En la web de CEPESCA (Confederación española de pesca, que dice agrupar a 47 asociaciones de armadores, 1600 empresas, 1939 barcos y más de 21 mil tripulantes en total) dan datos bien interesantes sobre la flota pesquera española en esa zona del índico (donde se secuestró el atunero «Alakrana» -entre otros muchos barcos, no nos sintamos especiales-, y donde se quiere realizar un uso privativo de la Armada): De los 28 atuneros de capital español, solo 15 utilizan pabellón español (los otros se reparten banderas de Seychelles, Mauricio y Antillas Holandesas), de los seis navíos auxiliares, solo dos enarbolan la rojigualda.
¿Qué significa esto? Que solo 17 barcos (15 atuneros y dos auxiliares) serían «territorio español» mientras están en alta mar, o sea, que solo rige la ley española para la mitad de la flota de capital español, que solo pagan tributos (en toda su extensión) en España la mitad. Pero son todos los empresarios y armadores (españoles ellos) quienes piden la protección del ejército (que solo sería posible para los que utilizan el pabellón español).
Al utilizar un pabellón de fuera (costumbre totalmente asentada en el sector marino) se aprovechan no solo de la fiscalidad inexistente de esos países (fíjense como no hay ninguno de Noruega o Suecia), sino de sus leyes de pesca (permisivas), de las laborales (también no habidas), de seguridad y sanitaria (ya se imaginarán por dónde van estas normas). En fin, que es un «chollo».
Unos pocos enlaces y comentarios en la línea de lo que ayer y hoy escribo. Escolar:
«(…) sale casi más barato pagar una pensión vitalicia a cada marinero que defender con dinero público estos negocios privados, con beneficios privados; unas empresas que tienen en la Armada la excusa ideal para poner en riesgo la vida de sus trabajadores sin asumir su responsabilidad. (…) Según fuentes del sector, la flota atunera española del Índico capturará este año unas 90.000 toneladas de atún. Es mucho dinero, pero dudo que saliese rentable si la factura militar la pagasen los mismos que recogen los beneficios.»
«Y es que hay muchos más piratas de los que nos cuentan. A algunos de ellos sí los persiguen, detienen y encarcelan: se trata de los grupos somalíes que desde la costa lanzan asaltos a los barcos que operan en la zona. Pero hay muchos otros piratas que no sólo actúan ante las narices de la fuerza naval multinacional, sino que ni siquiera son llamados así, piratas. Y eso que el daño que causan es mucho mayor que el de los secuestradores de barcos.
Desde hace dos décadas las aguas somalíes son el destino preferido para piratas de todo el mundo. Unos se han dedicado a verter residuos tóxicos sin control alguno, pues es más barato echar la mierda allí que tratarla con garantías. Otros piratas se han afanado en esquilmar la pesca, tanto en aguas internacionales como en las jurisdiccionales somalíes. Sin autoridad que los controle, en un Estado descompuesto, barcos piratas de todo el mundo practican artes de pesca ilegales y devastadoras.»
«La prevención a estos secuestros es que las empresas que pretenden faenar en lugares peligrosos deben medir sus riesgos y gestionar su seguridad adecuadamente, con los medios necesarios para saber dónde no ir. (…) Si tanto nos interesan aquellos caladeros, dediquémonos a ayudar a estabilizar este convulso país, ayudemos a que dejen atrás la guerra y a que salgan de la pobreza y entonces sus aguas serán todo un negocio para nuestros pesqueros…»
«En Somalia, un país hambriento y anárquico, no se pesca una sardina porque 800 buques de todas las nacionalidades echan sus redes en las llamadas aguas internacionales y arrasan con todo bicho viviente, mientras los que no pescan se limitan a vaciar en sus costas los desechos tóxicos de sus bodegas. (…) A la miseria de Somalia es mejor no referirse porque es un tema aburridísimo y, además, si sus habitantes no pueden comer pescado, que se hagan espaguetis. Así que lo importante está en dilucidar si el Gobierno defiende bien a los nuestros mandando fragatas a la zona o si, como afirma el PP y el PNV, es el culpable del abordaje por no repartir a la infantería de Marina por la cubierta de los pesqueros para defenderlos a tiro limpio si es necesario. (…) Más aún, cámbiese la ley, si es que no lo permite, y extiéndase los efectos de la custodia a otros sectores económicos. Si un empresario viaja a Marruecos a hacer negocios, que curse la instancia y exija dos legionarios, que allí se les teme; si el destino son las selvas colombianas, un par de boinas verdes; y si hay que infiltrarse en mercados muy proteccionistas, nada mejor que la Bripac.»
El tema es más profundo que el típico «que defiendan a los españoles», y lo es teniendo en cuenta todo lo que pasa en esas aguas, todo lo que hacen los empresarios (no solo españoles, aunque acá nos ocupemos de ellos) y, por supuesto, recordando que si se hace por la zona de Somalia no es coincidencia, ni lo es que Somalia esté como está (y por qué se mandan cascos azules a sitios como Afganistán, se termine aprobando la «reconstrucción» de Iraq -por parte de los mismos que la «rompieron», pero cobrando por «reconstruir»- pero se niega repetidas veces el envío de cascos azules a ese país africano).
Tampoco hay que olvidar que la gigantesca armada de la operación «Atalanta» se dedica a cuidar que no se cometan ilegalidades contra una serie de barcos que operan legalmente (cruceros de placer, transporte marino de mercancías o personas, transportes de ayuda humanitaria, pesqueros, entre otros) pero hacen la vista gorda totalmente ante barcos que cometen otras ilegalidades (siempre que el delito no sea la piratería, claro). Es como si la policía solo controlara que no roben en la calle, pero que permitiera que peguen palizas en la vía pública.
Como siempre, nos quedamos en la superficie, en la anécdota (un secuestro, en este caso) y olvidamos las raíces.