Al parecer el gobierno peruano se está tomando en serio el caso Majaz, y se pone, cómo no, de lado de las mineras y en contra de la consulta popular. Es cierto que la consulta no es vinculante (no puede serlo, los alcaldes no pueden convocar consultas populares de carácter vinculante para temas como el que nos ocupa), pero de ahí a calificarlo de “antidemocrático”, y más aún, de hacerlo contratando anuncios radiales… Sí, pagando para malinformar.