Los mandatarios que firmaron el tratado de Lisboa lo tenían claro: Para seguir avanzando en la Unión Neoliberal de Europa (también conocida como Unión Europea) el texto del nuevo tratado debía ser aprobado por los parlamentos o gobiernos (según toque) evitando en todo caso pasar por los referendos. Así pues, países donde el «no» fue dado al Tratado por el que se establecía una Constitución para la UE serían evitados, sus ciudadanos ignorados, y la UE se dotaría de nuevas normas para funcionar con 27 miembros (el problema es que el tratado de Niza es insuficiente).