Urresti y Otárola deben dimitir

El segundo, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Fredy Rolando Otárola Peñaranda, por la que ha montado con esta ley. Así de simple. Cierto, él no la escribió, pero es su cartera. El segundo, el Ministro del Interior, Gral. EP (r) Daniel Belizario Urresti Elera, por la que ha montado con las masivas manifestaciones. En las primeras manifestaciones la represión fue brutal (la acostumbrada por nuestra policía, tampoco pensemos que es algo fuera de lo común), pero en las de ayer, donde el ministro se las quiso dar de conciliador, en realidad llegó a insinuar una vulneración masiva del derecho a la manifestación. Sus amenazas veladas subieron tanto de nivel que la propia defensoría del Pueblo tuvo que salir a poner puntos sobre las íes (PDF). O deberían echarles. (No pasará ninguna de las dos cosas porque ambos son del agrado de la pareja presidencial, claro).

Urresti ha seguido insistiendo, después de los comunicados de la defensoría del pueblo o de la Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, mantuvo la postura de pedir DNI a los participantes y, además, se quejó de la oposición, intentando justificar con lógicas tan aplastantes como: «(…) lo normal estimado que si saben que se revisará DNI los delincuentes se abstienen de ir» (sic, tuit). Además, Urresti confunde la institución, los que trabajan en la calle, con lo que él hace, llegando a asegurar que: «Accionar de Urresti permitió una marcha pacífica hasta que des adaptados atacaron con bombas molotov» (sic, tuit).

La lógica de Urresti es la siguiente:

• Identifícate antes (no cuando hagas algo o te lo pidan por algo en particular, lo que dijo es que se pondría un filtro a la entrada), eso significa, en el fondo, querer saber o pretender que todos los que se manifiestan deban estar perfectamente identificados (no identificables, que es otra cosa), algo que atentaría contra la lógica de este tipo de manifestaciones (es una forma de amedrentar: te hemos fichado por haber ido a esas marchas).
• No lleves mochilas, capuchas, pañuelos o similares, tampoco agua en botellas de vidrio… No hay ley que te prohíba tales cosas, claro. Pero Urresti presupone que el que lleva mochilas lleva armas.  El que se pone una capucha es porque algo oculta. Recuerda al tiempo en que se comenzaron a ordenar que las capas y los faldones debían ser cortos para evitar las armas ocultas. Esa sospecha sobre la gente atenta contra presunción de inocencia y la propia libertad de ir como a cada quien le plazca. Evidentemente, no tiene base legal.

Esto no lo dice como «consejos de buen ciudadano», si no que directamente habló de no «permitir» el «ingreso» de personas que no cumplieran con sus «requisitos», expresados en una mera nota de prensa (declaraciones públicas). Urresti de esta forma se salta todo el Estado de Derecho, toda la normativa de seguridad y la constitucional, haciendo que su mera palabra valga como ley limitadora del derecho de manifestación (parte del derecho a la reunión, art. 2º.12 de la Constitución Política del Perú). También hay que recordar que tener antecedentes no impiden el libre ejercicio de la reunión pública; incluso el estar buscado (por el tema que sea) no es limitante de este derecho.

Es su acción (el planteamiento del dispositivo, la demagogia, la condescendencia con la que habla, el intento de controlar quién puede y quién no ir a una manifestación o dar normas -¡verbales!- absurdas para la asistencia) y la de la policía del Perú (con ese «gatillo fácil» y andar provocador) las que están generando caos en las protestas. Y por ello debe dimitir.

La respuesta masiva contra la llamada Ley Pulpín, esa reforma laboral que afecta a los jóvenes, debería llevar no solo a la caída de estos dos ministros, si no también al replanteamiento de lo que vienen siendo las relaciones laborales en Perú.