Iba a poner de título, en un alarde de creatividad desmesurada, «El peñón de la discordia»… pero lo que hay con Gibraltar no es discordia como tal (que sí), sino mucho, pero que mucho circo. Y parece que siempre es en verano o cuando faltan otros temas para servir los periódicos y tertulias de radio (sí, «servir»). Y pico el palito y me meto en este follón absurdo.
La verdad es que el tema es jurídicamente simpático, políticamente entretenido (en el plano diplomático) y lleno de comentarios totalmente fuera de lugar (esos contertulios, ¡qué haríamos sin ellos!), con una mezcla de lo público, lo privado y lo fiscal que resulta hasta tierna. Todo ello sazonado de mucho pero que mucho patriotismo (por parte de todos), y demagogia barata (y cara).
Hay varios niveles que se mezclan innecesariamente, por ejemplo, toda esa política pública que se exige en España para que el peñón no juegue en competiciones internacionales de fútbol (la federación del peñón ya es parte de la UEFA). ¿Se dan cuenta de lo absurdo que resulta que se pida a una Estado el inmiscuirse en la organización interna de una asociación privada (la UEFA, la FIFA y demás son organizaciones de derecho privado, no son organismos públicos o con participación pública). Reino Unido no tiene una federación propia para esos menesteres, Inglaterra, Gales, Escocia… cada parte va con su propia federación, así que es normal que el peñón, bajo administración británica (con reclamo de soberanía española o sin él) pueda funcionar como le salga de las narices en el plano de las federaciones privadas. Lo que no puede hacer, por ejemplo, es tener representación propia en los Juegos Olímpicos (ahí no hay «selección inglesa», solo británica). Dejemos a un lado, pues, toda la demagogia entorno a las federaciones deportivas junto con todos los gritos al cielo y rasgaduras de vestiduras.
España no quiere la descolonización, solo acepta la anexión. A Reino Unido le encantan sus paraísos fiscales, no los suelta
Interlocutores y problemática
El problema con Gibraltar viene de antiguo, de una guerra (ese juego de tronos de la Guerra de Sucesión en España tras la muerte de Carlos II) y un tratado muy anterior a la constitución de los estados modernos y mucho más viejo que la propia ONU, sin contar todos esos tratados sobre el mar (uno de los principales y constantes roces tiene que ver con el uso de las aguas que rodean el peñón) o la propia Unión Europea. Pero nunca se ha querido dar verdadera solución por parte de los Estados implicados (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Reino de España), más aún, por parte del gobierno español siempre se ha usado el trozo de tierra para airear el hipernacionalismo y, con ello, la demagogia barata y hacerse el gallito (el cierre de la frontera fue el caso más claro, vaya desastre).
En España no se quiere que los gibraltareños tengan la palabra. Ni un poquito. Todos estos días me he cansado de escuchar que el peor error del gobierno de Rodríguez Zapatero, de la mano de Moratinos, fue el famoso foro tripartito (representante español, británico y gibraltareño). Las quejas van por darle «entidad de Estado» a Gibraltar y su gobierno. Hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales: nada cabe hacer de espaldas a los gibraltareños (como se vio en el truncado intento de pacto de cosoberanía del 2001 en que los del territorio de ultramar rechazaron en un referendo de forma más que aplastante; en gran medida fue porque no se les pidió su opinión en ningún momento); hay que articular las relaciones del pequeño gobierno autónomo del peñón, el reino al que responden y el reino que lo reclama y tiene frontera, compartiendo trabajadores y ciudadanos (España, por si no habían caído). El resultado del foro fue de lo más positivo en muchos temas (como pensiones, tránsito fronterizo, uso de infraestructuras, entre otros puntos). El foro no dio «estado de Soberano» al peñón ni mucho menos. Nadie lo entendió así. Pero en el entendimiento moderno de las administraciones se tiene en cuenta un reparto competencial. Lo más inteligente es que al menos participe un miembro de la administración directamente afectada en cualquier negociación. Eso es algo que los unitaristas españoles no terminan de entender y que otros Estados de la UE ya captan (y sin problemas ceden asientos a los representantes territoriales para que se hagan oír), sean o no centralizados.
Qué es mejor: ¿dar respuesta política y práctica a las 30 mil personas del peñón y todos los españoles de los pueblos fronterizos o cerrar las rejas de la frontera? Por favor, a esos mismos que se les oye criticar con dureza a Moratinos por el foro aquel dan «soluciones» tipo Franco al problema, que no solucionan nada y fastidian, por lo demás, a varias decenas de miles de personas. En fin, el propio PSOE congeló las relaciones con el peñón tras unos asuntos pesqueros.
