El [nuevo] abogado del diablo

Javier Maximiliano Alfredo Hipólito Valle Riestra Gonzáles Olaechea* es un personaje inefable de nuestra necia política. Y es aún más inexplicable, desde el discurso de su partido, que él sea miembro del Partido Aprista Peruano, y Congresista por dicha formación política. ¿Qué hace un fujimorista en el APRA? ¿Cómo volvió, por enésima vez, a ocupar un cargo público a sabiendas de lo que él significó en la etapa final del fujimorato más que corrupto? ¡Cuando él planeaba cómo saltarse la ley! Y ahora vemos cómo Valle Riestra se vuelve a poner la camiseta del ex presidente procesado por asesinatos y desapariciones forzosas, entre otros delitos, para ser el nuevo y reluciente abogado del destructor del Perú de los noventa.

En este sentido, en el de abogado del diablo (nunca mejor dicho), debemos entender las últimas declaraciones del jurista (al que hace tiempo debieron quitar el epíteto de prestigioso, puesto que alguien que hace lo que él hizo con su propia autoritas debería ser condenado al ostracismo académico por la falta de honestidad total) en las que defiende la inocencia de Fujimori, que se dan después de que el congresista visitara al reo para fungir de asesor (no digamos abogado, porque no puede, tal vez ni «asesor», pero sí «asesor como amigo», en plan favor). Así pues, el aprista no militante declara en favor de la absolución de Fujimori afirmando:

«Confío en la sala penal que lo juzga, de la cual hay que destacar que está presidida por César San Martín, un hombre probo y ecuánime, y estoy seguro que se impondrá la decisión justiciera de absolverlo de estos casos, en razón de las clarísimas consideraciones que he hecho» [negritas mías]

Puede ser una cuestión más bien interpretativa, se habla mucho de la teoría del dominio del hecho, en que Fujimori no sólo instauró un régimen para permitir las violaciones masivas de derechos humanos (como el caso de la Cantuta) sino que, una vez conociendo los mismos, hizo lo posible por ocultar su existencia (por lo menos es culpable de encubrir crímenes, que para el máximo responsable del un país, no es una acusación pequeña).

Así que Fujimori sí sería culpable no sólo de autorizar la «guerra sucia» de forma expresa, sino de ir prometiendo amnistías y demás a los participantes en las mismas, siendo varios de los hechos, entre ellos el de la cantuta, uno bajo el conocimiento directo y claro del Presidente de ese momento, con lo cual su responsabilidad es más bien clara, en contra de lo que Valle Riestra quiere ver, a la par Fujimori y Montesinos generaron todo un entramado de corrupción en la que el propio Valle Riestra aparece (esto es importante, en cierta medida podemos entender que Valle Riestra defienda a Fujimori, en tanto que su condena afectaría negativamente, como poco, al prestigio del jurista peruano que no hace más que equivocarse en el tema de Fujimori, recordemos cómo afirmó que era imposible que Chile extraditara al ex presidente, y al final fue extraditado deshaciendo los argumentos tanto de Valle Riestra como de su colega en Chile y defensor de Fujimori), él es parte interesada y como tal quiere llevar las ascuas penales al terreno jurídico que le favorecen (recordemos que el Derecho es del todo menos claro e inequívoco). Aún así, entendiendo que todo hombre tiene derecho a defenderse incluso mintiendo o hipotecando su prestigio académico, no veo cómo se podría sostener la postura de Valle Riestra a vista de las pruebas presentadas durante el juicio que vinculan de forma directa al presidente de ese entonces en los actos juzgados, me recuerda tanto al abogado que le dice al cliente «tú tranquilo, que saldrás libre» mientras que mira el sumario y piensa «rayos, de la perpetua no le salva ni dios», pero en fin… No es la primera vez que Valle Riestra retuerce lo más que puede la ley para defender a Fujimori, lo hizo en el tema de la extradición (ya mencionado) y en la defensa de la inconstitucionalidad de la inhabilitación política que en todo caso hubiese impedido al ex presidente de origen asiático presentarse en las elecciones del 2006. Valle Riestra y toda su cohorte fujimorista se apoyaban en dos párrafos de una sentencia del Constitucional (que no eran sino una recomendación a futuro) mientras que desconocían la situación jurisprudencial del máximo intérprete de la carta magna peruana.

