Hace unos días se publicó el «Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores», que, como pueden observar, recoge un amplio pupurrí de materias. La justificación es que hay que trasponer una serie de directivas europeas. Las directivas, como saben, tienen un plazo para realizar la adaptación del derecho nacional, que hay que cumplir sí o sí. Una mala práctica en la transposición es realizarla mediante Real Decreto-ley, esto es, el plazo es amplio, si se hace por un instrumento que está pensado para la «urgencia», significa que algo se hizo increíblemente mal o que al gobierno no lo interesa para nada la materia o que la misma se discuta en Las Cortes, en ambos casos, algo negativo.