Agua salada
Y aquí viene otra de las madres del cordero, digo, conflicto (porque tiene varias): el tema pesquero, el uso de las aguas de esa zona del mar. Básicamente el gobierno del peñón actúa como «propietario» de las «aguas territoriales» («recortadas» al «colisionar» con otras aguas territoriales), intenta definir qué y cómo se pesca y quiénes pueden pasar por ahí. Mientras que España quiere hacer lo propio, ser el «propietario» de dichas aguas, caladeros importantes para una pequeña parte de la flota pesquera andaluz, sin ir más lejos.
España, al firmar y ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1984 (texto en PDF, conocida como CDM o, incluso, nombrada como la «Constitución de los Océanos»), intentó que Gibraltar quedara excluida de dicho texto internacional, algo a lo que se opuso Reino Unido. Básicamente España niega que el Peñón bajo administración de la corona británica tenga «aguas territoriales» y excluye cualquier disputa sobre el mar de los tribunales internacionales (justamente a sabiendas que no le darían la razón) al considerar que solo se debe tener en cuenta lo que la Asamblea de la ONU diga dentro del proceso de descolonización. Reino Unido, en cambio, asegura que ellos no dudan de la soberanía británica del peñón y sus aguas colindantes. Reino Unido firmó el tratado por sí y por todos sus territorios de ultramar, consideradas por la ONU como «colonias». Esto está más o menos bien explicado en una nota de Público, eso sí, cabe matizar que la CDM, para Gibraltar, no se puede aplicar entre España y Reino Unido en tanto que el primero planteó una reserva, el segundo una objeción pero no se opuso a la entrada en vigor del tratado entre esos dos estados (España y RU), con lo que se aplica todo menos las disposiciones concernientes a la reserva (si no me equivoco, esto según el art. 21.3 de la Convención sobre el Derecho de los Tratados de Viena de 1969), y lo concerniente a ésta es todo el tratado en cuanto a las aguas con respeto a un territorio concreto.
En este plano es España quien se niega a acudir a instancias internacionales. Desde el peñón más de una vez se ha «retado» a España a esa solución internacional, algo que a los gobernantes hispanos ni se las pasa por la cabeza. Al margen del poder ganar o perder, España evita en lo posible que ningún «árbitro internacional» se meta en estos conflictos (que no sea el comité de descolonización), por eso no acude a organismos internacionales, no va a la Unión Europea (sí fue Reino Unido para quejarse del control ejercido por España en la frontera), no va al tribunal del Mar (no reconoce su competencia en relación a Gibraltar) ni al Corte Internacional de Justicia de la Haya.
Esa descolonización, esa autodeterminación
En España se insiste mucho que el peñón es una colonia, que figura en la lista de la ONU (cosa que es verdad) y que se debe desconolonizar, pero no quieren aplicar el cuento entero. En la historia completa, en Gibraltar se celebró un referendo de autodeterminación en que ganó un claro sí a ser un «Territorio de Ultramar de Reino Unido». En el 2002 se celebró otro referendo en que se negaban a estar bajo co-soberanía entre España y Reino Unido (es increíble que el PP ataque tanto por el foro tripartito cuando ellos aceptaban compartir la soberanía del peñón). En el referendo en que dejaron sin dejar de ser colonia (a la ONU no le gustó ese nuevo marco jurídico de las colonias británicas que decidieron seguir perteneciendo a esa corona) Gibraltar se dotó de un parlamento y un gobierno autónomo, dejando todo el asunto exterior a Reino Unido. ¿Cómo reaccionó España? Cerró «La Verja», pasaron muchos años, murió un dictador, cambiaron gobiernos, hasta que la misma se volvió a levantar.
En el 2006 el peñón se dotó de una nueva Orden Constitucional que le dotaba de aun más autonomía. Esa orden constitucional, para España, no significa nada, se mantiene el régimen colonial, para Reino Unido es la clave para afirmar (como hacen) que ya no están bajo dicha relación de metrópoli-colonia y siempre se queja de que la ONU no lo vea así.
