¿”Acto de justicia”? Coherente sí, pero de “justicia” poco.

El Estado Peruano se hará cargo de la defensa legal de los policías y militares acusados por violaciones de Derechos Humanos durante el "conflicto armado interno", esto es, durante esas dos décadas de lucha fratricida en que a las fuerzas de seguridad del Estado "se les fue la mano" y entraron en una dinámica en que las violaciones de Derechos Humanos eran la forma "táctica y estratégica" de luchar contra el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL o SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Me coherente. Es Estado les mandó a hacer esas "cosas" y ni siquiera intentó pararles los pies cuando comenzaron las denuncias por violaciones de Derechos Humanos, sino que favoreció que las mismas ocurrieran, ya sea mirando para otro lado o impulsando medidas que impedían la fiscalización de la actividad de las fuerzas "contrasubversivas".

Y recordemos que uno de los dirigentes que abrió la caja de pandora de esta actividad que tantas facilidades dio para violentar los derechos Humanos fue justamente el actual presidente del gobierno, Alan García Pérez, que sigue justificando sin ruborizarse lo hecho durante su anterior gobierno (de 1985 a 1990), que menosprecia sin presentar contra-datos el Informe Final de la Comisión de la Verdad y que no hace lo que debe para impulsar el proceso de reparaciones iniciado en el ocaso del anterior gobierno (incluso, lo limitará, ya que cuenta de distinta forma a las posibles víctimas, saliendo un número bastante inferior al presentado por la CVR), entre otras cosas, apoya la pena de muerte y demás medidas poco acordes con un discurso defensor de los Derechos Humanos.

Ahora, digo que es comprensible, entendible, que esto lo defienda Alan García, que quiera darle todo el apoyo a esos militares (que cumplan con los requisitos), lo malo es la forma en que justifica una medida medianamente razonable y el lenguaje que él o el Ministro de Defensa, Allan Wagner, utilizan. Entre otras cuestiones, porque siguen sin entender la labor de los jueces y tribunales, el sentido del Estado de Derecho y la actividad de la CVR.

El Presidente del Gobierno declara que todo esto lo hace en honor de las fuerzas armadas y de paso acusa a las organizaciones de derechos humanos de poco menos que traidores (todo esto de forma indirecta y sutil, por supuesto), así pues, podemos ver declaraciones del sujeto que dirige el país: «¿Cómo podría el Gobierno, mucho menos yo, que participé con la Fuerza Armada, con todo orgullo, en defender a la patria de la peor amenaza, dejar abandonados a miles de soldados y oficiales sobre los que recae siempre la sospecha de los que no pusieron nada por defender a la patria contra el terrorismo?», en otras palabras, se sigue echando porquería a quienes no aceptamos que la llamada lucha antisubversiba se hiciera de cualquier forma, que los fusilamientos sumarios estuvieron bien y que eso de torturar no sólo es aceptable, sino deseable.

Recae la sospecha sobre militares que estuvieron en zonas donde se violaron derechos, algunos de esos militares serán inocentes (algún caso de militares que llegaron "después" de sucedidos los hechos y situaciones así), otros culpables, pero no se pueden desechar las acusaciones por un patriotismo barato en el cual toda sospecha debe ser quitada de enfrente porque esos militares "nos salvaron". El problema en todo esto es que seguimos atacando los puestos medios en vez de perseguir a las cabezas e encubridores de todas las violaciones de Derechos Humanos, que a fin de cuentas, son los que mandaban en ese entonces. Lo que digo no significa que los ejecutores sean inocentes por la "obediencia debida", ni chorradas por estilo, pero sólo perseguir a los inmediatos ejecutores no acaba con la impunidad de esos años de violencia.

«He firmado un decreto de justicia total en el cual el Gobierno se compromete a defender a soldados, marinos, aviadores, oficiales y a todos los que sufren acusaciones, porque es responsabilidad del Gobierno defender a los que en algún momento envió a defender la patria» dijo el Presidente García. Lo único que es completamente cierto en toda la frase es que el gobierno mandó a esa gente a que hiciera lo que hicieron, pero es de "decreto de justicia total" suena a demagogia pura y barata (bueno, cara nos saldrá, pero es "demagogia de la mala", por decirlo de otra forma), no se puede hacer patria vulnerando a la misma, no se puede defender el Derecho saltándoselo, no se puede defender a la gente permitiendo ejecuciones extrajudiciales, y así con todas las cosas, así con esa mentada justicia, que nunca se basó en la justicia.

Para el Ministro de Defensa el decreto firmado por García es un «acto de justicia» y «(s)ignifica garantizar a quienes lo soliciten (…) apoyo para ejercer su derecho a la defensa» (fuente: El Comercio), dice bien cuando comenta que no es dar impunidad a nadie, sino garantizar el derecho a la defensa. El problema es que se parte de una constatación de una realidad que no se intenta cambiar, que la justicia "buena y gratuita" en Perú no existe, que los abogados de oficio son de todo menos competentes (generalizo, hay buenas excepciones) y que el Estado no da los suficientes recursos para que cualquiera que esté en una situación de necesidad pueda acceder a una defensa legal en condiciones.

Si hablásemos de justicia, lo que se tendría que hacer es montar de la forma más correcta un sistema de abogados de oficio competentes para garantizar el derecho de defensa, mientras tanto el Perú seguirá siendo un país sin ciudadanos con derechos, sino un lugar lleno de gente con privilegios, gremios enteros que detentan el poder o ciertos beneficios, así tendremos militares con grandes defensores a costa del Estado pero mucha más gente en estado de indefensión que no ven cumplirse sus derechos. Pero nanay de la pirinay, continuaremos con un sistema de privilegios donde comenzar una acusación contra un Militar siga siendo más que difícil, y casi un acto de traición a la patria.
 
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