Las enmiendas a la «Ley Sinde»

Sí, no y más o menos. Es un error pensar que si una norma no pasa por el pleno no hay debate sobre la misma, o que porque no las hayamos escuchado no se han dado debates. Normalmente todo lo «interesante» ocurre en las comisiones, no en el pleno, ya cuando algo llega a todos los diputados las posiciones están claras y solo se vota lo ya acordado (como pasó con la reforma laboral, por ejemplo), y esto en leyes muy complejas aun se ve más claro (como cualquier «ley ómnibus», como es pretende ser la LES, o como pasa con las leyes de presupuestos). Sí es cierto que el gobierno está dando un nuevo empujón a un proyecto de ley que ha estado rumiando mucho tiempo, que ha entrado al parlamento para luego ser pospuesto y que nuevamente fue presentado en abril de este año, con sucesivas ampliaciones de plazos de enmiendas y otros, hasta que el gobierno consiguió la mayoría suficiente (sumando, por lo visto, a sus votos los de PNV y CiU) con lo que quiere que salga el texto «ya», a sabiendas que puede que en el Senado se lo enmienden o devuelvan, con lo que necesitaba apoyos suficientes para una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Estas son las enmiendas sobre la disposición Final segunda del proyecto de Ley de economía sostenible (LES), la normalmente llamada «Ley Sinde»:

1. Enmienda núm. 20, de la Sra. Barkos Berruezo (GMx).
2. Enmienda núm. 237, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
3. Enmienda núm. 238, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, apartado Dos [art. 8.2 (nuevo) Ley 34/2002].
4. Enmienda núm. 239, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, apartado Cuatro (art. 158.3.3º RDL 1/1996)).
5. Enmienda núm. 240, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, apartado Cuatro, (art. 158.4 párrafo 2.º RDL 1/1996).
6. Enmienda núm. 241, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, apartado Cuatro (art. 158.4 párrafo 2.º RDL 1/1996).
7. Enmienda núm. 242, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, apartado Cuatro (art. 158.4 párrafo 4.º RDL 1/1996).
8. Enmienda núm. 243, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, apartado Cuatro (art. 158.4 párrafo 2.º RDL 1/1996).
9. Enmienda núm. 244, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, apartado Cuatro (art. 158.4 RDL 1/1996).
10. Enmienda núm. 246, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, apartado Siete (art. 122 bis.1 Ley 29/1998).
11. Enmienda núm. 245, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, apartado Cinco (art. 9.2 Ley 29/1998).
12. Enmienda núm. 291, del Sr. Jorquera Caselas (GMx).
13. Enmienda núm. 458, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
14. Enmienda núm. 459, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, apartado Cuatro (art. 158.1 RDL 1/1996).
15. Enmienda núm. 460, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
16. Enmienda núm. 461, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, apartado Cuatro (art. 158 RDL 1/1996).
17. Enmienda núm. 462, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, apartado Dos [art. 8.2 (nuevo) Ley 34/2002].
18. Enmienda núm. 463, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, apartado Tres [DA 5.ª (nueva) RDL 1/1996)].
19. Enmienda núm. 464, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, apartado Cuatro (art. 158 RDL 1/1996).
20. Enmienda núm. 465, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, apartado Siete (art. 122 bis Ley 29/1998).
21. Enmienda núm. 466, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, apartado Ocho (DA 4.ª.5 Ley 29/1998).
22. Enmienda núm. 819, del Grupo Parlamentario Popular, apartado Dos [art. 8.2 (nuevo) Ley 34/2002].
23. Enmienda núm. 820, del Grupo Parlamentario Popular, apartado Cuatro (art. 158.1 RDL 1/1996).
24. Enmienda núm. 821, del Grupo Parlamentario Popular, apartado Cuatro (art. 158.3 RDL 1/1996).
25. Enmienda núm. 822, del Grupo Parlamentario Popular, apartado Cuatro (art. 158.4 RDL 1/1996).
26. Enmienda núm. 823, del Grupo Parlamentario Popular, apartado Cinco (art. 9.2 Ley 29/1998).
27. Enmienda núm. 824, del Grupo Parlamentario Popular, apartado Siete (art. 122 bis Ley 29/1998).

27 enmiendas, ni más ni menos. Pueden verlas en el BOCG Congreso de los Diputados Núm. A-60-14 de 11/10/2010 (texto íntegro), o pueden leer el siguiente resumen:

La representante de Nafarroa Bai, Uxue Barkos Berruezo, propone suprimir la Disposición Final Segunda (la llamada Ley Sinde). La verdad es que yo estoy a favor de esta postura, sin matices un NO claro a la reforma propuesta.

Francisco Xesús Jorquera Caselas, del BNG, propone la judicialización del tema en una reforma de la LECiv en vez de reformar la LSSI y la LPI, así se permitiría, según el texto propuesto por el diputado, que el juez civil (mercantil) tomara medidas cautelares de «interrupción» de servicios antes de la audiencia al demandado por vulneración de derechos de autor.

