El pasado 21 de agosto se publicó la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 177/2015, de 22 de julio de 2015 (PDF y otros formatos). Una sentencia del pleno del intérprete de la Constitución que atendía a una reclamación por parte de dos condenados por quemar una fotografía del rey (injurias a la Corona) durante una manifestación antimonárquica e independentistas en 2007. Los manifestantes y condenados (a 15 meses de prisión sustituida por una multa de 30 meses a razón de tres euros el día) consideraron vulnerados dos derechos fundamentales: libertad ideológica (art. 16.1 de la Constitución) y la libertad de expresión (art. 20.1.a de la carta magna).
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Las medias verdades son mentiras
«el Congreso no delibera sobre otra cosa que no sean iniciativas o proyectos de ley» (El Comercio)
Esto… Sí es cierto que el contenido de las declaraciones presidenciales tiene que ver con legislar sobre la concentración de medios en la prensa escrita -según mandato constitucional, sea dicho-, pero no es cierto que el Congreso solo debata para legislar. De hecho, es casi lo que menos hace. Su función de control polítio es elemental en el actual entendimiento del parlamento, así como su capacidad para iniciar investigaciones sobre «asuntos de interés público», cuyos informes, por ejemplo, pueden incluir recomendaciones para modificar normas -en este caso, podrían iniciar una investigación sobre la compra de Epensa por El Comercio, si esta es contraria a la Constitución o no, y concluir que no es posible acaparamiento en el mercado de prensa escrita, como mantiene El Comercio, o que sí puede existir y que se necesita una ley que lo regule-. (Por más que El Comercio insista en que hay tres grupos porque la familia Agois mantiene el control de Epensa, no es cierto, el grupo es el de El Comercio, propietario mayoritario de las acciones. El Comercio, en este tema, manipula y mucho.)
El Comercio manipula declaraciones de Humala
Libertad de expresión y libertad de información son dos derechos íntimamente ligados, pero no son lo mismo. Libertad de prensa y libertad de empresa, en los sistemas capitalistas, ha comenzado a confundirse de forma incorrecta: el que una empresa haga lo que le dé la gana con un medio de comunicación no tiene por qué ser bueno, por ejemplo, puede conducir a impedir que salga determinada información a la luz pública -lo cual vulneraría el derecho a estar informado por parte de los ciudadanos, que es la contraparte del derecho informar que tienen los profesionales de la prensa- o censurar a sus «opinadores» contratados -contra la libertad de expresión-.
Matizando, que es gerundio
«En el matiz está la diferencia», dicen (y predicen). En El Comercio encontramos una noticia alarmante sobre censura en nuestra vecina Bolivia, donde, nos dice la agencia (DPA, es su noticia, por ello se encuentra reproducida acríticamente en otros medios), se persigue con cárcel a quien se mofa del presidente de la República. Para DPA la razón de la prisión está en la burla de forma clara, y para ello citan un «tuit» de un economista opositor. En Bolivia Evo, que aun cuenta con un respaldo bastante amplio, comienza a construir un sistema caudillista (y este caso en realidad es un ejemplo de ello, pero no por la censura) y hay medios que temen el crecimiento de la censura, esa parte es innegable. Ahora bien, ¿estamos ante un caso de censura? ¿Realmente se le acusa de burlas al presidente en cualquiera de sus formas?
Godoy en la mira
José Alejandro Godoy ha recibido una amable querella por parte de Jorge Mufarech Nemy, ex ministro de trabajo con Fujimori y, ex congresista de la República por Perú Posible (¿cómo se come eso? con papas). ¿Las razones? Que José Alejandro Godoy, aunque dio el derecho de réplica a Mufarech, no retiró una información que el ex ministro fujimorista considera calumniosa (demandar a otros por calumnias y difamación es algo que ha hecho bastante, por ejemplo, contra Cecilia Valenzuela y El Comercio, según recuerda su Web personal en el Congreso, y no son las únicas que ha interpuesto, también se querelló contra Fernando Rospigliosi, Pedro Salinas, Susana Villarán por delitos contra la administración de Justicia, Denuncia Calumniosa, Contra la Fe Pública y por Falsedad Genérica, que finlmente fueron archivados), así que Mufarech, al no estar satisfecho con el proceder del bitacorero que lleva Desde El Tercer Piso, se ha querellado contra él y le reclama la friolera cantidad de un millón de dólares (lo han leído bien, no es broma).