¿Qué diferencia a estos territorios de ultramar británicos a los, por ejemplo, franceses -que solo uno está en la lista esa, y todo porque se celebrará un referendo de independencia-? La diferencia está en que para Reino Unido no los reconoce como parte de su territorio, no tienen representación de ningún tipo en las instituciones del reino (en Francia tienen, por ejemplo, diputados y senadores). Por estos dos «detalles» son colonia.
A Reino Unido, con su particular sistema jurídico y forma de entender sus relaciones internas, no le molesta en absoluto tener entidades dentro de sí con regímenes la mar de diversos. Miren nomás donde está la Isla de Man y el estatus (Dependencia de la Corona) que tiene, junto con el grado de autonomía (hasta moneda propia acuñan). Tampoco le importa mucho (no demasiado) que en su seno se celebren referendos de autodeterminación, ya sea como los que pasaron a aceptar eso de «territorios de ultramar» o el independentista de Escocia. España, por su parte, detesta los particularismos (aunque luego los tenga y defienda: Ceuta, Melilla, Navarra, País Vasco y Canarias son ejemplos de los mismos), detesta los referendos y detesta la autodeterminación (salvo cuando le conviene).
Sin problemas Reino Unido acepta que en el peñón se celebrara, por ejemplo, un referendo de independencia, algo que España se niega en redondo. ¿No es eso lo que exige la ONU? Sí, pero, como digo, cuando en España se cuenta la historia de la colonia, se niegan a aceptar las consecuencias del propio proceso de descolonización.
Para la ONU el proceso aún no acaba. Eso sí, Gibraltar (su gobierno) exige que se le saque de la lista, considera que Reino Unido sí cumple con su parte en el Derecho de Autodeterminación que les asiste, que esa Orden Constitucional del 2006 es muestra de ello, y que es España el Estado que no está aceptando el final del proceso descolonizador porque no ha tenido el resultado que ellos deseaban (la anexión de Gibraltar a España), se niegan a aceptar la negociación bilateral pura de España con Reino Unido (y RU se agarra a esto para no hacer concesiones) en tanto que, esgrimen, se vulnerarían justamente los derechos del pueblo gibraltareño a la libre determinación.
Y ahí está otro de los problemas, directamente España niega que el pueblo de Gibraltar tenga derecho a la libre determinación, según se recoge, por ejemplo, de este documento de trabajo del Comité Especial de los 24 (los descolonizadores), la posición oficial española (2010) es:
«El principio de la libre determinación no resultaba aplicable a la descolonización de Gibraltar porque los habitantes actuales no constituían un pueblo colonizado sino que fueron uno de los principales instrumentos utilizados por el Reino Unido para desposeer a los habitantes españoles autóctonos.»
Y esa es la razón principal por la que a España le cuesta tanto escuchar al pueblo gibraltareño, los reconocen como una suerte de «invasores», no la «población autóctona». España se niega a negociar con Gibraltar porque considera que los que ahí están no son el pueblo original, y que el territorio es suyo. En realidad su postura se parece más a un «expulsa a esos y devuélveme el territorio» que a una demanda por la descolonización de un área. Otro día me extiendo sobre los mitos en la formación de los Estados y su relación con la población.
España solo acepta como final del proceso el que el peñón regrese al territorio del reino, como pasó con Menorca en el pasado (muy en el pasado). Reino Unido está mucho más dispuesta a aceptar otras soluciones, como un nuevo referendo con, incluso, la independencia (no sería el primer territorio que se les independiza en épocas modernas, ya sea de forma total o con su pase a la British Commonwealth of Nations). Mientras tanto, la ONU sigue diciendo «ustedes negocien y den solución al tema, no se olviden de tener en cuenta la opinión de los gibraltareños» (bueno, no es textual), pero no obliga, ni de lejos, a que Reino Unido tenga que devolver el territorio de ultramar-peninsular, ni excluye la participación de los gibraltareños en este tema. España sueña con que Gibraltar tenga una solución a lo Hong Kong, como poco.
¿Y la UE qué pinta?
Gibraltar se encuentra en la parte continental de la Unión Europea (península Ibérica, como la mayor parte de España o Portugal), pero es considerado un «territorio de ultramar» por Reino Unido, como lo es, por ejemplo, las Islas Malvinas (se darán cuenta de la fuerte diferencia entre un territorio continental de Europa y unas islas al otro lado del mundo), ahora bien, en la UE funciona de forma particular, dada su situación geográfica.
