En Lima, en el Perú…

Termina siendo más difícil pagar una multa que pasar una coima. Es el colmo, ni aunque les digas «ponme la papeleta» lo hacen, ellos no quieren cumplir con su deber (máxime cuando te detienen sin siquiera haber cometido falta alguna, pero bueno), quieren el sobresueldo llamado soborno, y encima no les podemos culpar. En Perú muchas veces es más difícil cumplir la ley que pagar para saltársela.

Es cierto que no les dan ni para gasolina («la gente no comprende, a veces nos quedamos botados sin gasolina», te dicen, tal cual), que tienen unos sueldos miserables (y una «subformación» acorde con el mismo), que su gremio es precario a más no poder, que el Ministerio del Interior se preocupa más en sacar comisiones en compra de patrulleros sobrevaluados y en adquisiciones de material ya caducado o inservible que en dotar a los cuerpos de seguridad de una dignidad mínima (si es que se puede en una fuerza represiva). Y así nos van las cosas.

Y por supuesto no es algo nuevo, es una de las grandes lacras que, como muchos de nuestros países vecinos, arrastramos desde hace demasiado tiempo, que llevamos a cuestas de tal forma que ya es nuestra joroba particular, parte de nosotros, ya ni nos extrañamos que un policía te salga con lo de «tendremos que ir a comisaría, porque no me quedan papeletas para ponerte la multa» (¿Perdón? ¿Tengo que ir a comisaría porque TÚ no tienes un instrumento ESENCIAL en tu trabajo?), y a la que le dices «oye, que no, que no voy a perder toda la tarde» te «invitan» (sigamos con eufemismos) a que «colabores con la causa» (toma ya) y «ayudes» a «llenar el tanque» (te dicen).

Ante eso, la obligación ciudadana es no caer en la tentación de corromper (que es delito, artículo 399 del Código Penal del Perú), pero si es la policía la que «invita» a delinquir al ciudadano ¿Qué puede hacer este? Ante una autoridad el ciudadano está totalmente desprotegido (el ya más que conocido «¿Quién vigila a los vigilantes?») y no le queda otra que bajar la cabeza ante el delito del policía (cohecho propio del artículo 393 del Código penal, y ya que hablamos de un policía en una operación policial -poner una multa en la patrulla- estaríamos ante un delito contra la función y administración militar olicial del artículo 134 del Código de Justicia Militar Policial aprobado por Decreto Legislativo Nº 961).

¿Y qué se puede hacer o decir en un país donde el Ministro del Interior, Alva Castro, delinque contínuamente (en el tema de los patrulleros, un caso de libro de «Aprovechamiento indebido de Cargo» del artículo 397 del Código Penal del Perú, entre otros)? Si la corrupción está introducida en nuestro día a día desde los niveles más altos del poder, no se le puede exigir al ciudadano que respete una ley que nadie cumple (partiendo de la base de que quienes deben cumplirla y hacerla cumplir se la saltan a la torera), que por intentar, siquiera, cumplirla tu vida puede ser un verdadero infierno gracias al poder de la autoridad.

¿Qué hacemos? Endurecer las penas no tiene sentido alguno, ya son extremadamente altas para el tipo de falta que representa el que no se ponga una multa (los años de cárcel son exagerados) y está visto que de nada sirve una ley dura si no existe aplicación de la misma (es un brindis al sol, como poco), por lo pronto, hace falta una dignificación de la labor del policía (y no con absurdas campañas como «al policía se le respeta», cuando son ellos quienes no se respetan), desde su propio salario base (¿saben por qué en muchos países los funcionarios de las fuerzas de seguridad están bien pagados? para evitarles tentaciones como las de cobrar sobornos, para que no valga la pena jugársela por cuatro perras gordas), y luego exigiéndoles el cumplimiento de la ley, desde la justicia ordinaria (nada de tribunales de excepción como es la «justicia militar», acá necesitamos un cambios constitucional o al menos una legislación que respete la constitución desde la interpretación dada por el Tribunal Constitucional) y sistemas externos de vigilancia de la labor policial (lo que es la policía interna, o como quieran llamarle) que sea operativa e independiente del poder público (y si es dependiente del Poder Judicial, mejor que mejor). Esto sólo para comenzar.

Y claro, dando ejemplo desde arriba, servidor público con cartera ministerial que delinca, fuera del gobierno y al Poder Judicial, desaforado, para ser juzgado con todas las garantías habidas y por haber, pero que esté claro que en Perú no reine la ley del que tiene más plata o la de la viveza criolla. El problema hay que comenzarlo a buscar (o buscarlo en paralelo) desde las autoridades más altas del país, de nada sirve la hipocresía de condenar al último suboficial si los generales salen limpios y los ministros se ríen en nuestra cara con compras y ventas como poco sospechosas. De Nada sirve.