Es difícil que, en una encuesta, ante una pregunta tipo «[e]l gobierno ha aprobado un DL donde se permite a la policía acceder a la geolocalización de teléfonos celulares o dispositivos móviles de personas para fines de lucha contra la delincuencia. […] ¿esta ley es necesaria para reducir o no es necesaria para reducir los delitos de extorsión?» la gente conteste «no», salvo que la información que tenga sobre la ley sea amplia y valore la norma como negativa. ¿Quién se puede negar a una ley que puede ayudar a la policía? Dicho así, sin más, es digno de apoyar. Falta matizar mucho la pregunta para concretar mejor la respuesta. Ah, mencionan el «DL» que aprobó el gobierno, que, como todo mundo sabe, hemos leído todos. Es que, amigo, en el contenido de una pregunta se halla, en gran medida, la respuesta puede variar. ¿Si la misma pregunta incluyera la expresión «sin orden judicial» modificaría la respuesta? ¿Y si se pusiera como alternativa a la medida del gobierno el que para acceder a esa información se tenga que pedir una orden judicial -lo que, por otro lado, ya existe- la misma cantidad de gente -79%- apoyaría la actual reforma? ¿Por qué la pregunta se enfoca en un tipo de delito?
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A vueltas con el Régimen de Servicio Civil
Cuando se declaró transitorio el CAS hace algo más de un año (Ley Nº 29849, que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales, PDF; por acá hablé de ella) quedó pendiente la creación del «Servicio Civil» en la administración. Pasó el tiempo, la eliminación progresiva del CAS comenzó el primer día del 2013 y no había aún un proyecto sobre la mesa. Deprisa y corriendo el gobierno terminó planteando uno a los pocos días de empezar el año (Proyecto de Ley 01846/2012-PE, del Servicio Civil, expediente), se mandó el texto a las comisiones pertinentes…
Bagua, Consulados y propaganda gubernamental
El Consulado General del Perú en Madrid ha enviado, a todos los que hemos indicado un correo en nuestra alta en el consulado, un extenso comunicado de parte del gobierno del Perú sobre la «situación en Bagua», firmado el 11 de Junio (aunque enviado recién el 19 por el consulado), contando toda la versión oficial plagada de desinformación, demagogia y manipulación de la realidad tanto material como jurídica para, supongo, convencer a los ciudadanos residentes en el extranjero de la corrección de la versión oficial.
Derogados los Decretos Legislativos números 1090 y 1064
Tras los hechos en Bagua, el gobierno acepta la derogatoria de los decretos legislativos números 1090 y 1064, el Congreso hoy ha dado visto bueno a las mismas y ha aprobado por mayoría bastante abultada la dichosa derogatoria que para conseguirla se ha vertido demasiada sangre. Cinco propuestas de derogatoria se presentaron desde la aprobación de los mismos (PNP y AP los presentaron), así como politiqueos del grupo aprista aplaudidos por UN y fujimorismo para que no se aprobaran las derogatorias. Finalmente el ejecutivo presentó una propuesta de derogatoria tras el acuerdo con los protestantes amazónicos… Demasiada sangre llegó al río por algo que bien hecho no debió ni pasar.
El Presidente miente
Ha explotado el conflicto de la forma más amarga posible: Enfrentamientos directos entre los manifestantes y la policía que se salda con, al menos, treinta muertos, unos veinte por parte de los manifestantes y unos diez por parte de la policía. Sobre estos hechos pueden leer: «Explotó: Enfrentamientos en Bagua entre nativos y policía» (en De Igual a Igual, compendio de noticias aparecidas en CNR), «Tensión en Bagua» (Desde el Tercer Piso), «Reventó la selva» (Útero de Marita) y el Álbum de fotos de los enfrentamientos de Enlace Nacional. No me voy a ocupar, al menos de momento, del conflicto directo, ya que es mejor que sea abordado por los cronistas allá apostados, voy a comentar brevemente una gran mentira del presidente Alan García.
APRA consigue retrasar la derogatoria del DLeg Nº 1090
La bancada aprista consiguió que el pleno del Congreso de la República del Perú aprobara una cuestión previa que ha suspendido la sesión derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1090, que aprobó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que ha ocasionado una larguísima protesta en la selva del país. Tanto la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) reivindican, entre otras cuestiones, la inmediata derogatoria puesto que dicho DLeg no fue sometido a consulta (preceptiva pero no vinculante) y les afecta, consideran, muy negativamente.