En la Unión Europea Gibraltar se da el lujo de tener un estatuto completamente diferenciado a todos los demás. Reino Unido, desde el principio (en los tratados económicos) dejó claro que el peñón era un país al que Reino Unido le llevaba el tema internacional, que se aplicaban algunas reglas de las comunidades y otras no. En el Tratado de Lisboa (2007) la Declaración 55 fue conjunta entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en la misma se expresó que:
«Los Tratados se aplicarán a Gibraltar como territorio europeo cuyas relaciones exteriores asume un Estado miembro. Ello no supone modificación alguna de las respectivas posiciones de los Estados miembros de que se trata.»
En otras palabras, Gibraltar mantuvo su configuración especial (ni territorio especial -como Monte Athos o Ceuta y Melilla-, ni territorio ultraperiférico -como Canarias o la Guayana Francesa- ni territorio de Ultramar -como Bermudas o Islas Feroe-). Ese estado especial de las cosas complica, y bastante, la situación. Gibraltar no forma parte de la Unión Aduanera de la UE (por ello tampoco paga parte de sus ingresos aduaneros a la Unión Europea), no es parte del espacio Schengen (claro que RU tampoco forma parte), no está dentro de la unión monetaria (tampoco RU) ni de la la Política Pesquera Común, ni de la Política Agraria Común (esta les afectaría más bien poco), ni la política Comercial Común, no está dentro de la armonización del IVA, entre otros.
En un principio se excluyó a Gibraltar de las elecciones directas al parlamento Europeo, Gibraltar se quejó y ganó en los tribunales de derechos humanos lo que no le querían conceder, con lo cual su población votó como cualquier británico (sin tener un representante propio). Con lo que su situación se hace aun más extraña.
Fiscalidad
Este debería ser un problema, pero, más allá de la prensa y la indignación, no lo es.
La posición de Reino Unido dentro de la Unión Europea es bastante particular. Es uno de los principales países que no pertenece a algunos de los principales instrumentos de la Unión (moneda y mercado de trabajo común), mantiene (como otros Estados) ciertas prerrogativas sobre el Derecho de la Unión que se debe aplicar en su territorio y la forma en que se hace, y ha perfilado una pertenencia ambigua de sus territorios no nucleares a la Unión.
Y así, sin más, Gibraltar se constituye en un paraíso fiscal en la puerta trasera de la Unión. Pero es que los Estados de la Unión (y otros) están llenos de esas puertas traseras, no es una excepción. Muchos de los territorios de ultramar británicos son paraísos fiscales (¿no lo sabían?), también sus dependencias; pero es que también lo son algunos países de la propia Unión (Malta y Chipre) y otros estados extremadamente vinculados (Suiza, Andorra, San Marino, Mónaco y Liechtenstein). El mundo está lleno de paraísos amparados por las grandes potencias mundiales (hasta Estados Unidos tiene uno: Islas Vírgenes de los Estados Unidos). Los paraísos fiscales son un problema para el pueblo llano, no para el poder económico.
Esta situación ocasiona serios problemas de evasión, es un escape fiscal brutal ahí al lado, cuna de innumerables fraudes (un territorio lleno de empresas registradas, muchas de ellas en el mismo despacho de abogados), bien, ahí es donde: a) el gobierno español podría ser mucho más duro (con Gibraltar y todos los paraísos); b) el foro tripartito tiene más sentido. Pero ninguna de las dos cosas se da (como no pasa nada con respecto a Andorra). Parece que la única solución que los nacionalistas españoles plantean al problema de la fiscalidad gibraltareña es, directamente, que la soberanía pase a España. ¿Por qué? Es porque uno, en estos tiempos, puede blandir el argumento de los paraísos fiscales contra un país, y así ganar el favor del público. España realmente no quiere acabar con los paraísos fiscales. Ningún Estado controlado por una oligarquía lo quiere (panda de hipócritas, ¿cuántos años llevamos hablando de estos temas? ¡demasiados!). Nunca leí a nadie diciendo que el problema del paraíso fiscal andorrano se solucionara pasando su soberanía a España.
El paraíso fiscal gibraltareño es harto aprovechado por todos esos ilustrísimos españoles de bien que luego tienen cuentas en cuanto paraíso se les cruza, sociedades fantasmas en los mismos y así hasta el infinito, estando el partido de gobierno implicado en uno de estos casos, suena difícil pensar que realmente el tema problemático sea que Gibraltar es un paraíso fiscal.
¿Consideraciones finales? No, ninguna. Si han llegado hasta acá merecen un premio.