bien llevan exigiendo durante más de treinta años". Termina diciendo que "gracias a la Justicia, el sentimiento de orfandad de las víctimas ante el Estado de Derecho es menor a pesar de que el Gobierno sigue despreciándolas, poniendo por delante los intereses de los terroristas".

Sobre el chantaje y todo eso ya he hablado e indicado por qué considero que es mentira siquiera mencionar ese extremo al hablar de Estado de Derecho, así que no me detendré en ese punto.

El resto de la declaración de Alcaraz patina entre la demagogia pura y dura (habla de que el Gobierno pone por delante los intereses de los terroristas, no veo "al gobierno" en esta decisión por ningún lado -ni siquiera en los fundamentos de la actuación del fiscal- ni que lo haga en ningún caso, pero bueno, cada quien vive sus propias fantasías por más retorcidas que sean) y una amenaza al sistema que dicen defender, al Estado de Derecho. ¿Por qué una decisión fundada en las normas es una provocación a las víctimas del terrorismo o a parte de la sociedad? ¿El Estado de Derecho es una provocación a las víctimas? ¿Qué clase de víctimas son? Para responder a la demagogia de Alcaraz voy a citar las palabras de Enrique López, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): "estamos ante una resolución judicial que supone el triunfo del Estado de Derecho hubiera sido cual hubiera sido el contenido". No hablaría de triunfo, simplemente de aplicación.

Espero que el Tribunal Supremo conozca de la súplica a la decisión de la AN y decida lo mejor para el preso (sí, para él, es la parte enferma y débil en todo esto, como todos los presos) y se pase a la prisión domiciliaria mientras se recupera De Juana. Y que el TS también resuelva rápido (de una vez) el recurso de apelación a la condena por amenazas.