Existe un tira y afloja entre los centros educativos privados que tienen concierto con la administración y esta, en tanto que la primera se arroga todos los derechos (salvo, al menos en teoría, cobrar a los menores por su educación) y la segunda quiere «meter mano» en lo que la primera considera sus asuntos propios, pero, como dice el refrán, quien paga manda, y acá quien paga es la administración.