El grupo de tres partidos (Izquierda Unida, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya Verds) presentó 19 enmiendas distintas, la primera de ellas era de supresión, con algunos argumentos bastante contundentes:

«Algunas de las propuestas que el Gobierno introduce en esta disposición final segunda, que afectan a la gestión de la propiedad intelectual, pueden vulnerar derechos fundamentales, como lo son el derecho a la libertad de expresión y a la información.»

Aun así IU-ERC-ICV proponen otra serie de enmiendas que «matizan» la propuesta del gobierno, que más o menos son:

• Delimitar más el alcance de los datos que debe dar quien aloja servicios que presuntamente vulneran la propiedad intelectual;
• Delimitar el alcance de los procesos de vulneración de la PI que se pueden ver afectados por esta Disposición Final Segunda, dejando claro a cuáles se refiere y no con el texto abierto propuesto por el gobierno (aunque siempre se refiera, en sus intervenciones, a un tipo de páginas webs, al dejar abierto el precepto podrían caber interpretaciones amplias);
• Introducir un representante de los «consumidores finales» en la Comisión de PI del MCU (ya sea un representante nombrado por asociaciones de consumidores o «representantes de los usuarios de Internet»);
• Introducir representantes de las Comunidades Autónomas en esa CPI;
• Sustitución de la expresión «o sea susceptible de causar un daño patrimonial» por «pretenda causar un daño patrimonial» (y así dejar claro que no se puede «encausar» a quienes ejercen la copia privada, puesto que «pueden causar» un daño pero no «pretenden causar» dicho daño, en tanto que ya compensan el mismo con el llamado «canon»);
• Reclamar la intervención del juez sí o sí como fórmula preventiva de una posible afección a derechos y libertades (que esta decisión, de si una ejecución «puede» o no afectar un derecho no quede sujeta a la discreción de la Comisión que toma la decisión, sino al juez);
• En esta línea, alguna de las enmiendas proponen hablar de «órganos judiciales» en vez de «órganos competentes», incluso en cuanto a la identificación de quien pueda estar vulnerando la propiedad intelectual de otro;
• Cambiar la competencia de los juzgados centrales de lo Contencioso-administrativo por los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción (no es una medida muy fina en realidad);
• Eliminar cualquier posibilidad de que la Sección decida cortar o suprimir el acceso a redes de telecomunicaciones, prohibiendo esta medida tajantemente;
• Suprimir de todas maneras el apartado uno de la DF2ª, que es donde se establece que los órganos competentes puedan interrumpir servicios que para «la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual», como pretende el gobierno y su grupo;
• Suprimir, en todo caso, el apartado siete (ejecución de las medidas para interrumpir los servicios) y 8 (que modifica la legislación sobre la jurisdicción contenciosa, en tanto que se da esta competencia a los juzgados de primera instancia e instrucción) de la DF2ª.

Si algunas de ellas no les parecen del todo coherentes las unas con las otras (por ejemplo, en alguna enmienda proponen la reforma de los integrantes de la CPI en un sentido y en otra en uno diferente) esto se debe a que cada partido dentro del grupo ha presentado sus propias enmiendas (y por ello también la cantidad de las mismas).

El Partido Popular, por su lado, propone una serie de enmiendas (ninguna de supresión) sobre la DF segunda, que van en la línea de mantener la competencia del poder judicial y no de una comisión administrativa. En concreto:

• Exigen que para pedir la identificación de quien presuntamente vulnere la propiedad intelectual de otro se necesite una previa autorización judicial;
• Exigen previa autorización judicial para que la Sección Segunda del CPI pueda ejecutar una retirada de contenidos u ordenar el dejar de prestar un servicio;
• Piden eliminar el «ánimo de lucro indirecto» incluida en la propuesta del gobierno (fórmula que se refiere, realmente, a la publicidad en las páginas webs, ya que el escollo en los procesos penales seguidos hasta la fecha ha sido la inexistencia de «ánimo de lucro directo»);
• Determinar en el propio texto de la ley quiénes nombran a los cinco miembros permanentes y al presidente;
• Ampliación de las materias de arbitraje de la CPI y establece los criterios mínimos a incluir en los laudos arbitrales.

En el PP se han quejado siempre que han podido de la DF2ª, más de su forma de ser presentada y la falta de judicialización en la misma que la esencia de esta, así pues, Montoro al hablar de la «disposición Sinde», hizo referencia expresa a que esta reforma debería realizarse en su propia ley para tener su propio y separado debate (y razón no le falta), pero, en cambio, ni siquiera intentaron una enmienda de supresión a la DF2ª (algo propuesto por NB o el grupo de izquierdas).

Y si se han fijado, ni el PNV ni CiU realizan enmiendas sobre este apartado tan polémico (y no, ni siquiera es lo peor que trae consigo el proyecto de ley de Economía Sostenible), y es raro que no lo hagan al menos para pedir competencias autonómicas (en la línea, por ejemplo, de una de las enmiendas de ERC).

Esta disposición, si se aprueba, supone en toda regla un paso atrás en los derechos de los ciudadanos. Y todo hace indicar que así se hará.