Una vez dicho esto, querría ocuparme de lo que hace Javier Valle Riestra al hablar de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, eso de dejarlo todo bajo el fue un exceso resulta un insulto a la inteligencia de todos los peruanos, en particular de las víctimas y las personas cercanas a las mismas, y no se puede tolerar no sólo por la simpleza de tal frase, sino por todo lo que significa la mentada al disminuir la importancia de la implicación del Estado en todo el estado represivo existente en la época, y por qué no decirlo de forma clara: Asesino y corrupto.

También, el jurista aprista, aprovechó para cargar contra quienes denuncian la situación de favor en la que vive el ex presidente de Perú, asegurando que es la propia para un hombre de su edad que tiene sus problemas de salud. El problema real es que sí está recibiendo un trato de favor, y no todas las personas enfermas y en sus circunstancias tienen todos los beneficios que Fujimori disfruta, contando el espacio y la libertad, comodidades de todo tipo y demás. Si todos los presos de su edad (o cercanos) o con sus condiciones de salud (no es ni de lejos el preso más enfermo del Perú) viviesen como Fujimori, otro gallo cantaría. Pero este personaje sigue por encima de la ley, y eso es negativo en un contexto de juzgamiento donde se quiere demostrar la imparcialidad de nuestro sistema penal y penitenciario, que ya de repente se me antoja imposible viendo cómo vive Fujimori.

*Excurso: De este personaje, para que no me digan que sólo digo porquería y todo es un ataque ad hominen y nada de sustento jurídico, voy a recordar lo correcto que sí ha hecho (la mayoría de estos hechos están recogidos en la ficha del congresista), no tengo por qué hacerlo en una entrada como la presente, pero ya conozco por dónde vienen las críticas en estos casos y quiero que se entienda que esto no es un cargamontón contra el fujimorista que se presenta por el APRA, sino contra unas ideas en el ámbito penal que considero profundamente equivocadas y guiadas por un interés personal de limpiar a un personaje cercano a él mismo, al que cada vez que puede ha apoyado:

• Oponerse a la pena de muerte (a la instauración o ampliación de la misma). Fue uno de los pocos apristas que dio en su día un paso al costado en esta inexplicable norma contraria a los tratados internacionales firmados por el Perú. Aunque creo que las razones por las que se ha opuesto a la misma son limitadas y poco defensoras de una postura clara contra le pena de muerte, menos da una piedra.
• No cobró por gastos de instalación, ni por vitálicos ni otros gastos operativos, no tiene, en su oficina, nada más de lo puramente necesario, y sus asistentes sí existen y hasta tienen cierta experiencia (esto ya es un logro en un Congreso donde los fantasmas abundan).
• Una de sus propuestas legislativas va por el lado de despenalizar las cuestiones de honor, esto es, sacar del código penal los llamados delitos contra el honor. Realmente estos «delitos» corresponden a «otras épocas» en donde el proceso civil se iba construyendo y el honor era entendido de «otra forma», así pues, la doble protección en muchos países es una reminiscencia histórica poco justificable. JVR propone eliminar tanto legislativa como penalmente el tipo penal del delito contra el honor.
• Reforma constitucional del artículo 95 de la carta magna para que los parlamentarios puedan renunciar. Espero que sea una puerta abierta para que todos renuncien y nos dejen un par de días en paz. Ahora en serio, no creo digno que se «ate» durante cinco años a un curul, la renuncia debe ser aceptable. otra cosa es que me parece éticamente reprobable que una persona que se presenta a un cargo público renuncie ante la primera oferta de empleo de una empresa privada con mucho dinero sobre la mesa. El Congreso no debe ser una vitrina laboral para las personas, ni un sitio de enriquecimiento de las mismas. Por cierto, el 22 de abril la Comisión de Constitución aprobó la posibilidad de renuncia dando al pleno la capacidad de aceptar o rechazar dicha renuncia, siempre y cuando, para la aceptación, exista una mayoría absoluta.